Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 23 de abril de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 16 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-102/69691
Jueves 16 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-102/69691

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República investigar posibles actos de desvío de recursos públicos en el Consejo de la Judicatura Federal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

Sen. Armando
Ríos Piter
Sin Grupo

El suscrito, Senador Armando Ríos Piter, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INVESTIGAR POSIBLES ACTOS DE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado viernes 10 de febrero el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió una llamada anónima, informando que en el estacionamiento del edificio del CJF, ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña, se encontraba un vehículo Sentra el cual contenía en la cajuela una bolsa con un monto considerable de dinero en efectivo (4 millones, de acuerdo con el periódico Reforma del día 17 de febrero). Cabe señalar que dicho vehículo fue asignado por el CJF a Francisco Javier Pérez Maqueda, titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, solicitó a la Contraloría del PJF que iniciara una investigación sobre los hechos; ésta se amplió a otros cuatro funcionarios cercanos a Pérez Maqueda. Asimismo, el vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Tras la toma de declaraciones por parte de la Contraloría, el miércoles 15 de febrero se suspendió a Francisco Javier Pérez Maqueda; a Juan Carlos Hernández Paredes, quien se desempeñaba como chofer; a José Alejandro McNaught, quien fungía como director de Presupuestos y Concursos;a Ricardo Michel Hidalgo González, quien era coordinador técnico de la Dirección; y a Paola Graciela Silva Larios y a Rodolfo Martínez Quintero, quienes se ejercían como secretarios técnicos. El pasado lunes 20, Pérez Maqueda afirmó en una entrevista que no había sido notificado sobre su separación del cargo.

Francisco Pérez Maqueda ha señalado que el día en que fue hallada la bolsa con el dinero en efectivo no se encontraba en el edificio de Picacho-Ajusco ya que no había asistido a laborar por motivos de salud. Agrega que en los días previos había salido a Tepic, Nayarit, por causas laborales y que dejó el vehículo en el estacionamiento desde el miércoles 8, afirmando que las llaves del mismo se encontraban en el edificio, en el área a su cargo. Ante estos hechos, el ex director concluye que él no pudo haber colocado tal cantidad de efectivo en el vehículo y que es muy probable que le hayan “sembrado” la bolsa, argumentando que su superior, Rosa María Vizconde Ortuño quien se desempeña como Secretaria de Finanzas en el CJF, busca criminalizarlo involucrándolo en hechos de corrupción.

Es necesario apuntar que Pérez Maqueda ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones de acuerdo con un documento fechado el 9 de febrero pasado, aunque en una fue exonerado de acuerdo con el diario La Jornada (21 de febrero). La primera inhabilitación, por cinco años, fue resuelta por la Contraloría General del Distrito Federal en enero de 1997; no obstante, el tercer juzgado de distrito en materia administrativa revocó la destitución e inhabilitación el 10 de noviembre de 1998, “en virtud de que era procedente la figura de la prescripción extinguiendo las facultades” de la autoridad administrativa para sancionarlo. Se desconocen las causales de la inhabilitación.

La otra inhabilitación de la que se da cuenta, se ubica en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En esa ocasión se desempeñaba como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, y fue señalado por diversas irregularidades, como la asignación discrecional de contratos en materia de informática. Fue inhabilitado por 90 días y no se le imputó responsabilidad penal o administrativa.

Pérez Maqueda arribó a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento al mismo tiempo que el ministro Luis María Aguilar tomó posesión de la presidencia de la SCJN y del CJF. Ha participado en la adjudicación de contratos de obra pública entre 2015 y 2016 por más de cinco mil millones de pesos, incluidos algunos sin licitación.

En este contexto, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, elaborado y presentado el 15 de febrero pasado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en el ejercicio presupuestario del PJF. Destacan cuatro contratos con anomalías, los cuales ascienden a más de 251 millones de pesos, derivados de la construcción de salas para juicios orales en reclusorios de la Ciudad de México, así como de la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cadereyta, Nuevo León. El dictamen del informe de la ASF establece que en dos de estos contratos no se realizó el estudio de mercado correspondiente; en tres no se informó a las empresas sobre los plazos de entrega de los importes; y no se aplicaron las penalizaciones correspondientes por los atrasos de las empresas constructoras. Estos contratos estuvieron a cargo de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento.

