Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Domingo 28 de mayo de 2017
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Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68762
Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68762

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 154 y el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Jesús
Casillas Romero

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 154 y artículo 162, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que los migrantes mexicanos repatriados sean contemplados expresamente como grupo vulnerable de atención prioritaria y de asistencia social, a través de todas las vertientes del bienestar social que prevé el Capítulo XV del Título Tercero de dicha legislación,de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la migración México-Estados Unidos, es un fenómeno de carácter principalmente económico que responde a la combinación de diversos factores estructurales, tales como las disparidades salariales y de ingresos, demográficos y una creciente integración polifacética entre ambos países.

De acuerdo con datos de esta institución, los flujos migratorios de México a Estados Unidos datan de finales del siglo XIX, sin embargo, fue en la década de los 40’s que tomó mayor auge, cuando por causa de la participación de esta nación en la Segunda Guerra Mundial, sobrevino una escasez de trabajadores en el mercado laboral, lo que dio lugar a la contratación de trabajadores temporales mexicanos, bajo convenios en el marco de lo que fue conocido como “Programa Bracero” (1942-1964), principalmente migración temporal, masculina, de origen rural y prioritariamente con destino a la agricultura.

En 1965, Estados Unidos optó finalizarestos convenios  y controlar el flujo migratorio,sin embargo, éste no se detuvo y miles de mexicanos continuaron migrando de manera indocumentada. Así, esta persistencia provocó que a partir de la década de los 70’s cobrara gran relevancia la migración mexicana, proveniente principalmente de las zonas rurales de los estados del occidente y norte del país.

Ya en la década de los 80’s, las crisis económicas sufridas en ese entonces en nuestro país, implicaron mayor diversificación de flujos migratorios que incorporaron a personas de clase media , con mayores niveles educativos que se empleaban más en el sector industrial y de servicios, que de la agricultura. No obstante, los principales centros de expulsión siguen siendo los de origen rural del bajío mexicano.

Para finales de esta década y principios de los 90’s, habría más de 4 millones de migrantes mexicanos y para el año 2000 habría superado los 8 millones, de los cuales, el 60% era nativo de zonas rurales.

A la fecha, la comunidad Mexicoamericana asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales, 12.4 millones nacieron en México, indocumentados en su inmensa mayoría. De ellos, 38.7% es de origen rural en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

A lo largo del tiempo, nuestros connacionales en Estados Unidos han logrado una cierta estabilidad social y económica a base de su gran tenacidad, trabajo constante y esfuerzo, pues el 93% de la población económicamente activa se encuentra empleada. Los provenientes de zonas rurales y que se incrustaron laboralmente también en trabajos de índole rural en Estados Unidos, adicionalmente lacerados con las consabidas condiciones, como largas jornadas, bajo salarios, falta de acceso a seguridad social, inestabilidad laboral, falta de protección física, exposición a elementos de riesgo, entre otros.

Lamentablemente, como hoy lo sabemos, nuestros paisanos se han insertado aún más en un contexto social y político sumamente adverso. La toma de posesión del Presidente Electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, trajo consigo un clima de incertidumbre y miedo, en mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti inmigratorias.

Las amenazas de deportaciones masivas, posicionan a nuestros connacionales en ese país en una situación especialmente vulnerable, particularmente para 11 millones de mexicanos en calidad de indocumentados, cuya repatriación es más latente que nunca.

En México se trabaja en la creación de estrategias de apoyo, orientación y protección de sus derechos, sin embargo, también debemos estar pendientes y conscientes de la implementación de medidas urgentes ante la potencial contingencia de deportaciones masivas, garantizar la protección a los derechos humanos en esos procesos de repatriación, su reinserción social, económica y productiva ya en nuestro país, como también, el acceso a servicios públicos, entre ellos los servicios de salud y educación y en general el fortalecer las políticas públicas de apoyo a migrantes.

Hoy más que nunca, el Estado Mexicano se ha involucrado de manera constante y con mayor interés en la calidad de vida de sus connacionales emigrantes. El Senado de la República no es ajeno a esta situación y como ya es sabido, se ha conformado un grupo de Senadores para coadyubar en los trabajos en pro de nuestros migrantes.

