Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Domingo 28 de mayo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 21 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-85/69192
Martes 21 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-85/69192

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a incorporar las consideraciones que se exponen en este documento al Plan Estratégico para la Defensa de los Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, y para que lleve a cabo este plan con la plena participación de los tres Poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado Mexicano.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES.

Sen. Raúl
Morón Orozco
Sin Grupo

PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO POR EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUEINCORPORE LAS CONSIDERACIONES QUE SE EXPONEN EN ESTE DOCUMENTO AL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DEFENSA DE LOS MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS, Y PARA QUE LLEVE A CABO ESTE PLAN CON LA PLENA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, COMO UNA ACCIÓN CONCERTADA DEL ESTADO MEXICANO.

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las y los mexicanos estamos obligados a reconocer que hoy somos el blanco de un “ataque” inédito contra los derechos humanos,laborales y económicos de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, esto por parte del ahora presidente de ese país, Donald Trump. Un ataque que también lo es contra la imagen y dignidad de todas y todos los mexicanos. Xenofobia, racismo, discriminación, segregación, insultos, son las constantes del ahora Presidente de la mayor potencia del mundo en contra de México, pero que tambiénagrede a ciudadanos de otros países e incluso a sectores al interior de los mismos Estados Unidos, que van desde las “agresiones verbales sexistas” de Trump contra la periodista Megyn Kelly, de la cadena Fox News, hasta el intento de expulsar a refugiados de siete países el pasado 28 de enero, y que ha sido ya detenido por fiscales generales en más de 16 estados de la Unión Americana. Trump, el 27 de enero, había emitido un decreto en el que limitaba la llegada de inmigrantes y refugiados de países predominantemente musulmanes.

La historia de esta nueva situación y el cambio sustancial en las relaciones de México con los Estados Unidos comenzó el pasado16 de junio de 2015, cuando Donald Trump se presentó como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos de América. En sus primeras declaraciones como aspirante a la Casa Blanca, el magnate acusó a México de enviar a su país "drogas" y "violadores". Además, prometió que,de llegar a la Presidencia, construiría un muro en la frontera de 3.200 kilómetros, y que este muro lo pagaría México, ya que nuestro país, según Trump, estaba "ahogando económicamente a Estados Unidos".

Después vinieron ataques sistemáticos contra México y algunos mexicanos notables. Cuando el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, ganó varios premios Óscar, Trump publicó en su cuenta de Twitter las siguientes declaraciones:  "Fue una gran noche para México, como siempre. En este país (Estados Unidos), ya sabes, todo esto que pasa es ridículo. (Iñárritu) no paraba de subir y subir y subir (al escenario) ¿Se va a llevar todo el oro? ¿Tan buena es (la película)? Yo no he escuchado eso"; así como: "Los Oscar son una triste broma, muy parecido a nuestro Presidente (Barack Obama) ¡Hay tantas cosas que están mal!".

DonaldTrump, en julio de 2015, lanzó un nuevo ataque a México, con motivo de la segunda fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán; criticó al gobierno mexicano y extendió sus comentarios para criminalizar a la misma población migrante: "Ellos se quedan con el dinero y nosotros con los asesinos, la droga y el crimen", afirmó otra vez en su cuenta de Twitter.Trumpradicalizó todavía más sus amenazas contra México: prometió deportar a 3 millones de “indocumentados” de llegar a la presidencia, así como imponer aranceles a productos mexicanos.

Las alusiones racistas de Donald Trump contra México durante su campaña ya presidencial por el Partido Republicano se mantuvieron, tensando las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Las amenazas anti-inmigrantes escalaron: el empresario republicano afirmó que confiscaría las remesas que los migrantes enviaran a México si nuestro país no pagaba el muro fronterizo.

El 31 de agosto de 2016, Donald Trump, ya como candidato presidencial del Partido Republicano, arribó a la Ciudad de México para sostener una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de que este primero acercamiento hubiera logrado un avance en una posible agenda en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, tan sólo generó un nuevo episodio de incertidumbre: después del encuentro con el Presidente de México, y ya en territorio estadounidense, Donald Trump reiteró su voluntad de construir el muro fronterizo, aseverando que sería pagado por los mexicanos.

