Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Miércoles 18 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 8 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-66/67881
Jueves 8 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-66/67881

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades penitenciarias y a las corresponsables encargadas de operar el sistema penitenciario a llevar a cabo las acciones tendientes a materializar la reinserción social como finalidad primordial de la pena privativa de libertad.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Sen. David
Monreal Ávila

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS Y A LAS CORRESPONSABLES ENCARGADAS DE OPERAR EL SISTEMA PENITENCIARIO, A QUE EN CONJUNTO, LLEVEN A CABO DE FORMA DILIGENTE LAS ACCIONES TENDIENTES A MATERIALIZAR LA REINSERCIÓN SOCIAL COMO FINALIDAD PRIMORDIAL DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las conductas consideradas antisociales han ido evolucionando a través del tiempo, situación que ha sido una de las principales problemáticas que estancan la consolidación de una sociedad pacífica y respetuosa de las normas mínimas de conducta, así como del fortalecimiento de la seguridad y protección de los valores jurídicamente protegidos.

Históricamente anterior a la pena privativa de libertad existían diversas sancionesque seimponían a los sujetos que cometieran conductas consideradas como lesivas para el orden y la tranquilidad social, una forma de retribuirles un mal por el mal que habían causado; se legitimaban en un inicio penas sustentadas en la venganza privada, posteriormente fundadas en la venganza divina y finalmente en la venganza publica,comúnmente materializada a través de las ejecuciones.

Con el paso del tiempo la facultad de castigar le fue concedida al Estado por sus propios gobernados mediante un contrato social, con ello se fue conservando el mismo sentido retributivo en la imposición y ejecución de sanciones,conjuntándolo paulatinamente con una idea a la vez humanística. Se buscó sustituir sanciones como las penas de muerte, optando por conservar la vida del sujeto mientras se le privaba de la libertad en cárceles.

La palabra cárcel proviene del latín carcer, carceris (edificio con rejas donde ponen a los presos); y el Diccionario de la Real Academia Española lo concibe como el “local destinado a reclusión de presos” [*]. El origen de las cárceles se remonta a los romanos que en principio les daban utilidad como instrumentos de control social en el que se albergaba a los presos políticos con la idea de dar imagen de democracia y civilidad. Posteriormente con los griegos las cárceles albergaban a los delincuentes que cometían ilícitos contra el Estado, no obstante seguía preponderando el abuso de la pena de muerte.

Con el devenir del desarrollo de las sociedades, el Estado se da cuenta del valor económico que representan los sujetos que compurgan penas privativas de libertad y da lugar a la aparición del uso de la prisión como un medio de explotación de la fuerza de los sujetos, esto en el entendido de que muchas de estas funciones obedecían al concepto de la pena como un sufrimiento.

Más adelante los estudiosos del tema se dieron a la tarea de continuar con la humanización de la pena, surgiendo así sistemas correccionalistas o moralizadores que tenían la finalidad de transmitir valores a los penados. Los fines de estos sistemas se pretendían alcanzar inicialmente a través del aislamiento total en prisión, pues según esto, cada sujeto se enfocaría en reflexionar sobre sus actos; después se modificaría este sistema al incorporar la posibilidad de trabajar inculcándole a los penados valores como la responsabilidad.

Diversos teóricos del derecho penitenciario han referido que posteriormente la pena dejó de tener un fin en sí misma, ya no representaba un castigo, dolor o aflicción. Lo anterior tuvo cabida con la aparición de sistemas penitenciarios progresivos, en los cualesse trata de transitar a la idea de que la pena privativa de libertad debe tener una finalidad diversa y ser más humana, pues con ella el sujeto debe adquirir conocimientos y herramientas para su correcta reinserción a la sociedad.

En la actualidad se ha dado lugar a diversos sistemas enfocados a la readaptación social, que se basan en la individualización de la pena y del tratamiento penitenciario, complementándolo con un tratamiento postpenitenciario; llevándose acabo todo lo anterior con atento respeto a los derechos humanos. El tratamiento penitenciario se ha hecho acompañar por otras herramientas, tales como la educación, el trabajo, el estudio psicológico, entre otras.

