Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Sabado 18 de noviembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 8 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-66/68016
Jueves 8 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-66/68016

Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a realizar las investigaciones y recopilación de estadísticas que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos delictivos que derivan en feminicidios.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Sen. Ricardo
Barroso Agramont

El que suscribe, Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, con respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que se realicen las investigaciones y la recopilación de estadísticas, que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos delictivos que derivan en feminicidios, para evaluar las políticas públicas en materia de prevención, disuasión, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, con el objeto de dar resultados efectivos en contra de las actividades delictivas que resultan en feminicidios, y así, disminuir los índices de violencia contra las mujeres.

CONSIDERACIONES

En la actualidad existen diversas problemáticas que atentan contra los derechos humanos. Un claro ejemplo es la violencia contra las mujeres, situación de la que México no está exento y que ha provocado el interés de diversos sectores de la población, en especial de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La violencia contra las mujeres y niñas tiene muchas expresiones: la psicológica, la física, la sexual (acoso y abuso sexual) la económica, y se observa su presencia de forma indistinta, en los sectores públicos y privados: en las escuelas, en los diferentes tipos de servicios que brinda el Estado, así como en el ámbito laboral y familiar.

Estas conductas violentas se dan contra mujeres y niñas sin importar el estrato social al que pertenezcan, sin embargo, se advierte una mayor presencia de violencia efectuada en contra de mujeres y niñasque se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por su edad, condición física o pertenencia étnica, sobre todo porque disponen de menos recursos para enfrentar las acciones lesivas en su perjuicio, constituyendo uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

Cabe destacar que a nivel internacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, evitar y erradicar los distintos tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas, mismos que han sido plasmados en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), específicamente la recomendación número 19 en la cual se menciona la necesidad de que los Estados parte “alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella”. “Un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y  características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres.” (OACNUD, 2009, p. 41).   

Asimismo, un Informe del Secretario General de la ONU señala: “En la mayoría de los países los datos policiales y forenses sobre los homicidios son incompletos, y frecuentemente no brindan una información básica acerca de las circunstancias de la muerte o la relación entre la víctima y el infractor. En varios los países donde los datos sobre los homicidios ni siquiera se desagregan por sexo de la víctima.” (Naciones Unidas, 2006a: 78).

Por lo que se refiere al ámbito nacional, era necesario crear un marco jurídico que se enfocara en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, y con ello dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia de los que el país esparte.

Por tal motivo, y tomando como base las Convenciones Internacionales antes mencionadas,el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene como objetivo el prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

Esta Ley presenta varias modalidades de violencia contra las mujeres, siendo la violencia feminicida en la que nos enfocaremos para los fines del presente punto de acuerdo.

Diversos autores, consideran al feminicidio como un neologismo, entendiéndose esta figura como: las muertes intencionales y violentas de mujeres y niñas, por su sola condición de género, que surge en un contexto de permisibilidad social, donde lamentablemente existe una gran impunidad.

La expresión muerte violenta enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal incluirían las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o parricidio en los países en que aún existe esta figura [*] .

Respecto al ámbito jurídico penal en nuestro país, en el artículo 325 del Código Penal Federal, se establecen los elementos normativos del tipo penal del feminicidio, los cuales son:

  • Privar de la vida 
  • Que el sujeto pasivo sea mujer 
  • Que exista alguna de las razones de género enlistadas en el artículo mencionado. 

Es preciso señalar que la diferencia entre los delitos de homicidio y feminicidio es la existencia de alguna razón de género, como puede ser que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; entre otros.

Derivado de la tipificación de esta figura penal, diversas entidades federativas han incluido el delito de feminicidio en sus respectivos Códigos Penales, con la finalidad de atender un fenómeno social que vulnera derechos y libertadesconsagradas en nuestro máximoordenamiento jurídico nacional.

