Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Jueves 21 de septiembre de 2017
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Jueves 23 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-106/69843
Jueves 23 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-106/69843

Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Sen. Juan Alejandro
Fernández Sánchez Navarro

Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008 tuvo como objetivo regular el sistema procesal penal acusatorio en nuestro derecho mexicano, así como aplicar diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública, con el fin de dotar al Estado de elementos suficientes que permitan combatir la criminalidad, la impunidad, así como procurar e impartir justicia en forma pronta, clara y expedita, garantizándose de esta forma la seguridad y sistemas de impartición de justicia a la población en general.

Uno de los temas abordados por esta reforma fue el de la prisión preventiva, figura que se encuentra regulada en diversos países, entre los que encontramos:

Brasil:Conforme a la legislación brasileña, la prisión preventiva puede decretarse en las siguientes hipótesis: como garantía del orden público o económico, para asegurar la instrucción procesal o la aplicación futura de la ley penal.

Argentina:La prisión preventiva está contemplada en los artículos 220, 221 y 222 del CódigoProcesal Penal, donde se hace referencia a los elementos que se deben tener encuenta para su dictado.

En primer lugar, deben existir “elementos de convicción suficientes para sostener,razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él”.

También debe existir una presunción razonable de que el imputado no sesometerá al procedimiento, es decir que pueda fugarse al dejarlo en libertad, oponga en peligro la investigación. Esto, para el caso que existan testigos sobrequienes pueda influir de cualquier forma, estando en libertad.

La medida también se puede solicitar si existen circunstancias fundadas quepermitan suponer que el imputado cometerá nuevos delitos.

Colombia:La prisión preventiva como medida cautelar ha sido altamente cuidada y modificada bajo varios principios que ayuden a lograr mayor transparencia en dicha medida, y al respecto también hubo un pronunciamiento por la Corte Constitucional de la Republica de Colombia que establece los principios de:

  • Gradualidad de las medidas de aseguramiento: Potestad del juez de determinar las medidas a imponer.  
  • Detención Preventiva: Sustentada en fines y razonesconstitucionalmente admisibles.  
  •  Sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria.  

Perú:Requisitos:

1) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

2) Que la sanción o pena probable de privación de la libertad a imponerse, eventualmente al imputado, sea superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad. Ello implica, un análisis preliminar de la pena concreta que habría de imponerse al procesado si fuere el caso, no sólo a partir de la pena básica o conminada por la ley penal, sino la que podría aplicársele realmente, teniendo en cuenta los eventuales atenuantes y/o agravantes que hubieren, así como los elementos personales señalados por los artículos 45 y 46 del Código Penal.

3)Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) o de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Chile:Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: 

  • Que existen antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga. 
  • Que existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. 
  • Que existen antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga.

En nuestro país, la reforma de 1993 al artículo 20 constitucional contempló el criterio de gravedad de los delitos para la aplicación de la prisión preventiva, dejando a los legisladores de las diversas esferas competenciales el establecimiento de dichos delitos.

En la exposición de motivos de dicha reforma se adujo que los delitos graves serían contemplados en un catálogo limitativo que incluyera solamente aquellos que lesionaran seriamente la paz y tranquilidad pública. Por ende, los legisladores debían actuar con extrema prudencia.

A pesar de lo anterior, las diferentes legislaciones establecieron una cantidad considerable de delitos graves que posteriormente fueron incrementando lo que tuvo como resultado la aplicación generalizada de la prisión preventiva.

De ahí que en la mencionada reforma constitucional de 2008 destaque el establecimiento de una nueva regulación respecto de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, para evitar que el legislador secundario incurra nuevamente en los excesos de tipificar como graves conductas que no lo son afectando el compromiso internacional de que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, tal y como lo prevé el numeral 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con esta reforma, se estableció que la prisión preventiva sólo podrá ser aplicada como excepción cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Además, se establece la procedencia de la prisión preventiva oficiosa para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud.

Al respecto la propuesta plasmada en esta iniciativa consiste en incorporar en el mecanismo de excepción constitucional al delito del enriquecimiento ilícito, para que sea considerado dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prisión preventiva constituye una excepción justificable a las garantías de libertad y de audiencia previa, así como al principio de presunción de inocencia pues se trata de preservar el adecuado desarrollo del proceso penal.

En ese sentido, se considera que el enriquecimiento ilícito lesiona valores fundamentales de la sociedad y que afecta la tranquilidad y paz públicas pues en nuestro país, la corrupción es considerada como un mal generalizado que ha permeado profundamente el sistema político y el gobierno con resultados que limitan las oportunidades de todos a una vida mejor.

De acuerdo con el Estudio de la OCDE sobre integridad en México, la corrupción es uno de los culpables detrás de muchos de los problemas graves que enfrenta el país, tales como la caída de la productividad y la competitividad, la desigualdad persistente, asuntos graves de seguridad regional, entre otros.

Al respecto, el informe del Índice de Competitividad 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que el costo de la corrupción para la economía nacional representa hasta un 5% del PIB.

En ese sentido, si la corrupción no se combate con eficacia, resulta imposible atender eficazmente los problemas que derivan de ella. Por ello se considera que las recientes reformas a la Constitución y a diversos ordenamientos que estructuran el Sistema Nacional Anticorrupción se constituyen como un paso firme en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, existen áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los mecanismos de combate siendo una de las áreas más notorias la relativa a los mecanismos de investigación y sanción de infracciones por parte de los servidores públicos bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales. 

