Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 23 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Martes 28 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-90/69263
Martes 28 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-90/69263

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a observar y dar seguimiento a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en el período de 2007-2016 por daños al patrimonio de los estados.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Sen. David
Monreal Ávila

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A OBSERVAR Y DAR SEGUIMIENTO CON DILIGENCIA, IMPARCIALIDAD Y DE FORMA EXPEDITA, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL PERIODO DE 2007-2016 POR DAÑOS AL PATRIMONIO DE LOS ESTADOS

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las prácticas de corrupción van más allá de conductas en que un servidor público hace o deja de hacer algo a cambio de un favor, siendo indubitable la consecuencia de reprochar al funcionario público en la media en que ha defraudado la confianza de la ciudadanía. La sociedad es cada vez más consciente de que ese fenómeno tiene lugar en todas las esferas y actividades sociales.

La corrupción no es una problemática reciente, sin embargo, actualmente ha recobrado un protagonismo no sólo en la academia y en los debates públicos, también ha tomado lugar en las agendas políticas. Aunado a lo anterior, existe un consenso nacional que refleja la importancia de combatir la corrupción en el marco institucional de todo el país, como variable fundamental de su desempeño económico, social, cultural y político.

La corrupción es un fenómeno multifactorial que por ende debilita la legitimidad de las instituciones gubernamentales del país, por tanto, el análisis de estas es necesario para entender el origen de los factores que incentivan hechos de corrupción. De acuerdo con el informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la práctica de la corrupción está dejando a diversas entidades federativas desfalcadas, situación que dificultael cumplimiento de las tareas primordiales de las administraciones estatales.

Tan solo en 10 años, “los actos de corrupción de los gobiernos de 26 entidades federativas causaron un daño al erario federal y estatal por aproximadamente 245 mil 895 millones pesos, de acuerdo con denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Esta cifra es 45.8 millones de pesos superior a los 200 millones de pesos del subsidio que tenían las gasolinas, también el daño a las finanzas federales y estatales es mayor al recorte presupuestal federal aprobado para el 2017, que asciende a 239 mil 700 millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional.

De 2007 a 2016, la ASF presentó 273 denuncias contra estos 26 estados gobernados por distintos partidos políticos, de acuerdo con el listado de denuncias penales de las cuentas públicas 1998-2014 que suman 723 en total contra diversas dependencias que reciben dinero federal. De las 26 entidades federativas, funcionarios de 14 estados fueron acusados penalmente por simulación de reintegros. Es decir, por tomar dinero de una partida para cubrir otra, y cuando la Auditoría Superior se da cuenta el gobierno lo repone, pero después lo vuelve a retirar”.

Sólo por dar algunos ejemplos, “los ex Gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Guillermo Padrés reportaron anomalías financieras que derivaron en faltantes por 97 mil millones de pesos ante las auditorías durante sus gestiones. Ese monto equivale al presupuesto otorgado a las Fuerzas Armadas durante 2016 para el combate al crimen y el auxilio a la población civil por emergencias naturales. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina ejercieron este año 99 mil millones de pesos juntas.Incluso, la cantidad de las anomalías rebasa lo otorgado este año a la Educación Media Superior de Calidad en todo el País, rubro al que se asignaron 83 mil millones de pesos a través de la SEP”.

Lo anterior demuestra que el daño que se ha ocasionado a las finanzas públicas de muchos Estados, que por ende afectan al patrimonio de todos los mexicanos, es de extraordinarias dimensiones. Los casos que se han documentado permiten entender que todos tienen en común la creación de empresas fachadas o fantasmas, utilizadas para tratar de justificar los traspasos millonarios, las cuales vendían este esquema utilizando a las sociedades civiles particulares para triangular los traspasos de dinero, dando vida con ello, a los delitos de fraude fiscal y de lavado de dinero, así como la formación excelentes planeadores y ejecutores de conductas delictivas de alto perfil.

El actuar de muchos gobernantes lamentablemente contradice lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en las obligaciones que se imponen a los servidores públicos en cuanto al manejo de dinero del erario, al respecto el artículo 108, dice:

Artículo 108. Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

En este sentido, las consecuencias y las obligaciones que se desprenden de dicho precepto son mayúsculas, es por ello que ante los grandes desfalcos se requiere de la actuación de la autoridad federal de manera firme e imparcial.