Ahora bien, después de la breve y genérica referencia histórica que se ha hecho con antelación, es importante puntualizar lo que principalmente interesa al presente: analizar los objetivos por los que actualmente se rige el sistema penitenciario en México, tomando en consideración su función ejecutiva respecto de la pena privativa de libertad.

Constitucionalmente el artículo 18 en su segundo párrafo sienta las bases por las que se rige el sistema penitenciario en el paísasí como su objetivo, el cual a la letra refiere que:

“…El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Del anterior precepto se desprenden las herramientas con las cuales se pretende lograr la reinserción de los sujetos a la sociedad, añadiendo una finalidad preventiva, es decir, que el sujeto una vez reinsertado a la sociedad no vuelva a delinquir.

Sin embargo, gran parte de lo dispuesto por el máximo ordenamiento no es una realidad palpable, toda vez que la reinserción social tiene grandes y preocupantes obstáculos. Podrían citarse problemas como la sobrepoblación en los centros penitenciarios, las malas condiciones de su infraestructura, la corrupción, la violación a los derechos humanos, entre otros.

Lamentablemente México se ha olvidado de su sistema penitenciario, siendo que este es la parte medular para que los sujetos que ya han compurgado sus penas se reinserten de forma positiva a la sociedad y sean productivos en la misma. Todo lo contrario sucede en la actualidad, pues dadas las malas condiciones y el desapego a las principios por los que deberían regirse los centros penitenciarios, existe una baja, si no es que nula, rehabilitación de los sujetos que se encuentran recluidos en ellas.

Sustento de lo anterior es lo referido en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, que con la tarea de fiscalizar los objetivos y metas del Sistema Nacional Penitenciario, identificó que en 2014 el 44.0% (10,901) de los 24,776 internos en centros federales fue reincidente, lo que significó una efectividad limitada de las actividades de reinserción. [*]

No cabe duda que hay problemas de fondo en el funcionamiento del sistema penitenciario, y las autoridades facultadas para solucionar esas cuestiones no han actuado de forma diligente para resolverlas.

Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes, lo que provocó que a 2014 no se registraran avances de consideración en la superación del problema que dio origen a la política pública, que pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24,776 internos recluidos en los Centros Federales de Readaptación Social, así como la contención de su reincidencia y, enconsecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública. [*]

En 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizo un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, del cual se desprenden las siguientes consideraciones:

Por lo que hace a irregularidades detectadas en los Centros de Readaptación Social Estatales,se enlistaron 39 preocupantes problemas [*], de entre los cuales destacan:

  1. No existe clasificación entre procesados y sentenciados endormitorios y en áreas comunes. 
  2. Deficientes condiciones materiales e higiene de las instalacionespara alojar a los internos. 
  3. Se detectaron, áreas de privilegios, así como presencia de objetos ysustancias prohibidas, así como de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población. 
  4. Hacinamiento, ya que se observó una deficiente distribución de losinternos. 
  5. Sobrepoblación. 
  6. Deficiencias en la capacitación del personal penitenciario. 
  7. Deficiencias en las acciones para la vinculación del interno con lasociedad (visita familiar, íntima, comunicación telefónica y biblioteca). 

Respecto de los Centros Penitenciarios Federales las irregularidades, aunque parecen tener una menor cantidad, son coincidentes en su mayoría con las de los estatales, por ello el problema del sistema penitenciario no puede sectorizarse.

He aquí la cuestión medular que ha puesto en jaque al Sistema Penitenciario, pues como se ha reiterado, está muy lejos de cumplir con los estándares fijados por la Constitución. Los derechos humanos se han convertido en una falacia dentro de los centros penitenciarios.

Es obligatorio asimilar la idea de que el Sistema Penitenciario forma parte del funcionamiento de toda la sociedad, pues al tener la primordial tarea de reinsertar al penado a través de los diferentes medios, y una vez que son puestos en libertad,la función resocializadora requiere de la participación activa de todos. Es lamentable que no se generen las condiciones suficientes para que la reinserción social se materialice, pues por el contrario, si desde el interior de los centros penitenciarios no se concibe la idea de respeto a las normas de conducta, la preparación del sujeto para vivir en libertad y el fortalecimiento de valores, nada positivo se puede esperar para la sociedad.