Al respecto, una de las caras de la corrupción, que ha afectado negativamente la confianza en las instituciones políticas y en los líderes, radica en el mal uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

Frecuentemente se difunden a través de los medios de comunicación diversos casos en que servidores públicos de varios estados de la República como Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y en especial el caso de Veracruz, son acusados de delitos como peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Ante ello desafortunadamente prevalece la impunidad, pues resulta común que los acusados por estos delitos fácilmente se sustraigan de la justicia desapareciendo del país para evitar la pena correspondiente para el delito cometido, o que a través de argucias legales logren evadir sus responsabilidades, situación que causa altos niveles de inconformidad en la población lo que a su vez aumenta la desconfianza y el repudio de los ciudadanos hacia los malos representantes y eleva las percepciones de la corrupción que afecta o a nuestro país.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), la impunidad es un fenómeno que retroalimenta y multiplica los efectos negativos de problemas igualmente complejos como la inseguridad, la violencia, el acceso desigual a la justicia o la violación a los derechos humanos.

México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI. La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana según encuestas nacionales del INEGI.

Los altos niveles de impunidad que caracterizan a México, se han traducido también en un deterioro creciente del desempeño institucional y en un profundo desprestigio de la clase política pues al constatar que pueden quebrantar la ley sin obtener un castigo, muchos servidores públicos han encontrado un aliciente para cometer delitos como el enriquecimiento ilícito.

Al respecto, existe una corresponsabilidad de todos los poderes y de los tres órdenes de gobierno para atender el problema de la impunidad. En ese sentido, corresponde al Congreso de la Unión adecuar el sistema legal para impedir que existan vacíos legales que permitan la impunidad y para dotar a las autoridades de marcos legales completos que permitan la mejor aplicación de la justicia.

Dado que los delitos cometidos por servidores públicos son de los que más agravian a la sociedad, pues impactan directamente en la inconformidad de los ciudadanos ante sus malos representantes, cuando éstos no son castigados reproducen el fenómeno de la impunidad.

Situación que es constante en los casos en que se investiga a servidores públicos que obtienen beneficios personales a través del uso del dinero que todos los mexicanos aportamos al gasto público esperando que el manejo de nuestros impuestos se traduzca en mejores servicios públicos y por ende mejor calidad de vida.

Por lo anterior, se considera necesario que el delito de enriquecimiento ilícito se incluya en el listado constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. De esta forma se podrá preservar el adecuado desarrollo del proceso al evitar que los acusados por este delito tengan la oportunidad de escapar o evadir la acción de la justicia, se garantizará la ejecución de la pena y se evitaráel grave e irreparable daño a la sociedad que como mencionamos anteriormente deriva de la impunidad que actualmente ha imperado en los casos de diversos funcionarios que incurrieron en enriquecimiento ilícito.

Dado que el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, establece que una propuesta que involucre disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra para la legislación secundaria, y con el objeto de indicar la correlación entre mis dos propuestas, a continuación, procedo a describir el contenido de la iniciativa de reforma a legislación secundaria:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de enriquecimiento ilícito.

I. Modificación al Código Penal Federal. -Se propone una modificación al artículo 224 del Código Penal Federal para elevar las penas previstas para el delito de enriquecimiento ilícito.

Para efectos de la sanción de este delito, el texto vigente establece el monto de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que para 2017 equivale a $377,450 pesos, de forma que si el enriquecimiento ilícito no excede dicho monto la sanción será de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días de multa. Pero si se excede el monto mencionado, la sanción será de dos a catorce años de prisión y de cien a cincuenta días de multa.

Al respecto, se propone elevar la pena considerando que el daño que se genera cuando un servidor público utiliza los recursos públicos debe ser castigado de forma más severa, la propuesta consiste en una sanción de dos a cinco años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa cuando no se exceda el monto establecido y cuando se exceda, la pena será de cinco a quince años de prisión y de ciento cincuenta a seiscientos días multa.

II. Modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales. -Se propone la adición de una fracción XII al artículo 167 con el objeto de incluir al enriquecimiento ilícito en el listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentran el homicidio doloso, el genocidio, la violación, tráfico de menores, entre otros.

Estas propuestas atienden dos aspectos, el primero, consiste en desincentivar la comisión del enriquecimiento ilícito a través del endurecimiento de las penas, pues este delito impacta directamente en la de por sí escasaconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes, y genera una serie de consecuencias negativas en diversas áreas.

Como se ha mencionado, la corrupción agrava las disparidades sociales y económicas, cuando un servidor público desvía los recursos públicos al permitir la influencia indebida de intereses personales sobre los intereses colectivos, se debilitan las políticas públicas y se reduce la capacidad de respuesta y la eficacia de éstas, especialmente en detrimento de los grupos marginados.

Con cada servidor público que incrementa su patrimonio con los recursos públicos que provienen del esfuerzo de todos los que contribuimos al gasto público, se limita el acceso justo y equitativo a los servicios públicos, tales como la educación y la salud, que son cruciales para ofrecer oportunidades ybienestar social.

El segundo aspecto que motiva esta iniciativa, radica en otorgar más herramientas para que los casos de enriquecimiento ilícito no queden impunes, a través de la inclusión del delito de enriquecimiento ilícito en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, medida con la que se pretende evitar que los responsables de estos delitos se sustraigan de la acción de la justicia desapareciendo del país, con los recursos públicos que provienen del trabajo y esfuerzo de los ciudadanos.

Finalmente, es importante reiterar que la presente iniciativa contribuye con los esfuerzos se han venido realizando en materia de combate a la corrupción, pues atiende a la necesidad de contar con leyes que sean eficaces y para el caso del enriquecimiento ilícito, se trata de evitar que los malos servidores públicos escapen con el dinero aportado por todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19.…

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas,enriquecimiento ilícito, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 21 días del mes de marzo del año 2017.


Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69843