Ahora bien, ante el panorama general el endeudamiento de las entidades federativas no puede ser minimizado, toda vez que a nivel macroeconómico afecta a todo el país, pues la falta de recursos en los Estados es subsanado por medio de la deuda. De acuerdo al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016, al primer semestre de 2016 el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y municipios ascendió a 529,718.6 millones de pesos con un aumento real de 0.9% (17,999.5 millones de pesos), respecto de los 511,719.1 millones de pesos del mismo lapso del año previo.

Por si lo anterior no fuera suficiente, del mismo análisis se desprende que en el periodo de 2008 a 2015 el saldo de la deuda pública local se duplicó a nivel nacional en un 105.6% real, resultado de una limitada consolidación fiscal en respuesta a los efectos de la crisis global que afectó a los ingresos y aumentó el endeudamiento público.

Sin embargo, si agregamos a estos datos los “otros pasivos” reportados por primera vez por la ASF, que consideran las cuentas públicas estatales, la cifra es muy distinta.Los pasivos totales de los estados aumentan más de 50 mil millones de pesos, de $536,249 a $586,733 millones de pesos en diciembre de 2016. Esto significa una diferencia de 9.4% por la inclusión de los pasivos no registrados. Es decir, varios estados no habían reportado una desmesurada cantidad de  los pasivos que ya tenían, pero que no se conocían. En promedio, la deuda estatal, al igual que la federal, va en aumento más rápido que el PIB, lo cual es preocupante.

Así, el aumento del endeudamiento a nivel estatal y municipal de los últimos años apareció junto con las figuras jurídicas definidas como “no deuda”, pero que generan pasivos.Tal es el caso de los “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) o de las Asociaciones Público Privadas (APS). En años anteriores se llegaron a modificar leyes estatales para permitir el endeudamiento a través de diversas figuras legales como ésas, pero no se les denominó deudas, por lo tanto, no tuvieron que pasar por la aprobación de la legislatura.

En suma, la problemática de la falta de transparencia de los recursos públicos y la deuda estatal, no sólo está lejos de resolverse, sino además esconde problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales: se trata de un mal a nivel nacional. Si el Sistema Nacional Anticorrupción se implementa debidamente y con atención a todos los “focos rojos” latentes a la percepción pública, podría imponer barreras a la proliferación de la corrupción. Mientras ello sucede, es importante mencionar que de 2010 a la fecha, al menos 11 gobernadores han sido señalados por actos de corrupción e investigados por la Procuraduría General de la República por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Lo anterior sin contar a gobernadores que en años anteriores fueron investigados por casos de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.

La corrupción que se ha generado en los últimos gobiernos en México no tiene precedentes. Nunca antes en la historia del país habían podido documentarse desfalcos de tal magnitud en los gobiernos estatales. Es necesario hacer un llamado para que la Procuraduría General de la República, de un seguimiento exhaustivo e imparcial sin dilación alguna.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a:

a) Observar y dar seguimiento con diligencia, imparcialidad y de forma expedita, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo de 2007-2016 por daños al patrimonio de los estados.

b) Rendir a esta soberanía un informe pormenorizado respecto de las acciones que ha emprendido en los casos de las denuncias interpuestas por la Auditoria Superior de la Federación en los últimos diez años en contra de ex gobernadores acusados causar daños patrimoniales a sus Estados. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de febrero de 2017


Leticia Robles de la Rosa,  Tania Rosas. “Desfalcos en Estados suman 245 mil mdp”, Excélsior, México, 9 de enero de 2017, [Consultado: 17 de enero de 2017] Véase en Línea: http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/09-01-2017/portada.pdf

Michelle Rivera. “Casi 100 mil millones desfalco a Estados por ex gobernadores”, Rivera Noticias, México, 14 de noviembre de 2016, [Consultado: 17 de febrero de 2017] Véase en Línea: http://www.michellerivera.com.mx/2016/11/14/casi-100-mil-millones-desfalco-a-estados-por-ex-gobernadores/

Auditoria Superior de la Federación, Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016, Agosto de 2016. Documento disponible en: http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/ANALISIS_DEL_INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_2016.pdf

Carlos Hurtado y Guillermo Zamarripa Deuda subnacional: un análisis del caso mexicano,  México, FUNDEF 2013.

CEEY Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “Deuda Estatal, un problema público nacional”, Edidtorial CEEY, México, 2016. [Consultada: 20 de febrero de 2017] Véase en Línea: http://www.ceey.org.mx/reporte/deuda-estatal-problema-publico-nacional

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69263