Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 15 de diciembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 23 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-106/69805
Jueves 23 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-106/69805

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a intensificar las pesquisas para detener a presuntos responsables de hechos de corrupción y conducir con imparcialidad en la persecución de la actividad delictuosa; y al titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la integridad física y psicológica de los indiciados.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

Sen. María Marcela
Torres Peimbert
Sen. Juan Carlos
Romero Hicks
Sen. Ernesto
Ruffo Appel
Sen. Víctor
Hermosillo y Celada

Los suscritos, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto RuffoAppel, Víctor Hermosillo y Celada ,Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionala la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la Procuraduría General de la República que intensifique las pesquisas para detener a presuntos responsables de hechos de corrupción, se conduzca con imparcialidad en la persecución de la actividaddelictuosa; y al Titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la integridad física y psicológica de los indiciados, lo anterior con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.Conceptos de impunidad y justicia selectiva

De acuerdo con los expertos Guissé y Joinet, la lucha contra la impunidad no sólo tiene su origen en la necesidad de impartir justicia, sino que también debe considerar la imperativa imposición de sanciones a los responsables y la reparación del daño para las víctimas [*]. En este sentido, la impunidad no debe entenderse en un sentido limitado como la ausencia de sanción para los responsables de la comisión de un delito, sino en un sentido amplio que comprenda otras situaciones de hecho.

Al respecto, el investigador Gabriel Gutiérrez considera que dentro del concepto de impunidad pueden actualizarse subtipos como los siguientes:

  1. “Impunidad de hecho: Sería la ausencia de denuncia de los hechos punibles 
  2. Impunidad investigativa: propiciada por una deficiente actividad de investigación 
  3. Impunidad de congestión: debida a la sobrecarga de la justicia penal 
  4. Impunidad legal: fruto de reglas procesales o legislación especial 
  5. Impunidad delictuosa: producida por el desarrollo de actividades delictivas –en general medidas coactivas- en contra de las partes procesales” [*]

Con respecto a los subtipos en comento, Javier Chinchón Álvarez señala que en todo momento debe tenerse en cuenta que la impunidad en cualquiera de sus expresiones se refiere a una conducta deliberada impulsada por las propias instituciones del Estado. Así, el concepto de impunidad es “la ausencia deliberada de investigación, detención, juicio sanción y reparación en casos de violaciones a los derechos humanos y comisión de delitos”. [*]

Ahora bien, el concepto de impunidad está estrechamente relacionado con el concepto de justicia selectiva dado que se trata de la adjetivización de la facultad persecutoria y de investigación del Estado, que en este particular asunto, recae en el Poder Ejecutivo mediante la Procuraduría General de la República.

En un país con justicia selectiva, o dicho de otra forma, con aplicación selectiva de la ley, la persecución e investigación de la actividad delictuosa no se realiza con estricto apego a los principios de legalidad y certeza jurídica, sino con base en un criterio designado directamente por los responsables de la aplicación de la ley. Es decir, en un Estado que aplica selectivamente la ley, es posible que se omita a algunas personas de la aplicación de lo dispuesto en la ley en función de razones políticas.

En ese tenor de ideas, a continuación se expondrán dos casos que reflejan conductas absolutamente contrapuestas en la forma de perseguir e investigar la comisión de delitos por parte de la misma Procuraduría General de la República: en el primero de ellos, por ser evidente la intención de retardar la captura del presunto responsable (que incluso coincide con la definición propuesta de “impunidad”); en el segundo, por ser patente la celeridad conque se trató el caso por motivaciones políticas.El contraste entre ambos casos demuestra que la conducción de la Procuraduría General de la República en los últimos meses ha sido con aplicación selectiva de la ley.

Segunda. El caso de Javier Duarte

El 18 de octubre de 2016, un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra del entonces gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Desde entonces, el gabinete de Seguridad busca al mandatario, de quien se desconoce su paradero desde el 12 de octubre del año pasado, fecha en la cual pidió licencia ante el Congreso del Estado de Veracruz para “enfrentar los cargos en su contra”.

De acuerdo con información de El Universal, Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, informó recientemente que Javier Duarte es buscado en todo el mundo, y ya se emitió una nota ante Interpol para su búsqueda en los 190 países que conforman la organización.

Sin embargo, han pasado cerca de 150 días desde la desaparición de Javier Duarte sin que se tenga noticia de su paradero, lo cual deja en evidencia la baja capacidad de la Procuraduría General de la República para capturar a los presuntos responsables de la comisión de delitos, máxime, cuando este es un caso trascendental y que ha conmocionado a la opinión pública. En cambio, durante el mismo tiempo y casi en paralelo que la investigación abierta contra Javier Duarte, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías fue encarcelado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tercera. El caso de Guillermo Padrés Elías

A diferencia del prófugo Javier Duarte, el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías decidió entregarse ante las autoridades para afrontar los cargos que se le imputan, entre otros: delitos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, en el momento mismo de su detención también fue detenido su hijo Guillermo Padrés Dagnino.

