Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 22 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 15 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-71/68229
Jueves 15 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-71/68229

De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Sen. Layda
Sansores San Román

Layda Sansores San Román, Senadora de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los derechos político-electorales que el Estado mexicano reconoce a sus ciudadanos, pueden ser suspendidos o cancelados por mandato de la ley o por orden judicial; en ambos supuestos, el Estado ejerce la facultad que le otorga la propia Constitución para los casos previstos en su norma.

Sin embargo, el problema se presenta en el momento que la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Estado para suspender los derechos político—electorales del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; mientras que el numeral 20, Apartado B, Fracción I, del mismo ordenamiento fundamental protege a esos mismos ciudadanos a que sean considerados presuntamente inocentes hasta en tanto no se les demuestre  lo contrario mediante sentencia debidamente ejecutoriada emitida como producto de un juicio seguido con las formalidades que marca la propia Carta Magna. De ahí lo contradictorio entre ambos derechos.

Por su parte, los derechos políticos son el conjunto de condiciones y opciones que posibilitan al ciudadano para participar en la vida política de su nación, expresando con el ejercicio del derecho su criterio, como forma de ejecutar su libertad personal y de conciencia y formando, con su manifestación, un vínculo con sus representantes electos, es decir, entre gobernantes y gobernados.

Dichas prerrogativas ciudadanas se encuentran contempladas en el numeral 35 de nuestra Constitución, cuya literalidad es la siguiente:

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.”

En cuanto a la facultad conferida a los órganos del Estado para que puedan suspender los derechos políticos civiles de los ciudadanos, ésta adquiere el carácter de una sanción en unos casos, de una pena propiamente dicha en otros, y como una mera consecuencia de la pena de prisión, en el ámbito penal, de la que es accesoria.”

Ahora bien, a éste último aspecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
…”

Por lo que, bajo tales circunstancias, la pena de prisión produce una consecuencia accesoria consistente en la suspensión de los derechos políticos, es decir, los previstos en el artículo 35 constitucional y, además de éstos, la de los derechos propiamente civiles como son los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. Asimismo, este precepto manda que la suspensión comience desde que se dicta el auto de formal prisión o sujeción a proceso, vulnerándose con ello la garantía constitucional de presunción de inocencia que cobija a todos los mexicanos.

Bajo este contexto, en el pasado reciente, se ha discutido mucho si debe darse cumplimiento a la fracción II del artículo 38 de la Constitución Federal, que establece la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena de prisión, y que tal suspensión será computada a partir de la fecha del auto cabeza de proceso.

Sobre el particular se cuenta con el criterio jurisprudencial sostenido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que estima improcedente disponer la suspensión de los derechos políticos en el auto de formal procesamiento, por un delito que tenga prevista pena privativa de la libertad, tal como se desprende de la tesis de rubro y texto siguientes:

DERECHOS POLÍTICOS SUSPENSIÓN DE. EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL AMPLÍA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL QUE PREVÉ LA FRACCIÓN II DEL ORDINAL 38 DE    LA    CONSTITUCIÓN    POLÍTICA    DE    LOS    ESTADOS    UNIDOS    MEXICANOS.

Es improcedente ordenar en el auto de formal prisión la suspensión de los derechos políticos  del procesado, pues dicha pena comenzará desde que cause ejecutoria la  sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena, como lo dispone el numeral 46 del Código Penal Federal, que amplía la garantía constitucional prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional, considerando que esta última disposición, establece la suspensión de los derechos políticos de un gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad contado desde la fecha del dictado del auto de formal prisión; empero, hay que recordar que a favor del procesado opera la presunción de inculpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario, y esto vendría a definirse en el proceso penal, el cual de terminar con una sentencia ejecutoriada en tal sentido, ello sustentaría la suspensión de los derechos políticos del quejoso, por lo que es inconcuso que aquella norma secundaria es más benéfica, ya que no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Constitución son de carácter mínimo y pueden ser ampliadas por el legislador ordinario tal como ocurre en el citado dispositivo 46 de la legislación penal  federal, al establecer que la suspensión en comento se hará hasta la sentencia ejecutoria, de manera que al no advertirlo así el Juez instructor, se vulnera en perjuicio del titular del derecho público subjetivo, las garantías contenidas por el tercer párrafo del artículo 14 y primer párrafo del 16 constitucionales. [Tesis I.10oP. J/8, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006. pág. 1525, núm. de registro:  175,103].

