Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Lunes 24 de julio de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 23 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-87/69187
Jueves 23 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-87/69187

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar las estrategias que faciliten la inclusión de un indicador que mida la “población infantil en situación de calle”, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, elaboren estrategias a favor de este grupo vulnerable.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.

Sen. Andrea
García García

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA QUE IMPLEMENTE LAS ESTRATEGIAS QUE FACILITEN LA INCLUSIÓN DE UN INDICADOR QUE MIDA LA “POBLACIÓN INFANTIL EN SITUACIÓN DE CALLE”, CON EL OBJETIVO DE QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ELABOREN ESTRATEGIAS A FAVOR DE ESTE GRUPO VULNERABLE.

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El 20 de febrero es considerado el Día Internacional de la Justicia Social, debido a la resolución adoptada en la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene como objetivo el cumplir los objetivos de la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Docial de 1995.

Dentro de dichos objetivos se encuentra una cuestión fundamental  que es “El fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos”.

Como grupos más desfavorecidos se desprende que es a través del garantismo del Estado que se pretende dar, seguridad a aquellos grupos que no pueden hacer valer sus derechos ante los poderes públicos.

Es así que a través de la firma de tratados en la materia así como la evolución que presentan los mismos, se pretende ampliar la esfera de derechos y garantías que otorga el estado, tal es el caso del “interés superior del niño”, dicho principio tiene su origen debido a que la niñez eraignorada por el derecho, así comola determinación de sus intereses, quedaba fuera de los asuntos públicos.

Esto abrió el camino para que a través del enorme consenso que hubo en la sociedad en favor de los derechos del niño, se establecieran principios rectores en las actuaciones del estado en favor de la niñez.

La convención de los derechos del niño adoptada en el año 1989, significó una importante herramienta, en pro de la protección de los derechos del niño, así como la culminación de esfuerzos sostenidos por parte de la sociedad en general, en favor del reconocimiento de derechos universales, que fueran más allá, de las diferencias culturales, económicas y sociales.

Dentro de dicha convención se establecen principios como, No discriminación, Autonomía, Participación y Protección, que de cierta manera se engloban en el principio de “Interés superior del niño”.

De estos principios se desprende que es a través de ellos que el Estado debe garantizar su cumplimiento, así como otorgar los derechos derivados.

El principio de “interés superior del niño” inserto en el artículo 3.1 de dicha convención, determina el actuar de los poderes públicos, en relación con el “interés” que en un principio se interpretó como algo que iba más allá del derecho, que a diferencia de lo que se pensaba, es la completa satisfacción de sus derechos.

Dentro del marco jurídico mexicano, a través de diferentes reformas, como lo es la incorporación de los derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron diferentes principios, destinados a la ampliación del ámbito de protección de las personas, como lo es el principio de progresividad.

Dicho principio significa, el mejoramiento de las condiciones, ya sea de manera gradual o inmediata, así como el robustecimiento de derechos, es así que a través de los instrumentos internacionales, se establecen estándares mínimos de derechos, y ya es responsabilidad del estado avanzar en el fortalecimiento legal, de políticas públicas, decisiones judiciales.

La cuestión radica en la medición que lleva la implementación de dicho principio, ya que los principios de Limburgo establecen que independientemente de los recursos con los que se cuenten, la obligación por parte del estado seguirá vigente, lo que lo obliga a hacer un uso “eficaz” de los recursos disponibles, al respecto Luigi Ferrajoli establece lo siguiente:


“… los problemas suscitados por los derechos sociales son sobre todo de carácter económico y político: tanto porque estos derechos, a diferencia de otros tienen un coste elevado”.

Como eficacia podemos entender bajo el contexto de que los recursos son escasos, como la ponderación relativa al aseguramiento de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado hacia las poblaciones más necesitadas, en México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay 40.2 millones de niños.

De los cuales de acuerdo con datos de la Unicef en 2012,21.2 millones de niños y adolescentes vivían en condición de pobreza y 4.7 millones viven en pobreza extrema, identificando como grupos más vulnerables las comunidades indígenas.

Dentro de todas los grupos estudiados en ninguno, se encuentra la población infantil en situación de calle, donde la última encuesta fue realizada en 1995 por la Unicef y el DIF, si bien no se considera un derecho para la población el que los encuesten, es obligación del estado el llevar a cabo mecanismos de medición que evalúen la implementación de políticas públicas encaminadas al sector poblacional anteriormente mencionado.

Es por todo lo anterior, que se considera de suma importancia el incluir dentro de las estadísticas del INEGI en coordinación con la organizaciones no gubernamentales, a los niños en situación de calle, ya que es a través de dichos mecanismos es que los poderes públicos pueden evaluar, modificar e implementar políticas públicas encaminadas a la protección de sectores vulnerables de la población y que no sigan permaneciendo como “grupos invisibles” a los ojos del estado.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen el siguiente resolutivo.

Punto de Acuerdo

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,para que implemente las estrategias que faciliten la inclusión de un indicador que mida la “población infantil en situación de calle”, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, elaboren estrategias a favor de este grupo vulnerable.

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http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69187