Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Jueves 22 de junio de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 25 de Enero de 2017
Gaceta: LXIII/2PPR-5/68559
Miércoles 25 de Enero de 2017
Gaceta: LXIII/2PPR-5/68559

Con punto de acuerdo, para que se respete la libertad de expresión así como el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana, en contra de los incrementos en los precios de los combustibles, suscrito por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Sen. Marco Antonio
Blásquez Salinas

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE RESPETEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS LEGÍTIMAS MUESTRAS DE INCONFORMIDAD CIUDADANA POR LAS ALZAS DE LOS COMBUSTIBLES, SUSCRITA POR EL SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete con carácter de urgente resolución a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se requiere, con toda atención, a los titulares de diversos Poderes y dependencias que respeten la libertad de expresión así como el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana en contra de los incrementos en los precios de los combustibles, con base en las siguientes

Consideraciones

La indignación nacional

En cualquier país del mundo existe una resistencia natural a los impuestos y sus incrementos. La existencia misma de las Constituciones Políticas en los Estados Nacionales se debe a la exigencia de rendición de cuentas de los habitantes frente a los tributos. La Carta Magna surgió precisamente en una airada reacción de los nobles en contra del rey de Inglaterra que trataba de establecer y cobrar mayores impuestos. En nuestro país, el poder tributario del Estado se encuentra sujeto a reglas claras para evitar abusos en perjuicio de la población. En la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las contribuciones deberán reunir los requisitos de ser proporcionales, equitativas y contribuir al gasto nacional. La larga historia de casos de corrupción en nuestro país ha generado la percepción de que, además de los elementos anteriores, los impuestos se deben recaudar y aplicar en un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, grandes sectores de la población esperaban que con la alternancia política vendrían cambios significativos en la República, entre los cuales destacaba la conducción y administración honesta de la principal empresa del país: Petróleos Mexicanos Pemex. Se esperaba que se erradicara la corrupción en las numerosas contrataciones que llevaba a cabo la entonces empresa pública, que se contuviera y ajustara a dimensiones razonables la enorme deuda contraída por la empresa principalmente por las desmesuradas pensiones producto de negociaciones con sesgo electoral con el sindicato de sus trabajadores y, finalmente, que se metiera en cintura a la red de distribuidores que expenden cantidades menores de combustibles con la complacencia de los organismos encargados de la defensa de los consumidores. Todo ello en un contexto de precios bajos en un país que se encuentra entre los primeros productores de hidrocarburos con los yacimientos de más alto volumen en el planeta.

Sin embargo, contrario a lo esperado, a pesar de haber gozado de un largo periodo de casi una década de altos precios del petróleo, en lugar de consolidar a Pemex y construir las refinerías que se requieren para asegurar la satisfacción de la demanda creciente principalmente de gasolinas, se optó por distribuir los excedentes petroleros entre los gobiernos de los Estados y el entonces Distrito Federal, con lo cual se puso en riesgo a la empresa que ahora finalmente al haberse seguido la misma línea de administración, agudizada por la reforma energética, hace crisis y se muestra incapaz de dotar de combustibles abundantes y baratos a las y los mexicanos. Al verse obligado a importar cada vez más gasolina, el gobierno federal aprovechó la oportunidad e incrementó el impuesto que se aplica a los combustibles y que ha pasado a ser el principal componente del precio al usuario final. La administración pasada decidió aplicar incrementos mes con mes que los habitantes del país denominaron “gasolinazo” y la irritación social creció en la misma medida.

Las libertades civiles

Desde que México emergió en el concierto de las naciones como un país independiente, nuestras leyes fundamentales han reconocido las libertades civiles. A partir de la frustrada entrada en vigor de la Constitución de 1857 se reconoce en toda su intensidad a la libertad de expresión, al derecho a la manifestación de las ideas y al derecho de asociación. Son consideradas como las principales entre las libertades y derechos políticos y vistas como el piso mínimo para poder calificar a la organización de un Estado como democrática. La Ley Fundamental de 1917, corolario de un gran movimiento social que tuvo como saldo un millón de muertos, tuvo especial cuidado de reconocer y ampliar las libertades políticas mencionadas en natural reacción hacia la dictadura que por espacio de más de treinta años se había padecido.

En la larga lucha por la ampliación de nuestra vida democrática, han sido las y los periodistas así como los medios de comunicación los protagonistas principales de la libertad de expresión ganando día con día nuevos espacios para el ejercicio de estos derechos. Con la alternancia política y la consecuente efervescencia ciudadana, se consolidaron los avances en el ámbito de la libertad de expresión y desde luego de las restantes libertades civiles y políticas que se han venido mencionando. Es así que a lo largo y ancho del territorio nacional pero principalmente en la capital de la República por ser el asiento de los Poderes Federales se registran a diario docenas de muestras de inconformidad en contra de los más variados temas. A partir de la masacre del 2 de octubre de 1968, los gobiernos subsecuentes se han mostrado reticentes al empleo de los cuerpos de policía para contener los desórdenes que llegan a registrarse durante marchas, mítines y concentraciones. Sin embargo, tratándose del impulso a las llamadas reformas estructurales producto de la anquilosada visión neoliberal, los gobiernos de la alternancia no han dudado en lanzar a las instituciones de seguridad pública en contra de la ciudadanía en lo que ha sido ampliamente documentado como la criminalización de la protesta social.

