Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Martes 25 de julio de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 21 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-85/69208
Martes 21 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-85/69208

De los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. María Hilaria
Domínguez Arvizu
Sen. Roberto Armando
Albores Gleason

La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS

En México, la propiedad social está reconocida desde el artículo 27 constitucional, que en su fracción VII señala:

“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas…”. [*]

Además, como complemento al artículo 27 constitucional, la población del campo mexicano cuentan con la Ley Agraria, donde el artículo 11 establece que será decisión del ejido la forma de explotación de los recursos naturales y el reparto equitativo de los beneficios. [*]

Desde el año 1915 y hasta 1992, se repartieron tierras en el caso de los ejidos y se resarcieron tierras en el caso de las comunidades, sin embargo, desde 1992 y hasta la actualidad se ha observado que ha existido un incremento sostenido del nivel de ejidos registrados, por lo que actualmente las tierras en propiedad social equivalen a poco más de la mitad de la superficie total del territorio nacional.

México, cuenta con un total de 31 mil 992 núcleos ejidales y comunales, de los cuales el 93% corresponde a ejidos y el 7% restante a las comunidades, con presencia en 29 entidades, representando una superficie total de 100 millones 14 mil 984 hectáreas y un registro de casi 5 millones de beneficiados. [*]

De esta forma, el gobierno de la república ha trabajado de manera continua para lo proteger los derechos de todos los que integran el sector agrícola.

Debemos reconocer que el campo mexicano y los productos que dé el emanan, son reconocidos a nivel internacional por su calidad, lo cual nos ha valido ser de las principales economías exportadoras del sector agroalimentario en productos como tomate, chiles, pimientos, sandia, pepino, limón, aguacate, cebolla, papaya, entre otros. [*]

No obstante, pese a que hoy en día nuestro país ostenta dicho título como líder exportador, existen condiciones al interior de las organizaciones productivas y los ejidatarios que no permiten maximizar la capacidad productiva de nuestros campos, obteniendo con ello mejores beneficios para los productores, campesinos y sus familias.

Una prueba de ello, son las asambleas ejidales, que si bien están reconocidas por el mismo artículo 27 constitucional como el órgano supremo del núcleo de población ejidal y comunal y en la cual se establecen acuerdos entre todos los ejidatarios legalmente reconocidos sobre aspectos productivos y económicos, la gestión y representación del núcleo y la vigilancia de la actuación de los órganos de representación. 

Todo acuerdo, resolución o determinación, tomado dentro de la Asamblea, será obligatorio para todos, incluso los ausentes y disidentes.

Asimismo, la Asamblea deberá ser convocada al menos una vez cada seis meses o lo que señale el reglamento interno de cada ejido, y puede ser solicitada por el Comisariado Ejidal o el Consejo de Vigilancia por iniciativa propia o si así lo solicitan al menos 20 ejidatarios o el 20% del total del ejido, o en caso de no haber sido solicitado por las dos autoridades antes mencionadas podrá ser convocada la asamblea por la misma Procuraduría Agraria por solicitud de los ejidatarios.

En este punto, queremos señalar que existen entidades que no cuentan con más de 20 núcleos certificados tales como: Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Ciudad de México, Colima, Campeche, Baja California Sur y Baja California y Aguascalientes.

Bajo esta condición, diversos núcleos agrarios de las diferentes entidades antes mencionadas que cuentan con una Asamblea, presentan una posición de poder diferente frente a sus homólogos en entidades que cuentan con más de 20 núcleos agrarios certificados.

En ese sentido, aquellas Asambleas que cuentan con una cantidad inferior de integrantes, hace posible que pequeños grupos de ejidatarios tomen ventaja sobre los demás miembros de la asamblea, provocando actos de atropello que solo beneficia a quienes son aliados de estos pequeños grupos de poder.

Por lo tanto, todos los acuerdos, referentes a la aprobación de contratos, distribución de las ganancias, delimitación de las áreas para el asentamiento humano o productivo, autorización para la adopción del domino pleno sobre sus parcelas, explotación de los recursos naturales, entro otros, son aprovechados por estos pequeños grupos que abusan de esta figura para aprovecharse de los demás integrantes.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Agraria, señala que solo es necesario la participación de al menos el 25% de los ejidatarios del núcleo agrario, para la remoción de miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, haciendo la votación de manera secreta y por la Asamblea [*] .

