Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 24 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 2 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-92/69480
Jueves 2 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-92/69480

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Fernando Mayans Canabal y Gabriela Cuevas Barron, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS.

Sen. Luz María
Beristain Navarrete
Sen. Zoé
Robledo Aburto
Sen. Armando
Ríos Piter
Sin Grupo
Sen. Fernando Enrique
Mayans Canabal
Sen. Gabriela
Cuevas Barron

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, POR MEDIO DE SU RED CONSULAR Y A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE EN CONJUNTO REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁNSITO DENTRO DE MÉXICO Y A LA CONCENTRACION EN ARAS DE LA SOLIDARIDAD CENTRO Y LATINOAMERICANA, PARA CREAR UN ESQUEMA DE COOPERACION CONSULAR.

De los suscritos, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, ZOE ROBLEDO ABURTO, ARMANDO RÍOS PITER, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

La frontera sur, colindante con Guatemala y Belice (mide mil 149 kilómetros), está totalmente desprotegida y registra al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de migrantes y droga. A lo largo de esta extensa franja, solo hay 11 cruces formales con presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados.   Actualmente, la relación entre el migrante centroamericano y el Estado Mexicano —sociedad y gobierno— se enmarca en un doble telón.

Primero, la versión oficial dada por el gobierno a través de su política migratoria, así como lo establecido en los tratados firmados y ratificados por México en materia de migración y derechos humanos; y por otro lado, las investigaciones y recomendaciones hechas por medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos nacionales e internacionales que velan por la protección de los derechos humanos, y denuncian maltratos y violaciones a las personas:desde discriminación hasta violencia física, pasando por la exclusión social que impide una integración homogénea de las sociedades.

La movilidad de personas en dirección sur-norte desde Centroamérica hacia Estados Unidos, en condición migratoria indocumentada o irregular, es un fenómeno transnacional que ha cobrado importancia en el país en las últimas décadas. La mayor parte de estos desplazamientos se producen por tierra y obedecen a múltiples causas, entre las que destacan motivos laborales, de inseguridad y violencia, así como de reunificación familiar y en el caso de algunas comunidades, la tradición migratoria.

Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a través de México para llegar a Estados Unidos han marcado las dinámicas migratorias en Mesoamérica y las relaciones de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador)  desde hace más de 30 años. Estos flujos de migrantes en tránsito irregular han predominado numéricamente frente a otros desplazamientos de centroamericanos hacia México, como el de trabajadores fronterizos, el de refugiados o el de personas de estos países que se quedan en México como residentes temporales o permanentes.

Desde hace ya varias décadas México ha dejado de ser sólo uno de los principales países con masivos procesos de expulsión de migrantes a Estados Unidos: también tiene varios lustros siendo un lugar de tránsito y, en menor medida, de destino.

Al inicio de los noventa, no obstante al haber terminado los conflictos armados en Centroamérica, la emigración continuó, impulsada por la precariedad laboral, la pobreza, la violencia y, en algunos países, la inestabilidad política. A estos problemas se han ido sumando otros fundamentalmente económicos, derivados de los efectos de la caída de los precios del café y de los desastres ocasionados por fenómenos naturales en la región, como el huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001 y el huracán Stan en 2005. Estos factores de expulsión se unen a otras explicaciones propias de las dinámicas migratorias, como la consolidación de las comunidades migrantes de estos países en Estados Unidos y el fortalecimiento de sus redes transnacionales. [*]

En la última década, estos movimientos migratorios irregulares hacia Estados Unidos se han producido en un contexto de incremento de la inseguridad y, por tanto, de mayor vulnerabilidad de las personas migrantes frente a amenazas de extorsión, asalto, violación, secuestro e incluso homicidio, entre otras. Esta situación se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como por el endurecimiento cada vez mayor del control fronterizo en el sur de Estados Unidos y la continuidad de las acciones de retención de migrantes indocumentados por el gobierno mexicano a lo largo de todo el país.

Ese aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las constantes violaciones a los derechos de los migrantes y las políticas de control migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la sociedad civil y la academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en lo relativo a la migración de tránsito por México. Los enfoques que han prevalecido sobre migración internacional hasta hace poco años, se han centrado en el origen y destino de la migración, y no en los procesos de desplazamiento de las personas.

Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación de (Segob) el número de extranjeros presentados en la región América Central, hasta el año 2016, fueron cerca de 300 mil personas que se encontraban en tránsito, de las cuales detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil.

La gravedad de esta situación no sólo reside en las cifras, sino también en que varios de los hechos de violencia  que más han llamado la atención en México en los últimos años han estado relacionados con los centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos de estos migrantes forzados; entre muchos otros, sin duda lo más mediáticamente “visibles” han sido las masacres de San Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012 –donde se transgredió brutalmente el derecho al respeto de la vida–, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015 –donde se les negó el derecho al asilo/refugio–, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur de México y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados, donde se le negó el derecho a la integridad física.

