Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 30 de abril de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70093
Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/70093

De los Senadores Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, Marcela Torres Peimbert, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Rojas Hernández, Daniel Amador Gaxiola, Ricardo Urzúa Rivera, Humberto Fernández Fuentes, Ernesto Ruffo Appel, Armando Ríos Piter y Roberto Albores Gleason, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a poner a disposición del público la información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Sen. Héctor
Yunes Landa
Sen. Anabel
Acosta Islas
Sen. María Marcela
Torres Peimbert
Sen. Ma. del Rocío
Pineda Gochi
Sen. Laura Angélica
Rojas Hernández
Sen. Daniel
Amador Gaxiola
Sen. Ricardo
Urzúa Rivera
Sen. Luis Humberto
Fernández Fuentes
Sen. Ernesto
Ruffo Appel
Sen. Armando
Ríos Piter
Sin Grupo
Sen. Roberto Armando
Albores Gleason

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER LEGISLATIVO DE CADA UNA DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A FIN DE PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO Y MANTENER ACTUALIZADA, EN SUS RESPECTIVOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 72, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ESPECIALMENTE LO REFERENTE AL TRABAJO LEGISLATIVO, INICIATIVAS DE LEY O DE DECRETO, LO RELATIVO A LAS REUNIONES TRABAJO DE LA O LAS COMISIONES ENCARGADAS DE ANALIZAR, DEBATIR Y DICTAMINAR, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Los suscritos, Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, María Marcela Torres Peimbert, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Laura Angélica Rojas Hernández, Daniel Amador Gaxiola, Ricardo Urzúa Rivera, Luis Humberto Fernández Fuentes, Ernesto RuffoAppel y Armando Ríos Piter; senadoras y senadores de la República en la LXIII Legislatura e integrantes de Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108 y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES.

Durante el diseño y redacción de la Constitución de Política de 1917, los diputados Constituyentes incluyeron diversos derechos sociales y políticos que quedaron claramente plasmados en este nuevo texto constitucional, que a un siglo de existencia nos rige. No obstante, como todo ordenamiento jurídico, también nuestra Carta Magna es perfectible, por lo cual, ha sufrido diversas modificaciones en pro de la ciudadanía.

En tal virtud, el 7 de febrero de 2014 y 27 de mayo de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos reformas que, respectivamente, adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Cabe señalar que la reforma en materia de transparencia, garantiza el acceso a la información pública en los tres niveles de gobierno, así como al interior de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física o moral que reciban y ejerzan recursos públicos. Dando lugar a una nueva legislación, que hoy regula el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Otro aspecto fundamental de la reforma en transparencia, se encuentra en su artículo Segundo Transitorio que mandata al Congreso de la Unión a instituir una Ley marco que impere sobre las legislaciones locales y federales, dando paso a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al entrar en vigor esta Ley General, el Estado Mexicano continuó con el fortalecimiento de las herramientas y mecanismos en materia de transparencia, como el principio de máxima publicidad. Cabe referir, que con relación al Poder Legislativo de las entidades federativas, los artículos 23 y 24 fracción XII, de este ordenamiento, señalan que está obligado “a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder”; así como, “difundir proactivamente información de interés público”.

Bajo esta tesitura, los artículos 70 y 72, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, describe una serie de información que el Poder Legislativo de las entidades federativas, debe poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos. En lo que respecta al artículo 72, la Ley hace alusión a la siguiente información:

  1. Agenda legislativa;  
  2. Gaceta Parlamentaria;  
  3. Orden del Día;  
  4. El Diario de Debates;  
  5. Las versiones estenográficas;  
  6. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;  
  7. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;  
  8. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;  
  9. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;  
  10. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;  
  11. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;  
  12. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;
  13.  El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;  
  14. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y  
  15. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
  16. Todo esto, fortaleció profundamente la cultura de la transparencia, al establecer en esta Ley General, el acceso a la información como un derecho humano. 

Por otra parte, con la segunda reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se crearon las bases legislativas, cuyo objetivo principal es erradicar los actos relacionados con hechos de corrupción.

Estas bases legislativas, están conformadas por un compendio de Leyes y reformas en la materia, que regulan la estructura y funcionamiento, del Sistema Nacional Anticorrupción.

Bajo este precedente, el 18 de julio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como diversas reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo anterior, es una clara muestra del trabajo legislativo del Honorable Congreso de la Unión, sin embargo, el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableció que “Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.”

Por ello, el Senado de la República, a través de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, ha efectuado dos mesas de trabajo con diputadas y diputados de diferentes Congresos Locales, integrantes de las comisiones que llevan los trabajos legislativos en materia de combate a la corrupción, a fin de trabajar de manera conjunta y coordinada en la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción, que son parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera reunión se realizó 8 de diciembre de 2016 y posteriormente el 23 de marzo del presente año.

Si bien es importante, destacar el trabajo del Poder Legislativo de las entidades federativas, que está realizando para reformar sus Constituciones Locales en materia de combate a la corrupción, para a la postre trabajar y expedir la legislación reglamentaria, también es fundamental, que dichos trabajos cumplan con el principio de máxima publicidad, como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que surge la necesidad del presente punto de acuerdo.

Sin duda, es menester de esta Cámara de Senadores, coadyuvar y promover las sinergias legislativas que den paso a la conformación en tiempo del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez, que el término que establece el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; se cumple el 19 de julio del año en curso.

En tal virtud, en el Senado de la República, estamos conscientes que actualmente contamos con un marco legal en materia de transparencia y combate a la corrupción, sólido y bien estructurado, sin embargo, es necesario seguir de la mano el proceso de aplicación de estas dos grandes reformas estructurales, para que México sea un país donde los actos de corrupción y la impunidad no tengan cabida.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 32 entidades federativas, a fin de poner a disposición del público y mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, la información señalada en los artículos 70 y 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especialmente lo referente al trabajo legislativo, iniciativas de ley o de decreto, lo relativo a las reuniones trabajo de la o las comisiones encargadas de analizar, debatir y dictaminar, en materia de combate a la corrupción.

S u s c r i b e n,

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http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70093