Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 23 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/69991
Jueves 30 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-111/69991

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Sen. Francisco de Paula
Búrquez Valenzuela

El que suscribe, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, senador de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La esencia de la democracia es la pluralidad, la tolerancia,el sano debate y la confrontación de las ideas. Esto requiere, entre otras condiciones, contar con una amplia variedad de medios de comunicación que se vean libres del control por parte del gobierno.

Es así que la libertad de expresión se trata de uno de los más básicos derechos humanos. La libertad de expresión es una condición irrenunciable para cualquier sociedad que se considere libre. Es por ello que debe estar protegida y garantizada a toda costa.

Sin embargo, en el pasado reciente se tomaron desde la clase política decisiones que amenazan estos principios. En 2007, se aprobó una reforma Constitucional, con el bien intencionado objetivo de hacer más equitativa la contienda electoral.

En este sentido, se reformuló el modelo de comunicación política. Así, la clase política se asignó importantes espacios en radio y televisión distribuidos por la autoridad electoral en la forma de interminables y continuos anuncios publicitarios denominados spots.

Aunado a lo anterior, se establecieron métodos de censura por los cuales la autoridad electoral y los Tribunales electorales, están facultados paradeterminar cuáles y qué tipo de contenido, en materia electoral, son los considerados adecuados para ser transmitidos a las audiencias.

Estos métodos de censura se extienden más allá y no afectan solo a los partidos políticos, sino que han llegado a perseguir la libertad de los comunicadores para expresarse.

De acuerdo con el reporte del 2015 sobre libertad de prensa de la organización Freedom House, México se encuentra dentro de los países concebidos como no libres, en materia de libertad de prensa, ubicándolo en la posición 63 de los 100 países considerados por el índice. Es cierto que la afectación más grave a la libertad de expresión viene dada por la inseguridad que sufren los periodistas en todo el país y que amenaza su integridad física, su vida y la de sus familias. Pero no es menos cierto, como lo destaca ese reporte, que el marco regulatorio existente es uno de los factores principales que se consideran atentan contra la libertad de prensa en nuestro país.

Más del 80% de los mexicanos reciben información electoral por medio de los servicios de radio y televisión. Desafortunadamente, desde 2008, casi toda esta información la están recibiendo en forma de spots políticos sin fondo y sin contraste de ideas, bajo el formato que la autoridad electoral considera adecuado.

Por lo anterior, la llamada “dictadura del spot”, fruto del vigente modelo de comunicación política, contribuyó de manera decisiva a la pérdida de credibilidad en el sistema de elecciones, los partidos políticos y la clase política.

Con base en la encuesta de 2015 sobre “Campañas políticas y su impacto en el elector” de la encuestadora Parametría, más del 65% de los encuestados señaló que los spots de los partidos políticos, no le gustan y sólo el 27% señaló que le gustan dichos spots. Asimismo, más del 50% de los encuestados señaló, que considera que la cantidad de spots de los partidos políticos es mayor a la que se debería de transmitir en estos medios.

Lo revelador en dicha encuesta no es sólo la molestia ciudadana por la cantidad de spots que les ha impuesto la clase política, sino que además, el 60% de los encuestados considera, que la información electoral que se transmite a través de éstos, influye poco o nada en su decisión sobre por qué opción política votar.

Las amenazas a la libre expresión se extienden mucho más allá de la arena electoral. Hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversas restricciones a su ejercicio, particularmente en radio y televisión. Si bien con buenas intenciones, estas restricciones se ejecutan como imposiciones paternalistas en las que el gobierno pretende “proteger” a los ciudadanos de sus propias decisiones.

Estas restricciones a la libertad de expresión se amplificaron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se exacerbaron en las regulaciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es así, que el 31 de enero de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una demanda de controversia constitucional en contra de los Lineamientos Generales expedidos por el IFT para la defensa de audiencias.

La controversia constitucional presentada por el ejecutivo federal como parte actora y como parte demandada al Congreso de la Unión,no será suficiente para prevenir la censura, pues es necesario que el Congreso acuse de recibo esta controversia y en apego a las facultades que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atienda y resuelva el problema de raíz reformando los artículos de la Constitución que limitan esa libertad.

La presente iniciativa tiene como objetivos principales los siguientes:

1. Restaurar la libertad de expresión

Buscando garantizar información“plural, veraz y que brinde beneficios culturales”, el Congreso terminó asumiendo un papel paternal que faculta a la clase política y a los reguladores como censores y como únicos aptos para decidir qué tipo de contenido es el adecuado para la ciudadanía y qué tipo de contenido no lo es. Al hacer esto, se asumió que la ciudadanía es incapaz de decidir sobre la calidad de información y los contenidos que pudiesen ofrecer los distintos medios de comunicación.