Donaldo Trumpo profundizó su rechazo a establecer una relación bilateral de respeto y cooperación con nuestro país y manifestó su objetivo de modificar e incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de imponer aranceles del 30 por ciento a los productos mexicanos de exportación.

El 3 de enero de 2017, Donald Trump, quien ya era presidente electo de los Estados Unidos, amenazó a través de su cuenta en Twitter con imponer un "gran impuesto fronterizo" a la automotriz General Motors (GM) por fabricar su modelo ChevyCruze en México. Al día siguiente, la empresa automotriz estadounidense Ford anunció que suspendería una inversión en San Luis Potosí, con un valor de 1.600 millones de dólares. El 5 de enero de 2017,Trumpvolvió a intentar inhibir a una empresa automotriz en sus planes de inversión en México, en este caso fue la japonesa Toyota, la cual respondió que, a pesar de las amenazas de Trump, mantendría sus planes en México.

El 11 de enero de 2017, en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, Donald Trump reiteró que mantenía su intención de construir un muro fronterizo con México y que los mexicanos lo pagarían con reembolsos.

Al tomar protesta como Presidente de los Estados Unidos de América, el 20 de enero de este año, Donald Trump volvió a lanzar su reiterada advertencia para México sobre el tema migratorio y comercial. Dos días después, Trump invitó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a visitar la Casa Blanca, con fecha del 31 de enero. Sin embargo, el jueves 26 de enero, Donald Trump amagó en su cuenta de Twitter al Gobierno mexicano: “si México no está dispuesto a pagar por la pared necesaria, sería mejor cancelar la próxima reunión”. La reunión se canceló.

El Presidente de los Estados Unidos también anunció la salida de ese país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Finalmente, el 25 de enero, Donald Trump firmó un decreto para iniciar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En el último mes, ya se han llevado a cabo las primeras deportaciones de migrantes mexicanos, así como la amenaza de Donald Trump de movilizar 100 mil elementos de la Guardia Nacional para detener a inmigrantes.

Este ataque sistemático, verbal, declarativo, pero también con decretos que atentan contra los derechos humanos de millones de mexicanos, ha generado ya el comienzo de una crisis humanitaria con las primeras deportaciones y con la amenaza de que se establezca un estado de persecución policiaca contra nuestros migrantes en los Estados Unidos.

Ni como ciudadanos ni como mexicanos podemos soslayar tan grave situación: en la medida en que reconozcamos e identifiquemos la magnitud de este proceso de agresión sistemática desde al menos junio de 2015 contra nuestro país, en esa medida podremos articular una estrategia que utilice toda la fuerza institucional, jurídica y multilateral, del Estado mexicano.

A partir de los acontecimientos anteriores, proponemos las siguientes consideraciones iniciales:

1).- El Estado mexicano está obligado a reconocer que los ataques sistemáticos del ahora Presidente de los Estados Unidos no son solamente resultado de las actitudes racistas, discriminatorias y de segregación de Donald Trump, son parte de una política de Estado de nuestro vecino del norte que tiene como principal objetivo a nuestro país, pero que forma parte de un giro más amplio a nivel internacional que tiende hacia un proteccionismo económico y anti-inmigrante de una potencia que se encuentra, según el historiador Paul Kennedy, en un “problema de relativa decadencia”, y que se articula a una línea histórica que entiende como superior en términos de “raza” y poder “divino” a aquel país. Además, si bien México es el centro del ataque del gobierno de Donald Trump, este ataque es parte de una política global que reconfigura el papel de los Estados Unidos en el mundo.

2).- El Estado mexicano está obligado a actuar de manera diferente en el plano internacional: sus primeras acciones coordinadas entre poderes deben privilegiar tanto la defensa de los derechos humanos de nuestros migrantes en los mismos tribunales estadounidense, así como la denuncia en organismos internacionales tanto de los decretos contra migrantes como de las amenazas reiteradas desde la precampaña presidencial de Donald Trump, exigiendo que se desplieguen para protección de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos tanto medidas precautorias, medidas de prevención, como alarmas internacionales de violencia contra migrantes y restitución inmediata de derechos humanos, económicos y sociales.