En igual sentido se encuentra, del mismo Tribunal, la tesis cuyo tenor literal es el siguiente:

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS DEL INCULPADO. LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ INSTRUCTOR QUE LA ORDENA DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, VULNERA LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS  14, TERCER PÁRRAFO, Y 16, PRIMER

PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la suspensión de los derechos políticos del gobernado por estar sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena privativa de libertad se contará desde la fecha del dictado del auto de formal prisión. Por su parte, el precepto 46 del Código Penal Federal, dispone que la citada suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena.

Ahora bien, el numeral últimamente mencionado amplía la garantía a que se refiere el propio artículo constitucional, es decir, dilata la imposición de dicha medida hasta que cause ejecutoria la sentencia respectiva, lo que se traduce en un beneficio para el procesado, pues no debe soslayarse que las garantías consagradas en la Ley Suprema son de carácter mínimo y pueden ampliarse por el legislador ordinario, además de que la presunción de inculpabilidad opera a favor del procesado hasta que no se demuestre lo contrario en el proceso penal que culmine con una sentencia ejecutoria. Consecuentemente, la resolución del Juez instructor que ordena la suspensión de derechos políticos del inculpado desde el auto de formal prisión vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, tercer párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Federal. [Tesis aislada I.10oP. 20 P., Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, pág. 1571, núm. de registro: 177,134].

Sin embargo, si el legislador estableció la suspensión de las prerrogativas del ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal que merezca pena corporal y que tal suspensión debería iniciarse  desde  la fecha del  auto  de  formal prisión, es evidente que la tesis que no lo considera así, va en contra expresa del aludido  precepto de la Ley Suprema y, entonces, podría pensarse, y de hecho es así, toda vez que no se está guardando el principio de supremacía constitucional; lo  anterior genera que la presunción de inocencia del procesado no pueda operar en su favor  para evitar la clara sanción que el legislador constituyente quiso destinar al indiciado al que se le  decretara formal prisión.

En un primer momento, el constituyente de 1917 estableció que no era conveniente que los ciudadanos sujetos a proceso por delito que mereciera pena de prisión pudieran sufragar. Sin embargo, atendiendo las tendencias actuales en materia de derechos humanos, podría pensarse en restringir la suspensión a sólo unas prerrogativas del ciudadano, no todas; por ejemplo, podría conservarse el derecho del voto en las elecciones populares y sí quedar suspendido el poder ser votado para cualquier cargo de elección popular y no ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, precisamente por el hecho de estar sujeto a proceso por delito grave que cancele la posibilidad de que opere en beneficio del indiciado cualquiera de las opciones de libertad condicional; además de la prerrogativa de asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país y la de tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para defensa de la República y sus instituciones. Estas dos últimas prerrogativas sí deberían quedar suspendidas al dictarse el auto de formal prisión, sobre todo de aquellos procesados que se encuentren privados de su libertad debido a la gravedad del o los delitos que se les impute. Cosa diversa a la suspensión que no debe suceder cuando se trate del ejercicio del derecho de petición a que  alude  la  fracción  V  del  comentado  artículo  35 constitucional, dado que de ser estrictos en la suspensión de ejercer tal derecho se llegaría al absurdo de que no podría serle aplicable el artículo 8º de la propia Constitución, que consagra precisamente este derecho. Imaginemos que en virtud de esa suspensión el procesado no pudiera ejercer su derecho de solicitar por escrito de manera pacífica y respetuosa algún trámite relacionado inclusive con su situación de procesado, pues la referida fracción V del artículo 35 citado, textualmente establece: “Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”. Es evidente que en la práctica no se da la suspensión efectiva de tal prerrogativa, la cual está expresamente contemplada para suspenderse si se toma el sentido literal del texto de la fracción V del precepto 35 en relación con el 38 fracción II, ambos de la Constitución Federal.

