Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 9 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-97/69516
Jueves 9 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-97/69516

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a alinear a la institución con el nuevo paradigma, en el sentido de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de periodistas.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

Sen. Marco Antonio
Blásquez Salinas

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, con toda atención, al Titular de la Procuraduría General de la República a que alinee a la institución con el nuevo paradigma en el sentido de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de periodistas, con base en las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Garantía de la libertad de expresión.

El derecho a expresar sin cortapisas todo tipo de ideas, opiniones y sentimientos se ha expandido en más de 150 años de evolución normativa en nuestro país. Reconocida en la Constitución de 1857, la libertad de expresión fue de las contadas libertades civiles que en el Constituyente de 1917 requirieron de una técnica legislativa quizás casuística pero con un evidente propósito histórico: bajo criterios tautológicos se incorporó a la norma constitucional la prohibición de los abusos que caracterizaron a la prolongada dictadura porfirista. En el artículo 7º se prohibió expresamente el abuso de:

  1. Controles oficiales o particulares,  
  2. De papel para periódicos,  


De 1917 al 2011 el concepto jurídico fundamental en torno a la libertad de expresión se mantuvo estático, prácticamente sin cambios. La interpretación literal permitió que junto con el derecho fundamental se criminalizara al periodismo principalmente a través del tipo penal denominado Difamación que fue acogido en la totalidad de los ordenamientos penales mexicanos desde el ámbito federal y en cada uno de los códigos penales de las entidades federativas y el entonces Distrito Federal. El delito de difamación hizo las veces de ley mordaza en contra de las y los periodistas por casi 100 años. Junto con el injusto penal anterior, se aplicaba la Ley sobre Delitos de Imprenta que data de 1917 y que lamentablemente todavía a la fecha se encuentra en vigor como el resabio de una hermenéutica jurídica fría inspirada en el apotegma proveniente del Derecho Romano en el sentido de que la ley es dura pero es la ley.

La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el orden jurídico nacional permitió concebir, reconocer y aplicar a la libertad de expresión como un valor jurídico de la democracia. En el marco de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 tuvo lugar la transformación de los derechos subjetivos públicos que pasaron de ser garantías individuales a derechos humanos plenos. La proyección del nuevo paradigma fundamental en el campo de la libertad de expresión dio por resultado concebir a ésta desde la perspectiva del derecho de la sociedad a estar informada principalmente de los asuntos de orden público haciendo dinámico el precepto que dispone que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. Se llevó a cabo entonces la revalorización social del comunicador y en aplicación del principio de brindar la máxima protección a las personas se expidió una preceptiva que amplió la protección a las y los periodistas. Concomitante con la reforma constitucional de derechos humanos se procedió a descriminalizar el ejercicio de la libertad de expresión expulsando a la difamación del catálogo de delitos contenido en las leyes penales. Ante la ola de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación que con frecuencia comprimían el principal de los derechos del ser humano que es la vida, se elaboró, presentó y aprobó con participación de asociaciones de los propios comunicadores, organizaciones civiles y la academia, un ordenamiento para salvaguardar la integridad y la libertad personal de los principales protagonistas de la libertad de expresión habiéndose publicado con fecha 25 de junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En este contexto de ejercicio parlamentario garantista tuvo lugar el establecimiento de la facultad de atracción en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista. Fue así que el precepto desembocó en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales a través del artículo 21 que, a la letra, establece lo siguiente:

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

II. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

III. Se trate de delitos graves así calificados por este Código y legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa;

IV. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

V. Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate;

VI. Los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VII. En la Entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VIII. El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas, o

IX. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.


Nuevo criterio judicial.

A pesar de la evidente vocación pro persona del artículo 21 de la ley penal federal, con frecuencia la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha mostrado reticencia para ejercer la facultad de atracción sobre hechos punibles relacionados con bienes jurídicos protegidos de las y los periodistas. Legisladores prácticamente de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión han presentado de manera reiterada proposiciones con puntos de acuerdo muy concretos requiriendo a la institución encargada de la procuración de justicia en el ámbito federal se sirva ejercer la facultad de atracción ante la evidente carencia de recursos humanos, materiales y logísticos que padecen las procuradurías y fiscalías en las entidades federativas, además de que la Procuraduría General de la República cuenta con atribuciones para desahogar las líneas de investigación en todo el territorio nacional sin el obstáculo del principio de territorialidad de la ley penal.

De ahí la trascendencia de la determinación de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación tomada el 1º de marzo del año en curso. Al resolver el amparo en revisión 1422/2015, el Alto Tribunal determinó que son los jueces federales y no los locales quienes deben enjuiciar los delitos cometidos en contra de un periodista, según reza el boletín de prensa difundido por el propio Poder Judicial Federal. En el mismo comunicado se establece que "la decisión supone un avance importante en la protección de los derechos de los periodistas, quienes pueden sufrir abusos en el ejercicio desde su libertad de expresión e información".

A través de una tarea hermenéutica de carácter funcional, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, se determinó que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio de comunicación, o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista. La valoración de la Corte tuvo como base que cualquier definición del término periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad. En este orden de ideas, se consideró necesario tomar en cuenta los distintos y cambiantes modos en los que se ejerce el periodismo. [*]

Sin duda, el criterio judicial anterior reviste trascendencia histórica. Se inscribe en la línea evolutiva a que hemos aludido al principio de la presente proposición en torno a una de las principales libertades civiles en un Estado Democrático de Derecho que es la libertad de expresión.


Socialización del nuevo paradigma judicial.

La resolución dictada por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1422/2015 revocando el fallo del Tribunal Unitario para efectos de que las acusaciones del periodista sean enjuiciadas en tribunales federales entraña una convocatoria a las instituciones de procuración de justicia del país para que respeten el criterio de que los jueces federales resuelvan los delitos cometidos contra periodistas.

Las procuradurías de justicia y las fiscalías generales debieran emitir acuerdos por parte de sus titulares y contar con protocolos o modificar los ya existentes para adaptar su actuación al nuevo paradigma judicial. El impacto jurídico del nuevo criterio se focaliza en que el Ministerio Público tanto del fuero común como el de la Federación hagan uso de sus facultades y atribuciones teniendo como principio orientador al pronunciamiento de la Corte.

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que emita un Acuerdo General para que los Agentes del Ministerio Público de la Federación y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ajusten su actuación al criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en que corresponde a los jueces federales resolver los delitos cometidos contra periodistas.

En el recinto del Senado de la República, en la ciudad de México a 6 de marzo de 2017.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.


[*] Véase el Comunicado contenido en el vínculo digital siguiente consultado el 3 de marzo de 2017: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4488

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69516