La natural predisposición contraria al alza de los impuestos aunada a la irritación social acumulada por efecto de la aplicación permanente mensual y ahora anual de los incrementos en los precios de los combustibles, pero principalmente por los hechos de corrupción extendidos en todos los niveles de gobierno, ha provocado que se desborde la indignación nacional en ocasión de los últimos gasolinazos. La mayoría del país ha estado siempre en contra de que la Nación se desprenda de sus recursos naturales en general y del petróleo en particular. Las contadas personas que llegaron a estar en su momento a favor de la reforma energética, tuvieron esa simpatía impulsados por un resorte único: la baja en los precios de las gasolinas. Numerosos personeros de las fuerzas políticas que desde siempre han impulsado la transferencia a particulares del petróleo de la Nación adujeron en distintos tonos que la bondad principal de la reforma energética sería la baja en los precios de los combustibles. Por eso, a la irritación natural en contra de los impuestos y de los precios de la gasolina se suma el desencanto y la frustración de la gran mayoría de la población que se siente engañada y traicionada con motivo de la discusión, aprobación y entrada en vigor de la reforma energética.

La criminalización de la inconformidad social

La gente no ha dudado en salir a las calles a protestar. En toda la geografía nacional se han registrado muestras de inconformidad en contra del último y peor gasolinazo. Los incrementos desmesurados han provocado que la irritación devenga en la auténtica indignación que se manifiesta en marchas en las avenidas principales, mítines en las plazas públicas y bloqueos a las instalaciones y depósitos de combustibles. Desde sus inicios, la espontánea organización ciudadana ha proclamado y venido reiterando que se trata de un movimiento pacífico con el único objetivo de que se dé marcha atrás en la imposición de los altos precios de las gasolinas que afectan sustancialmente a la economía de las familias, que se ven forzadas a distraer una parte importante de sus ingresos para destinarla a la transportación ya sea a las escuelas y al trabajo en vehículos propios o recurriendo al transporte público que de manera inminente sufrirá también alzas en las tarifas.

Las manifestaciones en contra de los altos precios de la gasolina y consecuentemente de la reforma energética que los trajo consigo se venían realizando, tal y como lo proclamaban sus participantes, de manera pacífica. Sin embargo, súbitamente se comenzaron a registrar incidentes contra el orden público. Con la pretensión de viciar el origen legítimo y democrático de las protestas, surgieron sujetos desconocidos que se dieron a la tarea de llevar a cabo saqueos principalmente en tiendas de autoservicio y departamentales. A pesar de la infiltración de estos grupos de desestabilización en las movilizaciones ciudadanas, la población no ha dejado de manifestar su ira en contra de lo que considera un despojo de sus precarios ingresos a través del nuevo esquema de precios de los combustibles y en un contexto de impunidad por hechos de corrupción en el país.

El gobierno federal, cuestionado aún por su propio partido, no dudó en sacar a la calle a los contingentes de granaderos esperando que con el transcurso del tiempo las protestas se diluyeran. No obstante, lejos de disminuir, las muestras de inconformidad en contra de los altos precios de la gasolina se han intensificado y extendido. En este contexto, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California con fecha 8 de enero del año en curso tuvo lugar un bloqueo en los almacenes de combustible de Pemex que surten a dicho municipio y el de Tijuana. Como es natural, los medios de comunicación locales y los nacionales enviaron respectivamente a sus reporteros y corresponsales a cubrir un hecho que resulta desde luego de interés informativo pues se refiere a la cadena de eventos que se ha colocado en primer lugar en el interés de la ciudadanía.

La Policía Federal en lugar de hacer un uso racional de la fuerza y de observar escrupulosamente el respeto a que están obligados de las libertades civiles tanto de expresión como de asociación, optó por la utilización indiscriminada de la fuerza. En efecto, los agentes federales agredieron a Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal, a Luis Alonso Pérez, colaborador de Animal Político y Univisión y a Jesús Bustamante, fotógrafo del periódico Frontera. A los tres comunicadores se les impidió llevar a cabo su labor informativa y además fueron víctimas de violencia por parte de miembros de instituciones de seguridad pública en las que durante casi quince años se ha hecho una cuantiosa inversión de miles de millones de pesos precisamente para capacitarlos para que lleven a cabo su función dentro de los cauces del Estado de Derecho.

Este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía en su legítima protesta y de las y los periodistas que en ejercicio de la libertad de expresión cubren estos acontecimientos que muchos consideran ya de carácter histórico, deben ser puntualmente sancionados aplicando las leyes de orden penal y de responsabilidad administrativa de los servidores públicos a quienes resulten responsables producto de una investigación profunda y exhaustiva de la Fiscalía General de la República.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión requiere con toda atención al titular de la Fiscalía General de la República para que, de conformidad con la preceptiva en la materia, asuma, lleve a cabo y agote la investigación de los hechos en que las y los periodistas mencionados en el cuerpo de esta proposición fueron agredidos para efectos de que se aplique la ley en todas sus consecuencias a los responsables.

Segundo. Se requiera con respeto al titular de la Secretaría de Gobernación para que gire instrucciones a los altos mandos de la Policía Federal a fin de que garanticen que su intervención en ocasión de las muestras de inconformidad de la ciudadanía en contra de los incrementos en los precios de los combustibles se hagan con absoluta observancia y respeto de las libertades civiles de la población.

Tercero. A los titulares de la rama ejecutiva de los tres órdenes de gobierno se les requiere, con toda atención, para que se abstengan de criminalizar la protesta social en ocasión del incremento de los precios de los combustibles y otorguen la garantía de no repetición de agresiones en contra de periodistas que desempeñan su labor informativa en torno a dichos acontecimientos.

En el recinto del Senado de la República, en la Ciudad de México, a 10 de enero de 2017.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (rúbrica)

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68559