Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 17 de diciembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Martes 28 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-90/69377
Martes 28 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-90/69377

De los Senadores Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ricardo Urzúa Rivera, Daniel Amador Gaxiola, Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas, Ernesto Ruffo Appel, Luis Humberto Fernández Fuentes y Armando Ríos Piter, integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas de la República Mexicana a agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados con la armonización de la legislación local en materia de combate a la corrupción, dentro de los plazos legales establecidos en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Sen. Héctor
Yunes Landa
Sen. Anabel
Acosta Islas
Sen. Ma. del Rocío
Pineda Gochi
Sen. Ricardo
Urzúa Rivera
Sen. Daniel
Amador Gaxiola
Sen. María Marcela
Torres Peimbert
Sen. Laura Angélica
Rojas Hernández
Sen. Ernesto
Ruffo Appel
Sen. Luis Humberto
Fernández Fuentes
Sen. Armando
Ríos Piter
Sin Grupo

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,  PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLATIVOS RELACIONADOS CON LA ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN,  DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS  EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Los suscritos: Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, Ricardo Urzúa Rivera y Daniel Amador Gaxiola, Senadores de la República en la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;María Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Luís Humberto Fernández Fuentes, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Armando Ríos Piter, Senador Independiente por el Estado Libre y Soberano de Guerrero; todos integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República,  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La corrupción es reconocida como uno de los principales obstáculos para consolidar los sistemas democráticos, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo sostenible de cualquier sociedad.

En el sentido anotado, el uso indebido de los recursos y bienes destinados a intereses colectivos, por parte de servidores públicos y particulares, impiden materializar los principios y los objetivos del Estado de Derecho, en favor de la Sociedad en general,al favorecerse ilícitamente intereses particulares, que aumentan los costos de bienes y servicios públicos, además de debilitar el respeto por la autoridad, erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, y contribuir a debilitar la legitimidad delos poderes públicos del  Estado.

En este sentido, el Estado Mexicano ha creado a lo largo de su historia normas e instituciones para prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción; incluso se han suscrito tratados internacionales al respecto. Sin embargo, la magnitud, complejidad y sofisticación de ese tipo de actos, ha hecho necesaria la actualización del marco normativo que rige su control y erradicación.

En este contexto se presentaron distintas iniciativas de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y el Gobierno de la República, ante el H. Congreso de la Unión.

Una vez seguido el proceso legislativo correspondiente, fue aprobada la Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante “el Sistema”), mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, y en la cual se define al Sistemacomo unainstancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, el cualcontará con un Comité Coordinador integrado por:

  • Titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
  • Titular de la fiscalía responsable del combate a la corrupción; 
  • Titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; 
  • Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
  • Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
  • Representante del Consejo de la Judicatura Federal, y 
  • Representante del Comité de Participación Ciudadana.  

La reforma mencionada también establece que:“Las Entidades Federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Adicionalmente es importante destacar, que en el artículo Séptimo Transitorio de este mismo Decreto, se previó que:

Los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.”

Atendiendo el mandato constitucional y en uso de las facultades con que se dotó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que estableciera las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa” (en adelante “Decreto”).

Al respecto, el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, dispone que el Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por:

I.- Los integrantes del Comité Coordinador;

II.- El Comité de Participación Ciudadana;

III.- El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y

IV.- Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.

En este cuerpo normativo también se establecen las bases

Capítulo V

De los Sistemas Locales

Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases:

  1. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional;  
  2. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones;  
  3. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija;  
  4. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;  
  5. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional;  
  6. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y  
  7. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana  

Como se ha mencionado previamente, el artículo Segundo Transitorio del Decreto, establecela obligación de los Congresos locales para armonizar sus respectivos marcos normativos dentro del año siguiente a la entrada en vigor de las leyes secundarias en el orden Federal.

Conforme a lo anterior, el plazo para que los Congresos Locales realicen las adecuaciones mencionadas vence el 18 de julio del presente año.

Al día hoy, se registran avances de los trabajos legislativos para el establecimiento de Sistemas Locales Anticorrupción en las siguientes Entidades Federativas:

  1. Aguascalientes;  
  2. Baja California Sur; 
  3. Chiapas; 
  4. Guanajuato;  
  5. Jalisco; 
  6. Michoacán;  
  7. Morelos;  
  8. Nayarit;
  9. Nuevo León;
  10. Oaxaca;  
  11. Puebla; 
  12. Querétaro; 
  13. Sonora; 
  14. San Luis Potosí; y  
  15. Yucatán. 

En este contexto,podemos observar la voluntad delos Poderes Legislativos de las Entidades Federativas, de armonizar sus legislaciones locales, para dar cumplimiento a esta política integral del Estado Mexicano, en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, es imprescindible que todas las Entidades Federativas cumplancon todas las adecuaciones correspondientes en sus legislaciones locales, para articular con éxito los sistemas Locales Anticorrupción, pues constituyen una pieza fundamental para la puesta en marcha del Sistema Nacional y lograr su plena operación y el éxito de las metas que se ha propuesto. 

En efecto, es importante recordar que el artículo cuarto transitorio, párrafo quinto, de dicho Decreto, estableció que la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores, a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana, a los cuales fueron entregadas sus constancias de designación con fecha 9 de febrero del año en curso.

En ese sentido, podemos afirmar que México posee al día de hoy un renovado y fuerte marco legal para brindar un combate eficiente a la corrupción.

Sin embargo, es necesario que las Entidades Federativas redoblen sus esfuerzos paraarmonizar a la brevedad, sus legislaciones respectivas, como lo mandata nuestra Carta Magna y sus leyes reglamentarias.

Es pertinente tomar en cuenta que Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción, señaló que nuestro país cayó 28 lugares con respecto al Índice en 2015, en el que México ocupaba el lugar 95; es decir, de los 176 países evaluados, actualmente nos encontramos en el lugar 123.

Del mismo modo, dicho Organismo emitió una serie de recomendaciones de las cuales se destaca la siguiente:

“… los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.”

Desde el Senado la República, estamos conscientes que los cambios en el marco legal e institucional, deben acompañarse de acciones sistemáticas para eliminar la corrupción que afecta a todo el país, por lo cual, esta política pública de lucha contra la corrupción debe ajustarse al pleno cumplimiento formal y sustantivo de la norma.

El reto sin duda es grande, romper el círculo vicioso de la corrupción exige comprender bien el problema para enfrentarlo adecuadamente, sólo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y alto beneficio, para convertirse en práctica infructuosa.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas de la República Mexicana, para agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados con la armonización de la legislación local en materia de combate a la corrupción,  dentro de los plazos legales establecidos  en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; a fin de dar cumplimiento a la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.

S u s c r i b e n,

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 23 de febrero de 2017.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69377