Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 15 de diciembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Miércoles 22 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-105/69756
Miércoles 22 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-105/69756

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias federales a implementar acciones para capacitar a abogados y asesores jurídicos pertenecientes a grupos indígenas, sobre el sistema procesal penal acusatorio, así como a intérpretes y traductores que hablen las diferentes lenguas y entiendan la cultura de los grupos indígenas que existen en nuestro país, a fin de garantizar su derecho de debido proceso.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.

Sen. Raúl
Morón Orozco
Sin Grupo

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS FEDERALES A FIN DE QUE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA CAPACITAR A ABOGADOS Y ASESORES JURÍDICOS PERTENECIENTES A GRUPOS INDÍGENAS, SOBRE EL SISTEMA PROCESAL APENAL ACUSATORIO, ASÍ COMO A INTERPRETES Y TRADUCTORES QUE HABLEN LAS DIFERENTES LENGUAS Y ENTIENDAN LA CULTURA DE LOS GRUPOS INDÍGENAS QUE EXISTEN EN NUESTRO PAÍS, A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO DE DEBIDO PROCESO.

El que suscribe, Senador Raúl Morón Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción ll, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de inmediata resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

En el marco internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes [*] celebrado y ratificado por el Estado Mexicano, establece el derecho de tutela judicial efectiva en su artículo 12, el cual refiere que Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Por su parte  el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo cuarenta y cinco  que en dado caso que haya personas que no hablen o entiendan el idioma español en todas las actuaciones procesales, deberán ser asistidos por un intérprete o un traductor y que, además, podrán hacer uso de su propia lengua o dialecto, ya sea víctima o imputado. Así mismo, establece que en el supuesto de que sean personas pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas, se nombrará un intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, incluso si éstas hablan español; incluso, el imputado podrá nombrar traductor o intérprete, por su cuenta.

Todo lo anterior, con el fin de asegurar una defensa adecuada para el imputado garantizando el pleno acceso a la justici, en el caso de las víctimas, de acuerdo a la fracción XXXl del artículo 7 de la Ley General de Víctimas, éstas tienen el derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español.

Asimismo la suprema corte de justicia de la nación enfatiza el derecho citado en las siguientes jurisprudencias: la primera, menciona las distintas maneras en que puede ejercerse el derecho fundamental de defensa adecuada por las personas indígenas y; la segunda, es la interpretación del derecho humano que tienen las personas indígenas de ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura:

Época: Décima Época

Registro: 2005031

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: 1a./J. 61/2013 (10a.)

Página: 285

PERSONAS INDÍGENAS. MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Las figuras del intérprete con conocimiento de una determinada lengua y cultura, así como del defensor, constituyen parte del derecho fundamental a la defensa adecuada de las personas indígenas, en términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder Reformador plasmó para tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. Así, el defensor junto con el intérprete con conocimientos de su lengua y cultura son quienes acercan al órgano jurisdiccional con la especificidad cultural del indígena; de ahí que deben señalarse las modalidades para ejercer dicho derecho fundamental. En cuanto al intérprete: 1) La asistencia por intérprete es disponible, pero únicamente por el imputado, lo que le permitiría rechazarla; sin embargo, sólo sería aceptable el rechazo cuando la autoridad ministerial o judicial advierta que el imputado, evidentemente, tiene un desenvolvimiento aceptable sobre el entendimiento en idioma español del procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias. La autoridad que conozca del caso deberá asentar constancia de ello en la que tenga intervención un perito intérprete que conozca la lengua y cultura del imputado, que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención, apercibido de las consecuencias legales aplicables por la probable generación de un estado de indefensión en contra de aquél. 2) En caso de que no exista renuncia al intérprete, la autoridad ministerial o judicial que conozca del caso deberá constatar que el intérprete efectivamente conoce la lengua y cultura del imputado. Podrá tratarse de un intérprete práctico respaldado por la comunidad indígena o certificado por las instituciones correspondientes; o bien, mediante el uso de tecnologías, se podría implementar la asistencia de intérprete por medio de videoconferencia. En cuanto al defensor: 1) La asistencia por abogado defensor es irrenunciable y podrá ser prestada por instituciones oficiales o a cargo de particulares, a elección del imputado. Esta figura puede reunir, además, la calidad constitucional de que conozca la lengua y cultura del imputado, mas no es un requisito de validez del proceso, ya que también a elección de éste puede ser prescindible esta última calidad. En caso de que el defensor sí cuente con dichos conocimientos, deberá exhibir la constancia que lo avale, cuya autoridad competente para expedir dicha certificación puede ser la Defensoría Pública Federal o estatal, o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 2) En los casos en que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor oficial o particular que desconozca la lengua y cultura del imputado, la figura del intérprete que sí conoce ambos es insustituible, pues a través de ella se garantiza el pleno conocimiento del imputado sobre la naturaleza y las consecuencias de la acusación; los derechos que le asisten y la comunicación efectiva con su defensor, entre otros.

