Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Jueves 25 de mayo de 2017
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Martes 6 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-64/67737
Martes 6 de Diciembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-64/67737

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Sen. Angélica
De la Peña Gómez

La suscrita Angélica de la Peña Gómez, Senadora de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA ESTABLECER EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES COMO UN ORGANISMO AUTONOMO), al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública publicada en la Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y la eminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio en todo el país, en el Congreso de la Unión se han realizado un importante número de reformas que hagan posible si viabilidad.

Decimos que son “reformas” en plural -porque no sólo es la gran reforma penal del 2008-, sino que con el Sistema Acusatorio coexisten otros ordenamientos que en el Congreso de la Unión hemos expedido. Tenemos así la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011; la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales; una reforma integral a la Ley de Amparo; la Ley Nacional de Ejecución Penal; una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales, una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; las reformas que se han hecho a la Ley General de Víctimas; la reforma constitucional para contar con una Fiscalía General de la República y por ende un ministerio público autónomo, entre otras importantes reformas que complementan y hacen congruente este conjunto de normas con el sistema penal acusatorio.

Ahora bien uno de los puntos más importantes de los juicios orales tiene que ver con la valoración de las pruebas y su análisis según la sana critica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia por los por los órganos jurisdiccionales.

Por tanto, cómo señala Alejandro Magno González de Alba: “Por la naturaleza del sistema acusatorio adversarial, la libertad de valoración de la prueba resulta indispensable, pues así como también existe libertad para ofrecer prueba y pretender probar las proposiciones fácticas con cualquier medio de prueba que se tenga al alcance, no podría  entenderse, un sistema reglado de valoración en el que se asignara determinado valor probatorio a una determinada prueba”. [*]

En esos términos una de las pruebas más importantes en el sistema acusatorio es la prueba pericial. “Los peritos a diferencia de un testigo ocular, por regla general  pueden especular, ya que su propia experiencia y especialización en la materia sobre la cual hacen una especulación, se los permite. Los peritos son cruciales en la investigación que dirige el Ministerio Público y en la práctica tiene mucha credibilidad en un juicio oral por ser expertos, razón por la que la  contraparte debe asesorarse también de un experto en la preparación de su contra interrogatorio a fin de poder controvertir de manera adecuada la prueba pericial ofrecida y desahogada por la otra parte. Cuando  una parte presenta una prueba pericial en el juicio oral debe asegurarse que lo que el perito exprese sea claro, concreto pero completo y que explique todos y cada uno de los elementos sobre su conocimientos  especiales en alguna ciencia, arte, o técnica y que estén relacionados con el caso concreto, para apoyar la teoría del caso de la parte que trajo al perito a declarar”. [*]

Entonces uno de los retos fundamentales para las y los profesionales encargados de la actividad pericial lo es sin duda la oralidad. La mayor parte de quienes desempeñan actualmente esta actividad no están habituados para exponer su dictamen en un juicio oral. Su informe rendido ante juez debe pasar por el examen y el contra examen de las partes; la o el perito deberán someterse a cuestionamientos sobre su trayectoria profesional y cuestiones relativas al dictamen realizado.

Como podemos advertir, uno de los esquemas que permitirá consolidar el sistema acusatorio es institucionalizar de manera coherente, científica y autónoma los servicios periciales e incorporar una política pública que coordine, armonice y unifique en todo el territorio nacional las ciencias forenses como auxiliares del derecho penal y del derecho procesal.

“Es cierto que el diseño del proceso penal acusatorio consiente que cada una de las partes opte por llevar a peritos de su confianza principalmente en la etapa de investigación y en la etapa de juicio, pero esto no  releva de la obligación institucional que tiene tanto el gobierno federal como las entidades federativas, de contar  con un sistema pericial que cubra todas las necesidades de la investigación penal. Importa demasiado para la objetividad e imparcialidad de las investigaciones penales, que en un sistema pericial quede instalada en un órgano del Estado que posea independencia y autonomía técnica en la función pericial, con un presupuesto suficiente para evitar la dilación de los actos de investigación, ante la exigencia de una diversidad de peritajes que demanda primordialmente la etapa de investigación inicial y complementaria  en el proceso penal acusatorio. La consolidación del proceso penal acusatorio y la adecuada aplicación del Código Nacional, debería contemplar la urgente necesidad de otorgar esa independencia y autonomía a la función pericial. Por consiguiente, en este sistema de pericias  la consolidación del sistema acusatorio mexicano precisa de ajustes técnicos en su estructura y organización; sobre todo en materia de incentivos, para contar  con especialistas en varias disciplinas científicas”. [*]

En mérito de lo expuesto, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía es la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como un órgano constitucionalmente autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto prestar a la ciudadanía y a los intervinientes en el procedimientos penal, los servicios medico legales y de ciencias forenses que requieran con el soporte científico y técnico.

No está por demás señalar a manera de ejemplo que los laboratorios de criminalística, en algunos estados de la república, presentan un atraso tecnológico considerable, lo que hace que los resultados obtenidos no presenten la certeza probabilística requerida por la ciencia. Equipos fuera de uso por falta de presupuesto para el mantenimiento adecuado, y otros se encuentran en plena obsolescencia tecnológica.