De igual forma a lo mencionado sobre la convocatoria para la celebración de una Asamblea, al ser un número reducido de participantes ejidatarios, existe la posibilidad de manipulación sobre los integrantes de alguno de los organismos ejidales a través de lo que señala el artículo 40 sobre la remoción de cargos, permitiendo que los pequeños grupos de poder tomen control ya no solo de la Asamblea, sino también de los órganos de control y vigilancia del núcleo agrario, por lo que, promueve que los beneficios sean solo para los integrantes de dichos grupos o en su caso apliquen sanciones o controlen inclusive los apoyos recibidos por parte de las dependencias de gobierno que cuentan con programas sociales para la atención al campo.

Otro de los problemas que se ha suscitado es que son los mismos miembros del ejido quienes a través de su participación dentro de la Asamblea atienden a las necesidades de grupos empresariales quienes por medio de promesas de carácter monetario ejercen presión sobre los grupos de poder para modificar el uso de las tierras ejidales y provocando un atropello de los derechos y propiedad de otros ejidatarios.

De continuar con esta situación, miles de ejidatarios que se encuentran en desventaja frente a estos grupos de poder,seguirán perdiendo no solo los beneficios que se obtengan por la producción, sino que pueden presentarse casos de despojo de tierras a ejidatarios por acuerdos tomados dentro de las Asambleas y por contar con aliados dentro de organismos como el comisariado o el consejo de vigilancia.

Como complemento a la protección que concede nuestra Carta Magna sobre la propiedad de la tierra, existe el “Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual en su artículo 9, habla sobre los derechos del agricultor,que específicamente en su punto 9.2 fracción “b”  establece que es derecho de los agricultores participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura e incumbe a los gobiernos nacionales hacer realidad los derechos de los agricultores. [*]

De esta manera, si nos abocamos al artículo 1º constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es obligación del Gobierno de la República garantizar la protección de los derechos de sus habitantes y para este caso en especial, de nuestros ejidatarios, quien con su trabajo, empeño y pasión han sido los promoventes de que las mesas de las familias mexicanas cuenten con alimentos y productos de calidad.

CONSIDERACIONES

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro de los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria, un incremento de los miembros que podrán validar una Asamblea ejidal, como un incremento de los miembros ejidatarios que podrán votar para la remoción de un miembro que pertenezca al comisariado o al consejo de vigilancia.

De esta forma, se estaría promoviendo dentro de las asambleas una mayor inclusión de participantes que sirva para dar mayor certeza y validez a los acuerdos que se tomen dentro del núcleo agrario.

Asimismo, con el incremento de miembros para emitir votos para la remoción se estarían evitando la ocupación de cargos dentro de los órganos de control del ejido que solo atiendan a las necesidades de grupos pequeños de poder.

En concreto, el aumentar el número de ejidatarios que puedan convocar o revocar un cargo estaría reduciendo actos de corrupción, impunidad y atropello sobre otros integrantes del mismo ejido, permitiendo con ello contar con Asambleas más participativas en las que se pueda garantizar el reparto equitativo de beneficios y contar con un grupo plural de autoridades dentro de los órganos de control que promuevan un mejor clima de participación y productividad entre los ejidatarios.

Como representante de un estado donde las actividades primarias solo representan el 7.1% de la actividad económica es mi obligación fortalecer el campo desde su estructura con el único objetivo de ofrecer a las familias que viven de esta noble actividad un mejor futuro. [*]

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman los artículos 24 y 40 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos treinta ejidatarios o el treinta por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea.

Artículo 40. La remoción de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia podrá ser acordada por voto secreto en cualquier momento por la asamblea que al efecto se reúna o que sea convocada por la Procuraduría Agrariade acuerdo a lo establecido en el artículo 30 fracción VIII del Reglamento Interior de la Procuraduría Agrariaa partir de la solicitud de por lo menos el treinta y cinco por ciento de los ejidatarios del núcleo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República el 17 de febrero de 2017.


[*] Artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[*] Artículo 11 de la Ley Agraria, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf

[*] Artículo 40 de la Ley Agraria, consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf

[*] Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, FAO, consultado en: http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/hnd/files/Tratado_internacional_sobre_los_recursos_fitogeneticos_para_la_alimentacion_y_la_agricultura.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69208