Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Lunes 22 de mayo de 2017
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Martes 6 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-64/67814
Martes 6 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-64/67814

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias federales incluidas en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 definir las reglas de operación que garanticen la aplicación sin dilación de los recursos del próximo año, definiendo con precisión los municipios y comunidades indígenas elegibles, de acuerdo con el catálogo oficial aprobado por el INEGI.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.

Sen. Jorge
Toledo Luis

Punto de Acuerdo para requerir a las dependencias federales incluidas en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 a definir las reglas de operación que garanticen la aplicación sin dilación de los recursos el próximo año, definiendo con precisión los municipios y comunidades indígenas elegibles, de acuerdo con el catálogo oficial aprobado por el Inegi.

Jorge Toledo Luis, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II, y 276, fracción III del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, según los siguientes

Consideraciones

Casi un cuarto de la población mexicanaes indígenas, alrededor de 25 millones 800 mil personas nos autoadscribimos como tales, el 21.5% de la población, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía(Inegi) [*] , que también contabilizó que, en 2015, en el país hay casi 120 millones de personas.

Los indígenas integramos 68 pueblos autóctonos donde se habla la misma cantidad de lenguas y 364 variantes lingüísticas. [*]

Según los datos del Inegi, en 2010, había 785 municipios con presencia indígena, contra mil 671 con poca o nula presencia indígena, eso implica que en el 32 % de los municipios del país viven indígenas, aunque están concentrados en 477 municipios. [*]

No porque quisieran, sino por las condiciones que privó durante los 300 años de la colonización y la colonia del Imperio español, y los otros cien años de vida independiente, cuyas relaciones sociales de producción los mantuvo casi en la misma condición, los indígenas mexicanos fueron obligados a vivir en lo más intrincado de las montañas, las marismas y las zonas desérticas, las “regiones de refugio”, como las llamó Gonzalo Aguirre Beltrán [*] , pero que en realidad fueron las zonas donde los colonizadores y los hacendados del siglo XIX no querían o no podían llegar.

La condición de zonas de refugio y la propia necesidad de mantenerse aislados de los conquistadores y sus descendientes, los hacendados, llevó a nuestros pueblos originarios a no contar con caminos adecuados para su integración a la vida productiva y social de la nación. Esa misma situación los mantuvo en condiciones de atraso tecnológico, educativo y productivo, a pesar de los intentos de los gobiernos emanados de la Revolución mexicana por hacerlos superar esas condiciones.

Según la última medición dela pobreza 2012-2014 efectuada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),siete de cada 10 indígenas (73.2%) estaban en situación de pobreza, en una proporción estacionaria desde 2010, y los indígenas en situación de pobreza extrema incrementaron su número, aunque el aumento no fue significativo, 1.2 puntos porcentuales.

Pero aún más grave son las diferencias existentes entre la población indígena y la no indígena, pues representan las brechas de desigualdadque hay en el país. Si siete de cada 10 indígenas vivían en situación de pobreza, sólo cuatro de cada 10 no indígenas vivían en una situación similar. Por su parte, la población indígena en pobreza extrema llegóa 31.8 por ciento, mientras que la población no indígena en la misma situación fue de 7.1 por ciento. [*]

Los datos anteriores nos muestran que los pueblos originarios viven en situaciones diferentes y desiguales con respecto a la población en general del país. Somos iguales ante la ley, pero desiguales en el acceso a las oportunidades que nos brinda el gobierno y la sociedad en general. Precisamente por eso, la reforma al artículo segundo constitucional, en 2001, buscó paliar esa brecha de acceso a los recursos y servicios que el gobierno otorga a todos los mexicanos.

Por eso nos extraña e inquieta que el PEF 2017 sólo destine el 1.54% del presupuesto total a los pueblos y comunidades indígenas, lo que implica una desigual e injusta distribución de recursos en su perjuicio. Aunque a estas alturas ya no es posible modificar el presupuesto asignado a las dependencias para el ejercicio transversal de las políticas públicas destinadas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, es muy necesario que los recursos etiquetados por la Cámara de Diputados en su pasada sesión del 10 de noviembre sean utilizados racionalmente y con una visión de focalización para lograr una máxima eficacia en obras y servicios, que repliquen y magnifiquen los beneficios propuestos.

El artículo segundo constitucional establece un Fondo Indígena destinado a la política transversal de atención a los pueblos y comunidades indígenas denominado “Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades Indígenas”, para dar recursos a los programas, acciones y estrategias adscritos a los ramos.En consonancia con el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social, donde se establece que los presupuestos destinados a los programas sociales no deben disminuir  respecto del ejercicio anterior, hasta ahora las erogaciones destinadas a los pueblos indígenas habían sido constantes y crecían anualmente.

Sin embargo, el PEF 2017, en el Anexo 10, presenta una reducción de 15 % en términos reales, acentuándose en el Programa de Infraestructura Indígena de la CDI, que disminuye en un 73%.

A pesar de toda la gravedad de la situación, considero que los diputados y los servidores públicos del ramo de Hacienda hicieron las valoraciones necesarias y pertinentes para proponer y aprobar el PEF 2017.

