Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 28 de abril de 2017
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Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68749
Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68749

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre los Trabajadores y las Trabajadoras con Responsabilidades Familiares, para efectos de su aprobación.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Sen. Angélica
De la Peña Gómez

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA EL CONVENIO 156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES A ESTA SOBERANÍA, PARA EFECTOS DE SU APROBACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN 1 Y 89 FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La normatividad internacional sobre el trabajo está regida por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Este organismo considera el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde tres ópticas. En primer lugar, como una cuestión de derechos humanos y como condición esencial para lograr la democracia efectiva. En segundo lugar, como asunto de justicia social y de disminución de la pobreza. En tercer término, como una cuestión de desarrollo social y económico.

En relación con las mujeres trabajadoras, la actividad normativa de la OIT ha ido evolucionando. En los primeros tiempos, las normas se enfocaban a dos aspectos: por un lado, a restringir el acceso de las mujeres a ciertas formas de trabajo, como las que se efectuaban en fábricas y minas y, por otro, a asegurar condiciones que les permitieran hacer frente a sus responsabilidades familiares. Esto reflejaba tanto la consideración de las mujeres como seres débiles como la idea de que las responsabilidades familiares eran de su exclusiva incumbencia. [*]

La segunda fase se inició a partir de los años cincuenta, con el énfasis en la búsqueda de la igualdad de oportunidades y trato para las mujeres. Se trataba de eliminar las disposiciones discriminatorias existentes en las legislaciones nacionales. [*]

La tercera fase de la actividad normativa de la OIT se inició a mediados de la década de los setenta y cobró fuerza a partir de la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas (1979), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta etapa, la orientación ha sido hacia la promoción de la equidad de género, con base en la premisa de que la igualdad en el mundo del trabajo, así como en la sociedad en general, depende también del cambio que se produzca en la situación de los hombres, así como en las relaciones entre mujeres y hombres. [*]

Con ese espíritu se aprobó, en primer término, el Convenio 123, que se refiere a la protección y no discriminación de las mujeres con responsabilidades familiares. Sin embargo, en 1981 este Convenio se revisó porque en la forma en que estaba formulado se fortalecía y consolidaba la idea de que las responsabilidades familiares eran función principal o exclusiva de las mujeres. En ese sentido, esa norma no respondía a cambios importantes que ocurrían en la sociedad y en el mundo del trabajo, en particular a la entrada masiva de las mujeres en la fuerza de trabajo, y tampoco correspondía a una demanda que empezaba a surgir y a crecer entre los hombres, en especial en los países desarrollados, de participar más en la crianza y en el cuidado de los hijos.

En su lugar se aprobó el Convenio 156 (Trabajadores con responsabilidades familiares, 1981) y la Recomendación 165, que se refieren, no sólo a las mujeres, sino a trabajadores de ambos sexos con responsabilidades familiares. Su principio es la instauración de la igualdad efectiva de oportunidades y de trato con respecto a trabajadores de uno y otro sexo que tengan responsabilidades familiares.

A pesar de su importancia, el Convenio 156 sólo ha sido ratificado hasta ahora por 44 países, entre los cuales, cabe hacer notar, 11 son latinoamericanos: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela [*]. Además, sólo 4 países de la región han ratificado el Convenio183 sobre Protección de la Maternidad: Belice, Cuba, República Dominicana [*] y Péru [*]. Sin embargo, son poco frecuentes las disposiciones legales que incluyen el concepto de trabajador de ambos sexos con responsabilidades familiares.

México cuenta con un marco legal que busca el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. La igualdad entre hombres y mujeres y la protección a la familia se reconocen plenamente en el artículo 4 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los derechos de los trabajadores se protegen en el artículo 123 del mismo ordenamiento. Además, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 164 que las mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos. A pesar de ello, los marcos normativos requieren de reformas que garanticen en la práctica esos derechos.

De 1970 a 2012, la proporción de mexicanas en el mercado laboral se duplicó al pasar de 17 a 43 por ciento de la fuerza de trabajo; sin embargo su acceso a derechos laborales mínimos lejos de aumentar va en declive. Por ejemplo, de los 18 millones de trabajadoras en el país 10.8 millones no cuenta con servicios de salud; esta situación está ligada a que son contratadas por honorarios, por obra determinada y a destajo, entre otras formas mediante las cuales los empleadores evaden el pago de prestaciones sociales. [*]

En 2010, mientras el 51 por ciento de los hombres tuvo acceso a la jubilación, sólo 10 por ciento de las mexicanas pudo pensionarse.

