Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Jueves 22 de junio de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 21 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-85/69111
Martes 21 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-85/69111

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a presentar un informe respecto al estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado respecto al estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad.

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 establece que, “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” [*] .

El principio de la universalidad de los derechos individuales es el pilar angular del derecho internacional. Este principio, tal como se destaca inicialmente, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos.

En el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar lasviolaciones a los derechos humanos”.

Entre las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los casos en que por, actos u omisiones, de autoridades administrativas o cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

La CNDH formula recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, procurando la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita.

Al respecto, en octubre de 2016 la CNDH,emitió un informe sobre los lugares de detención e internamiento que dependen de la actual administración del Estado de Tamaulipas, el cual se envió al Gobernador Constitucional de esa entidad sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura [*] . De las cuales más de la mitad no han sido cumplidas.

En el informe, señala que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH llevó a cabo las visitas de seguimiento, con el apoyo personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad.

De los 30 lugares de detención visitados previamente bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los ocho lugares de detención ubicados en los municipios de Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria, siendo éstos, cinco separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto; un albergue temporal y dos casas hogares, una para menores de edad y otra para adultos mayores.

En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

Como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones realizadas por las autoridades estatales mencionadas, se constató que de las 232 situaciones observadas de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, 22 presentan avances encaminados a su atención y 119 aún persisten.

Asimismo se informa, en ejercicio de las facultades conferidas como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó dos visitas iniciales a agencias del Ministerio Público del Estado, con objeto de ampliar la supervisión de los lugares de detención para examinar el trato y las condiciones de detención. Derivado de lo anterior se detectaron 14 situaciones de riesgo.

Las principalesproblemáticas detectadas en los lugares de internamiento que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, son las siguientes:

  • No se asigna una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas. 
  • Las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos. En algunas agencias se carece de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana. 
  • El representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda a los detenidos. 
  • No cuenta con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física. 
  • No cuentan con un áreaexclusiva para mujeres. 

En tanto que en los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública:

  • No existe separación entre procesados y sentenciados.  
  • Carecende los servicios de psiquiatría ginecología y pediatría para los hijos  de las internas que viven en el centro. 
  • El personal médico no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura.  
  • El personal adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos. 

Lugares de internamiento que dependen de los ayuntamientos:

  • Las celdas carecen de planchas de dormir; varios inodoros se encuentran destruidos y los que funcionan están muy deteriorados. 
  • El personal adscrito es insuficiente. 
  • La certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica de manera inadecuada. 
  • No se proveen alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto. 

Ante este panorama,es oportuno referir que de acuerdo con el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Así, resulta necesario y urgente que el gobierno del estado de Tamaulipas, presente un informe pormenorizadorespecto al estado que guardan con respecto a las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que los derechos humanos representan los principios primordiales de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad en nuestro país, por ello, seguiremos trabajando para juntos logremos una México más igualitario, próspero, justo, pero sobre todo, más incluyente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado respecto al estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad.

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de febrero del año 2017.

ATENTAMENTE


[*] http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

[*] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_049.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69111