Donald Trump y una breve historia de la supremacía racial y anti-migratoria

Para documentar el origen de la actitud el nuevo Presidente de los Estados Unidos contra México, pero también del giro en su política internacional en todos los ámbitos, desde lo económico, social, hasta su talante anti-inmigratorio,es importante remontarse al comienzo mismo como país de los Estados Unidos.

Podemos entender la historia de los Estados Unidos de América en la tensión propia que generan dos palabras: democracia e imperio. Tal y como lo afirmaba Alexander Hamilton en uno de sus artículos para el Diario Independiente, justo en los momentos previo a los debates de la Convención Federal de Filadelfia (mayo-septiembre de 1787), la naciente confederación se veía a sí misma como una fuerza imperial que al mismo tiempo se definía como una democracia. Afirmaba Hamilton;

“Después de haber experimentado de modo inequívoco la ineficacia del gobierno federal vigente, sois llamados a deliberar sobre una nueva Constitución para los Estados Unidos de América. No es necesario insistir acerca de la importancia del asunto, ya que de sus resultados dependen nada menos que la existencia de la UNIÓN, la seguridad y el bienestar de las partes que la integran y el destino de un imperio que es en muchos aspectos el más interesante del mundo”.

Los sociólogos James Petras y Morris Morley se han preguntado ¿Imperio o república? para definir a los Estados Unidos,esto también para ilustrar esa dualidad en el comportamiento de nuestro vecino del norte: la voluntad de erigirse en una potencia mundial y al mismo tiempo cumplir con esta misión imperial con la justificación de hacerlo bajo los valores de una democracia.

También se ha documentado la otra vertiente que nos ayudarían a explicar la sistemática agresividad de Donald Trumpcomo presidente segregacionista y racista de la mayor potencia mundial: la Doctrina del Destino Manifiesto, la cual desde finales del siglo XVIII es la justificación para que la fuerza económica y política de los Estados Unidos se entienda y aplique, en sus versiones más agresivas, como una predestinación de origen divino. Esta actitud transformada en doctrina de la supremacía racial y política es expresada por primera vez con ese nombre por John L. O'Sullivan, que en 1845 escribe:

“El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino”.

No es ninguna casualidad que la guerra de intervención de los Estados Unidos contra México (1846-1848), haya coincidido también con el momento de mayor aceptación de la Doctrina del Destino Manifiesto. Mayoritariamente, el pueblo estadounidense apoyaba la intervención, que llevó a cabo la anexión de más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos, consignado en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. En esto encontramos una diferencia importante: Donald Trump se está enfrentando a una sociedad estadounidense dividida, pero que con cierta velocidad está cambiando su actitud ante las decisiones y decretos del actual gobierno, manifestando esta creciente inconformidad con protestas masivas, pero también con acciones jurídicas y ciudadanas.

A este origen histórico de la agresión estadounidense a México, también se le puede sumar el antecedente del “multilateralismo blando” que el gobierno de Donald Trump intenta llevar hasta sus últimas consecuencias.

El pensador Immanuel Wallerstein caracteriza la política de intervención estadounidense actual a través de la estrategia emprendida por la elite política del gobierno George W. Bush (2001-2009):

“Su visión es la de unos Estados Unidos imperiales siempre en la cima, siempre inexpugnables, prácticamente por derecho moral. Están convencidos de que la supremacía en el terreno económico y político puede imponerse una y otra vez manu militari. Su posición ha sido tan notoriamente arrogante que no pudieron salirse con la suya por mucho tiempo sino más bien lo contrario. En los treinta años transcurridos a partir de 1970, de Nixon a Carter, a Reagan y a Clinton, el gobierno norteamericano se esforzó por hacer frente a una situación cada vez más difícil con la estrategia del “multilateralismo blando”.

Este“multilateralismo blando” al que se refiere Wallerstein no es más que la renovación y radicalización de un intervencionismo que tiene su origen también en el siglo XIX. Además, si durante gran parte del siglo XX Estados Unidos había optado por una especie de consenso intervencionista con sus aliados para erigirse en potencia mundial, ahora implementaba una ruta de autosuficiencia militar, al “abandonar toda pretensión de consultas militares con aliados vacilantes y débiles, y pasar a intimidar por igual a amigos titubeantes y a enemigos hostiles, para volver a ocupar el asiento del conductor”. El intervencionismo multilateral se transformaba en un intervencionismo agresivo y unilateral, ahora proteccionista y anti-inmigrante bajo la presidencia de Donald Trump.

