Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 24 de abril de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 9 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-77/68859
Jueves 9 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-77/68859

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de Baja California que garantice el suministro de agua potable por parte de personas morales de Derecho Público, preservando el recurso hídrico como un bien público, de manera sustentable y con participación de la sociedad.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS.

Sen. Marco Antonio
Blásquez Salinas

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con punto de acuerdo por el que se requiere, con toda atención, al Titular del Poder Ejecutivo de Baja California para que garantice el suministro de agua potable por parte de personas morales de Derecho Público preservando el recurso hídrico como un bien público, de manera sustentable y con participación de la sociedad, con base en las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

La inconstitucionalidad de la ley.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California presentó una iniciativa de Ley del Agua para la entidad. El proyecto siguió un proceso legislativo viciado de origen. A pesar de que los tribunales federales han clarificado los motivos de urgencia para dispensar trámites en la aprobación de un ordenamiento con el carácter de ley, el grupo parlamentario mayoritario del Congreso de Baja California, con el auxilio de dos diputados de oposición, se abstuvo de remitir a estudio en comisiones la propuesta normativa y la aprobó ante el propio Pleno sin explicitar en ningún momento causa de urgencia alguna. Con ello se desplegó una actividad parlamentaria contraria a la tesis jurisprudencial siguiente:

“El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California prevé que en los casos de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, de lo que se colige que tal disposición es de naturaleza extraordinaria, por lo que no debe utilizarse de forma que permita a las mayorías parlamentarias aprobar una norma general sin la debida intervención de las minorías, pretextando o apoyándose en esa supuesta urgencia pues, eventualmente, dicha circunstancia puede provocar la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Estatal que todo procedimiento legislativo debe respetar en condiciones de libertad e igualdad. Por lo que deben existir, cuando menos, las siguientes condiciones para considerar que, en un determinado caso, se actualiza dicha urgencia: 1. La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto. 2. La relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad, y, 3. Que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.” [*]

El acto legislativo así aprobado presentaba otras irregularidades constitucionales. En abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución General de la República que dispone que será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes a fin de que el gobierno estatal asuma una función o servicio, así como con el artículo 81, fracción IV inciso b)de la Constitución local que estableceque se ha de estableceren normas de aplicación general cuando los ayuntamientos celebren actos que tengan por objeto la prestación temporal de un servicio o el ejercicio de una función de carácter temporal por el estado, o bien de manera coordinada con el Estado, la ley usurpaba en diversos preceptos el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento sustrayéndolo de la esfera de los municipios para transferirlo al Estado sin que alguno de los cinco municipios de la entidad haya manifestado la imposibilidad de continuar sosteniendo la función. La transferencia ilegítima de los servicios de la órbita municipal a la estatal se consumó con la creación, en términos del artículo 13 de la Ley del Agua de los Organismo Públicos Metropolitanos tanto de la Costa como de Mexicali.

La ley adolece también de injusticias notorias y falta de equidad. A través de los artículos 88, fracción IV en relación con el artículo 2º, fracción XXVIy el 152, segundo párrafoautoriza los cortes en el suministro de agua a las personas que no puedan cubrir el pago, a pesar de que la misma ley contiene aumentos por distintos conceptos que van del 20 al 200%. En una entidad con 984,100 personas en situación de pobreza, de acuerdo a las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el incremento en las tarifas tendría un carácter regresivo al forzar a ese segmento de la población a destinar mayores ingresos para sufragar la adquisición del vital líquido. De hecho la nueva ley hace nugatoria la porción normativa principal del derecho al agua que es el acceso al líquido, si se toma en cuenta que la mayoría de las personas en situación de pobreza se localizan en asentamientos humanos irregulares que portal carácter carecen del servicio y que ante el incremento de las tarifas les resultaría ahora prohibitivo.

Aunado a lo anterior, el ordenamiento cuya abrogación ha sido anunciada por el propio señor Gobernador del Estado, presentaba actos claros de discriminación. En lugar de recurrir a la utilización de dispositivos para restringir el suministro por las tuberías y la toma domiciliaria al mínimo vital garantizado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley ordena el corte total disponiendo que dicho suministro se preste por mecanismos diversos que no serían otros en la práctica más que la entrega del agua a través de pipas. Esta forma de distribución tiene un notorio carácter discriminatorio en razón de que exhibe a las personas que hayan sufrido el corte ante los vecinos y el resto de la sociedad, cuando es posible la entrega del mínimo vital por las mismas tuberías. Además de la exhibición social a través del suministro con pipas mediante el incentivo perverso de forzar el pago sopena de sufrir el estigma social, la medida provoca la distorsión en las tarifas ya que necesariamente se ha de incurrir en mayores gastos como es el pago de nómina de chóferes, adquisición y mantenimiento de las pipas, combustible a la alza que impactan todos y cada uno el incremento en las tarifas resultando el pago del derecho correspondiente evidentemente desproporcionado y con ello violatorio del artículo 31 de la Ley Fundamental.

Todo lo anterior pero principalmente la posibilidad de privatizar el servicio, concretada en el artículo 48 de la ley, y la celebración de contratos de asociación público-privada que permiten a plantas desaladoras cobrar abultadas sumas mesa mes al organismo que resulte operador siendo que el Titular del Ejecutivo ha despertado a la preocupación social ante el desmedido incremento de su patrimonio inmobiliario concomitante a su paso por cargos públicos diversos, provocó la indignación social. Organizaciones disímbolas tomaron la decisión inusitada de expresar su inconformidad en formas diversas. Varios optamos por la interposición de una demanda de amparo así como la solicitud presentada ante la autoridad competente para llamar a un Referéndum. El rechazo social hacia el abuso consistente en abrir un bien público al lucro en lugar de fortalecer los organismos públicos para el suministro de agua produjo mítines, marchas y la proliferación de todo tipo de impresos y de mensajes de reivindicación ciudadana en las redes sociales.