De acuerdo con la información proporcionada por su propia familia, La detención del hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Dagnino fue ilegal, porque al momento de que los agentes federales lo capturaron en las instalaciones de los juzgados federales del Reclusorio Oriente no había orden de aprehensión en su contra. La esposa del ex gobernador sonorense, Iveth Dagnino, quien afirmó que la orden de aprehensión fue girada casi nueve horas después de que el hijo fue detenido para después ser llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Iveth Dagnino criticó la actuación de la Procuraduría General de la República, por acusar a su hijo -quien colabora en el despacho del abogado defensor del ex gobernador Padrés, Antonio Lozano Gracia- porque su padre le giraba recursos para sus estudios y manutención en México, y como supuestamente, el ex funcionario utilizaba lavaba dinero, al enviar dinero a su vástago lo involucró a su vez en el uso ilícito de esos recursos y delincuencia organizada.

La extensión injustificada de las acusaciones en contra del ex gobernador hacia sus familiares da cuenta de la utilización de la facultad del ejercicio de la acción penal con dolo y motivaciones ajenas a las permitidas en la ley. La Procuraduría ha demostrado que aplica la ley con celeridad en unos casos, mientras que en otros parece retardar su investigación deliberadamente.

En particular, la celeridad con la que fue tratado el caso de Guillermo Padrés Dagnino, a diferencia de otras carpetas de investigación que la Procuraduría ha retardado en contra de diversos exgobernadores, son claros indicios de una dolorosa disyuntiva para los mexicanos en materia de procuración de justicia: o tenemos una Procuraduría incompetente o tenemos una Procuraduría corrupta. Lo anterior en su conjunto pone en relieve el contexto en el que se hace más necesario que nunca que la próxima Fiscalía General de la República goce de completa autonomía con respecto del Poder Ejecutivo, las filias de los partidos políticos y sus pretensiones electorales, así como de cualquier otro actor que pretenda influir directamente en la persecución e investigación de la actividad delictuosa.

Cuarta. Necesidad de una Fiscalía autónoma y sólida

Un sistema jurídico con principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones o en procedimientos largos y complejos, impacta negativamente en los niveles de certeza jurídica, es decir, en la certidumbre de los ciudadanos de que las leyes se cumplen.

Lo anterior genera no sólo espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios, sino la falta de atención social a la legalidad al generar una percepción de aplicación selectiva de la ley. Ello, a su vez, se traduce en obstáculos para el desarrollo nacional. La certeza jurídica, a pesar de los diversos esfuerzos realizados en el pasado, dista de ser óptima.

Según el Barómetro Global de la Corrupción (Transparencia Internacional, 2013) para más del 90% de los ciudadanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% de ellos es un problema serio.

Por su parte la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013) coloca a la corrupción en el tercer lugar con 48.5% de las menciones, solo después de la inseguridad y el desempleo y antes que la pobreza. La Gran encuesta 2014 de Consulta Mitofsky lo ubica en quinto lugar, después de la inseguridad, la crisis, el desempleo y la pobreza. El periódico Reforma califica a la corrupción como el tercer problema reportado por los ciudadanos, pero el primero por los líderes con un 63% de menciones.

De acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), más de la cuarta parte de la población (26.4%) percibió la corrupción como uno de los tres temas de mayor preocupación en México durante 2014.

La población urbana percibe más la corrupción (29%) como un tema preocupante, que la población rural (16.5%). Para los ciudadanos, la corrupción es más frecuente en la policía (89.7%), seguida de los partidos políticos (84.4%).

Para el sector privado, 66.4% de la población percibe que la corrupción es una práctica frecuente en los sindicatos, mientras que el 63.5 percibe este tipo de prácticas entre los empresarios.

Entre la población que realizó trámites, solicitudes de servicio o que tuvieron algún otro contacto con servidores públicos en el año 2013, 47.6% cree o ha escuchado que existe corrupción en dichos trámites; mientras que 32% manifestó́ que algún conocido le refirió́ algún acto de corrupción en esos trámites. Finalmente, la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal fue 12.1% de la población.

a) Expectativas del Sistema Nacional Anticorrupción

De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el 94% de la población considera que en nuestro país existe corrupción y el 89% dice que también existe impunidad, mientras que la justicia sólo existe para el 37%; una gran mayoría opina que existe mucha corrupción (85%), mucha impunidad (74%) y poca o nada de justicia (70%). El 57% de las personas creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, y el gobierno ha tenido poco o nada de éxito en materia de combate a la corrupción (61%). Ante este problema, el 89% cree que es urgente que el gobierno y la sociedad se dediquen a combatir la corrupción.

