Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 24 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 15 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-71/68226
Jueves 15 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-71/68226

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE DEFENSA NACIONAL; DE MARINA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Manuel
Bartlett Díaz
Sen. David
Monreal Ávila
Sen. Carlos Manuel
Merino Campos
Sen. Layda
Sansores San Román

Los suscritos Manuel Bartlett Díaz, David Monreal Ávila, Carlos  Manuel Merino Campos y Layda Sansores San Román, Senadores de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 8 numeral 1 fracción I, del Reglamento del Senado, sometemos a la consideración del Pleno del Senado, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 16 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales”; como resultado de un proceso legislativo expedito que genera dudas razonables sobre si se tomaron en cuenta todas las formalidades esenciales en su substanciación, así como si las discusiones en las Cámaras de Origen y Revisión fueron suficientes para comprender los alcances e impacto del Sistema de Justicia Militar.

No obstante que las disposiciones del citado Dictamen, contravienen lo dispuesto por los artículos 1, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49, 102 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2, 5, 7, 8, 11 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que forman parte del Bloque de Constitucionalidad del Sistema Jurídico Mexicano; el Senado de la República como Cámara Revisora, aprobó en lo general por 78 votos a favor y 27 en contra, las referidas reformas; remitiéndolas al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación, la cual se efectúo en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.

En virtud de lo anterior, el 15 de junio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 38, 49 bis fracción XII, 81 Bis, fracción VII y 83 fracción XIII, XIV, XIX, XXIII, XLIII, XLV y XLIX, del Código de Justicia Militar; así como 2, 10, 43, 73, 87,101 fracción I inciso b y fracción II inciso b, 103, 105, 123, 128 fracción VIII, 129 fracción VII, y XI, 136, fracciones VI y VII, 145, fracción II, inciso b), 151, 153, fracción XI, 162, 171, 212, 215, 238, 245, 247 fracciones III y V, 248, 262, 264, 267, 278, 282, 283, 286, 291, 295, 296, 299, 352, 357, 361, 363, 364 y 367 del Código Militar de Procedimientos Penales.

De forma similar, el 27 de junio de 2016, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Organismo Constitucional Autónomo en esa Entidad Federativa, promovió Controversia Constitucional en contra del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo de la Federación, ante el Alto Tribunal, para impugnar el artículo 282 del Código Militar de Procedimientos Penales; la cual fue admitida a trámite el 1 de julio del año en curso por el Ministro Instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Independientemente de la resolución que en su caso emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de las normas controvertidas, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos; razón por la cual se formula la presente Iniciativa.

El cateo [*] es una excepción a los principios de legalidad, seguridad personal e inviolabilidad del domicilio, establecida en el artículo 16 párrafo onceavo de la Norma Fundamental, el cual señala “…En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia…”.

En relación con lo anterior, el Título Tercero, Capítulo I, artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Asimismo, ordena que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación; principio de división de poderes que contraviene el citado DECRETO;toda vez que de conformidad a este, la orden de cateo es librada por un Juez de Control Militar, a solicitud de la Policía Militar y Ministerio Público Militar, todos dependientes en jerarquía del Presidente de la República, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Es importante precisar que de conformidad a los artículos 13 y 129 de la Carta Magna, el fuero militar debe restringirse material y temporalmente a las infracciones y delitos que atenten contra la disciplina militar “en tiempo de paz”, ya que la justicia castrense permanente no encuentra sustento en la realidad constitucional que vive el país.

El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y formuló la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, la cual en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos resolvió:

“…272. El Tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

273. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de Derechos Humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial.

274. En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal (supra párrs. 272 y 273), debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este sentido, frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

275. La Corte destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia (supra párr. 247). En tal sentido, las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.”

Derivado de la referida sentencia formulada por la Corte Interamericana, el Alto Tribunal dictaminó en el Expediente Varios 912/2010 [*] :

“…La Corte Interamericana de Derechos Humanos no establece la necesidad de modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en términos prácticos, su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en la propia Constitución y el artículo 8.1 de la citada Convención Americana.

La conclusión a la que arribó la sentencia cuyo cumplimiento se examina, fue en el sentido de que frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, porque cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

A lo anterior el mismo Tribunal Internacional añadió que las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal civil competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.

De este modo, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la interpretación que corresponde al artículo 13 de la Constitución Federal en concordancia con el artículo 2º de la Convención Americana, deberá ser coherente con los principios constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en ella, y de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual, entre otras prerrogativas, prevé el derecho a comparecer ante un juez competente.

Por tanto el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, es incompatible con lo dispuesto en el mismo artículo 13 conforme a esta interpretación a la luz de los artículo 2° y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar no garantiza a los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a los Derechos Humanos tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece y de conformidad con los tratados internacionales de la materia y favoreciendo en todo tiempo a las personasla protección más amplia, deberá considerarse que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren Derechos Humanos de civiles.

Esta interpretación debe observarse en todos los casos futuros que sean del conocimiento de este Tribunal, funcionando en Pleno o en Salas e independientemente de la vía por la cual el asunto llegue a ser del conocimiento de estos órganos. Esto es, por las vías ordinarias para la resolución de asuntos, sean estos de competencia originaria del tribunal o sea necesaria su atracción, para lo cual debe considerarse este tema como de importancia y trascendencia para el ejercicio de las competencias correspondientes...”

