Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 19 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Jueves 2 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-92/69375
Jueves 2 de Marzo de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-92/69375

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 del Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Yolanda
de la Torre Valdez

Los suscritos, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta iniciativa aborda lo que se denomina en nuestro sistema jurídico como corrupción activa o ―cohecho activo, es decir que el delito es cometido por la persona que promete o da el soborno; a diferencia del ―cohecho pasivo, en que el delito es cometido por el servidor que recibe el soborno, incluso en el caso de que la persona que comete el delito se trate de una persona jurídica, ahora con responsabilidad penal, en términos del Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al procedimiento para personas jurídicas, del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y reformado mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2016.

De conformidad con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas son penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entre las sanciones que se les pueden aplicar por la comisión de delitos se encuentran la suspensión de actividades o su disolución.

Por otra parte, la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su siglas en inglés) fue expedida en EE.UU. en 1977, pero en los últimos años ha adquirido especial importancia debido a la lucha contra la corrupción que vienen dando los diferentes países. [*]

Fue emitida por el Congreso de los Estados Unidos en 1977 como consecuencia del escándalo de Watergate. El objetivo principal de esta ley es fijar reglas para que los empresarios estadounidenses actúen de forma ética en la licitación de contratos en el extranjero.

En la mencionada ley se consagró el deber de abstenerse de hacer pagos a funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de dichos partidos o candidatos a ocupar cargos públicos para que dichas personas tomen o se abstengan de tomar alguna decisión en relación con la adjudicación de un contrato.

La disposición antisoborno de la FCPA tiene seis elementos claves. Prohíbe (1) ofrecer o dar, (2) cualquier cosa de valor, (3) directa o indirectamente, (4) a un funcionario público extranjero, (5) de forma corrupta, (6) para obtener una ventaja inapropiada.

  1. Ofrecer o dar. Un ofrecimiento o promesa es suficiente para cumplir con este elemento. No tiene que ser aceptado, y el beneficio no tiene que ser otorgado. La prohibición también incluye autorizar o aprobar ofrecimientos de soborno. 
  2. Cualquier cosa de valor. La FCPA no establece un valor mínimo para lo que constituye un soborno, y el concepto de “cosa de valor” es interpretado de manera muy amplia. Los ejemplos incluyen regalos, comidas, entretenimiento, transporte, donaciones de caridad, descuentos, empleos o pasantías para familiares, y reembolso de los gastos de los funcionarios. Un área de alto riesgo para las compañías implica regalos, entretenimiento, comidas, viajes y hospedaje a funcionarios extranjeros, puesto que tales pagos pueden ser interpretados como (o pueden convertirse en) sobornos.  
  3. Directa o indirectamente. Los pagos, ofrecimientos y promesas están prohibidos, ya sea que los hagan directamente individuos o indirectamente terceros, por ejemplo, agentes locales, consultores, representantes, o subsidiarias. Las compañías o individuos podrán ser responsabilizados por los pagos indirectos si ellos autorizan los pagos o tienen conocimiento de que se hará un pago corrupto. Las compañías o individuos también podrán ser responsabilizados si deberían haberlo sabido – por ejemplo, si “ignoran conscientemente” una “alta probabilidad” de que un tercero hará un pago corrupto en su nombre. Un resultado de esta responsabilidad es que los programas de cumplimiento generalmente hacen énfasis en la debida diligencia de todos los representantes de terceros.  
  4. Funcionario extranjero. El término “funcionario extranjero” se define de forma bastante amplia para incluir a cualquier empleado público, independientemente de su nivel en la jerarquía, e independientemente de si son elegidos, designados o de gobierno estatal, local o federal. También incluye a funcionarios, directores y empleados de compañías estatales u otras agencias. El estado no tiene que ser el único propietario de la entidad para que se aplique la FCPA. Esta amplia definición, por ejemplo, permite que un pago que se le haga a un doctor en un hospital público en otro país sea considerado como un pago a un “funcionario público”. Los candidatos a cargos públicos o funcionarios de organizaciones públicas internacionales (como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, etc.) también son considerados como funcionarios extranjeros para los fines de la FCPA. 
  5. De forma corrupta. El sobornador debe tener mens rea – intento criminal – para cometer un acto criminal. En este caso, el sobornador deberá tener la intención de inducir al receptor a que abuse de su cargo público. 
  6. Ventaja inapropiada. Ventaja inapropiada se refiere a obtener o retener negocios o garantizar alguna otra ventaja. Por ejemplo, podrían hacerse pagos inapropiados para obtener registros o aprobaciones gubernamentales, ganar un contrato con el gobierno, autorizar equipos en aduana, reducir los aranceles aduaneros, garantizarse impuestos y tasas más favorables, o perjudicar a un competidor. 