Tesis de jurisprudencia 61/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil trece.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época

Registro: 2005030

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: 1a./J. 60/2013 (10a.)

Página: 283

PERSONAS INDÍGENAS. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE SER ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y DEFENSORES QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y CULTURA.

Cuando personas indígenas están vinculadas en un proceso del orden penal, el estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado no es igual al que aplica en cualquier proceso judicial, pues sus especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos sensibles a tales particularidades. En ese sentido, el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de aquéllas el derecho a que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Además, establece que: "... tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura", lo cual constituye un mecanismo óptimo para una defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la justicia en favor de este sector históricamente vulnerable, así como la mejor manera de reducir la distancia cultural que de facto opera entre una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en códigos que no comparten determinadas minorías culturales. Ahora bien, la citada porción normativa que prevé el derecho fundamental a que la persona indígena sea asistida por "intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura", no debe interpretarse en su sentido literal copulativo, ya que el derecho a la defensa adecuada en favor de aquélla no implica que ambas figuras -defensor e intérprete- necesariamente deban conocer la lengua y cultura de la persona a quien representan, pues el único obligado a ello directamente es el intérprete; circunstancia con la cual se logra erradicar el problema lingüístico que padecen estas personas sujetas a proceso penal, atendiendo a que cuentan con el derecho a expresarse en su lengua materna y no en la obligación de hablar otra que les es ajena. Por lo que toca a la figura del defensor -de oficio o privado-, éste no necesariamente deberá contar con conocimiento de la lengua y cultura del indígena, al no ser indispensable tal cualidad en su persona, dado que el inculpado podrá ser escuchado y se hará sabedor de sus derechos a través del intérprete; máxime cuando la designación de defensor efectuada por la persona indígena, en términos del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, implica un derecho fundamental.

Tesis de jurisprudencia 60/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil trece.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

No obstante de ser un derecho humano, en nuestro país se vulnera de manera constante, uno de los casos emblemáticos en que esto sucedió fue cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó  “Rosendo Cantú” y “Fernández Ortega” que el Estado Mexicano incumplió con la obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia sin discriminación, con base en los artículos 1, numeral 1, 8, numeral 1 y 25 del Pacto de San José. Lo antes mencionado, obstaculizó el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva [*].

El reto para garantizar el pleno derecho de defensa, de asesoria jurídica y la tutela judicial efectiva, es muy grande. Lamentablemente en México existen únicamente veinticuatro abogados públicos federales que están certificados para aproximadamente once millones de personas provenientes de comunidades y pueblos indígenas. En 2014, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) había 9 mil 753 mil indígenas en la cárcel, 96 por ciento hombres, la mayoría acusados por delitos del fuero común [*].

Tal y como lo mencionó Martín Rodríguez Arellano, quien funge como presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas: Lo más grave de su situación es que ni siquiera 10 por ciento han podido contar con un traductor para su defensa [*].

En 2016, se dio a conocer de acuerdo al numeral 2.7 del Informe Anual de Labores 2015-2016 [*] que: Como resultado del esfuerzo realizado contamos con un Cuerpo de Atención de Indígenas integrado por 25 Defensores Públicos y 21 oficiales administrativos que en conjunto permiten la defensa penal en 34 lenguas que son: Amuzgo, Chinanteco, Chol, Chontal, Cora, Huichol, Huichol Wixárica, Maya, Mayo Kaita, Mazateco, Mixe Bajo, Mixteco Alto, Mixteco Bajo, Mixteco del Suroeste Baja o Mixteco de la Sierra Sur Noroeste, Mixteco Oaxaqueño, Mixteco de la Costa de Oaxaca, Náhuatl, Otomí, Purépecha, Rarámuri, Tének, Tének de la 13 Huasteca Potosina, Tepehuano, Tlapaneco de Tlacoapa, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Yaqui, Zapoteco del Istmo, Zapoteco del Valle, Zapoteco del Valle del Norte Central de la comunidad de Tlacolula, Zapoteco del Valle de la comunidad de Teotitlán y Zoque [*].

Con lo antes expuesto, queda claro que hace falta materializar los derechos fundamentales a la realidad fáctica para las personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas, tales como: la defensa adecuada, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, reparación del daño, entre otros. Para ello es necesario aumentar el número de intérpretes y traductores, en virtud de que en México hay  68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas, de acuerdo al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas [*].