Javier Pérez Maqueda, como ya se señaló, argumenta ser víctima de una “criminalización” ejercida por Rosa María Vizconde ya que afirma que la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y la Contraloría del CJF pretenden “quitar funcionarios clave en la asignación de obras millonarias”. Pone como un ejemplo la construcción del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Apizaco, Tlaxcala: afirma que una empresa participante del concurso de licitación le reportó que “unas personas ofrecieron el contrato a cambio de 15% de comisión”; asimismo, asevera que la empresa que ganó el concurso poseía documentos vinculados con la licitación, aun cuando no se habían dado los resultados de la misma.

La construcción del Centro de Justicia Penal con sede en Apizaco, Tlaxcala forma parte de los cinco Contratos Específicos de Colaboración de Obra Pública entre el CJF y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); estos contratos, los cuáles implican la edificación de Centros de Justicia Penal en La Paz, Baja California Sur; en Cintalapa, Chiapas; en Tepic, Nayarit; el ya mencionado ubicado en Tlaxcala, y el edificio sede del PJF en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca fueron programados, en total, por un monto de 624 millones 953 mil pesos al 31 de diciembre de 2015. Estos recursos fueron entregados por el CJF a la SEDENA para la ejecución de las obras.

Dentro de estos contratos de colaboración entre el CJF y la SEDENA, el primero no se aseguró de obtener oportunamente la comprobación de los recursos ministrados a la Secretaría; no exigió que la ejecución de los trabajos se llevara a cabo conforme a las especificaciones para el caso del Centro de Tepic, Nayarit; y en los proyectos de Tlaxcala y Chiapas el CJF le aprobó a la SEDENA estimaciones de obra como comprobación del ejercicio de los recursos ministrados sin una verificación de las mismas. Conforme a las observaciones realizadas por la ASF para el ejercicio 2015, se determinaron 3 pliegos de observaciones, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y recuperaciones probables por 67 millones 668 mil pesos.

Los hechos anteriormente señalados, así como los resultados del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 elaborado por la ASF ponen en evidencia al PJF, institución que debería actuar con una mayor rectitud en el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, las pugnas entre servidores públicos al interior del CJF visualizan comportamientos reprobables en algunos funcionarios encargados de vigilar al Poder público que administra la justicia en nuestro país; es inconcebible que, de la nada aparezcan cuatro millones de pesos en un automóvil asignado a un servidor público por la Judicatura Federal, y sería aún más reprobable que dichos recursos hayan sido “plantados” por algún otro funcionario, tal y como argumenta Francisco Javier Pérez Maqueda. Ambos supuestos dan una muestra de la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se conduce el PJF.

Es una responsabilidad proteger y salvaguardar el correcto funcionamiento de los recursos del Poder Judicial, así como la protección de nuestros jueces en el ejercicio de sus funciones, sin un sistema judicial robusto la aspiración a un Estado de Derecho es difícil.

Por lo que es importante mencionar que el pasado 17 de octubre de 2016, el juez Vicente Bermúdez Zacarías, fue asesinado en las calles del municipio de Metepec, responsable del Quinto Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, este Juez decretó el arraigo de El Cuini, suspendió la extradición de El Chapo, negó una suspensión al líder de Los Zetas y sobreseyó un amparo a El Gil, sin que a la fecha se tenga una respuesta por la parte de la Procuraduría General de la República, este Senado debe manifestarse por la aceleración de las pesquisas para identificar en cualquiera de las líneas de investigación que se realizan una respuesta pública y veraz que lleve a los responsables de dicho asesinato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, a que de conformidad con sus atribuciones, ordene a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación una investigación exhaustiva sobre los recursos ejercidos por Francisco Javier Pérez Maqueda, ex titular de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, durante su estancia en el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se solicita que se inicie una investigación exhaustiva sobre los contratos de colaboración entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito de identificar el destino de las recuperaciones probables identificadas por la Auditoría Superior de la Federación.

SEGUNDO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que investigue exhaustivamente los hechos ocurridos el 10 de febrero del presente año en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en ubicado en Boulevard Picacho-Ajusco 170, colonia Jardines de la Montaña, y a que inicie una investigación respecto al mal ejercicio de los recursos públicos señalado por Francisco Javier Pérez Maqueda.

TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República acelere las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato del Juez Federal Vicente Antonio BermúdezZacarías, ocurrido el pasado 17 de octubre de 2016, y establezca en coordinación con el Poder Judicial los mecanismos de seguridad preventiva de los integrantes del Sistema de Justicia con el objeto de garantizar su vida y el de sus familiares en el ejercicio de sus funciones de impartición de justicia y preservar el Estado de Derecho.

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 13 días del mes de marzo de 2017.

Suscribe

Armando Ríos Piter

Senador por el Estado de Guerrero

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69691