Por otra parte, en el año 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expidió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (en adelante Convención Anticohecho) [*] . Por medio de esta Convención la OCDE desarrolla medidas para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros.

Con la finalidad de alinear la FCPA con las disposiciones contenidas en la referenciada Convención, en 1998 el Congreso de los Estados Unidos le realizó una enmienda introduciendo la penalización de conductas y ampliando el ámbito de aplicación de la ley, entre otras modificaciones.

A raíz de la expedición de la ley Sarbanes Oxley en 2002, relacionada con la prevención del fraude y quiebra de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, la aplicación de la FCPA ha alcanzado una gran relevancia en los últimos años.

La Convención Anticohecho de la OCDE es un acuerdo internacional suscrito por países que establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Fue firmada en 1997 y entró en vigor el 26 de julio de 1999. México ratificó esta Convención el 22 de abril de 1999 y entró en vigor el 26 de julio de 1999.

Antes de adoptar la Convención Anticorrupción de la OCDE, los Estados miembro de la OCDE prefirieron adoptar en mayo de 1997 un instrumento jurídico no vinculante, la Recomendación revisada por el Consejo sobre el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales. La Convención nació a raíz de esta Recomendación. En mayo de 2009, se adoptó la Recomendación del Consejo de la OCDE en contra de la deducibilidad fiscal de los sobornos en las transacciones comerciales internacionales, que junto a la Recomendación para reforzar el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales de noviembre de 2009 y a la Convención Anti-cohecho de la OCDE forman los tres instrumentos del dispositivo anticorrupción de la OCDE.

Este es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de la corrupción ya que sobornar a funcionarios públicos para obtener ventajas en el comercio internacional socava la gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad en los mercados.

La Convención Anticohecho busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza. A través de ella, se define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la organización de la cooperación mutua entre los estados miembros en asuntos de apoyo y extradición.

Los objetivos de la Convención son:

  1. Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales. 
  2. Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. 
  3. Esta Convención exige que las leyes anticohecho de los países signatarios se apliquen no sólo a particulares, sino también a las empresas, lo cual es clave para que éstas tengan responsabilidad ante las leyes de los actos de corrupción que se lleven a cabo para su beneficio. Además, los Estados miembros tienen la obligación de tipificar el cohecho internacional en las legislaciones nacionales y se comprometen a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para el delito de soborno extranjero las cuales deben ser, al menos, comparables a las sanciones por soborno de funcionarios públicos nacionales. 

La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de interés económico. En este sentido, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan el ocultamiento de prácticas corruptas. Al igual que las otras convenciones, la Convención de la OCDE insta a proporcionar asistencia técnica jurídica a los demás Estados parte para investigar y perseguir los actos de cohecho en el extranjero

La OCDE recomienda que los países miembros tomen las medidas necesarias, considerando cuando proceda las circunstancias individuales de una empresa; por ejemplo, su tamaño, tipo, estructura legal, así como el sector geográfico e industrial de operación; de manera que las leyes, normas o prácticas relacionadas con los requisitos contables, las auditorías externas, los controles internos, la ética y el cumplimiento estén a la par de los siguientes principios y se usen de manera plena para prevenir y descubrir el cohecho de servidores públicos extranjeros en negocios internacionales, de acuerdo con sus principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos básicos. [*]

Conforme al Artículo 8 de la Convención Anticohecho de la OCDE, los países miembros deberán tomar las medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, respecto a mantener libros y registros contables, divulgar estados financieros, usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación de cuentas no asentadas en libros, llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito.