Para ello, se han realizado una serie de planteamientos sobre acciones y medidas, algunas de carácter legislativo, que pudieran implementarse a la brevedad posible para proveerles apoyo y cobijo, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, en caso de deportación.

En esa inercia, a partir de este periodo ordinario de sesiones, tendrá verificativo la presentación de una serie de iniciativas encaminadas a tales fines, para el caso del presente documento, a través de los mecanismos de bienestar y desarrollo económico y social de las comunidades rurales, en particular para con nuestros migrantes repatriados, integradas como sujetos que forman parte de los grupos vulnerables de dichas comunidades en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Como ya se dijo, del universo de migrantes mexicanos en riesgo de deportación, cerca del 39 % son de origen rural, quienes, así se entiende, aquellos repatriados regresarían a sus comunidades de origen.

Dentro de las prioridades de la referida Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se contempla la relativa a la elevación en la calidad de vida de la población rural. En sus contenidos podemos identificar en su capítulo XV, un apartado encaminado al bienestar social y atención prioritaria, de manera que en base a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se fomente el denominado Programa Especial Concurrente, para de manera conjunta con la organización social, coadyuvar a superar la pobreza, estimular la solidaridad social, el mutualismo y la cooperación, en apoyo de grupos vulnerables del medio rural, entre los que evidentemente se localizan nuestros migrantes.

Luego, en la fracción IV del artículo 154 de la Ley en cita, como en su artículo 162, se contemplan sendos programas especiales para la atención de beneficiarios específicos.

El primero, encaminado a grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamenteetnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y discapacitados.

En el segundo de los casos, encaminado a grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y discapacitados.

Como se lee, la diferencia de beneficiarios específicos es el grupo de adultos mayores, que se entiende pertenecen al sector rural, pero ya no directamente en las actividades agropecuarias.

En ambos casos, los programas especiales y de beneficiarios específicos estarán enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

En ambos casos, agropecuario o rural, caben perfectamente las hipótesis de los migrantes, pues los que son originarios y residentes de dichas comunidades pertenecen al sector rural, aunque no laboren en las actividades agropecuarias.

No obstante, en ambos supuestos de programas especiales, no se contempla el grupo vulnerable de los migrantes repatriados, que se augura incrementará considerablemente a partir del presente año, por las razones dadas con antelación.Grupo vulnerable que se pretende incluir.

Con ello, se pretende que la población migrante, además de estar contemplada en lo general en los programas de integración de los factores del bienestar social, como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la cultura y la recreación; también se contemplen en los casos de beneficiarios específicos de los sectores agropecuario y rural, a fin de atender de manera particular su propia problemática, su asistencia social y algo muy importante, en programas de empleotemporal en el medio rural.

Esto es, contemplarlos expresamente como grupo vulnerable de atención prioritaria y asistencia social, a través de todas las vertientes del bienestar social que prevé el capítulo XV del Título Tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior, complementado con medidas de protección a derechos humanos y que fomenten el arraigo de las familias migrantes, de conformidad al artículo 163 de la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que para el ejercicio fiscal que transcurre, fue adicionado con un nuevo rubro en la vertiente de desarrollo social, denominado “Atención al Migrante” con un presupuesto de 156 millones de pesos, adicionales a los 75 millones de pesos que ya contemplaba desde ejercicios anteriores en el rubro de Relaciones Exteriores.

Para ello, se sugiere reformar la fracción IV del artículo 154 y artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en lostérminossugeridos en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SEREFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 154 Y ARTÍCULO 162, AMBOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, PARA QUE LOS MIGRANTES MEXICANOS REPATRIADOS SEAN CONTEMPLADOS EXPRESAMENTE COMO GRUPO VULNERABLE DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y DE ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE TODAS LAS VERTIENTES DEL BIENESTAR SOCIAL QUE PREVÉ EL CAPÍTULO XV DEL TÍTULO TERCERO DE DICHA LEGISLACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 154 y artículo 162, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 154.- (…)

(…)

I.             a la III. (…)

IV.          Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, discapacitadosy migrantesrepatriados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

V.            a la VI. (…)

Artículo 162.- Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores, discapacitados y migrantes repatriados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas, en los términos del Programa Especial Concurrente.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

A T E N T A M E N T E

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO

Dado en la Ciudad de México, al 1erdía del mes de febrero del 2017.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68762