Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 26 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68748
Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68748

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora, al jefe de gobierno de la Ciudad de México y los 30 gobernadores a investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género y asuman su responsabilidad para preservar el orden público en sus respectivas entidades.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Sen. Angélica
De la Peña Gómez

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA GOBERNADORA, AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS 30 GOBERNADORES A INVESTIGAR Y SANCIONAR A QUIENES IMPIDAN, RESTRINJAN, ANULEN O LIMITEN EL ACCESO O EJERCICIO DE UNO O VARIOS DERECHOS POLÍTICOS O DERECHOS ELECTORALES, O EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, A UNA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO Y ASUMAN SU RESPONSABILIDAD PARA PRESERVAR EL ORDEN PÚBLICO EN SUS RESPECTIVAS ENTIDADES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La democracia requiere que se escuchen las voces y los intereses de los ciudadanos, y que se delibere y legisle al respecto. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y, por ende, su voz debe ser escuchada en el proceso democrático. La democracia necesita a las mujeres para preservar su autenticidad y las mujeres necesitan la democracia para cambiar los sistemas y las leyes que les impiden, y le impiden a las sociedades en su conjunto, lograr la igualdad.

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos. La relevancia de igualar las opciones del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido establecida por la comunidad internacional, como lo demuestran las normas de la Carta Democrática Interamericana [*], la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [*](Convención de “Belém do Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer [*](CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer [*], y otros documentos de consenso internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”).

De estos instrumentos se deriva que la participación política de las mujeres tiene dos aristas: la incorporación plena de las mujeres en los cargos públicos, y la necesidad de que las prioridades de las mujeres se vean representadas en laagenda pública; siendo el involucramiento tanto de hombres y mujeres una condición indispensable para alcanzar estos fines.

Es mediante la representación democrática que pueden estar representados los intereses de las mujeres y pueden oírse sus voces. El Artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) reitera la importancia de la representación de las mujeres en la vida política de sus países:
«…los Estados Partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:: 
(a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
(b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.»

El papel de las mujeres en los procesos democráticos se acentúa más en la resolución aprobada por la Asamblea General en 2011, sobre la participación política de las mujeres (A/RES/66/130), en que se reafirma «que la participación activa de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción de decisiones, es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia». [*]

Así también insta a los Estados a: Promover la conciencia y el reconocimiento de la importancia de la participación de la mujer en el proceso político a nivel comunitario, local, nacional e internacional.

Pese a esos adelantos normativos, esos objetivos, por universales que sean, siguen siendo inaccesibles para muchas mujeres. El progreso ha sido demasiado lento en cuanto a acrecentar las cantidades de mujeres en cargos representativos. Sólo el 22 porciento de los parlamentarios son mujeres, en la actualidad, lo que representa, un lento crecimiento con respecto al 11.3 de 1995. En enero de 2015, 10 mujeres eran Jefe de Estado y 14 Jefe de Gobierno, y sólo el 17 por ciento de los ministerios estaban en sus manos, la mayoría en áreas de política social, educación y familia. Las mujeres además están deficientemente representadas en los órganos locales de adopción de decisiones, como alcaldesas o como miembros de los consejos municipales.

Las mujeres siguen insuficientemente representadas en los puestos electivos. Los países, en su mayoría, están lejos de alcanzar el "equilibrio de género" del 30% propuesto en 1995 en la Plataforma de Acción de Beijing. Las instituciones políticas—desde los partidos políticos hasta las comisiones electorales—suelen carecer de capacidad para asegurar que los intereses de las mujeres se expresen y se incorporen en las políticas públicas.

Los derechos políticos son los mismos para mujeres y hombres, sin embargo en el goce efectivo y en el acceso a las herramientas para su cumplimiento aún existen diferencias atribuibles a la construcción de sociedades androcentristas que predominan en muchas sociedades. Durante siglos estas limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos se han expresado en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo en la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, limitaciones a su participación en el espacio público, discriminación por género tanto en los textos normativos como en su práctica, la generación de estereotipos que condicionan el papel de las mujeres en la construcción de escenarios democráticos

sustentados en la igualdad e incluso la noción de que la política, en tanto ejercicio realizado en lo público, es propia de los hombres y ajena a las mujeres. [*]

Cuando a la noción de violencia se le introduce el término “basado en el género” se hace hincapié en que sus raíces se encuentran en la desigualdad entre mujeres y hombres (Krants y García Moreno, 2005). Es decir, la violencia contra las mujeres es consecuencia de la desigualdad entre los géneros expresada en la discriminación y las diferentes oportunidades y responsabilidades en el acceso y control de los recursos, sustentada en la noción sociocultural de lo masculino como superior a lo femenino.

La necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria ha sido planteada no sólo como una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que busca transformarse en una reivindicación trasversal a todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito público como en el privadodoméstico. Por ello, la paridad, más que un concepto cuantitativo, es la expresión de la redistribución del poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida familiar. [*]

Hace dos años las Senadoras de la República, dentro de la llamada reforma política, lograron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas, es decir, 50 por ciento de postulaciones para las mujeres.