En este mismo sentido, la OCDE recomienda a sus países miembros que deben exigir a las empresas que divulguen en sus estados financieros toda la variedad de pasivos contingentes materiales. Conforme al mencionado Artículo 8, los países miembros deberán estipular sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los libros, los registros, las cuentas y los estados financieros de dichas empresas.

De acuerdo al  Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, [*] en 2015, México se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.

El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior.

México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.

Como parte de la Fase III de la evaluación sobre la de la implementación de la Convención Anti-cohecho de la OCDE, en mayo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales (GTC) realizó la visita in-situ a México y genero un Informe Final de evaluación [*] . El objetivo de la misión fue conocer, monitorear y evaluar el grado cumplimiento de la Convención por parte de las autoridades responsables de su aplicación (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como conocer el grado de conocimiento de la misma y la percepción que diversos sectores (privado, social y académico) tienen sobre la efectividad del combate a la corrupción y el cohecho internacional.

En este sentido, del 11 al 14 de octubre de 2011, se llevó a cabo la defensa del Informe Oral ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE, en París, Francia, con la que se concluyó la Fase III de la Evaluación de esta Convención. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC), integrado por los 34 estados miembros de la OCDE, además de Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica aprobó el reporte correspondiente a esta fase.

En el informe final, la OCDE destaca el compromiso en el cumplimiento de la Convención por parte de México, especialmente al alertar al sector privado acerca de los riesgos que conlleva el delito de cohecho internacional. También se reconocieron los esfuerzos del Gobierno Federal en la elaboración y actualización de estrategias para identificar el cohecho y su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero como parte de las medidas anticorrupción implementadas.

Asimismo, el GTC también formuló observaciones de índole legislativas entre las que se incluyen: impulsar las diversas iniciativas de ley pendientes de aprobar para fortalecer el combate a la corrupción; ampliar la legislación en materia de decomiso del producto del cohecho; continuar el mejoramiento del nivel de atención a las solicitudes de asistencia jurídica en casos relacionados a este delito; la promulgación de leyes para proteger a denunciantes de actos de corrupción en los sectores público y privado, así como la necesidad establecer en el marco jurídico la obligación de los auditores externos para denunciar los delitos detectados durante las auditorías que formulen, garantizándoles protección ante posibles represalias.

Es importante destacar los avances que México ha realizado en el combate a la corrupción en todos los órdenes de gobierno. Como primer paso, es relevante mencionar la labor legislativa que ha realizado el Congreso de la Unión en conjunto con la sociedad civil, bajo la novedosa modalidad del Parlamento Abierto, para la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, que dio como resultado la expedición de un Sistema integrado por siete leyes:

  1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
  2. Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3). 
  3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
  4. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
  5. Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
  6. Reforma al Código Penal. 
  7. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

A este esfuerzo legislativo se ha sumado diversos actores, entre los que destacan, el titular del Ejecutivo Federal, implementando las medidas administrativas necesarias conducentes para que la Administración Pública Federal, coadyuve de manera plena con el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.

En este sentido, otro avance importante es la próxima instalación del Comité de Participación Ciudadana de dicho Sistema, como órgano rector ciudadano con capacidad de proponer políticas anticorrupción y vigilar el funcionamiento del Sistema.

El Comité de Participación Ciudadana será la instancia que vinculará al sistema con las organizaciones sociales y académicas; integrará el órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico del SNA y propondrá políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación.