La verdadera libertad de expresión consiste en que cada ciudadano pueda expresar su opinión respecto a cualquier tema, a través de cualquier medio; y no en que alguna instancia gubernamental determine quiénes son los facultados para emitir opiniones electorales en espacios de radio o televisión, cómo deben de hacerlo y qué tipo de contenido es el adecuado para informar a las audiencias.

Restringir la crítica y el debate en estos medios de comunicación, genera un efecto silenciador, que no sólo atenta contra la democracia en México, sino que atenta contra la libertad de expresión de todos y cada uno de los ciudadanos.

2. Garantizar una competencia electoral abierta y vigorosa

Las restricciones impuestas y el tiempo masivo que se otorga a los partidos y a la clase política en general, nos han llevado a debates artificiales y acartonados.

Para tener un debate abierto, propio de una democracia, es fundamental contar con la libertad para defender programas de gobierno, gobiernos del propio partido, contrastar propuestas, criticar gobiernos de otros partidos y criticar a rivales. Si no se hace así, lo único que tenemos son spots con sólo contenido que nada abonan a la democracia del país.

3. Brindar certidumbre a los medios de comunicación

Todo lo anterior, hay que reconocerlo, vino a sumarse a un problema de origen: la incertidumbre jurídica de los medios de comunicación.

El marco regulatorio vigente, nos ha llevado a una absurda saturación de spots (hasta la fecha se han transmitido más de 22 millones) en los espacios de radio y televisión que nos cuestan muy caro a todos.

En principio, debemos reconocer que el espacio en radio y televisión es un recurso escaso y por ello valioso, tanto para los prestatarios del servicio, como para los demandantes del mismo. En este sentido, cuando los partidos y clase política se adjudican tanto tiempo en spots, la cantidad disponible de espacios en estos medios se reduce y junto con esta reducción, se encarecen los precios de acceso a estos servicios afectando directamente a los demandantes de éste.

Asimismo, debemos reconocer que las concesiones para la prestación de estos servicios son propiedad “semi-privada” que se ve violentada de forma directa por la adjudicación de estos espacios. Lo anterior, termina siendo una carga fiscal más para un sector que aporta a nuestra economía más de 400 mil millones de dólares al año y que al igual que muchos otros sectores, sufre de las regulaciones gubernamentales que sólo asfixian a la economía de nuestro país.

La presente iniciativa pretende reformar los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene como finalidad que:

  • El Estado garantice y respete la libertad de expresión en los medios de comunicación;
  • El Estado garantice y respete los derechos de los concesionarios de radioy televisión dándoles certidumbre jurídica y eliminando las trabas que hoy se imponen y que, en buena medida, tienen carácter expropiatorio, y
  • Establecer una competencia electoral que debe ser equitativa pero que, no por ello, debe dejar de ser libre, abierta y basada en el contraste de propuestas y programas.

Con la finalidad de tener una mayor claridad sobre el objeto de esta propuesta de reforma a los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO LEY VIGENTE

DICE:

TEXTO PROPUESTO EN INICIATIVA

DEBE DECIR:

COMENTARIO

Artículo 6o.

A…

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I a II. …

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. …

Artículo 6o. ...

A…

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I a II. …

III. El Estado debe respetarla libertad de expresión de los concesionarios y garantizará que el servicio sea prestado en condiciones de competencia.

IV. …

El Estado debe respetar la libertad de expresión en los medios y que exista competencia y calidad en el servicio.

El Estado no debe imponer criterios culturales, de calidad u otros que, pese a parecer deseable, suponen un atentado a la libre expresión.

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

V. El Estado nodebe prestar de manera directa servicios de radiodifusión.

No es papel del gobierno ser propietario de medios.

Aunque se reconocela importancia de que cuente con acceso a espacios por causas justificadas.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

VI. Los concesionarios de radio y televisión deben transmitir de manera extraordinaria informaciones relacionadas con la seguridad pública y nacional; medidas encaminadas a prever o remediar emergencias; informaciones relevantes para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil.

Son los ciudadanos quienes libremente deben decidir qué clase de contenidos quieren en términos de pluralidad política, cultura, valores, etc.

La clase política ha asumido un papel censor y paternal que los faculta como los únicos aptos para decidir sobre el contenido electoral que debe ser informado.