Las consecuencias a nivel mundial del giro regresivo del gobierno de Donald Trump

Como hemos dicho, México debe activar su defensa a nivel internacional ante el ataque de Donald Trump. Hay elementos suficientes para considerar que esta crisis es multilateral y que la actuación de México debe coordinarse tanto en una defensa jurídica masiva e inmediata de migrantes mexicanos en los tribunales de los Estados Unidos, así como en una política a nivel internacional que vaya preparando las acciones necesarias para hacer respetar los derechos humanos, económicos y sociales tanto de nuestros compatriotas como de todos los migrantes y refugiados afectados por el gobierno de Donald Trump.

Pero, ¿cuáles son estas afectaciones globales que tienen como principal objetivo a México pero que obedecen a toda una política proteccionista anti-inmigrante del actual gobierno estadounidense? Para Amnistía Internacional, son siete las medidas “potencialmente devastadoras que ya ha adoptado el presidente Trump” y que es necesario identificar y documentar para construir una respuesta a nivel internacional:

“1.- Volver la espalda a las personas refugiadas:

A la semana de llegar a la presidencia, Trump suspendió 120 días el programa estadounidense de admisión de personas refugiadas, implementó la exclusión indefinida de los refugiados sirios e impuso un límite de 50.000 refugiados al año. Este límite afectará probablemente a 60.000 personas solamente en 2017, pues el gobierno del presidente saliente Barack Obama se había comprometido a admitir a 110.000 refugiados en el ejercicio actual. En medio de una emergencia global en la que 21 millones de personas se han visto obligadas a huir de su hogar debido a la guerra y la persecución, la iniciativa de uno de los países más ricos y poderosos del mundo de bloquear la vía del reasentamiento es absolutamente atroz. Trump está impidiendo que hombres, mujeres, niños y niñas refugiados huyan del mismo terror contra el que supuestamente lucha.

2.- Discriminación religiosa:

El presidente Trump ha actuado también con rapidez para prohibir la entrada en Estados Unidos de todas las personas procedentes de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, siete países predominantemente musulmanes. Aunque la orden ejecutiva no mencionaba expresamente que se prohíbe la entrada de las personas musulmanas, era evidente la descarada discriminación religiosa, especialmente a la luz de la retórica preelectoral del presidente. La prohibición contempla excepciones, como las personas que sufren persecución religiosa… pero únicamente si forman parte de una “minoría religiosa”. Una lectura de esta salvedad es que la Casa Blanca aceptará a personas de religión cristiana que huyan de países predominantemente musulmanes, lo que refuerza el tema de la división religiosa. Tras haber sido suspendida temporalmente por una corte federal estadounidense, la “prohibición de entrada de musulmanes” es actualmente objeto de una lucha jurídica. Amnistía Internacional pide al Congreso de Estados Unidos que intervenga inmediatamente para bloquear la prohibición.

3.- Expulsión rápida de personas que huyen de la violencia en América Central:

La promesa de Trump de construir un muro “grande, hermoso” a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México como medio de mantener fuera a los “delincuentes” fue una de las piedras angulares de su campaña electoral. Así pues, no sorprendió a nadie cuando firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a cumplir esa promesaa los pocos días de tomar posesión. En una se comprometía a crear la barrera, mientras que en la otra —posiblemente más preocupante para las miles de personas migrantes que huyen de la violencia armada en México y América Central— se comprometía a contratar a 10.000 funcionarios de inmigración adicionales. Lo más probable es que un número más elevado de personas migrantes, muchas de las cuales necesitan protección internacional, sean recluidas en campos de detención temporales junto a la frontera antes de ser devueltas en última instancia a lugares donde sus vidas corren peligro.

