Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 24 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 14 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-100/69604
Martes 14 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-100/69604

Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta protección.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Sen. César Octavio
Pedroza Gaitán

El suscrito, Senador Cesar Octavio Pedroza Gaitán de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta a la legislatura del Estado de San Luis Potosí a que garantice la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta protección. Además del fortalecimiento de su justicia constitucional local característica de los actuales estados constitucionales.

CONSIDERACIONES

Hoy en día la democracia es considerada como la mejor forma de gobierno para el desarrollo pleno de las sociedades contemporáneas. La democracia y el Estado de Derecho están intrínsecamente unidos, este sistema de gobierno refuerza el respeto del estado constitucional democrático, dado que, merced a ella, el poder dimana en definitiva del pueblo como adjudicatario de la soberanía.Es un hecho imprescindible que en un estado democrático como lo es México, están surgiendo cada vez más desafíos para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, como lo es, la protección a las minorías y la justicia constitucional.

Actualmente, dentro un contexto histórico de esfuerzos por la solidificación de la democracia y de la justicia constitucional en cada una de las entidades federativas del Estado mexicano, se pueden apreciar debilidades muy particulares en cada una de ellas. Tal es el caso de San Luis Potosí, donde no existen los órganos, recursos y mecanismos necesarios para el pleno desarrollo de la justicia constitucional en el estado.

Por ello, resulta necesario establecer como premisa, que una de las principales características de los Estados de Derecho constitucionales, es la protección de las minorías con lo que se da vigencia al principio de tolerancia y pluralidad política baluartes del constitucionalismo mexicano.

La democracia entraña el gobierno de la mayoría, pero eso no significa que las minorías puedan o deban ser privadas de participar en el poder y en la adopción de decisiones que afectan a los ciudadanos. Ciertamente, cuando existe un debate pleno sobre los problemas que aquejan a determinadas sociedades debe llegar el momento de la decisión, y existe la posibilidad que una mayoría se imponga y que una propuesta de la voluntad de la minoría sea rechazada.

Sin embargo, este sistema no entraña ni debe entrañar una parálisis, a la hora de tomar decisiones. Las opiniones de la minoría nunca deben silenciarse, deben tener derecho a exponer sus argumentos, con el objeto de que, después de haber oído a ambas partes se pueda votar en un órgano de deliberación democrática.

Es frecuente que ambas partes tengan ideas acertadas, que pueden conjugarse de manera creativa, pero el método decisional, mayoría sobre la minoría, debe tener ciertos matices, que aún a lo sumo contenga la posibilidad de plantear propuestas, discusiones, y decisiones, en las cuales la minorías obtengan una participación plena en el proceso de toma de decisiones.

Las minorías participan en el juego democrático, siempre y cuando en los canales institucionales del Estado, les garantice su participación en la toma de decisiones, ya que los Estados Modernos en sus ordenamientos constitucionales consagran la garantía de derecho a las minorías, todo ello en aras del principio de igualdad y pluralidad, en los cuales las minorías acuden a los organismos institucionales de deliberación democrática como es el caso de los ayuntamientos en defensa de sus principios e interese y de su derecho a ser escuchados ya que representan a  determinados sectores de la sociedad.

Se trata en consecuencia, de acercar a los puntos de encuentro en propuestas de índole político e ideológico, a los actores políticos, representando a numerosos actores sociales, para armonizar el desarrollo pleno en aras de la convivencia que debe existir en las sociedades modernas, para lograr con esto la estabilidad y durabilidad de los sistemas políticos contemporáneos, que se ven sumidos en diversas posiciones antagónicas y en donde debe de buscarse la tolerancia, el pluralismo y el respeto de los grupos sociales, tanto los mayoritarios como los minoritarios en las instituciones municipales.