Se ha difundido que las instituciones gubernamentales han realizado intentos y esfuerzos para progresar en el aumento y capacitación de traductores e intérpretes. Uno de ellos fue propuesto por la Directora General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y se informó que  se cuenta con 158 abogados indígenas recién capacitados en el nuevo Sistema de Justicia Penal [*]. No obstante, todavía no se han alcanzado los fines establecidos para lograr el pleno goce de la tutela judicial efectiva tanto para el imputado y la víctima cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas.

Otro de los esfuerzos fue realizado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, el cual comunicó que  se seleccionarrían a jóvenes para que puedan servir como intérpretes de las diversas lenguas indígenas que se hablan en el país [*].

Por otra parte, existe una directriz  que deben seguir las autoridades jurisdiccionales, judiciales y ministeriales para designar peritos prácticos en lenguas indígenas, que se desprende de   la siguiente tesis aislada:

Época: Décima Época

Registro: 2007340

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: 1a. CCCVIII/2014 (10a.)

Página: 587

PERITO PRÁCTICO EN LENGUAS INDÍGENAS. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS AUTORIDADES JUDICIALES O MINISTERIALES PARA DESIGNARLO.

En virtud de la variedad de lenguas prehispánicas que se hablan en México, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en muchos casos resulta complicado encontrar un intérprete oficial que domine la variante del idioma y de la cultura de una persona indígena que es parte en un juicio o procedimiento; por ello, se permite que en algunos casos se nombren "peritos prácticos". Sin embargo, lo anterior no implica que en todos los casos pueda fungir como tal cualquier persona que diga conocer el idioma y la cultura de aquél, pues se busca que los intérpretes sean profesionales respaldados o certificados por alguna institución oficial. Así, para que las autoridades judiciales o ministeriales nombren a un perito práctico, es necesario que cumplan con el siguiente procedimiento: 1) deben requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al inculpado por medios electrónicos; 2) en caso de que se haya intentado por todos los medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional; y, 3) si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. En este último caso, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete, además, habla español.

Amparo directo en revisión 2954/2013. Rodolfo Santos Carrasco. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Si bien es cierto que existe legislación respecto a la manera en que deberán intervenir o asistir los intérpretes y traductores en todas las etapas del proceso penal acusatorio, también es una realidad de hecho que hay un escaso número de personas certificadas dedicadas a estas función, para desempeñarse como tal,  en consecuencia, las instituciones gubernamentales deben implementar acciones para incentivar la preparación como insterpretes o traductores y su respectiva certificación.

Ante esta situación someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTOS DE ACUERDO

El Senado de la República respetuosamente exhorta:

1. Al Comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Directora General del Instituto nacional de lenguas indígenas  que implemente un programa emergente, para la formación técnica de interpretes y traductores, en las lenguas de los diferentes grupos indígenas que existen en nuestro país, así como  implementen sistemas que permitan atender con prontitud y eficacia,  el servicio que requieran  los ministerios públicos, y jueces para el desarrollo de los actos de investigación y audiencias orales.  

Asimismo para que implementen acciones de difusión en las comunidades con población indígena, a fin de que concozcan el derecho de ser asistidos en todo momento, cuando se ven involucrados en un proceso penal acusatorio por un interprete o traductor que hable su lengua y entienda su cultura, y que podrán nombrar a una persona de su confianza de su comunidad si asì lo deciden.

2. Al Procurador General de la República, para queprevea lo necesario a efecto de que en las actuaciones de investigación, competencia de los ministerios pùblicos federales, en que se encuentre involucrado un imputado que sea indígena, sea asistido por un interprete o traductaor, a fin de garantizar su debido proceso.

3. Al Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública y a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, para que implemente de manera urgente y emergente, cursos de capacitación de abogados defensores y asesores jurídicos, respectivamente,  en el sistema acusataorio que hablen y comprendan la lengua y la cultura de los diversos pueblos indigeneas existentes en nuestro pais.

Dado en el salón de Plenos, el día 15 de marzo del 2017.

Senador Raúl Morón Orozco


[*]http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf

[*]http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/17/1099360

[*]http://elheraldoslp.com.mx/2016/11/14/la-justicia-llega-tarde-y-no-es-la-adecuada-para-los-indigenas-denuncian-2/

[*]http://www.ifdp.cjf.gob.mx/index.htm#Informe

[*]http://www.ifdp.cjf.gob.mx/resources/informeAnual/informeAnual_2015_2016.pdf

[*]http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

[*]http://www.jornada.unam.mx/2016/05/23/sociedad/037n2soc

[*]http://sipse.com/mexico/comunidades-indigenas-desafio-nuevo-sistema-justicia-penal-209866.html

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69756