4.- Acoso a lugares seguros para personas refugiadas y migrantes:

En el mismo decreto en el que se ordenaba la contratación de más funcionarios de fronteras, Trump trató de bloquear otras vías para quienes solicitan asilo con la cancelación de los fondos federales destinados a lo que se conoce como “ciudades santuario”. Estas ciudades limitan la cooperación con la aplicación de las leyes federales de inmigración y se niegan a expulsar a migrantes indocumentados, como los que tienen motivos legítimos para obtener asilo. Incluidas Nueva York, Dallas, Mineápolis, Denver y San Francisco, hay 39 ciudades santuario en el país que perderán miles de millones de dólares de fondos federales en virtud del plan de Trump.

5.- Ataque generalizado contra los derechos de las mujeres:

La imagen de un grupo de hombres vestidos con traje alrededor del presidente Trump mientras éste firmaba la supresión de los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres y niñas de todo el mundo se ha convertido en todo un símbolo del peligro que representa el nuevo gobierno para los derechos de las mujeres. La orden ejecutiva que reintroduce la “regla de la mordaza global” bloquea la financiación federal estadounidense para organizaciones no gubernamentales de otros países que proporcionan asesoramiento o remisiones en relación con el aborto y propugnan la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios de aborto, aun cuando Estados Unidos no financie directamente estos servicios. Solamente en Latinoamérica y el Caribe, donde el aborto está totalmente prohibido en siete países incluso cuando la salud o la vida de la mujer o niña dependan de él, no hay duda de que la postura de Trump costará muchas vidas. Incluso en algunos países donde el aborto es legal, el acceso a él depende en gran medida de la financiación estadounidense, lo que significa que la regla de la mordaza también pone en peligro la vida de personas allí.

6.- Restricción del acceso a servicios de salud:

La “regla de la mordaza global” tendrá consecuencias de gran alcance que van más allá de su objetivo declarado de reducir el acceso al aborto. Muchas de las organizaciones afectadas por importantes reducciones de la financiación también facilitan tratamiento para el VIH/sida, anticoncepción de emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina. De hecho, la versión de Trump de la regla de la mordaza, aplicada por última vez por George W. Bush, es mucho más amplia que las anteriores y afecta a toda la financiación de Estados Unidos para la salud en el mundo, es decir, más allá de la salud reproductiva.

7.- Ataque contra las tierras y medios de vida de los indígenas estadounidenses:

La decisión de Trump de promover el sumamente polémico oleoducto Dakota Access, una ruta de 1.200 millas para el transporte de petróleo crudo que atraviesa cuatro estados de Estados Unidos, coloca los beneficios de las empresas petroleras antes que los derechos humanos de los pueblos indígenas. La tribu sioux de Standing Rock, que tiene un lugar sagrado cerca de la ruta que atraviesa las tierras indígenas siguiendo el curso del río Misuri, dice que el oleoducto contaminaría el agua que consumen y causaría daños a enterramientos sagrados. La decisión de construir el oleoducto no sólo se aprobó en violación del derecho del grupo indígena estadounidense a acceder a agua apta para el consumo, sino que se tomó sin consultarlo y sin obtener su consentimiento, requisito previsto en el derecho internacional de los derechos humanos y en la legislación estadounidense. La detención de decenas de manifestantes que se oponían al oleoducto la semana pasada se produjo después de que la policía ya hubiera sido acusada de uso de fuerza excesiva en su tratamiento de manifestaciones anteriores, y aumenta el temor de que ahora corra mayor peligro el derecho de los activistas medioambientales a la protesta pacífica.”

En estas siete medidas del gobierno de Donald Trump, propuestas por Amnistía Internacional, se registra uno de los primeros patrones internacionales de afectaciones de los derechos humanos. Además, ayudan a articular los ámbitos en los que será necesario establecer acciones concretas y nos dan una orientación inicial sobre la magnitud de las políticas implementadas por Trump.

México: hacia un consenso internacional sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes

¿A qué dificultades se enfrentará México en la reorientación a nivel internacional de su política de defensa de los derechos humanos de sus migrantes y de los afectados por el gobierno de Donald Trump? Sistemáticamente, los gobiernos de los Estados Unidos tampoco se han reusado a aceptar sus responsabilidades en materia de derechos humanos y ambientales, por ejemplo, a nivel internacional.Nuestro vecino del norte sistemáticamente rechazó firmar el Protocolo de Kyoto, aunque en la administración de Barack Obama manifestó que una de sus prioridades era la de combatir el cambio climático, esto mediante la búsqueda de un ambicioso acuerdo marcoa nivel global.

