Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Viernes 23 de junio de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68887
Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68887

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a suspender el programa Mochila Segura.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

Sen. Raúl
Morón Orozco
Sin Grupo

PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SUSPENDA EL PROGRAMA MOCHILA SEGURA. ADEMÁS, SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SOLICITELA SUSPENSIÓN DE DICHO PROGRAMA AL GOBIERNO FEDERAL, CONSIDERANDO EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y LA INMINENTE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORESQUE ESTE PROGRAMA ESTÁ GENERANDO.

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Como todas y todos sabemos, el pasado 18 de enero, en una escuela de Monterrey, Nuevo León, un menor disparo contra una maestra y tres de sus compañeros(quienes hasta el momento se encuentran graves), para después dispararse y perder la vida. Este hecho ha consternado al país entero y ha trascendido a nivel internacional. Además, otra vez nos pone ante la cuestionada decisión de “reforzar” los controles de seguridad antes que darle prioridad al respeto a los derechos humanos y constitucionales de los menores, y una respuesta que vaya al fondo de las causas que generan este tipo de delitos.

¿Desde dónde debe actuar el Estado mexicano, los tres niveles del Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos de derechos humanos? ¿Qué significa este hecho lamentable y trágico en la actual situación de violencia estructural y de violación sistemática de derechos humanos que padece el país desde hace por lo menos una década? Y, quizás la pregunta más importante con respecto a este hecho: ¿Qué papel debe jugar la educación, las instituciones educativas y todos los componentes del sistema educativo nacional, alumnos, padres de familia, autoridades, para proponer alternativas de corto, mediano y largo plazo para atacar lascausas estructuralesque generaron este acontecimiento y prevenir otros similares, esto sin atentar contra los derechos humanos tanto de alumnas y alumnos como de profesores y padres de familia?

Ante los hechos ocurridos en Monterrey, el Gobierno de la República, a través de la Secretaria de Educación Pública, ha vuelto a poner en marcha el programa “Mochila Segura”. El Operativo Mochila Segura fue una medida impuesta por las autoridades educativas en 2001 para la revisión de mochilas de estudiantes de escuelas tanto públicas como privadas de educación básica, con el objetivo de evitar que los alumnos introdujeran objetos prohibidos, armas, drogas, entre otros. El operativo formaba parte del programa Escuelas Seguras de la SEP. Sin embargo, no sólo era cuestionable la concepción misma del programa y sus consecuencias en la violación a derechos básicos de las y los niños, también estuvo plagado de “excesos” en su operación y que dejaban a los estudiantes en situación de gran vulnerabilidad, peligro latente de una agresión e indefensión jurídica.  En Chihuahua, por ejemplo, policías estatales realizaron operativos, con anuencia de las autoridades, conperros antinarcóticos que olían las mochilas en busca de drogas, violando derechos fundamentales y sin protocolos mínimos de seguridad.

En 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló que el operativo “Mochila Segura” significaba un “abuso a los derechos de los niños, invade la privacidad de los estudiantes”, ya que los trataba como delincuentes.

¿Qué consecuencias está dejando actualmente la reactivación de dicho programa, qué tipo de violaciones y desorganización vemos tanto en el Gobierno federal como en gobiernos estatales y municipales en la aplicación de dicho programa y que, además, viola los derechos de infancia y adolescencia de estudiantes?

Por ejemplo, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reactivaron de manera conjunta el programa Mochila Segura, que afirma se aplicará en lo que resta del ciclo escolar 2016-2017, en mil 941 secundarias y 805 planteles de nivel medio superior, para supuestamente evitar casos como el de Monterrey, Nuevo León.

Como se ha difundido en diversos medios de comunicación, el pasado lunes 23 de enero del año en curso, se llevó a cabo en la secundaria técnica 150 Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la colonia sección séptima del SUSPEG, el relanzamiento del programa Mochila Segura en Chilpancingo, Guerrero, al que asistieron diversos autoridades estatales y municipales, quienes, junto con policías estatales, municipales y ministeriales, y con un escuadrón de perros, pasaron a los salones para registrar las mochilas de los alumnos. Durante la revisión, se le confiscó una cajetilla de cigarros a una estudiante.

Como afirma diferentes notas periodísticas,esta revisión en Guerrero no fue mochila por mochila, sino que los policías entraron a los salones de manera separada, acompañados de alguno de los cuatro perros que llevaron a las instalaciones, y sólo se detuvieron a registrar a fondo el contenido de la mochila cuando uno de los canes detectó la cajetilla de cigarros. Los maestros de la secundaria técnica consideraron que el operativo fue desorganizado.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que se reforzará el operativo Mochila Segura en escuelas públicas y privadas del estado de Nuevo León.

Es importante identificar el origen de esta respuesta policiaca y que viola derechos básicos de la infancia y adolescencia de estudiantes para plantear alternativas reales y efectivas. Desde 2006, el Estado mexicano ha sido obligado por los dos últimos gobiernos federales a criminalizar sistemáticamente a la sociedad para supuestamente combatir la violencia en México. En nombre de una estrategia de seguridad militar y policiaca, y de una supuesta guerra contra el crimen organizado, se han violado sistemáticamente los derechos humanos de miles de mexicanas y mexicanos. Ahora, este razonamiento tan cuestionable como destructivo, se quiere aplicar para supuestamente “prevenir” la violencia en las escuelas, a partir del trágico hecho en Monterrey.

¿Qué derechos violan estas medidas que ha tomado el Gobierno Federal para supuestamente combatir la violencia en las escuelas?

1.- En primer lugar, el artículo 16º. de nuestra Carta Magna, que dice:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresara el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia (…) La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos… La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley”.

