Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 28 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-90/69260
Martes 28 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-90/69260

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para que el Senado de la República se sume a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Sen. Ana Gabriela
Guevara Espinoza

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPARA QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDE SUMARSE A LAS RECOMENDACIONES, EN SU FACULTAD DE EMITIR EXHORTO, SUSCRITAS EN EL DOCUMENTO QUE GENERÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2/2017, DE 225 CUARTILLAS, EN DONDE HACE UN GRAN RECUENTO DE OMISIONES, ACCIONES REPRESIVAS, ACTOS CONTRA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, EVIDENCIAS CONTUNDENTES DE FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, AUSENCIA DE INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS, ESTRATÉGICOS, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Y DE PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA; TODO ELLO EN DETRIMENTO DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y SUS FAMILIAS AL bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Una revisión superficial que cualquier interesado en el tema de trabajadores jornaleros busque en el portal del Senado de la República se hallará con varias, demasiadas, acciones legislativas respecto a la situación de los jornaleros  mexicanos, y en espacial los de San Quintín. El interesado observará la percusión del tema en voz de los legisladores y se preguntará qué es lo que sucede de fondo en esa región. La reiterada e injusta situación de los trabajadores de esa región ya es un tema que supera tiempos, presupuestos y programas. Se observa entonces que la sistemática omisión a sus demandas tiene una intencionalidad, además de que la represión es una práctica ya común en esas tierras.

Tal vez, el mismo investigador se encuentra que en los medios de comunicación nacional, una vez más, se difunde un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el mismo tema. Es dable copiar casi todo el comunicado, primero para que figure en el diario de los debates histórico esta nueva insistencia sobre la situación inadmisible de los jornaleros de San Quintín.

Este comunicado señala a diversas autoridades, en un contexto de acciones, omisiones e insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, estatales y federales que han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, que dieron lugar a la violación a sus derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual.

Por ello, la CNDH emite la Recomendación 2/2017, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_002.pdfla cual fue dirigida al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; al Presidente Municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; a los Secretarios de Desarrollo Social (SEDESOL), Luis Enrique Miranda Nava; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida; de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer; y al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa. Luego de examinar las evidencias integradas al expediente CNDH/6/2015/2338/Q y conocer la situación en general, esta Comisión Nacional evidenció la falta de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la consecución de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrones de personas jornaleras. Hubo omisión para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura.

Las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones del Estado, a través de sus instituciones, para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población; esta circunstancia manifiesta una violación indirecta respecto de las personas jornaleras agrícolas en general, y de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular, en dos perspectivas importantes: estructural y cultural. La CNDH recibió escritos de queja los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, referentes a la detención arbitraria ocurrida el 17 de ese mismo mes y año por agentes de seguridad pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas, entre las que se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores de 18 años, quienes habrían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extra, turnos dobles o triples que laboran; no los afilian al IMSS, ni les otorgan las prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable. De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales. Sobre la situación de las mujeres jornaleras agrícolas, la problemática advertida es acorde con los obstáculos y deficiencias observados por el grupo de trabajo que elaboró el Informe respecto de la Alerta de Violencia de Género decretada en Baja California; en tanto que las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en los salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley. Por todo lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al Gobernador de Baja California presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, para iniciar un programa emergente de trabajo; así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que incremente las inspecciones anuales, fortaleciendo la vinculación con autoridades federales e iniciando los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales. Además, se solicitó a dicho funcionario colaborar con la CNDH en la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por las conductas imputables a los servidores públicos de las instancias de seguridad pública involucrados en las detenciones arbitrarias y afectaciones a la integridad personal; y difundir por medios impresos y/o electrónicos, entre las dependencias a su cargo, el contenido de la presente Recomendación. Al Presidente Municipal de Ensenada y al Gobernador de dicha entidad federativa se les pidió brindar atención médica y psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Al titular de la SEDESOL se le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes; vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios; asimismo, de manera conjunta con el titular del IMSS, elaborar un diagnóstico o censo de la situación de las personas jornaleras agrícolas en ese Estado; impartir a los servidores públicos un programa integral anual y progresivo de formación y capacitación en derechos humanos. Al Secretario del Trabajo y Previsión Social Federal se recomendó formular las propuestas de modificaciones legislativas y/o administrativas, conforme a su competencia, para garantizar el derecho humano al trabajo, así como aquéllas que trasciendan a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado de esa población; y en coordinación con el Gobierno estatal, elaborar un padrón de empresas y patrones agrícolas del estado, actualizándolo semestralmente; e impulsar un Programa de Movilidad Laboral y fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos. Al Secretario de Educación Pública se le solicitó instruir la celebración de convenios de coordinación o concertación para el beneficio educativo de la población jornalera agrícola y sus familias, sean o no residentes en ese estado, atendiendo a la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional. Finalmente, se recomendó al Director General del IMSS instruya a su delegado en Baja California, para que establezca un programa anual de visitas a empresas y patrones del giro agrícola y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social; participar con las autoridades federales y locales en materia laboral en las visitas e inspecciones que realicen y en el intercambio de información; instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas aseguradas; la difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, y habilitar mecanismos de recepción de denuncias.

Como pueden ustedes apreciar estamos ante un conjunto peculiar de irregularidades, desatenciones y gestos de intencionalidad de propiciar la continuidad y el deterioro de las condiciones de vida de las personas indicadas.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICAACUERDA SUMARSE A LAS RECOMENDACIONES, EN SU FACULTAD DE EMITIR EXHORTO, SUSCRITAS EN EL DOCUMENTO QUE GENERÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2/2017, DE 225 CUARTILLAS UBICADA EN  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_002.pdf EN DONDE HACE UN GRAN RECUENTO DE OMISIONES, ACCIONES REPRESIVAS, ACTOS CONTRA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, EVIDENCIAS CONTUNDENTES DE FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, AUSENCIA DE INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS, ESTRATÉGICOS, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Y DE PROGRAMAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA; TODO ELLO EN DETRIMENTO DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y SUS FAMILIAS

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