El 45% conoce o ha oído hablar del Sistema Nacional Anticorrupción y el 72% aprueba esta creación ya que lo considera necesario (83%). Poco más de la mitad (51%), considera que sí se disminuirá la corrupción con este nuevo sistema. Se considera que el Sistema Nacional Anticorrupción beneficia al país y a la población en general (74% en ambos casos).

b) Los costos de la corrupción

La corrupción genera un clima de desconfianza entre el ciudadano y diversos actores políticos. El decremento en los índices de confianza hacia las instituciones, el gobierno, los partidos políticos y la democracia misma, son muestra clara: vivimos una crisis de legitimidad que necesitamos resolver inmediatamente, para la subsistencia del régimen democrático. Visto de otro modo la baja confianza de los ciudadanos hacia el sistema político y los altos niveles de percepción de corrupción e impunidad, fertilizan el terreno y facilitan la entrada para un cacicazgo o líder populista, que bajo el discurso del hartazgo ciudadano juegue “a pesar de las instituciones”

c) Confianza en el gobierno

Desde el comienzo de su medición en 2002, la confianza en el gobierno alcanzó sus niveles más altos en 2006, cuando el 69% de los mexicanos tenía alguna o poca confianza en el gobierno. Los niveles más bajos han comenzado a presentarse a finales de 2015, ya que el 42% de los mexicanos afirma no tener ninguna confianza en el gobierno.

d) Confianza en los partidos políticos

La confianza en los partidos políticos se ha visto afectada como consecuencia directa de las coyunturas electorales. Los años con valores más altos de confianza para los partidos políticos fueron 2000 y 2006, cuando entre el 59 y el 66% de los mexicanos afirmaban tener alguna o poca confianza en los partidos. Los niveles más bajos de confianza se ubican en 2003 y 2015, cuando entre el 60 y el 49% de los mexicanos afirman no tener ninguna confianza en los partidos políticos.

e) Satisfacción con la democracia

En 2006, el 34% de los mexicanos se sentía “más bien satisfecho” con la democracia en México, constituyendo el valor más alto de confianza en la historia de nuestro país. En cambio, en 2015 el 37% de los mexicanos (3% más que en 2006), afirmó no estar nada satisfecho, el nivel más crítico desde que comenzó a hacerse la medición.

f) Interés en la política

En el año 2000, el 73% de los mexicanos dijeron estar poco o algo interesados en la política; dicha cifra contrasta con el 33% de mexicanos que afirmaron no tener ningún interés en la política en 2009 y 2013.

g) Confianza en el Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados

De acuerdo con datos del CESOP, desde 2012 ha crecido la desconfianza en el Presidente, al transitar del 55 al 65% en tan solo 2 años. Dicho crecimiento es constante en los gobernadores de los Estados, quienes han visto crecer sus niveles de desconfianza de 57 al 63% en dos años. La información que proporcionan las cifras en cita, hacen necesario resaltar que a partir de 2013, año de cambio del partido político gobernante a nivel federal (del PAN al PRI), los índices de confianza en las instituciones –que se habían mantenido relativamente estables- han comenzado a mostrar una tendencia decreciente. De no atenderse esta situación, se corre el riesgo de crear un ambiente social con alta desconfianza para los partidos políticos tradicionales, y el sistema político mexicano en general, lo cual haría propicio el avance de perfiles caudillistas y populistas.

Los casos expuestos con anterioridad son un ejemplo de muchos en los cuales queda patente la utilización de la procuración de justicia con fines políticos o como instrumentos al servicio de la política y no de la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, conminamos respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República para que en un acto de congruencia con los valores democráticos, instrumente las acciones y los recursos necesarios para lograr la pronta captura del prófugo Javier Duarte, y hagade la aplicación irrestricta de la ley el eje rector de su gestión por encima de las filias y fobias partidistas,y para tal efecto,ponemos a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero.-Se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República para que instrumente las acciones y recursos necesarios para intensificar las pesquisas que lleven a la pronta captura del exgobernador Javier Duarte, y que en un acto de congruencia con los valores democráticos, se conduzca con imparcialidad, estricto apego al debido proceso, y respeto a los derechos humanos de los indiciados por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a miércoles 22 de marzo  14 de 2017.

A t e n t a m e n t e


[*]Subcomisión para la prevención de discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “Informe provisional sobre la cuestión de los autores de violaciones a los derechos humanos”, preparado por Guissé y Joinet en cumplimiento de la resolución 1992/23, citado en Chinchón Álvarez, Javier, Derecho internacional y transiciones a la democracia y paz. Madrid: Ediciones Parthenon, 2007. Pág. 427.

[*]Gutiérrez, G. “Reflexiones sobre la impunidad”, Consejería Presidencial sobre los Derechos Humanos: Justicia, citado en Chinchón Álvarez, Javier, Op. cit. Pág. 428

[*]Chinchón Álvarez, Javier, Op. cit. Pág. 429.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69805