Encontramos que se incumplen tanto los principios de "aptitud", "idoneidad" y de "atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto".  La competencia es el conjunto de facultades que las normas jurídicas otorgan a las autoridades estatales para desempeñar, dentro de los límites establecido por tales normas, sus funciones legítimas. Este principio es violado porque ninguna de las autoridades tanto policiacas como escolares está facultada para ejercer esta función, en nombre del Estado,de revisión de mochilas de escolares ni hay mandato judicial que así lo determine. Por lo tanto, sabemos que debe cumplirse diversas disposiciones jurídicas precisas que otorguen a una autoridad la posibilidad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. La Segunda Sala de la Corte ha señalado lo siguiente: "como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido”.

Los actos de molestia deben estar fundados y motivados para su realización. Además, deben cumplir una serie de requisitos de procedimiento, como constar por escrito, ser mostrados al afectado, para que se constate que dicha orden proviene de una autoridad competente y está motivada conforma a derecho.

Mediante la fundamentación lo que se busca es que la autoridad, en el texto del acto de molestia, señale los preceptos legales que regulan el acto de que se trate y las consecuencias jurídicas, es decir, la autoridad debe basarse en una ley previa que prevea la situación actual, ya que se debe apegar al principio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite. Aunque no es suficiente que la autoridad señale la ley correspondiente, sino que es necesario que también señale los artículos específicos. La Suprema Corte respecto a esta situación establece:

“La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables”.

Se viola esta garantía porque no cualquiera puede molestar a un menor, y se agrava porque no está ni fundamentada ni motivada ni la emite autoridad competente alguna.

2.- Se viola uno de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, consagrados en la Convención de los Derechos de los Niños:

  • Se viola el derecho número 10, el cual reconoce el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. 

Como afirma el documento de presentación de la Unicef de estos derechos:

“En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño con el objetivo de reconocer 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Este instrumento fue la base de lo que 30 años más tarde, se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas la adoptó de manera unánime y a partir de 1990 entró en vigor. Desde entonces, 192 países la han firmado y ratificado, y se ha convertido en una herramienta legal de cumplimiento obligatorio para los Estados.

La Convención recoge 54 artículos relacionados a derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Su aprobaciónsupuso el reconocimiento del niño y la niña como sujetos titulares de derechos, y les otorgó una protección especial y reforzada debido a su condición de personas en desarrollo y crecimiento.

Dentro del marco de la Convención, existe un Comité de los Derechos del Niño, quien supervisa su aplicación y la de tres Protocolos Facultativos, que han sido desarrollados sobre temas específicos. El primer protocolo es sobre la participación de niños en conflictos armados; el segundo es acerca de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el tercero es un procedimiento de denuncias ante el Comité.

En 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño que no es otra cosa que un tratado que recoge todos los derechos de la infancia. A partir de ese momento, se aportó una nueva visión sobre los niños como sujetos que también tenían sus derechos que respetar y cumplir”.

Con la medida de revisión de mochilas de estudiantes de nivel medio básico, el Gobierno mexicano, firmante de esta Convención, fomenta la desconfianza entre estudiantes, profesores, autoridades escolares y padres de familia; perturba el entorno escolar y contraviene los principios de “solidaridad, amistad y justicia”, al establecer un criterio punitivo, intimidatorio, que obliga a las autoridades y padres de familia a cumplir con actos que violentan tanto los derechos de los niños como su régimen de “protección especial y reforzada”.  Por el hecho de ser niños, no se tienen menos derechos que los adultos, existen derechos en la infancia basados en los principios de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y la participación sobre situaciones que les afecten.

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en los siguientes términos en relación a la libertad física, en un sentido amplio, para entenderla también como seguridad personal y que, en el caso de menores de edad, de estudiantes, agrava la violación de su seguridad personal y de la ausencia de garantías, al considerarse que las niñas y niños tienen derecho a un régimen especial de protección:

“Este Tribunal ha señalado que con la protección de la libertad se pueden salvaguardar <tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal>.(Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de7 de junio de 2003)”.

“El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otraespecífica. La general se encuentra en el primer numeral: <[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales>”.

Debemos saber qué pasa con los niños y jóvenes mexicanos en una época de deshumanización, sobre-exposición social y mediática a la violencia, tráfico y uso no permitido de armas; en fin, en una sociedad que los estigmatiza con la violenta condición de “ninis”, y no solo controlar policiacamente y violentarsus derechos en nombre de los efectos que puede tener esta violencia. Debemos atender las causas profundas de los delitos, ya que no se trata de evitar que exista la violencia y las armas en las escuelas, sino de construir un entorno no violento que no implique este control intimidatorio, este entorno no se crea mediante actos represivos sino mediante una articulación entre alumnos, profesores, padres de familia y autoridades que se centre en el desarrollo de la infancia y en valores como la libertad, la solidaridad y el fortalecimiento de su comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

1.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera inmediata suspenda tanto el programa Mochila Segura como cualquier acto de autoridad alguna y corporaciones policiacas en todo el país que viole derechos fundamentales de alumnas y alumnos, relacionado con la revisión de mochilas.

2.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que solicite la suspensión del programa Mochila Segura al Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales, así como a corporaciones policiacas de todo el país, considerando el principio del interés superior de la infancia y la adolescencia y la inminente violación a los derechos humanos de los menores que este programa está generando.

3.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que diseñe e implemente políticas y estrategiasintegrales para prevenir y erradicar este tipo de conductas en las y los niños, siempre tomando en cuenta el respeto a sus derechos en su sentido más amplio.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO

8 de febrero de 2017, Ciudad de México.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68887