Sin embargo, me preocupa que los recursos del Fondo indígena no sean aplicados para satisfacer las necesidades y requerimientos de la población a la que están destinados. Según la experiencia cotidiana, las reglas de operación de la mayoría de las dependencias federales están destinadas a la población en general, casi en la totalidad de los casos no toman en consideración las particularidades de las zonas indígenas y las carencias de la población que ahí vive, lo que dificulta que ellos tengan acceso a los recursos y servicios.

Esa situación la plasmó casi gráficamente la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados en el documento donde emitió su opinión respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, al reportar que, para agosto de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no había ejercido la totalidad de los 3mil 594 millones de pesos que se le habían asignado en 2016 en el Anexo 10.

Según la misma Comisión de los diputados, para cumplir uno de los artículos del PEF 2016, en abril de este año solicitó un informe a las dependencias sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones del Anexo 10, y el requerimiento sólo fue atendido por la CDI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos,el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social; de manera parcial por la Secretaría de Economía y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; e incumplieron las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En la mesa de trabajo que establecieron en agosto de este año, a la que asistieron 13 de 14 dependencias con fondos del Anexo 10, concluyeron que los informes presentados fueron en general insuficientes.

Esa Comisión consideró que, con excepción de la CDI y la Secretaría de Educación Pública, el resto de las dependencias que ejercen recursos del Anexo 10 del PEF no tienen definida una política de atención al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, tampoco conocen con precisión el monto del presupuesto asignado para ese fin, ni los propósitos de la estrategia transversal.

También concluyeron que el presupuesto comprendido en el Anexo 10, en aproximadamente un 50%, no se está aplicandopara los fines del mandato establecido en el artículo segundo  constitucional, y que tampoco existen criterios sólidos y unificados para cuantificar e identificar a la población indígena, tampoco existe un padrón único de beneficiarios indígenas. [*]

Con la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación y los recortes en las dependencias federales, es impostergablecorregir las deficiencias observadas en el ejercicio de los recursos destinados a los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo al Anexo 10.

Es necesario e imperativo que todos los recursos sean destinados a cabalidad a satisfacer las demandas y requerimientos de quienes tanto apoyo requieren para impulsar sus procesos de desarrollo, necesitamos que las dependencias federales integradas en las políticas públicas transversales para ejercer las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades Indígenas conozcan con claridad los montos y programas presupuestados.

Así se estableció claramente en el documento aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de noviembre, el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en el Capítulo VI. “Del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, en la fracción V, que a la letra dice: “Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y requisitos existentes;”

Por eso requerimos y exigimos que las dependencias incluidas en el Anexo 10 del PEF 2017 flexibilicen y adecuen a las condiciones reales de los habitantes de los pueblos indígenas sus aperturas programáticas y las reglas de operación con que se rigen, de tal forma que la contraparte solicitada sea de acuerdo a las condiciones económicas de los solicitantes y de las entidades donde viven, pero además deben desburocratizar los trámites y minimizar la documentación solicitada a la mínima indispensable, para que los escasos recursos se apliquen bien y en su totalidad.

Es necesario que las dependencias que ejerzan el Fondo Indígena conozcan la lista de municipios y comunidades que la CDI contempla como elegibles, a partir del catálogo elaborado por el Inegi, y a ellos se destinen los recursos del Anexo 10.

Ninguna dependencia conoce mejor estos temas y las ha aplicado en la ejecución de su prepuesto que la CDI, por eso considero de urgente necesidad que las dependencias federales con acceso a los recursos del Fondo Indígena coordinen sus acciones con esta dependencia para la elaboración de sus reglas de operación y la Comisión asuma la responsabilidad que le marca la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el artículo segundo, para coordinar las acciones federales en apoyo a los pueblos y comunidades indígenas.

Por último, quiero insistir en otro ordenamiento del PEF 2017 aprobado por los diputados en el ya mencionado “Capítulo VI. Del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas”, donde también se establece en la fracción VI: “Se dará preferencia en los programas de infraestructura a la conclusión de obras iniciadas en ejercicios anteriores, así como a las obras de mantenimiento y reconstrucción, y”.

Con base en estas consideraciones, presento ante esta honorable asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo:

ÚNICO: Requerimos muy respetuosamente a las dependencias federales incluidas en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017a definir las reglas de operación que garanticen la aplicación sin dilación de los recursos el próximo año, definiendo con precisión los municipios y comunidades indígenas elegibles, de acuerdo con el catálogo oficial aprobado por el Inegi.

Atentamente,

Senador Jorge Toledo Luis


[*] Inegi. Panorama sociodemográfico de México 2015, Aguascalientes, México, 2015, pág. 9.

[*] Embriz Osorio, Arnulfo y Óscar Zamora Alarcón (coords.) México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición. Variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000, México, D. F, Inali, 2012, pág. 9.

[*] Según las estimaciones de Coneval, con base en los censos de 2000 y 2010, en ese último año habían 257municipios indígenas, otros 220 se consideraban predominantemente indígena y308 tenían moderada presencia indígena. Coneval. La pobreza en la población indígena de México, 2012, México, D. F, Coneval, 2014, pág. 42.

[*] Aguirre Beltrán, Gonzalo.Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en meztizoamérica, Volumen 9, Universidad Veracruzana, Gobierno del Estado de Veracruz, 1991, 371 páginas.

[*] Coneval. Informe de pobreza en México, 2014, México, D. F, Coneval, 2016, págs. 62-64.

[*] Opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 3 de noviembre de 2016, págs. 8 y 9.

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