Fortalece lo expuesto, las diversas recomendaciones que han emitido Organismos Internacionales sobre los alcances del fuero militar y la justicia militar, por citar algunos ejemplos, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la cuarta sesión del Examen Periódico Universal (EPU), indicó que el Estado debía “asegurar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país”.

Por su parte, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su Informe del 29 de diciembre de 2014 sobre su misión a México señaló:

“…19. En junio de 2014 se reformó el Código de Justicia Militar extrayendo de la jurisdicción militar los casos de víctimas civiles de violaciones a derechos humanos, lo que recupera la práctica de declinación de competencia que los tribunales militares venían implementando según criterios de la SCJN. El Relator Especial lamenta que la reforma mantenga en la jurisdicción militar casos de violaciones de derechos humanos cuando tanto agresor como víctima sean militares. Ello no atiende plenamente los estándares internacionales ni la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos…

…22. La militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia, ya que más de 32.000 militares aún cumplen tareas propias de corporaciones civiles. También se incorporaron militares retirados o en licencia a corporaciones civiles de seguridad y se creó una Gendarmería con entrenamiento militar, lo que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos

…26. El Relator Especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos el ctricos (“chicharra” , generalmente en los genitales; asfiia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante.

…b) Reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles;…

…83. Respecto a las medidas de prevención:..

a) Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles;…”

Reconociendo la labor que realizan la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para defender la integridad, soberanía e independencia de la Nación, así como garantizar la seguridad del interior, la Cámara de Senadores debe salvaguardar el principio de división de Poderes contenido en la Norma Fundamental, que es la representación de la voluntad popular y establecer los límites excepcionales a la justicia militaren el ámbito exclusivo de su competencia. De igual forma, en términos del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de esta Soberanía, debe velar por la inviolabilidad del recinto legislativo.

Es indispensable que en el desempeño de las funciones de las fuerzas castrenses, los actos de investigación que impliquen una afectación a los derechos y libertades consagrados en la Constitución General, sea el Poder Judicial de la Federación quien determine sus alcances, respetando al Estado de Derecho, a las Instituciones de la República, asegurando el equilibro y estabilidad del ejercicio del poder público en México.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga la fracción IV del artículo 67 Bis y reforma la fracción XXVIII del artículo 83 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 67 Bis. Corresponde a las salas unitarias del Tribunal Superior Militar conocer del Recurso de apelación promovido en contra de las resoluciones emitidas por el juez de control en los casos siguientes:...

IV.Se deroga;…

Artículo 83.Las funciones del Ministerio Público, son las siguientes:...

XXVIII.Solicitar las órdenes para efectuar un cateo al Juez de Control Civil, en los términos y condiciones que señala la ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales;

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga la fracción II del artículo 248, reforman los artículos 278, 279, 280, 281, 282 y deroga la fracción IV del artículo 428del Código Militar de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 248. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes:...

…II. Se deroga…

Artículo 278.Solicitud de orden de cateo

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de queel lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorizaciónjudicialcivil para practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, seexpresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetosque se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como losservidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

Artículo 279.Resolución que ordena el cateo

La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos:

I.El nombre y cargo del Juez de controlcivil que lo autoriza y la identificación del expediente en el cualse ordena.

II.La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se esperaencontrar en estos.

III.El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda laposibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan.

IV.El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro delos tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto cuando no se precise fecha exactaderealización.

V.Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo.

VI.La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por el Juez de controlcivil de manera inmediata porcualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecenciadel Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que sehayarecibido.

VII.Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la ordende cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

Artículo 280.Negativa del cateo

En caso de que el Juez de control civil niegue la orden, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias ysolicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisióna la autoridad civil correspondiente. En este caso la apelación debe ser resuelta en unplazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.

Artículo 281.Medidas de vigilancia

Aún antes de que el Juez de control civil dicte la orden de cateo, el Ministerio Público podrádisponer las medidas de vigilancia o cualquiera otra que no requiera control judicial, que estime convenientepara evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos ocosas que constituyen el objeto del cateo.

Artículo 282.Cateo en residencia u oficinas públicas

Únicamente en situaciones que afecten la seguridad nacional, para la práctica de un cateo en la residencia u oficina de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo oJudicial de los tres órdenes de gobierno o en su caso organismos constitucionales autónomos, la Policía o elMinisterio Público recabarán la autorización correspondiente al Juez de Control Civil; salvo loprevisto en el artículo 280 de este Código.

Artículo 284.Formalidades del cateo

Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo expedida por la autoridad civila quien habite o esté en posesióndel lugar donde se efectúe, o cuando esté ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier personamayor de edad que se halle en el lugar…

Artículo 428.Resoluciones del Juez de control apelables…

…IV. Se deroga…

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias al presente Decreto.

MANUEL BARTLETT DÍAZ

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS

DAVID MONREAL ÁVILA

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN

Ciudad de México, a 15 de dicimebre de 2016


[*] 2. tr. Am. Allanar la casa de alguien”, Diccionario de la Real Academia Española.

[*] Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expediente Varios 912/2010. “Caso Rosendo Radilla Pacheco”. Véase en: http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=121589&SeguimientoID=225

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68226