Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
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Jueves 23 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-87/69207
Jueves 23 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-87/69207

De la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. María Hilaria
Domínguez Arvizu

La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS

En nuestro país la propiedad social abarca más de 100 millones de hectáreas, es decir el 52% del territorio nacional [*] .

Esta forma de tenencia de la tierra está reconocida como la propiedad de ejidatarios y comuneros, quienes son hombres y mujeres titulares de un conjunto de tierras que servirán para el usufructo colectivo o individual [*] .

Desde la época de la colonia, nuestro país se caracterizó por ser una economía principalmente agrícola, ya que tanto el campo como los productos derivados de él, representaban la principal fuente de ingresos de nuestro país.

Sin embargo, con el pasar de los años y gracias a diversos acontecimientos entre los que se destaca la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial o la Expropiación petrolera, el rumbo de nuestra economía se ha ido transformando dando paso a un país industrializado, que poco a poco ha ido abandonando las actividades primarias.

Pese a esta situación, el campo mexicano se ha mantenido a flote y ha sabido afrontar las adversidades de un cambio radical productivo no solo a nivel nacional sino a escala mundial.

Por ello, el Estado mexicano ha procurado garantizar la protección de nuestras tierras y la actividad económica de miles de familias que viven del campo.

De acuerdo con elartículo 27 constitucional fracción VII, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales, protegiendo su propiedad sobre la tierra ya sea para asentamiento humano o para actividades productivas. [*]

Así, todas aquellas tierras que se encuentran en posesión de los ejidatarios y comuneros, son protegidas desde nuestra Carta Magna, garantizando con ello que el campo tenga total dependencia de acción sobre sus tierras.

Por otra parte, con la promulgación de la Ley Agraria en febrero de 1992 se establecieron los objetivos particulares de protección para el agro en México, dotando de mayores beneficios y obligaciones a los ejidatarios en favor de obtener una mejora productiva en el campo.

De esta manera, nuestros campesinos, ejidatarios, comuneros y principales productores agrícolas cuentan con el apoyo institucional del Gobierno en sus tres niveles y en sus tres poderes.

Por ello, el Gobierno Federal cuenta con diferentes instituciones especializadas, cuyos objetivos son establecer las condiciones necesarias para proteger las actividades agrícolas, por lo que, a través de Secretarías de Estado u órganos desconcentrados, se han diseñado e implementado diferentes programas y políticas públicas dirigidas a este sector productivo.

El Registro Agrario Nacional (RAN), es prueba de los esfuerzos en la materia por parte del Gobierno Federal, que desde el año 1928, es la dependencia de gobierno que se ha encargado de inscribir la propiedad ejidal proveniente de restituciones o dotaciones de tierras o aguas, así como la propiedad parcelaria individual. [*]

El RAN, organismo descentralizado que se encuentra actualmente bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se ha consolidado dentro de la población campesina, debido a que se ha reconocido la importancia de contar con documentos que avalen la propiedad de la tierra y las diferentes formas de tenencia, como la renta de parcelas.

Asimismo, es facultad del RAN llevar el control de: el Archivo General Agrario, las carpetas básicas de los núcleos ejidales y comunales y el padrón de ejidatarios y comuneros, documentos que sirven para llevar el registro y control de la población cuya actividad económica es el campo. [*]

Como caso particular, el RAN tiene la facultad de resguardar las listas de sucesión en caso de que un ejidatario o comunero fallezca, esto con la intención de actualizarel padrón de titulares de los derechos agrarios

Esta facultad es un derecho de todo ejidatario, el cual se encuentra en el artículo 17 de la Ley Agraria y señala lo siguiente:

“El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior”. [*]

Por lo tanto, de acuerdo con las facultades y obligaciones del RAN, el padrón [*] deberá ser actualizado con todos aquellos ejidatarios y comunerosque requieran mantener su información al corriente, de forma que los resultados que arroje el padrón sirva para la elaboración de políticas públicas efectivas,y sirva para evaluar la efectividad de aquellos programas sociales que están destinados a fortalecer y mejorar el campo mexicano.

No obstante, uno de los temas recurrentes en los últimos años ha sido la desactualización del padrón de ejidatarios y comuneros, situación que ha provocado, diferencias entre los miembros de un núcleo agrario o con dependencias de gobierno, puesto que se incluyen dentro de este documento, ejidatarios que han fallecido, pero siguen activos como titulares de los derechos de la tierra.

