Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 19 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 8 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-66/67882
Jueves 8 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-66/67882

De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a organismos públicos locales de las entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Sen. Ma. del Pilar
Ortega Martínez

La suscrita MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ASÍ COMO A LAS PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN PROTOCOLOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES, altenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, trajo como consecuencia el reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas, por lo que dicha reforma obliga a todas las autoridades, a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

En este contexto encontramos a un grupo vulnerable, que ha sido estigmatizado a lo largo del tiempo, nos referimos a las personas con discapacidad, mismas que si bien es cierto son consideradas como titulares de todos los derechos previstos en nuestra Constitución General, así como en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, también lo es que todas las autoridades están obligadas, en sus distintos ámbitos de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos de las personas de este grupo vulnerable.

Si bien es cierto, en nuestro país se han instrumentado diversas acciones para eliminar las barreras físicas y sociales que limitan la autonomía y el libre transito a distintas instalaciones de las personas con discapacidad, también lo es que tenemos pendiente implementar medidas legales que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a la justicia.

Resulta de vital importancia la visibilización de  los diferentes obstáculos que encuentran las personas con discapacidad en el camino hacia el pleno ejercicio de sus derechos y de manera específica cuando son parte en un proceso judicial y/o administrativo, principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.

El problema planteado no es menor si consideramos que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen aproximadamente 650 millones de personas con discapacidad y en nuestro país, según datos de INEGI, 5 millones 739 mil 270 personas [*].

El Estado Mexicano debe cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda vez que como Estado parte está comprometido a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales destaca el de adoptar medidas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención.

Los artículos 12 y 13 de la Convención,hacen referencia al igual reconocimiento ante la ley y el acceso a la justicia; es decir que todas las personas con discapacidad tienen derecho a que sea reconocida su personalidad jurídica, se les proporcione salvaguardias adecuadas y sobre todo efectivas para impedir abusos; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos; incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales; asimismo de promover la capacitación del personal de los órganos de encargados de la administración de justicia y del sistema penitenciario, mismos que a la letra señalan: 

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley.

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13 Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.        

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Y es justamente en el ámbito del sistema de justicia donde se han identificado las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad, lo que ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya implementado diversas acciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, fundamentados en el principio pro persona,  que buscan  garantizar que el derecho de acceso a la justicia personas con discapacidad, de las cuales destaca el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, el cual atendiendo a la especialidad del público a quien está dirigido, es decir a las y los jueces que integran el Poder Judicial de la Federación centra su atención en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, siendo a este Poder a quien le corresponde adoptar acciones encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para la justiciabilidad de los derechos sean efectivos en la práctica, con la finalidad de que el derecho a la justicia sea ejercido bajo estándares óptimos de eficacia, tomando en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con discapacidad. [*]

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos claros, certeros, didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en los casos involucren derechos de las Personas con Discapacidad,  de tal suerte que se eviten violaciones que generen discriminación y desigualdad.

Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la creación del mencionado protocolo, la presente proposición con punto de acuerdo pretende en términos generales exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad”,así como a las Procuradurías Generales de Justicia, Fiscalías Generales de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios inherentes a las garantías de igualdad y no discriminación, en el marco de los diversos instrumentos internacionales existentes en la materia, la suscrita somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO  DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su competencia establezcan e implementen protocolos para los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad tomando, en su caso como referente, el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con discapacidad”,implementado por el Poder Judicial de la Federación.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia para que por conducto de la Conferencia Nacional de Procuradores, se establezcan e implementen protocolos para los ministerios públicos y policías ministeriales en materia derechos de personas con discapacidad.

Dado en el Salón de Sesiones a los 05 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis. 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez


[*]Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con discapacidad. p 7.

[*]Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de personas con discapacidad. p 11

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67882