Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 29 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 14 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-100/69607
Martes 14 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-100/69607

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al congreso del estado de Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Sen. Sandra Luz
García Guajardo

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las treinta y dos entidades federativas y en especial al Congreso del Estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los ex gobernadores y establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un ex gobernador que cuente con una orden de aprehensión, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México y en específico en algunas entidades federativas como Tamaulipas, existen cargos públicos que -por la naturaleza de las labores que desempeñan sus titulares- necesitan contar con escoltas que garanticen su integridad física.

Sin embargo, tan noble práctica se ha visto viciada por acciones que han permitido que ex servidores públicos se mantengan en la impunidad. Asimismo, se ha generado un excesivo gasto público.

Ejemplo de lo anterior es Tamaulipas -estado al que represento- en donde el dos de agosto del año inmediato anterior, el entonces Gobernador Egidio Torre Cantú, en pleno conocimiento de los resultados electorales en los que se decidió optar por una nuevaopción política para gobernar el Estado, envió una iniciativa de Ley al congreso local con el objeto dedotar del servicio de escolta a ciertos ex servidores públicos, incluyendo lógicamente a los ex gobernadores del Estado, algunos que como es sabido se encuentran prófugos de la justicia.

Por su parte, el Congreso local aprobó en “fast track” la iniciativa enviada y argumentó en el dictamen correspondiente que: “…en la actualidad ya se están llevando a cabo dichos servicios, por lo que con la presente acción legislativa, se pretende regularizarlos”.

Cuestión medianamente verdadera, ya queel primer pasohacia la impunidad fuedado por el ex gobernador Eugenio Hernández, cuando el 10 de diciembre de 2010 -días antes de terminar su administración-envióuna iniciativa al congreso local que de igual manera fue dictaminada “fast track” mediante decreto No. LX-1858 de fecha 27 de diciembre de 2010 y que en su transitorio segundo determinó:

“Los Exgobernadores (sic) del Estado que hasta la entrada en vigor del presente Decreto no cuenten con personal de seguridad para su persona y/o su familia, se les proporcionará, previa solicitud al Gobernador Constitucional del Estado.”

Es importante destacar que en ambos decretos se establece la prerrogativa de los exgobernadores de contar con escolta vitalicia, ya que en ningún momento se establece un plazo máximo de duración dela prestación y mucho menos se determina la obligación de contar con algún estudio o visto bueno de algún órgano especializado que emita un dictamen que justifique contar con dicha escolta.

Lo anterior es así, ya que la Ley de Seguridad Pública Local de Tamaulipas únicamente establece la necesidad de que un exgobernador solicite su escolta para que le sea otorgada, cuestión que en un régimen de austeridad y eficiencia del gasto no puede ser.

Sin embargo, lo más grave del asunto no es el gasto público erogado, sino la impunidad destapada por el actual Procurador de Justicia de Tamaulipas, Licenciado Irving Barrios Mojica, al hacer público que la administración de Egidio Torre Cantú brindaba protección institucional a los ex gobernadores Yarrington y a Hernández. Es decir, la autoridad en turno, en lugar de investigar los hechos ilícitos realizados por los ex gobernadores, se encargó de brindarles escoltas para garantizar su integridad física y su libertad.

Es importante recalcar que los ex gobernadores contaban con doce escoltas y que sólo durante el gobierno de Egidio Torre nos costó a los Tamaulipecos treinta millones de pesos.

Es importante recordar que otro ejemplo de impunidad similar al señalado en párrafos anteriores, se visualizó en el Estado de Quintana Roo, en donde una vez que el partido político en el poder lo perdió, se aprobó lo que coloquialmente se conoció como el “paquete impunidad”, ya que aunado a muchísimas acciones reprobables se autorizó dotar al exgobernador Borge de 15 años de escoltas.

Sin embargo, en septiembre pasado la nueva legislatura del Congreso Local aprobó reformar su Ley Estatal de Seguridad Pública para que únicamente se pueda otorgar dicho beneficio hasta por el tiempo que dure el encargo y hasta por un periodo similar a la conclusión del mismo.

En opinión de la suscrita es necesario que el Congreso Local en el Estado de Tamaulipas reconsidere el marco jurídico que regula el servicio de escolta para nuestros ex gobernadores y establezca un plazo máximo de duración de dicha prestación, pero principalmente establezca reglas que obliguen a que en caso de que el ex gobernador cuente con orden de aprehensión se le retire de forma inmediata dicho servicio.

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las treinta y dos entidades federativas y en especial al Congreso del Estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los ex gobernadores y establezcan reglas queimpidanel dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio para un ex gobernador que cuente con una orden de aprehensión.

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69607