Además, Estados Unidos es el único país miembro de la Organización de los Estados Americanos que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo referente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos firmó y ratificó dicho instrumento internacional. No obstante, su Protocolo Facultativo del acuerdo antes mencionado, no ha sido firmado ni ratificado. Finalmente, los Estados Unidos han firmado, pero nunca ratificado, el Estatuto de Roma, el mismo que da origen a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, esto no implica que México no pueda acudir a organismos internacionales para denunciar los agravios en nuestra contra por parte del actual gobierno estadounidense y defenderse con toda la fuerza del derecho internacional vigente.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado ya su profunda preocupación por los decretos "Mejoras a la Seguridad Fronteriza e Inmigración en Estados Unidos", "Fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos", firmados por el gobierno de Estados Unidos el pasado 25 de enero pasado; y por “Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos”, emitido el 27 de enero.

Para la CIDH, “la implementación de estas órdenes agrava la crisis humanitaria que afecta a todas las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”, por lo cual exhorta al gobierno de los Estados Unidos a dejarlos sin efecto.

En las observaciones de la CIDH se puede leer un primer diagnóstico sobre los agravios en materia de Derechos Humanos y de ellas se derivan las acciones inmediatas y de mediano plazo que México podría implementar y que servirán para buscar un consenso multilateral en su actuación ante organismos internacionales:

“1.- La Comisión observa con suma preocupación que las órdenes ejecutivas ordenan, entre otros, a la construcción inmediata de un muro fronterizo físico a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, reforzar medidas de contención migratoria a partir del aumento de agentes con funciones migratorias, el cierre de la frontera a solicitantes de asilo, la expansión de un sistema de encarcelamiento masivo a partir de la creación de más centros de detención migratoria a lo largo de la frontera, el énfasis en procedimientos de deportación expedita, la cancelación de fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, la suspensión del Programa de Reasentamiento de Refugiados, la prohibición indefinida para el ingreso de refugiados sirios, y la prohibición de ingreso temporal a los Estados Unidos a nacionales de siete países predominantemente musulmanes, incluso cuando son portadores de tarjetas de residencia o visas válidas. Estas órdenes ejecutivas, la construcción de más centros de detención migratoria y el énfasis en deportaciones expeditas representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los migrantes o a cualquier persona percibida como migrante.”

2.- La CIDH también observa que a lo largo de la frontera de casi 1.900 millas entre los Estados Unidos y México ya hay cerca de 700 millas de valla. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que al menos 436 inmigrantes murieron a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en 2016. La construcción de partes adicionales de un muro fronterizo y el aumento de la militarización de la frontera pondrán en mayor riesgo las vidas de migrantes y refugiados. La experiencia histórica demuestra que los migrantes se verán forzados a buscar rutas más peligrosas para ingresar a los Estados Unidos. La ausencia de canales legales para migrar también empujará a las personas a recurrir a traficantes de migrantes, poniendo en grave peligro su vida e integridad personal.

3.- Las medidas previstas en estas órdenes ejecutivas conllevan un alto grado de discriminación de las comunidades migrantes y grupos minoritarios, en particular las personas latinas y musulmanas o quienes sean percibidas como tales. La implementación de estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación de sus derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las familias y los niños, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la libertad de circulación, entre otros. En particular, a la Comisión le preocupa el grave riesgo en el que estas órdenes dejan a los niños y niñas no acompañadas, familias y mujeres que puedan ser devueltos a los países de los cuales huyeron, donde su vida e integridad estaban amenazadas.