Esta elección sienta un precedente pues es la primera vez que un órgano colegiado integrado por ciudadanos – elegidos en un proceso no partidizado y transparente dirigido por otros ciudadanos – tendrá funciones públicas

En este sentido, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la mencionada Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la OCDE el 26 de noviembre de 2009, [*] armonizándolas con las disposiciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales, se propone el siguiente texto de reforma al Código Penal Federal, con la finalidad de combatir eficazmente los actos de corrupción cometidos por las personas jurídicas:

Texto Vigente

Texto de iniciativa

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.-           El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.-          El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.-         El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a)            La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b)           El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

(…)

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

(…)

(…)

(…)

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.             A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.            A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III.          A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

(…)

(…)

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.-           El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.-          El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.-         El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a)            La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b)           El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público con el fin de:

  • influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial, 
  • inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,  
  • obtener alguna ventaja indebida; o 
  • inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero; 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

En el caso de las personas jurídicas, en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las consecuencias jurídicas aplicables serán las dispuestas en el artículo 11 Bis de este Código, incluida la suspensión o disolución de la persona jurídica, cuando el juez lo estime necesario para la seguridad pública.

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código.

Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la comisión del delito de cohecho cometido por personas jurídicas, serán calificados cuando se originen por:

  • Creación de cuentas no asentadas en libros contables, 
  • Llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada,   
  • Registrar  gastos inexistentes, 
  • Registrar pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las personas jurídicas con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito, 
  • Omitir o falsificar libros contables, registros, cuentas y estados financieros de las personas jurídicas. 

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.             A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.            A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III.          A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público extranjero con el fin de:

  • influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial, 
  • inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,  
  • obtener alguna ventaja indebida; o 
  • inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero; 

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código y será calificado de conformidad con las disposiciones del artículo 222 Bis

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

Aunado a lo anterior, con el objeto de fortalecer la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio de 2016, la presente iniciativa tipifica las conductas realizadas por las personas jurídicas relativas al cohecho y establece los estándares probatorios suficientes para acreditar dichas conductas, adoptando para tal fin los criterios establecidos en el artículo 8 de la mencionada Convención Anticohecho de la OCDE sobre las prácticas contables irregulares utilizadas por las personas jurídicas para cometer el delito de cohecho tanto en su modalidad genérica como el cometido con servidores públicos extranjeros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV y tres párrafos in fine al artículo 222 y una fracción IV al 222 BIS, ambas disposiciones del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I.-           El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.-          El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.-         El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite:

a)            La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b)           El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público con el fin de:

  • influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial, 
  • inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,  
  • obtener alguna ventaja indebida; o 
  • inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero; 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

En el caso de las personas jurídicas, en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las consecuencias jurídicas aplicables serán las dispuestas en el artículo 11 Bis de este Código, incluida la suspensión o disolución de la persona jurídica, cuando el juez lo estime necesario para la seguridad pública.

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código.

Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la comisión del delito de cohecho cometido por personas jurídicas, serán calificados cuando se originen por:

  • Creación de cuentas no asentadas en libros contables, 
  • Llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada,   
  • Registrar  gastos inexistentes, 
  • Registrar pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por parte de las personas jurídicas con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito, 
  • Omitir o falsificar libros contables, registros, cuentas y estados financieros de las personas jurídicas. 

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.             A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.            A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o,

III.          A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público extranjero con el fin de:

  • influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial, 
  • inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,  
  • obtener alguna ventaja indebida; o 
  • inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona o para un tercero; 

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código y será calificado de conformidad con las disposiciones del artículo 222 Bis

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de febrero del 2017.

A t e n t a m e n t e

Sen. Yolanda de la Torre Valdez


[*] Consultable en el sitio de internet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, sección Foreign Corrupt Practices Act of 1977 en el siguiente vínculo: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-spanish.pdf

[*] Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf

[*] Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo el 26 de noviembre de 2009

[*] Consultable en el sitio de internet de Transparencia Internacional en el siguiente vínculo: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

[*] El informe “PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO” de octubre de 2011, se puede consultar en el sitio de internet de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente vínculo: http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/ocde/Informe_Final_Fase_III.pdf

[*] Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69375