Otro indicador de la desigualdad en el trabajo es que las mujeres ganan 8.2 por ciento menos que los hombres por realizar la misma actividad, aunque en promedio ellas cuentan con una escolaridad semejante a la de los trabajadores (8.3 años). La brecha salarial aumenta a 25.6 por ciento cuando se trata de funcionarias públicas y gerentes del sector privado. [*]

La disparidad en remuneración y acceso a derechos no obedece a una menor actividad sino a la discriminación en su contra, ya que las mujeres laboran 27 horas más a la semana que los hombres, sumando el tiempo que destinan al cuidado de la familia y su trabajo fuera del hogar.

En el país las mujeres dedican 41 horas al trabajo doméstico, 18 horas más que los hombres. Cuando ellas se ocupan también en actividades remuneradas depositan el cuidado de su casa en las trabajadoras del hogar o en otras mujeres de su familia.

Por lo tanto es importante armonizar la vida laboral y familiar es un reto que se presenta, particularmente en la sociedad de hoy, a mujeres y hombres. Es también un asunto de justicia social con serias implicaciones económicas que requiere urgentemente de la atención pública y, por ende, de la formulación de políticas específicas y de la conformación de un marco legal para el efecto, que no se limite a la agenda particular de las mujeres, sino que también incorpore explícitamente las necesidades y aspiraciones de los hombres; es decir, que se construya desde una verdadera perspectiva de género.

Es menester, asimismo, tomar en cuenta las transformaciones demográficas, sociales, económicas y culturales prevalecientes en la vida nacional, así como el impacto de éstas en la división sexual del trabajo y en las modificaciones de los roles tradicionales de género.

La inserción laboral de la población femenina no fue acompañada de un marco legal que integrara sus necesidades, por lo que la ratificación del convenio 156 obliga a los Estados a reconocer que el trabajo no remunerado de los hogares tiene un valor económico, y que esta actividad no sólo debe recaer en las mujeres.

Para lograr esta armonización, en un marco de derechos, no basta con buscar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la familia y en el trabajo. Es necesario, además, que el Estado asuma su responsabilidad en las tareas de reproducción social y de cuidado de las personas. Asimismo, se requiere de nuevos consensos que articulen propuestas de cambio en todos los órdenes, así como de la construcción de alianzas estratégicas entre diversos actores.

Quiero hacer mención que durante los trabajos de esta LXIII Legislatura y la pasada, se ha dado un trato discrecional al turno para el tema en cuestión del punto de acuerdo en comento. En el mes de septiembre de 2012, presente punto de acuerdo sobre el mismo asunto y fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Caso contrario al punto presentado por los Senadora Yolanda de la Torre Valdés [*], que fue turnado a la Comisión de Relaciones Internacionales, Organismos Internacionales, por lo que solicito a la Mesa Directiva de esta soberanía que la proposición en comento sea turnada a la Comisión de Relaciones Internacionales, Organismos Internacionales, por ser la comisión a la que le corresponde el tema.

Por último es importante señalar que este pleno ha votado a favor 4 dictámenes solicitando al Ejecutivo Federal que envía a este pleno el Convenio 156 a fin de ser aprobado, sin que hasta el momento hayamos recibido respuesta.

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que en el uso de sus atribuciones constitucionales haga llegar a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, para efectos de su aprobación, en términos de los dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ATENTAMENTE

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ


[*]Samaniego, Sandra y Ochoa,Karla. Armonización entre los ámbitos laboral y familiar en México. Documento informativo y propositivo para la LXI Legislatura. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. México 2009. Página 21.

[*]Ibidém. Página 22

[*]Ibidém. Página 22

[*]http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312301:NO

[*]Entrará en vigor el 09 de febrero de 2017.

[*]Entrará en vigor el 09 de mayo de 2017.

[*]http://www.cimacnoticias.com.mx/node/61154

[*]Ibidem.

[*]http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66488

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68749