Los crímenes y violencias que padecen los migrantes en su travesía, aunque son diferentes –según estén en su país natal, en México o en Estados Unidos–, están encadenadas entre sí y van incrementado la vulnerabilidad de los centroamericanos. Según datos del informe de Redodem de 2015, los crímenes que sufren los migrantes en su paso por México acontecen sobretodo en el suroeste del país –en primer lugar Chiapas, luego Veracruz, Oaxaca y Tabasco y los principales agentes que cometen los delitos son el crimen organizado –con 45.72 por ciento de los ilícitos– y diversas autoridades del Estado– con un 41.5 por ciento y comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal–. Los actos delictivos más frecuentes son el robo –66.48 por ciento de los delitos–, extorsión –25.68 por ciento–, lesiones –2.5 por ciento–, secuestro –1.3por ciento–, abuso de autoridad –0.81 por ciento, pero también acontecen casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual. [*]

En México, en tanto como país de tránsito, los centroamericanos padecen con frecuencia la falta del respeto de los derechos humanos, principalmente el tener acceso a pedir refugio y asistencia, pero también a la integridad física y el respeto a la vida. Y aquellos pocos centroamericanos que tras un arduo camino logran llegar a Estados Unidos, están todavía proclives a sufrir explotación laboral y exclusión social, sin la garantía de tener acceso a un salario justo, a seguridad social y derechos laborales.

De este modo, la falta de protección y vulnerabilidad de los migrantes se estructura sobre la ausencia de los derechos humanos, tanto en el origen en sus países en Centroamérica, como en el tránsito por este país –que hipotéticamente dado el carácter universal de los derechos humanos no se restringen ni están acotados a un territorio nacional ni coartados por fronteras–. No obstante, la realidad es muy distinta; y en su paso por México los centroamericanos frecuentemente no tienen derechos al tránsito ni a la integridad física y el respeto a la vida, y muy pocas veces cuentan con la posibilidad efectiva de solicitar asilo y refugio. La violencia que padecen en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de la impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada. [*]

Aunado a esta situación, se presenta un problema más que lacera su condición: la estigmatización social, pues sufren de los supuestos convencionales de un sector de la sociedad, quien considera que los extranjeros o inmigrantes no deberían tener los mismos derechos que los nacionales. Y finalmente, la situación que los pone más cerca de la vulnerabilidad es la existencia del desconocimiento del sistema jurídico y la administración del país de acogida, o de tránsito, y que en determinado momento podría ser el mecanismo que salvaguarde su integridad personal. [*]

Ante la situación cotidiana que enfrentan los migrantes centroamericanos, es necesario subsanar las carencias de los instrumentos legales de protección a los migrantes, pues aunque éstos existen, la política migratoria del gobierno mexicano pareciera responder a las peticiones de los países de destino, sin tomar en cuenta el diseño y aplicación de políticas migratorias humanistas.

De esta manera, más allá del reconocimiento de la problemática, el gobierno mexicano, por medio de las autoridades competentes en la materia, deberá comenzar a atenderla; todo esto con el motivo de que los migrantes centroamericanos comiencen su travesía hacia su destino a través de un camino que garantice sus derechos y libertades mínimos manteniendo su dignidad y calidad de vida, y no en un trayecto que se convierta en una pesadilla para ellos; debemos entender que de no comenzar a actuar el Gobierno y la Sociedad Mexicana no podrán promover la protección de los derechos humanos de los connacionales en los Estados Unidos, sobre todo si no mejoran las condiciones y el trato de los migrantes en el territorio propio.

Todo ello tiene la única finalidad de consolidar una nueva cosmovisión de los derechos humanos y la migración, que represente una contribución para el desarrollo y bienestar de México.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de su Red Consular y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en conjunto realicen las acciones necesarias para garantizar en el ámbito de sus competencias, el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes Centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México y a la concertación en aras de la solidaridad Centro y Latinoamérica, para crear un esquema de cooperación consular.

Suscriben


[*] moneda, D. (2017). DDHH en la frontera sur: la otra cara de la moneda - Mexican Times. [online] Mexican Times. Available at: http://themexicantimes.mx/ddhh-en-la-frontera-sur-la-otra-cara-de-la-moneda/ [Accessed 27 Feb. 2017].

[*]  Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. Redodem.

[*]  Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, número 10, 2008.

[*] Fuentes-Reyes, G. and Ortiz-Ramírez, L. (2017). El migrante centroamericano de paso por México, una revisión a su condición social desde la perspectiva de los derechos humanos.[online] Convergencia.uaemex.mx. Available at: http://convergencia.uaemex.mx/article/view/1101/1721 [Accessed 27 Feb. 2017].

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69480