4.- Las normas y estándares en materia de derechos humanos prohíben la discriminación basada en el origen nacional o en la religión. El Estado tiene la obligación de identificar dentro de las personas migrantes a aquellas que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección. Los Estados también deben adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios y de determinación de la condición de refugiado, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement), la prohibición de rechazo en frontera y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

5.- La Comisión recuerda a los Estados Unidos que la detención migratoria debe ser una medida excepcional, de último recurso y siempre por el menor tiempo posible, una vez realizada una evaluación individualizada de cada caso y a la consideración de medidas alternativas. Asimismo,el Estado no puede recurrir a la detención migratoria de niñas o niños y sus padres a fin de disuadir la migración irregular.

6.- De conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, Estados Unidos tiene la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todas las personas migrantes bajo su jurisdicción. Los procedimientos migratorios, en particular los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación.

7.- La Comisión insta a los Estados Unidos a dejar sin efectos las tres órdenes ejecutivas y a garantizar que cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados. La CIDH afirma su interés de colaborar con el Gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que garanticen la plena observancia de los derechos humanos de los migrantes y refugiados.”

Es necesario recordar que la “CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia”.

Además, en el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se pueden leerlas siguientes consideraciones, que pueden ser el fundamento de la actuación del Estado mexicano en su denuncia en organismos internacionales:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por <crimen de lesa humanidad> cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: d) Deportación o traslado forzoso de población; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte”.

La Unidad Nacional en acciones concretas del Estado mexicano

¿Cuáles son las acciones que sustentarán la estrategia del Estado mexicano ante la política violatoria de derechos humanos, laborales y sociales del actual gobierno de los Estados Unidos?

Además de la defensa masiva de migrantes en los Estados Unidos que ya ha comenzado a implementar el Gobierno mexicano, se proponen las siguientes acciones estratégicas y articuladas:

1.- México deberá emprender la creación de una estrategia global que convoque a los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para denunciar acciones violatorias de derechos humanos, laborales y sociales al menos ante los siguientes organismos internacionales: Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; Organización de Estados Americanos; Organización Internacional del Trabajo; Organización Mundial de Comercio; Corte Internacional de Justicia de La Haya; Corte Interamericana de Derechos Humanos; Unesco.

2.- México deberá articular un plan nacional que implique áreas como educación, salud, trabajo, vivienda, empleo, para organizar el retorno de los mexicanos que vienen de los Estados Unidos, y que deberá tomar en cuenta las 12 propuestas de los Gobernadores de la Frontera Norte y de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago):

“1. Ratificar acuerdos de mesa de análisis de “La situación migratoria actual en la frontera del país”.

2. Crear la Alianza Política de Gobernadores de la Frontera Norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación inmediata en: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles, derivados del petróleo y carestía de productos básicos.

3. Ante la amenaza expresa de Trump sobre la deportación de millones de connacionales, demandar que la federación tome acciones inmediatas.

4. Rechazo a las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o permanecer en México.

5. Fortalecer los lazos y relaciones con los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio de América del Norte.

6. Solicitar al gobierno federal que las negociaciones con Estados Unidos sean de manera integral e incluyan todos los temas de la agenda.

7. Pedir al gobierno federal no reducir los fondos de seguridad e incrementar el fondo de apoyo al migrante.

8. Demandar la creación de un fondo de Fronteridad.

9. Solidarizarse con Baja California y Sonora para el cumplimiento de atención integral de extranjeros intercontinentales.

10. Exigir el cambio de políticas públicas de migración, para que pasen de un enfoque de seguridad nacional a uno con acento en seguridad humana.

11. Promover encuentros con los gobernadores de la frontera sur de Estados Unidos para crear una agenda que fortalezca la franja como región binacional.

12. La tercera mesa de trabajo “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León”.

3.- México deberá reorientar drásticamente su política hacia los migrantes centroamericanos en tránsito por México, garantizando al menos:

a).- Respetar los derechos humanos de estos migrantes, cumplir con las observaciones tanto a nivel internacional como nacional en la materia.

b).- Ampliar los derechos de estos migrantes para garantizar su derecho a la educación, a la salud y a una vida digna.

c).- Establecer una Alerta de Violencia contra Migrantes.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incorpore las consideraciones que se exponen en este documento al Plan Estratégico para la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

DOS: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve a cabo este Plan Estratégico con la plena participación de los tres poderes de la Unión, como una acción concertada del Estado mexicano.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO

21 de febrero de 2017, Ciudad de México.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69192