Lo anterior no significa que el referido principio de presunción de inocencia no haya sido reconocido expresamente en nuestro andamiaje jurídico antes de las reformas constitucionales de junio del 2008, pues a través de diversos instrumentos internacionales, los cuales forman parte de nuestro máximo ordenamiento jurídico, según lo establece el numeral 133 de la propia Constitución, ya era parte de nuestra normatividad positiva, dentro de los que encontramos entre otros:

  • La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 11, párrafo 1 prevé: 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”

  • La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, el dos de mayo de 1948, señala, en su artículo XXVI:

“Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se demuestre que es culpable.”

  • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A, el 19 de diciembre de 1966, señala en su artículo 14 párrafo 2:

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

  • La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969, establece, en su artículo 7, párrafo 5, bajo el título “Derecho a la Libertad Personal”, que:

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe en proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”

  • Por otra parte, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, dispone:

    “Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

  • Finalmente, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral 8, se dice:

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”

Como se observa, los instrumentos internacionales citados corroboran el reconocimiento del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, los cuales, al haber sido reconocidos por el Estado Mexicano,  forman  parte  del  orden  jurídico  nacional,  toda  vez  que    fueron suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país, en términos del artículo 133 de la Carta Magna, por lo que es obligación del Estado velar y respetar en todo momento el derecho fundamental en comento.

Como ya se estableció, antes de la reforma constitucional al artículo 20, del 18 de junio de 2008, México ya había celebrado diversos Tratados Internacionales en los que se contemplaba, desde la óptica humanista, la garantía de presunción de inocencia que debería de cobijar a todo indiciado en un proceso penal. Sin embargo, en virtud de la supremacía constitucional que impera en nuestro andamiaje jurídico, la sanción accesoria de la suspensión de los derechos político—electorales a quienes se encontraban sujetos a un proceso penal que implicara pena corporal, se decretaba desde el auto de formal prisión como lo ordena la fracción II del numeral 38 constitucional.

Es a partir de dicha reforma que en el apartado B fracción I se inserta de forma categórica la garantía de presunción de inocencia hasta en tanto no se demuestre lo contrario, es decir, hasta que no exista una sentencia ejecutoriada previo respeto a las garantías de un debido proceso.

Contemplado así, surge un problema: se contrapone de facto lo preceptuado por el numeral 20 en su apartado B fracción I con el diverso 38 fracción II, pues ambos, desde su nivel constitucional, son de obligatoria observancia.

En el año de 2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución de dos casos concretos, el de Martín Orozco Sandoval en el Estado de Aguascalientes, y de Gregorio Sánchez Martínez en Quintana Roo, se enfrentó a determinar cuál de los dos derechos debía prevalecer, si el de presunción de inocencia que protege a los inculpados en un proceso penal, o la facultad de los órganos del Estado a suspender los derechos políticos a dichos ciudadanos a contar desde el auto de formal prisión.

En el primer caso, es decir, el de Martín Orozco Sandoval, el 19 de febrero del 2010, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS cometidos en agravio de LA SOCIEDAD Y DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. El 15 de abril de ese mismo año, se dictó sentencia en el juicio de amparo tramitado por el mismo Martín Orozco en contra del auto de formal prisión, en el que se resolvió otorgarle el amparo y protección de la justicia de la Unión sólo para efectos, es decir, para que el juez de la causa emitiera otro auto en el que se respetaran las garantías constitucionales conculcadas en el recurrido.

Mediante sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEEA) de fecha tres de mayo del 2010, se determinó no aprobar la solicitud de registro como candidato del PAN al puesto de Gobernador Constitucional de dicho Estado por encontrarse suspendidos sus derechos político—electorales por   mandato judicial y en acatamiento estricto del hipotético normativo contenido en la multicitada fracción II del numeral 38 Constitucional.