La indignación ciudadana.

A pesar de las muestras evidentes de inconformidad social, el gobierno del estado insistía en la entrada en vigencia de la Ley de Aguas lo que no hacía más que aumentar la irritación de la gente. Finalmente, el domingo15 de enero del presente año tuvo lugar una marcha y manifestación multitudinaria que congregó en la explanada del Ayuntamiento de Mexicali a más de cuarenta mil personas, según la Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio. El clamor popular en contra de la injusta Ley del Agua motivó entonces que con fecha 17 de enero del año en curso el Gobernador del Estado anunciara la abrogación del ordenamiento cuestionado.

Habiendo manifestado el Titular del Poder Ejecutivo literalmente " la gente manda ", con posterioridad se ha mostrado ambiguo pues se dejan vigentes decretos que forman parte del paquete que en esencia fue cuestionado por la ciudadanía. Se trata del decreto Número 57 que contiene diversos contratos de asociaciones público privadas. Por efecto de dicho decreto las empresas que a continuación se indican recibirían por pago de los organismos operadores las cantidades que a continuación se señalan:


Ente Contratante

Empresa

Monto Mensual

Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

Aguas de Rosarito, S.A.PI. de C.V.

$149’312,018

37 años

Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California yla Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.

DesaladoraKenton, S.A. de C.V.

$11’136,15

30 años

Comisión Estatal de Servicios Públicos deMexicali.

Operadora de Pluviales Mexicali S.A. de C.V.

$2’453,228

15 años

Comisión Estatal de Servicios Públicos deTecate.

Ingeniería de Bombas, S.A. de C.V.

$2’469,218

15 años.

En momentos en que toda la República y en particular las entidades que la integran deben encontrarse unidas en su sociedad y gobierno, la actitud ambivalente del Titular del Ejecutivo de Baja California introduce elementos que perturban la estabilidad y paz social y pueden convertirse de nueva cuenta en detonantes de la protesta social. Lo anterior en un contexto bien conocido de inconformidad de la población en contra de las alzas de los combustibles así como de la falta de una conducción adecuada para hacer frente a las medidas provenientes del nuevo gobierno federal de los Estados Unidos de América. De ahí la necesidad de que el gobierno de Baja California clarifique los decretos, alcances y efectos que han de ser abogados para apegarse con absoluto respeto a la exigencia ciudadana, tal y como fue el compromiso difundido por el Titular del Ejecutivo cuando anunció su posicionamiento de que “La gente manda”.

Gobernanza para garantizar el suministro de agua potable.

Baja California es una entidad con fuentes precarias para el abastecimiento de agua potable a la población. Junto con el estado de California al otro lado de la frontera, ha experimentado una prolongada sequía de varios años. La escasez de lluvias retarda la recarga de los mantos freáticos que representan un porcentaje reducido de las fuentes disponibles. En aproximadamente un 88%, Tijuana, el municipio más poblado del Estado, toma el agua del Río Colorado gracias a la parte que le corresponde a México de conformidad con el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los EstadosUnidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

Los actuales organismos operadores del agua, de carácter público, se caracterizan por una gestión deficiente del recurso hídrico. Se encuentran imposibilitados de ampliar la infraestructura para satisfacer la demanda de los nuevos asentamientos en razón de que es mucha el agua que se pierde en la red de distribución y pobre la recaudación, pues no se ha logrado concientizar a los usuarios sobre el pago oportuno. En lugar de optar por la solución fácil de entregar el servicio a particulares con el consecuente incremento desmedido de las tarifas para hacer lugar a las ganancias que son el motivo principal de las empresas, se ha de recurrir a un plan estratégico tal y como ya fue requerido por este Senado. [*]

El propósito es lograr que los organismos operadores garanticen el suministro especialmente al segmento de la población que se encuentra en situación de pobreza, de lograr la consolidación de una cultura del agua caracterizada por el uso racional del líquido y la conciencia sobre la necesidad del pago para ampliar la base y frecuencia de recaudación en lugar de optar por la salida fácil de incrementar las tarifas, todo ello sin excluir a nadie y mucho menos a los que menos tienen de recibir el servicio.


PUNTO DE ACUERDO


Único. Se requiere, con toda atención, al Poder Ejecutivo de Baja California, por conducto de su Titular, para que en congruencia con su posicionamiento de fecha 17 de enero del año en curso, además de la Ley del Agua, deje sin efectos los demás decretos que posibilitan el lucro y, en su lugar, el suministro de agua potable así como los servicios de drenaje y alcantarillado y saneamiento se realicen por parte de personas morales de Derecho Público acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Baja California preservando al agua como un bien público, de manera sustentable y con participación de la sociedad.

En el recinto del Senado de la República, en la ciudad de México a 1º de febrero de 2017.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.


[*] Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, mayo del 2007, página 1,524/J 33/2007

[*] DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA, A LA SEMARNAT Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A DESARROLLAR, O EN SU CASO FORTALECER, UN PLAN ESTRATÉGICO QUE HAGA FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y LA SEQUÍA QUE SE PRESENTA EN EL TERRITORIO BAJACALIFORNIANO, PARTICULARMENTE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA. Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de dos mil quince.

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