Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Viernes 18 de agosto de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68745
Miércoles 8 de Febrero de 2017
Gaceta: LXIII/2SPO-76/68745

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a sus consulados en los Estados Unidos de América a representar y defender legalmente ante las cortes de distrito federales de los Estados Unidos a los connacionales que se encuentren en riesgo de vulneración de sus derechos frente a la Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América el pasado 25 de enero.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE.

Sen. María de los Dolores
Padierna Luna

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución, por el que el Senado de la República del H. Congreso de la Unión Exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a sus Consulados en los Estados Unidos de América a representar y defender legalmente ante las Cortes de Distrito Federales de los Estados Unidos a los connacionales que se encuentren en riesgo de vulneración de sus derechos frente a la ORDEN EJECUTIVA PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA Y LA MEJOR APLICACIÓN DE LAS LEYES MIGRATORIAS emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América el pasado 25 de enero; con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 25 de enero de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó y publicó una Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor aplicación de las Leyes Migratorias, de la cual los medios de comunicación nacionales y los analistas resaltaron el mandato del inicio de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos e iniciaron una serie de cuestionamientos a dicha Orden Ejecutiva en los que señalaban que una acción de este tipo resultaba en una claro despropósito en las relaciones bilaterales y diplomáticas entre ambas naciones.

Reconociendo que efectivamente la construcción del Muro Fronterizo atenta contra los más básicos principios de respeto y cordialidad entre las naciones, algo que ha quedado relegado en las discusiones y en los análisis sobre esta orden ejecutiva de seguridad fronteriza y leyes migratorias son algunas otras acciones que afectan directamente los derechos de nuestros connacionales que habitan en los Estados Unidos y que deberían de merecernos mayor atención incluso que la posible e incierta construcción del mentado muro fronterizo.

Algunos de los aspectos que resultan preocupantes de esa orden ejecutiva y que se están traduciendo en restricciones, limitaciones y violaciones directas a los derechos humanos de las y los mexicanos radicados en los Estados Unidos son:

•             Detención de individuos sospechosos de violar leyes estatales y federales, incluyendo leyes migratorias.

•             Prohibir la puesta en libertad de los detenidos por infracciones migratorias, para que sigan bajo custodia mientras se resuelve su caso o se procesa su deportación.

•             Restablecimiento del programa “287g” para que policías locales y estales hagan las veces de agentes de Inmigración.

•             Agilizar la revisión de casos de personas elegibles para quedarse en el país y deportación de personas rechazadas, tras la imposición de sanciones civiles o criminales.

Sobre el primero de los puntos preocupantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un comunicado de prensa del año 2010, en relación a la aprobación de la controvertida Ley 1070 del Estado de Arizona en la que se facultaba a los policías a realizar “detenciones de personas sospechosas” lo siguiente:

“La ley, que fue firmada el 23 de abril de 2010 y entraría en vigor en tres meses, exige que la policía de Arizona pregunte sobre la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga “sospecha razonable” de que no está autorizada a estar legalmente en Estados Unidos…

…En primer lugar, la Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley. En segundo lugar, la Comisión expresa su preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados. En este sentido, la CIDH desea recordar que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad…” [*]

Con esta acción de la orden ejecutiva de Trump se revive la vieja forma de detención de “personas sospechosas” incluso bajo la sospecha de que su situación migratoria no sea regular, pues extiende esa “sospecha” a la posible violación precisamente de las leyes migratorias.

Sobre los puntos dos y tres, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su Informe sobre Migración en Estados Unidos: Detención y Debido Proceso del año 2011 [*] que:

“186. El ICE también desarrolló un programa que autoriza a las agencias del orden estaduales y locales a aplicar leyes migratorias en el ámbito civil. El Programa 287(g), que supervisa la creación de Memorandos de Acuerdo (MOAs) con las agencias del orden estaduales y locales, lleva este nombre en virtud de la sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que autoriza este tipo de acuerdos (…)

191. El ICE ha señalado que la meta del programa 287(g) es combatir todos los actos criminales serios y violentos que sean cometidos por una persona indocumentada o por un inmigrante deportable. No obstante, las agencias del orden estaduales y locales ya contaban con las facultades necesarias para investigar esos actos criminales e iniciar procedimientos penales antes de que se creara el programa 287(g). Lo que hace este programa es otorgar a las autoridades locales y estaduales herramientas adicionales que no corresponden a investigaciones criminales pues de ser usadas en ese exclusivo contexto, constituirían violaciones de derechos constitucionales básicos. Entre esas facultades se encuentra la de privar de su libertad a individuos por violaciones a las leyes civiles de inmigración en muchos casos sin la posibilidad de liberación bajo fianza. También pueden ejecutar arrestos administrativos y órdenes de arraigo sin la necesidad de aprobación por parte de un juez independiente…”

Y finalmente sobre el cuarto punto de preocupación, el relacionado con “agilizar los procesos de deportación”, es importante señalar que actualmente en los tribunales migratorios de los Estados Unidos prevalece una práctica denominada el uso de la “discreción procesal” para la atención de casos prioritario y no prioritarios para las deportaciones.