Inconforme con tal determinación, el 4 de mayo de la misma anualidad, Martín Orozco presentó ante el IEEA demanda de juicio para la protección de los derechos político— electorales del ciudadano, mismo que fue radicado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el día 9 del mismo mes y año, haciendo valer entre otras cosas, la garantía constitucional de presunción de inocencia contenida en la Constitución, Tratados Internacionales y jurisprudencia.

Entre los principales argumentos sostenidos por la Sala Superior del TEPJF en resolución respectiva, se encuentran los siguientes:

1.- El auto de sujeción a proceso no restringe la libertad sino sólo la perturba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización; mientras que la formal prisión sí está vinculada con la privación de la libertad.

2.- Al estar sujeto a proceso y no encontrarse privado de la libertad, debe permitirse al actor ejercer el derecho a ser registrado como candidato a Gobernador.

3.- Con base en lo anterior, la Sala Superior del TEPJF concluyó que en el caso en análisis no se actualizaba el supuesto previsto en los artículos 38, fracción II, de la Constitución de Aguascalientes y 9, fracción I, de la ley electoral local, toda vez que Martín Orozco Sandoval se encontraba en libertad, a pesar de estar sujeto a un proceso penal, en el cual aún no se había dictado sentencia ejecutoriada, cobijándolo la garantía de presunción de inocencia, y, por ende, tenía derecho a ser registrado como candidato si cumplía con el resto de los requisitos de elegibilidad.

En el caso de Gregorio Sánchez, a diferencia del anterior, el 6 de mayo del 2010, el Consejo Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó su registro como candidato a Gobernador Constitucional de dicho estado. El 1º de junio de ese mismo año, se dictó auto de formal prisión en contra de dicha persona por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos delitos, entre los que se encontraba el de delincuencia organizada. En virtud de lo anterior, el 3 de junio siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó cancelar el registro de Gregorio Sánchez Martínez como candidato a Gobernador Constitucional de ese estado en razón del auto de formal prisión emitido en su contra. El 4 de junio inmediato siguiente, Gregorio Sánchez presentó demanda de juicio para la protección de los derechos político—electorales del ciudadano, dentro de la cual, se esgrimieron principalmente los siguientes agravios: 1) violaciones procesales y formales; 2) violaciones de fondo; y 3) agravios vinculados con los efectos de la cancelación ordenada  en  la  emisión  del  acuerdo  reclamado  en  virtud  de  que,  según  GregorioSánchez, el Consejo General del Instituto Electoral responsable, no tenía facultades para revisar fuera de los plazos señalados por la ley los requisitos de elegibilidad.

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF resolvió confirmar la cancelación del registro como candidato a Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo de Gregorio Sánchez Martínez en virtud de que su situación corporal era de privación de libertad,  y en tales condiciones la referida persona no estaba en condiciones de seguir desplegando la campaña electoral para el cargo de Gobernador de Quintana Roo, porque no existía la certeza de que en el caso de resultar ganador de la liza electoral, pudiera asumir ni ejercer el cargo en agravio del interés colectivo de los electores, sin que sea óbice para tal determinación el hecho de que lo protegía la garantía constitucional de presunción de inocencia, toda vez que como ya se dijo, al tratarse de un delito grave que no contempla los beneficios de libertad condicional, se encontraba recluido.

De lo antes referido, puede concluirse que el criterio jurisdiccional que permite resolver la controversia inicialmente planteada, ofrece una aplicación diferenciada de la facultad de los órganos del Estado a suspender los derechos político—electorales tomando en cuenta los bienes jurídicos tutelados e involucrados en el caso concreto.

Por lo que, en el supuesto de que un ciudadano se encuentre sujeto a proceso penal, al que no se le haya dictado sentencia debidamente ejecutoriada, respetándose en todo momento las reglas de un debido proceso, éste conservará su derecho político activo al voto.

