Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 24 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68777
Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68777

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD.

Sen. Andrea
García García

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL.

HONORABLE ASAMBLEA

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo.”

En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 180 países aceptaron como meta, que antes del año 2015, debía lograrse el acceso universal a los servicios de salud de la reproducción y a la información al respecto.

En el mismo tenor, los Derechos sexuales y de procreación, constituyen un derecho de hombres y mujeres. Los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos, a disponer de la información y los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones, ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

El UNFPA destaca los siguientes:

1. Derecho a la salud sexual y de la reproducción: como componente de la salud general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas;

2. Derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación: incluidos la elección voluntaria de cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número, el momento de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho de tener acceso a la información y los medios necesarios para ejercer una opción voluntaria;

3. Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de posibilitar que las personas efectúen opciones libres y con conocimiento de causa en todas las esferas de la vida, libres de discriminación por motivos de género.

4. Derecho a la seguridad sexual y de la reproducción: incluido el derecho a estar libres de violencia y coacción sexuales y el derecho a la vida privada.

La importancia de señalar lo anterior, tiene que ver con situaciones que viven las personas con discapacidad psicosocial, específicamente las mujeres, la discapacidad psicosocial es la que se puede derivar de una enfermedad mental, que tiene factores bioquímicos y genéticos, donde los síntomas se presentan por lo general en la adolescencia, no está relacionada con la discapacidad intelectual y puede ser temporal o permanente.

Esta como otras enfermedades mentales pueden llevar como se señaló, a un lapso de su vida que puede cambiar su cotidianeidad ya sea temporal o permanentemente. Ahora bien, referimos a partir del Informe “Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México”, realizado por Disability Rights International y el Colectivo Chuhcan, donde se destacan una serie de problemáticas en nuestro país.

En primer término, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008, la Convención es considerada como un tratado histórico y revolucionario que rechaza el modelo médico, que se ocupa únicamente de cuidar, atender y proteger a las personas con discapacidad y en vez de limitarse, abarca modelos sociales y de derechos humanos, que reconocen a las personas con discapacidad como titulares de derechos consagrados en el derecho internacional.

Así mismo se destaca que una discapacidad es el resultado de las barreras físicas y actitudinales a las que las personas con discapacidad se enfrentan en la sociedad y en las políticas públicas, así como las barreras legales presentes en la legislación nacional.

Con la finalidad de contrarrestar lo anterior, México fue a la vanguardia en 2007, al ser de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y comprometerse a adoptar todas las medidas posibles para modificar y facilitar el estilo y calidad de vida de las personas con discapacidad.

A partir de ello, es también que por primera ocasión en 2014, el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Disability Rights, evalúan a nuestro país, específicamente en el ámbito de la niñez y adolescencia que se encuentran detenidos en instituciones mexicanas, como albergues y psiquiátricos, donde se demuestra que nuestro país a pesar de los esfuerzos, violenta los derechos de las personas con discapacidad mental.

Lo anterior lo demuestran en su Informe, donde existe una falta total de investigación, que arroje datos en torno a la situación de los derechos de las mujeres con discapacidad, en concreto lo correspondiente al ejercicio informado de sus derechos sexuales y reproductivos.

El presente estudio se realizó con la participación de poco más de 50 mujeres de diversos hospitales de la Ciudad de México, como la Clínica No. 23 del IMSS, el Hospital Psiquiátrico San Fernando, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino.

Algunos de los resultados del Informe, en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad mental, son, que el 51% de las entrevistadas saben poco o nada sobre salud sexual y reproductiva, el 68% quisiera saber más sobre salud sexual y reproductiva, el 65% nunca visita un ginecólogo, de aquellas que lo visitan, el 43% ha sufrido algún abuso durante la visita al ginecólogo, ya sea físico, sexual, emocional o psicológico.

Así mismo el 57% no ha recibido ningún anticonceptivo, no obstante, al 50% de ellas se les ha recomendado la esterilización. Lamentablemente, de estas dos últimas, es de donde se desprende la mayor problemática en nuestro país, donde se encuentran involucrados el Estado y la familia misma. Ya que las respuestas a diversos cuestionamientos como, si les gustaría tener hijos, sobre si las mujeres con discapacidad tienen  el derecho a ser madres, sobre si las mujeres con discapacidad pueden o no sostener a una familia, o sobre si las mujeres con discapacidad pueden o no ser buenas madres, se encuentran enfocados principalmente, no en lo que las mujeres con discapacidad entrevistada piensan de manera individual, sino sobre todas las ideas provenientes de su exterior y posturas de gente de su entorno, así como la falta de información y orientación por parte del Estado Mexicano.

Derivado de ello el estudio destaca que las mujeres con discapacidad mental, han sido consideradas no sólo en México, sino en el mundo, como mujeres que son incapaces de criar hijos.

Por otra parte, otra de las problemáticas que se derivan del anterior, no menos importante, aborda temas de acceso a la salud, toda vez que muchas veces estos servicios les pueden ser negados y en ocasiones se les ha recomendado abortar. Finalmente conforme lo señalado sobre la esterilización, destacamos de acuerdo al Informe que aproximadamente al 50% de las mujeres con discapacidad, entrevistadas,                                                                                                                                                      se les ha recomendado la esterilización como método anticonceptivo.

Este punto resulta importante, toda vez que no solo se violenta el derecho humano de las personas de planear una familia mediante otros métodos anticonceptivos, sino porque en muchas, de acuerdo con el Informe en comento, las mujeres han sufrido abusos físicos.

Lo anterior se respalda además con el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana, de 2013, realizado con la finalidad de conocer la situación que prevalece en dichos establecimientos, durante 2011 y 2012, en 41 hospitales, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos de los pacientes hospitalizados que padecen un trastorno mental, mismo que arrojó dentro de sus recomendaciones que:

Las características propias de las personas con padecimientos mentales, exigen la implementación de medidas específicas para garantizarles una estancia digna y segura en los hospitales psiquiátricos, a fin de evitar abusos físicos, incluso de carácter sexual, de parte de pacientes que presentan conductas particularmente violentas o con bajo control de impulsos, en contra de otros pacientes.

Lamentablemente durante su estudio se constató la violación equiparada a una paciente internada en el Hospital Psiquiátrico “Villa Ocaranza” en Tolcayuca, Hidalgo, por parte de un servidor público, caso que no es aislado o único en el país.

Lamentablemente las discapacidades motrices, intelectuales y psicosociales, ponen en doble peligro al género femenino, ya que en nuestro país y el mundo, las mujeres de cualquier edad, están constantemente expuestas a sufrir alguna agresión de carácter sexual.

El pasado 05 de octubre de 2016, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, el “Acuerdo de la Mesa Directiva Para la Conclusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que no han Recibido Dictamen”, por el que de acuerdo con el Acuerdo Primero, se declaran concluidas las proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. Por lo anterior la presente proposición, se incluyó en la relación y no continuó su proceso, sin embargo, derivado de la importancia del tema, es que insisto nuevamente en presentarla para su trámite debido ante Comisiones.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que se proponen los siguientes resolutivos.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables, a implementar una Encuesta a nivel Nacional, con la finalidad de recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano para que a través de la Secretaría de Salud y demás autoridades responsables, implemente programas de orientación y educación, enfocados a promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se capacite y concientice a los profesionales de salud, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con cualquier discapacidad, con ello prevenir recomendaciones de aborto o esterilización y ampliar la confianza al acceso de los servicios de salud.

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