Este es un mecanismo que siempre ha existido y que se aplica por acuerdo entre los fiscales de ICE y los abogados defensores de un inmigrante para cerrar un caso de deportación y permitir que el individuo se quede en el país si su caso no es prioritario, lo que en la práctica ha permitido que miles de nuestros connacionales permanezcan en ese país, aún a pesar de haber sido detenidos por infringir alguna ley migratoria, pues la discreción procesal analiza también los años que se lleve viviendo en los Estados Unidos, las relaciones familiares, el trabajo que desempeña y si no cuenta con antecedentes de otras violaciones a las leyes civiles o penales, es decir, se privilegia la buena conducta de una persona y sus nexos con la sociedad sobre las faltas administrativas y de carácter meramente migratorio.

Criterios que como consecuencia de esa orden ejecutiva quedarían sin aplicación para la atención de los casos de nuestros connacionales que se encontraran bajo un proceso de deportación en un tribunal de migración.

Estos cuatro aspectos se estarán traduciendo en los próximos días y semanas en claras violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, colocando a miles de connacionales en una situación de inseguridad jurídica y de inestabilidad familiar.

En los días recientes el presidente Peña Nieto anunció que los 50 Consulados Mexicanos en los Estos Unidos se convertirían en “defensorías” de los derechos de las y los mexicanos, y asignó un monto adicional del presupuesto a esos mismos consulados por un total de mil millones de pesos para este año 2017.

Esos anuncios desde luego son un signo importante en la expresión indispensable de la defensa de los derechos de nuestros connacionales en aquel país, sin embargo, resultan insuficientes, pues la asesoría legal y el acompañamiento jurídico que se desarrollan en estos Consulados tendría que verse ampliado a una defensa efectiva de litigio para evitar que se consuman estas violaciones a los derechos humanos, para evitar que se violenten de manera irreparable los derechos de nuestros connacionales y para demostrar un verdadero compromiso de este Gobierno en la defensa de las y los mexicanos que radican en ese país.

Por ello, en este exhorto hacemos un llamado para que los equipos de defensa jurídica de los 50 Consulados Mexicanos en Estados Unidos, asuman la representación legal de las y los mexicanos que decidan inconformarse con la Orden Ejecutiva del Presidente Trump dictada el pasado 25 de enero de 2017 o para que en su defecto, que con el presupuesto adicional que se les asignará puedan contratar los servicios legales de despachos especializados para que se interpongan las “Peticiones de auto de hábeas corpus y denuncia declarativa por mandato judicial” ante las Cortes de Distrito Federales en donde radiquen los Consulados Mexicanos con la finalidad de solicitar la suspensión de la orden ejecutiva presidencial evitando con ello la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos de nuestros connacionales.

El respaldo político de nuestro gobierno es fundamental en este momento, la inyección de recursos presupuestales adicionales es vital, pero la adopción de un frente de defensa legal de cara a este tipo de órdenesejecutivas claramente violatorias de los derechos humanos representaría una acción sin precedente en la historia reciente y una acción contundente para velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren.

En virtud de lo aquí expuesto y fundado, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

UNICO.El H. Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores para mandate a las áreas de Protección de los 50 Consulados ubicados en los Estados Unidos de América, para que desde esas áreas o a través de la contratación de servicios particulares, se presenten a nombre y a solicitud de nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales las “Peticiones de auto de hábeas corpus y denuncia declarativa por mandato judicial” en contra de la Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el presidente Donald Trump, a fin de evitar la irreparable consumación de violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos radicados en los Estados Unidos de América.

Atentamente

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA


[*] Disponible en la dirección electrónica: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/47-10sp.htm

[*]OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78/10, “Informe sobre migración en Estados Unidos: Detención y Debido Proceso”, 30 diciembre 2010, Original: Inglés.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68745