Por el contrario, cuando el Estado constitucional, no provee de las condiciones óptimas para el pleno desarrollo y establecimiento de las minorías, no solamente se cae en una contradicción de principios, sino que se deja el camino abierto a la desigualdad y  a la intolerancia. Incluso se puede llegar a que la mayoría tome decisiones contrarias a la Constitución federal y estatal,y a los principales principios que guían los derechos humanos y las instituciones democráticas modernas y con esto a la tiranía de las mayorías en los ayuntamientos.

Ante la situación descrita,en la actual normativa del estado de San Luis Potosí no se permite que puedan las minorías al interior de los ayuntamientos acudir a un órgano independiente a impugnar reglamentos inconstitucionales y cuyo efecto de la sentencia sea la desaplicación del reglamento para todos los habitantes del municipio. Por lo que ante tal circunstancia lo único que le queda al ciudadano es ir a impugnar este reglamento por medio del juicio de amparo, sin embargo el efecto de esa sentencia solo va a beneficiar a la persona que lo interpuso.

Lo anteriormente descrito genera una desigualdad en la aplicación de la ley, ya que solamente aquellos que pueden apelar al recurso de amparo pueden verse protegidos y quienes regularmente son personas con poder económico, pero al resto de la población se le continua aplicando de manera injusta la norma municipal con lo que se genera desigualdad en los habitantes del municipio.

El sistema electoral del estado de San Luis Potosí asegura mayorías al Presidente Municipal al interior de su cabildo, es decir los regidores del mismo partido del Presidente tienen mayoría simple, lo que hace que las minorías no puedan oponerse con resultados tangibles en una votación de algún reglamento o parte del mismo que vaya en contra de la constitución estatal.

En síntesis, la mayoría de los regidores en un ayuntamiento pudieran por ejemplo, llegar al absurdo de aprobar una falta administrativa que penalice con multa o con arresto a aquellas personas que se vistan de una determinada manera, vulnerando con esto derechos humanos de las personas como puede ser el derecho a la libre personalidad.

En este contexto y ante la ausencia de una protección en un órgano estatal independiente como lo pudiera ser el Poder Judicial Estado, los equilibrios institucionales del municipio no son acordes con los de un estado constitucional moderno, lo que genera autoritarismo local o una tiranía de las mayorías en los ayuntamientos, lo que se puede ver reflejado en las reglamentaciones municipales.

Es por esto que, consideramos básico que en el estado potosino existan mecanismos de justicia constitucional que protejan a las minorías en los ayuntamientos cuando se aprueben reglamentos que atenten contra la constitución estatal y los derechos inalienables de las personas.

En México, existen casos en diferentes entidades federativas del país, donde se han implementado mecanismos para la protección de las minorías en los ayuntamientos. Tal es el caso del estado de Coahuila, en donde existen acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de carácter general del mismo ayuntamiento, teniendo como requerimiento al 30% de los integrantes del ayuntamiento así mismo este tipo de mecanismos ya existen en otros estados como es el caso de Chiapas.

Como ya hemos podido observar el desarrollo de la justicia constitucional y de la protección a las minorías al interior de los ayuntamientos, aún es un reto, ya que si bien es cierto se dieron importantes avances en la justicia constitucional federal, al día de hoy todavía la protección de las minorías en los ayuntamientos es un capítulo pendiente. Si consideramos que los municipios son la escuela de la democracia, el construir de abajo hacia arriba ese tipo de instituciones, nos va a ayudar a tener un Estado mexicano más sólido y una democracia más consolidada donde el principio de tolerancia y de pluralidad política, así como el respeto a los derechos humanos y a las decisiones políticas fundamentales de nuestra Constitución, sea la constante y no la excepción.

Por todo lo anterior se propone a esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO..- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A QUE SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS AL INTERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA NORMATIVA QUE LE DÉ VIDA A ESTA PROTECCIÓN, ADEMÁS DEL FORTALECIMIENTO DE SU JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DE LOS ACTUALES ESTADOS  CONSTITUCIONALES.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 9 de marzo de 2017.

ATENTAMENTE

SEN. CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69604