La desactualización de los padrones en los que se tienen como ejidatarios activos a personas fallecidas, imposibilita cumplir con el quorum para llevar a cabo una asamblea y entorpece el desarrollo de propuestas o acuerdos que puedan favorecer al núcleo agrario. [*]

Además, en los últimos años se han presentado diferentes casos a lo largo del país, en los que la desactualización del padrón ha provocado que asambleas, acuerdos o proyectos no se lleven por falta de quorum o en su caso contrario se cometan actos de enajenación de tierras, cambio de uso de suelo o traspaso de tierras al sector privado, siendo este último uno de los agentes que más ha buscado acercamiento a los grupos ejidatarios y comuneros para realizar proyectos de infraestructura o proyectos productivos sin repartir ganancia con los propietarios de las tierras o aplicar cláusulas abusivas que más allá de  ser un beneficio bilateral, solo es aprovechado por la iniciativa privada.

Un ejemplo de esto fue, lo ocurrido en el estado de Yucatán en abril de 2016, donde ejidatarios mayas de Kimbilá, acordaron la nulidad de actos con la empresa española ELECNOR,la cual estipulaba un contrato de 25 años de renta por la tierra y no garantizaba el respeto a los acuerdos que se tuvieran al culminar el plazo del contrato y ceder los derechos a otra empresa. [*]

En este mismo, caso se concluyóque al no contar con un padrón actualizado de los miembros fallecidos y de los sucesores que ahora son titulares de los derechos agrarios, facilita la participación de empresas del sector privado para la adquisición o concesión de tierras en propiedad de ejidatarios a través de las Asambleas. 

Por último ha sido, un problema recurrente entre los núcleos agrarios, es que al contar con padrones desactualizados, los miembros de los comités de vigilancia o el comisariado, toman ventaja de esta situación, y llevan a cabo actos de corrupción o abuso, puesto que al no estar presentes los titulares fallecidos o los sucesores que no han sido notificados de la titularidad de su tierra, toman decisiones sobre el cambio de uso de suelo, venta o renta de terrenos o simplemente no avanzan acuerdos nuevos para mejorar la distribución de beneficios, contar con apoyos por parte de los programas públicos destinados al campo o para mejorar la convivencia y la productividad del núcleo agrario.

Nuestra obligación como representantes de las entidades, es garantizar el acceso a una vida digna a toda la población en nuestro país, entre ellos, a quienes integran al sector campesino mexicano que con su trabajo inigualable siguen proveyendo de alimentos a las mesas de las familias mexicanas y del mundo.

CONSIDERACIONES

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro del artículo 155 de la Ley Agraria, la obligatoriedad del RAN, para mantener actualizado y publicar de forma periódica el padrón de ejidatarios y comuneros, a razón de evitar controversias entre los integrantes de los núcleos agrarios.

Actualmente esta condición solo se encuentra en el Reglamento Interior del RAN, por lo que al subir esta atribución a nuestra Ley Agraria, situación que ha entorpecido el acceso a información actualizada y ha generado controversias y malas administraciones dentro de los núcleos agrarios.

Al dar de baja a aquellos ejidatarios y comuneros que lamentablemente hayan fallecido, permitirá una desinflación del padrón y permitirá que los sucesores tomen la titularidad de los derechos agrarios que por ley les corresponde heredar.

Al establecer la obligatoriedad para que el RAN mantenga actualizado y publique periódicamente el padrón de ejidatarios y comuneros por región, establecerá una mejora en materia de administración de los ejidos, debido mayormente a que los integrantes del núcleo agrario puedan mantener informados a todos los titulares de derechos y en su notificar de manera eficaz a los sucesores de los ejidatarios fallecidos.

Como fiel defensora del agro, es mi obligación ofrecer a los campesinos mexicanos mejores herramientas que sirvan para mejorar el bienestar de ellos y sus familias.

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 155. El Registro Agrario Nacional deberá:

I. – V.

(…)

VI. Mantener actualizado el padrón de ejidatarios y comuneros y publicarlo trimestralmente a través de los medios que considere pertinentes, facilitando el padrón al comisariado ejidal y al comité de vigilancia que así lo solicite.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República el 17 de febrero de 2017.


[*] Padròn: son los instrumentos jurídicos, con efectos jurídicos declarativos y no constitutivos, necesarios para verificar el quorum de instalación y el de votación de las asambleas de los núcleos agrarios.

[*] Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[*] Circular no. 002/2016 Sobre padrón de ejidatarios o comuneros, RAN, SEDATU.

[*] Artículo 17 de la Ley Agraria, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69207