Sin embargo el resultado adverso de este avance se ha presentado en reacciones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tienen acceso a las candidaturas en los diversos procesos electorales. En los dos últimos años los casos de violencia hacia las mujeres que participan en política han llamado la atención de las autoridades electorales, que registran desde asesinatos hasta amenazas para que renuncien a los cargos para los que fueron electas.

Uno de los casos más emblemáticos es Chiapas donde las mujeres pudieron ser candidatas en 2015 gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se han documentado casos como la golpiza contra la entonces candidata a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, o bien la renuncia de la Alcadesa electa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, que fue obligada a dimitir. Sin embargo, una vez electas como Alcadesas, Síndicas o Regidoras no han ejercido sus funciones. A estos casos se suman las denuncias de funcionarias municipales de Oxchuc, Tecpatán, Amatenango del Valle, Malpaso y San Cristóbal de las Casas, entre otros, que denuncian no poder ejercer sus actividades como autoridades e incluso la retención de sus sueldos.

Es importante mencionar los crímenes contra la precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, asesinada en marzo de 2015; y de Gisela Raquel Mota Ocampo presidenta municipal de Temixco, Morelos, asesinada en enero de 2016, un día después de tomar posesión del cargo. [*]

Existe un vacío en la legislación sobre el tema de la violencia política contra las mujeres por razones de género, ante la falta de determinación por el Congreso de la Unión de legislar en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada

para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaria de Derechos Humanos de las Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas(CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. Señala que tipo de violencia se basa en elementos de género y tiene por objeto: “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”. [*]
De acuerdo a datos de la FEPADE entre 2015 y 2016 se presentaron 232 delitos relacionados con violencia política, en su mayoría vinculados con el apoderamiento, destrucción o alteración de material o documentos electorales, de los cuales en 103 casos se abrió una indagatoria y solo 14 personas fueron condenadas, esto debido a como ya lo hemos mencionado, al no existir el delito específico la FEPADE, con el objeto de sancionar la conducta, basa sus denuncias en los tipos penales que se establecen en el artículo 7 de la ley General en Materia de Delitos Electorales.

Aunado a ello, el TEPJF ha conocido de casos donde resuelve que se deben de restituir los derechos vulnerados de las quejosas, tal son los casos de Rosa Pérez, Presidenta Municipal de Chenalhó y de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, sin que hasta el momento se haya podido hacer nada debido a los vacíos que sobre la materia existen.

Los orígenes de la violencia política de género se encuentran en la desigual relación de poder que existe entre hombres y mujeres, en el entendido que históricamente el espacio público-político ha sido escenario privilegiado del género masculino. Las instituciones y organizaciones creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la presencia exclusiva de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas, también son un reflejo de la primacía

de un solo género. Al querer ingresar a la política, las mujeres no sólo se encuentran en desventaja: su sola presencia transgrede un orden que naturaliza su exclusión.

A más de 60 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, se han dado pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política entre mujeres y hombres. Sin embargo, debemos estar conscientes de que aún persisten obstáculos estructurales, socio-económicos, culturales e institucionales que limitan la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, y que enfrentar estos obstáculos requiere de esfuerzos articulados a todos los niveles.

El impulso nacional e internacional a la participación política de las mujeres ha contribuido a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la participación política de las mujeres. La participación política de las mujeres no se debe limitar al ejercicio en procesos electorales, sino debe contemplar la participación y representación en partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, participación en la gestión pública y en la toma de decisiones. La participación de las mujeres en estos escenarios configura condiciones indispensables para alcanzar los objetivos principales de la democracia como la igualdad, el desarrollo y la paz. Para que la democracia se consolide y fortalezca es indispensable que las mujeres participen en la toma de decisiones. Esto requiere modificar inercias culturales y estructurales que configuran obstáculos para la participación política de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, bajo la convicción de que la inclusión y la participación activa de todas y todos garantizan democracias estables.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Senado de la República exhorta a la Gobernadora, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los 30 Gobernadores a establecer políticas públicas y mecanismos permitan investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, a una mujer por razones de género y asuman su responsabilidad para preservar el orden público en sus respectivas entidades.

SEGUNDO.- El H. Senado de la República exhorta a los gobiernos municipales a crear mecanismos que permitan garantizar, al asumir en sus encargos a las Presidentas, Sindicas, Regidoras electas y Funcionarias de sus respectivos municipios, el ejercicio pleno de sus derechos políticos - electorales en condiciones de seguridad y libertad

ATENTAMENTE

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ



[*]http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

[*]http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

[*]http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

[*]https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_los_derechos_politicos_de_la_mujer.pdf

[*]http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=S

[*]http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/derechos%20poli%C3%ACticos%20de%20las%20mujeres.pdf?vs=4038

[*] Ibidem. Página 39.

[*]http://www.milenio.com/politica/Senado_ignora_iniciativas_tipificar_violencia_politica-violencia_politica_mujeres_0_784121606.html

[*]http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf, página 19.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68748