Habría que decir también, que el Estado de Baja California Sur, incluyó al feminicidio como una de las agravantes del delito de homicidio en su legislación penal, en un esfuerzo por hacer frente a tal fenómeno criminal.

Derivado de lo anterior, diversas organizaciones de la sociedad civil, se han encargado de difundir acontecimientos tan lamentables como la muerte de mujeres y niñas que se han suscitado en nuestra entidad, exigiendo a las autoridades una serie de políticas públicas que permitan erradicar en su totalidad la presencia de dicha actividad criminosa, así como el esclarecimiento de muchos homicidios perpetrados en contra de mujeres sudcalifornianas.

Al respecto, es importante señalar que entre 2013 y 2015, 6,488 mujeres fueron privadas de la vida, según datos obtenidos de las estadísticas del INEGI. De lo anterior se desprende que hubo un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009.

De la misma forma, el Grupo de Investigación en Género y Violencia del Cuerpo Académico en Estudios Transdisciplinarios en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, realizó un estudio denominado “Violencia Feminicida en el Estado de Baja California Sur. Investigación diagnóstica 2007-2014” [*] , en el cual demuestra que la tasa de ilícitos penales cometidos en contra de mujeres y niñas en esa entidad federativa se encuentran en aumento.

En este estudio se menciona que en el periodo de 2007 a 2014 se cometieron 73 feminicidios en la entidad. Asimismo, se señala que de noviembre de 2014 a agosto de 2015, ya habían sido asesinadas 15 mujeres. Del total de feminicidios, el 41% de las víctimas eran empleadas del sector servicios, 15% eran sexoservidoras u ofrecían espectáculos nocturnos, 13% eran amas de casa, 11% eran estudiantes, 7% pertenecían a las Fuerzas Armadas, y el resto eran indigentes o desempleadas.

También, se menciona que el 20% de los homicidios ocurrieron con armas blancas, el 13% por traumatismo craneoencefálico, el 11% por estrangulamiento, el 10% por proyectil de arma de fuego, el 8% por asfixia, y el resto por calcinación, golpes y negligencias médicas.

Se debe agregar que las autoridades competentes en Baja California Sur no han hecho frente a la problemática social que afecta a mis conciudadanos, en especial a las mujeres y niñas sudcalifornianas, puesto que no se le ha dado la importancia que merece la presencia de ilícitos cometidos en su contra, al no realizar las investigaciones correspondientes para proporcionar los datos estadísticos que permitan conocer la frecuencia con que se presenta dicha problemática, las localidades en que ocurre, los motivos que lo originan, así como toda información que permita la creación de políticas públicas que permitan encarar y erradicar la violencia contra las mujeres en el caso específico del feminicidio.

Tomando en consideración la información mencionada con anterioridad, es necesario que el Gobierno del Estado de Baja California Sur, intervenga de manera inmediata, a fin de realizar las acciones correspondientes para que la violencia contra las mujeres, disminuya, toda vez que son conductas ilícitas que obstaculizan el lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, además de que violan y vulneran sus derechos humanos.

En razón de lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República, con respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que se realicen las investigaciones y la recopilación de estadísticas, que permitan conocer las causas y efectos sobre los hechos delictivos que derivan en feminicidios, para evaluar las políticas públicas en materia de prevención, disuasión, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, con el objeto de dar resultados efectivos en contra de las actividades delictivas que resultan en feminicidios, y así, disminuir los índices de violencia contra las mujeres.

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a los 30días del mes de noviembre de 2016.

ATENTAMENTE

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT


[*] Carcedo Ana, Conferencia dictada en Taller Regional sobre Femicidio. ccpdh/iidh.Guatemala, 2 de agosto de 2006. Citada en iidh/ccpdh, op. cit., nota12, p. 14

[*] http://www.bcsnoticias.mx/de-2007-a-la-fecha-en-bcs-se-han-cometido-aproximadamente-9-feminicidios-al-ano-estudio/

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68016