La clase política ha monopolizado la información electoral en radio y televisión.

Se asume al ciudadano como incapaz de decidir sobre la calidad de información que es ofrecida por los distintos medios de comunicación.

Se ha atentado

con el derecho

de información

de las

audiencias.

Artículo 41.

I a II. …

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a)A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;

b)Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c)Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d)Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

e)El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;

f)A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g)Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a)Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

b)Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.Apartado D …

IV a VI. …

Artículo 41.

I a II. …

III. Los partidos políticos nacionales y candidatos puedencontratar para las campañas electorales espacios en los medios de comunicación social sujeto a lo siguiente:

Apartado A. Se Deroga

a) Los medios de comunicación concesionados deben daracceso no discriminatorio y en las mismas condiciones que a cualquier otro anunciante a los partidos políticos y a los candidatos.

b) Las personas físicas o morales pueden contratar propaganda política en radio y televisión dirigida defender sus puntos de vista e ideas, pero no podrán contratar propaganda para promover directamente el voto a favor de ningún partido o candidato particular.

c) En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, candidatos y particulares se puedendefender determinadas políticas públicas y gobiernos, contrastar políticas y programas electorales, así como ejercer la crítica contra partidos y candidatos concretos. Sin embargo, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

d) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

e) Las demás restricciones que prevean las leyes electorales y otras aplicables.

f)Se Deroga

g) Se Deroga

Se Deroga

Apartado B. Se Deroga

a) Se Deroga

b) Se Deroga

c) Se Deroga

Se Deroga

Apartado C. Se Deroga

Se Deroga

Nuevo modelo de comunicación política:

Que garantice y respete la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Que garantice y respete los derechos de los concesionarios de radio y televisión dándoles.

Que establezca una competencia electoral equitativa pero que, no por ello, debe deje de ser libre, abierta y basada en el contraste de propuestas y programas.

Artículo 116. …

I a IV. …

a)a h) …

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) a p) …

V. a IX. ….

Artículo 116. …

I a IV. …

a) a h) …

i)Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas en la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) a p) …

V. a IX. ….

 

La iniciativa de reforma legal a los artículos 6, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aspira y pretende que el Estado respete y garantice la libertad de expresión, la propiedad y los principios de la competencia a los concesionarios de la radio y la televisión. Así como definir las obligaciones que éstos tienen con el Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Proyecto de Decreto

ARTÍCULO ÚNICO:Se reformanlas fracciones, III, V y VI; del Apartado B del articulo 6; lafracción IIIdel articulo 41; el inciso i) de la fracciónIV del artículo 116; Se derogan, el Apartado A de la fracción III, los incisos f) y g), Apartado B y C del artículo 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. …

A. …

I a VIII. …

B. …

I.a II. …

III. El Estado debe respetarla libertad de expresión de los concesionarios y garantizará que el servicio sea prestado en condiciones de competencia.

IV. …

V. El Estado no debe prestarde manera directa servicios de radiodifusión.

VI. Los concesionarios de radio y televisión debentransmitir de manera extraordinaria informaciones relacionadas con la seguridad pública y nacional; medidas encaminadas a prever o remediar emergencias; informaciones relevantes para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil.

Artículo 41. …

I a II. …

III. Los partidos políticos nacionales y candidatos puedencontratar electorales espacios en los medios de comunicación social sujeto a lo siguiente:

Apartado A. Se Deroga

a) Los medios de comunicación concesionados deben daracceso no discriminatorio y en las mismas condiciones que a cualquier otro anunciante a los partidos políticos y a los candidatos.

b) Las personas físicas o morales puedencontratar propaganda política en radio y televisión dirigida defender sus puntos de vista e ideas, pero no podrán contratar propaganda para promover directamente el voto a favor de ningún partido o candidato particular.

c) En la propaganda política o electoral que difundan los partidos, candidatos y particulares se puedendefender determinadas políticas públicas y gobiernos, contrastar políticas y programas electorales, así como ejercer la crítica contra partidos y candidatos concretos. Sin embargo, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

d) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno la Ciudad de México, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

e) Las demás restricciones que prevean las leyes electorales y otras aplicables.

f) Se Deroga

g) Se Deroga

Apartado B. Se Deroga

Apartado C. Se Deroga

Apartado D …

IV a VI. …

Artículo 116. …

I a III. …

IV. …

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas en la fracciónIII del artículo 41 de esta Constitución;

j) a p). …

V. a IX. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 28 de marzo de 2017

Atentamente

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69991