Por otra parte, cuando al ciudadano se le haya dictado auto de sujeción a proceso, pero que en virtud de la no gravedad del delito que se le imputa es beneficiado legalmente con su libertad mediante caución, no se le suspenderán sus derechos político—electorales.

Pero para el caso de que el auto de formal prisión sea emitido por la presunción de la comisión de un delito grave que impida que el ciudadano sea beneficiado por alguno de los sustitutivos de la pena de prisión contemplados por la ley, dado que está por encima el interés público de los electores, sobre la certeza de que quién salga ganador de la liza electoral podrá asumir y desempeñar el cargo, y al encontrarse privado de su libertad no ofrece esa seguridad, será privado temporalmente de sus derechos político—electorales del ciudadano, excepto su derecho activo de voto.

Ello es así en virtud de que, en concepto de la Sala Superior, conforme con una interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 38, fracción II, 14, 16, 19, 20, apartados A, fracción I, B, fracción I, así como 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, aun cuando el ciudadano se encuentre sujeto a un proceso penal con motivo del dictado de un auto de formal prisión, está en aptitud de ejercer sus derechos político—electorales, como el de ser registrado como candidato a un cargo de elección popular, mientras no sea privado de su libertad.

La posición asumida por ese órgano jurisdiccional encuentra lógico respaldo en el hecho de que, si el actor únicamente puede ser privado del derecho a ser registrado como candidato por sentencia ejecutoria, la cual no ha sido dictada, tan sólo se encuentra sujeto a proceso penal, el cual enfrenta en libertad por haber obtenido el beneficio constitucional previsto en el numeral 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo de la Constitución, entonces no hay razones válidas para justificar la afectación a los derechos político-electorales del indiciado, pues es innegable  que salvo la limitación acaecida, dicho ciudadano, al encontrarse libre y al operar en su favor el principio de presunción de inocencia, debe continuar en el uso y goce de todos sus derechos políticos.

En efecto, si la calidad de sujeto a proceso no significa una condena, conforme con el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, debe entenderse entonces que la suspensión de los derechos prevista en la fracción II, del artículo 38 del mismo ordenamiento, es consecuencia de la privación de la libertad y con ello de la imposibilidad material y jurídica de ejercer un cúmulo de diversos derechos que integran la esfera jurídica del gobernado.

A la misma conclusión se arriba al realizar una interpretación sistemática y funcional, porque conforme a estos métodos se obtiene que la suspensión de los derechos políticos se produce únicamente respecto de aquellos ciudadanos que, dada la magnitud del ilícito cometido, no tienen  la posibilidad de  encuadrar en  la   hipótesis normativa que actualiza el incidente caucional, y por ende, al encontrarse forzados a ingresar en prisión, se ven restringidos en el uso y goce de ciertos derechos político- electorales. Consecuentemente, quedan automáticamente fuera de dicha sujeción los delitos que no necesariamente se castigan con pena privativa de libertad, como los  que sólo prevén sanción pecuniaria, apercibimiento o pena alternativa, casos en los cuales no se afecta la libertad personal, y por lo tanto, hacen viable la aplicación diferenciada de la facultad constitucional concedida a los órganos del Estado en la fracción II, del artículo 38 constitucional respecto de la suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 38, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO.- Se reforma la fracción II, del artículo 38, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
...

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, aplicándose dicha suspensión de la manera siguiente:

a. Si el indiciado se encuentra sujeto a proceso, gozando de los beneficios legales de algún sustitutivo de la pena corporal, gozará plenamente de todos sus derechos políticos contemplados en el numeral 35 de esta Constitución;

b. Si el indiciado se encuentra privado de su libertad desde el dictado del auto de formal prisión, se le suspenderán únicamente los derechos políticos contemplados en las fracciones II, III, IV y VI del artículo 35 de esta Constitución.

c. Para el caso de que ya exista sentencia ejecutoriada que lo declare culpable, se suspenderán todos los derechos contemplados en el artículo 35 de esta Constitución, y dicha suspensión durará el tiempo que dure la condena.

...


Artículo Transitorio

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Honorable Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2016

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68229