Asimismo, también resulta inaceptable que culturalmente se perciba por la mayoría de los mexicanos a las cárceles como “escuelas del crimen”, un determinismo que nace ante la abrumadora situación de la inseguridad en el país, pues cifras como las anteriormente expuestas, ponen en entredicho la efectividad de esa tarea de reinserción y resocialización.

No se puede ser omiso en que también el crecimiento de este problema se debe a la falta de participación de las autoridades corresponsables a que se refiere el artículo 3, fracción II de la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal:

“Artículo 3. Glosario

Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por:

[…]

II. Autoridades Corresponsables: A las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Cultura, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y sus equivalentes en las entidades federativas, así como aquellas que por su naturaleza deben intervenir en el cumplimiento de la Ley, en el ámbito de sus atribuciones; […]”

De lo anterior se pude mencionar por ejemplo, que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no ha generado las condiciones oportunas para colaborar en el tratamiento postpenitenciario de los sujetos puestos en libertad, la Secretaría de Desarrollo Social no ha impulsado programas de alto impacto que fomenten precisamente esa tarea con los sujetos.

Por si lo anterior no fuera suficiente motivo de indignación, el país a nivel internacional refleja un estatus poco decoroso respecto del cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, las cuales especifican los principios y practicas generales que se consideran aceptables para el tratamiento de los reclusos y representan las condiciones adecuadas mínimas que aceptan las Naciones Unidas y que también han sido concebidas para proteger contra los malos tratos, particularmente en relación con la imposición de la disciplina y la utilización de instrumentos de coerción en las instituciones penales. [*]

Basta con adentrarse a la lectura de este instrumento para darse cuenta que en México no se cumple con más de la mitad de lo establecido, verbigracia la inobservancia de la efectiva separación por categorías a los reclusos, las condiciones mínimas de los locales destinados a los reclusos, la higiene, servicios médicos, disciplina y sanciones, la información y derecho de queja de los reclusos, profesionalización del personal penitenciario, entre muchas otras cuestiones que hacen parecer totalmente ajeno al país de estas reglas.

Aunado a lo anterior, del mismo instrumento es válido citar los siguientes principios rectores aplicables a la categoría de personas sentenciadas, los cuales evidentemente no operan ni se han logrado en México:

“…58. El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

59. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer…”

Tal como se ha sostenido en el desarrollo de las presentes consideraciones, el Sistema Penitenciario en el país no ha arrojado los resultados deseados, ni mucho menos se ha ajustado a los entandares mínimos internacionales; la situación es lo suficientemente alarmante como para exhortar a todas y cada una de las autoridades responsables a trabajar en conjunto por la consecución de una solución concisa a esta situación.

A pesar del avance legislativo en materia penal, por lo que respecta a la implementación de sistema penal acusatorio, la utilización de la privación de libertad como ultima ratio, la integración de los derechos humanos, el fortalecimiento del principio de presunción de inocencia, entre otras cuestiones, es imprescindible trabajar en la crisis del sistema penitenciario que aún sigue latente, y que realmente se cumpla con la finalidad de reinserción social. Cada persona recluida tiene que encontrar en las instituciones penitenciarias un espacio físico en el cual tenga la posibilidad de prepararse para la vida en libertad y consecuentemente enmendar con acciones positivas su comportamiento en el pasado.

Es tiempo de recuperar terreno en un aspecto tan abandonado, pues todas esas deficiencias se ven reflejadas en la situación de inseguridad actual que podría agravarse si no se actúa de inmediato en esta cuestión toral.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la autoridad penitenciaria dependiente del Ejecutivo Federal y a las dependientes de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el Sistema Penitenciario, a que, en conjunto con las Autoridades Corresponsables a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal:

  1. Lleven a cabo de forma diligente las acciones tendientes a materializar la reinserción social como finalidad primordial de la pena privativa de libertad; y  
  2. Rindan a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han llevado a cabo  respecto al cumplimiento de los entandares mínimos que se establecen a nivel internacional para las instituciones penitenciarias. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los __días del mes de diciembre de 2016.


[*]Véase en el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Búsqueda disponible en: http://dle.rae.es/?id=7Tue0Tp

[*]Auditoria Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. Auditoría de Desempeño: 14-0-04100-07-046. Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0046_a.pdf

[*]Ibídem

[*]Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf

[*]Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos. Disponible en:  https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/4695/4102

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67881