Otro factor importante a destacar en la problemática actual, es la falta de unidad de criterios que existe en la profesionalización de los expertos en diversas materias, ya que los programas de formación de peritos profesionales o técnicos, no están homologados a nivel nacional, lo que genera una formación desarticulada y es importante señalar que en ocasiones ni siquiera existen estos programas de formación y que los peritos ingresan a las instituciones de procuración de justicia sin tener una formación inicial, ni programas profesionales de reclutamiento y selección; no existen, en gran parte de las instituciones, programas de carrera que los incentive a mantenerse dentro de la procuración de justicia.

Aunado a lo anterior, en la actualidad todavía no se establecen con debida claridad los programas de certificación pericial que como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas de competencia laboral, donde el perito demuestre su aptitud para desempeñar las funciones inherentes a su cargo, es importante manifestar que a nivel federal, ya existen en el ámbito pericial normas de competencia, sin embargo se desconoce si ya existen acuerdos a nivel nacional para que su aplicación se dé en todas las entidades federativas o bien si ya las instituciones estatales de procuración de justicia cuentan con normas de competencia profesional que permitan certificar en el corto plazo a sus peritos.

Finalmente no podemos dejar de señalar que ante la gravedad del problema de las desapariciones en nuestro país, esta propuesta toma en consideración las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) hizo al Estado mexicano a raíz de los lamentables acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dicha recomendación consiste en: “Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal como en los diferentes estados. Dicha entidad debe contar con autonomía administrativa y financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial. Además debe tener la capacidad técnica, científica y profesional para desarrollar sus labores, debe tener personal capacitado y contar  un trabajo diseñado con base en los protocolos internacionales y cumpliendo  los estándares en las diferentes materias”. [*]

Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en febrero de 2015 evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

En dicha evaluación el Estado mexicano fue cuestionado con relación a las medidas, acciones y mecanismos destinados a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas y con la protección a los familiares de las víctimas.

En este sentido, el Comité de la ONU también cuestionó la tardía intervención del Gobierno Federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, señalando que este caso es un desafío para el Estado, pero también es reflejo de una problemática estructural que se mantiene debido a la impunidad.

El Comité hizo énfasis en la necesidad de una búsqueda en vida y de poder  desarrollar las capacidades para un adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas. La falta de bases de datos y cifras confiables; el abuso de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las personas migrantes y sus familias; la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias.

Además el Comité cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada (como podría ser una ley general) y la negativa del Estado hasta ahora de reconocer la competencia del Comité para conocer de casos individuales de desaparición forzada en México.

Como podemos observar se trata de un problema estructural del Estado mexicano que lejos de disminuir aumenta significativamente. El Registro Nacional de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de desaparición; el 40% ha sido denunciado durante la actual administración.

Tal como se desprende de las estadísticas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Tamaulipas es la entidad federativa donde más personas han desaparecido, con 5 mil 380 víctimas registradas (tanto en el fuero común como en el federal); de ellas, 30% han sido desaparecidas durante la actual administración. El segundo lugar es Jalisco, donde se tienen registrados 2 mil 150 casos de desaparición, de los cuales 49% se perpetraron en la actual administración y en tercer lugar está el Estado de México, entidad en la que se tienen contabilizadas 1 mil 745 desapariciones, 51.6% de las cuales se cometieron durante la actual administración federal.

Por tanto se trata de un problema que enfrentan tanto autoridades federales como locales, de ahí la importancia de un instituto forense altamente especializado que permita la coordinación con la Procuraduría General de la República y la de las entidades federativas en temas como son el tratamiento de las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas, así como su depuración; los mecanismo de búsqueda y la implementación de protocolos, entre otros aspectos que son de trascendencia para las investigaciones.

De igual manera no podemos dejar de obviar esta demanda que ha sido propuesta de organizaciones de la sociedad civil que buscan a sus familiares que han sido víctimas de desaparición forzada de personas, como son: el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; el Comité Cerezo México; el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos, Monseñor Romero; la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C.; Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental; el Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla; el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; la Brigada Multidisciplinaria Ajusco Radio; y la Federación Mexicana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos entre otras importantes organizaciones integradas en esta campaña nacional contra la desaparición forzada, quienes también han planteado la necesidad de contar con un instituto nacional autónomo en investigación forense en nuestro país que permita dar certeza a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Una de las características que debe tener este instituto es el de contar con personal especializado en las diferentes áreas de antropología forense, arqueología forense,  biogenética, en investigación de contextos y psicólogos sociales, con enfoque especializado en materia de derechos humanos.

Proponen además que sea este instituto el encargado  de resguardar el Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional ante-morten / post-morten, así como  del Registro Nacional de restos mortuorios no identificados y de todas las zonas en donde se encuentren fosas comunes.

Finalmente consideraos que al contar con un organismo constitucional autónomo en materia de servicios periciales, se podrán unificar los recursos humanos, materiales y de infraestructura operativa que actualmente se encuentran dispersos, lo que permitirá una orientación del personal de acuerdo a las necesidades de cada caso; la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización, lo cual evitará discrecionalidad en el desempeño de las actividades.

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO. Se adiciona un apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para queda como sigue:

ARTÍCULO 102

A …

B…

C. La Federación y las Entidades Federativas establecerán institutos de ciencias forenses y servicios periciales que contaran con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Estos institutos conformaran el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que tendrá por objeto prestar servicios médico legales  y de ciencias forenses con soporte científico y técnico a las instituciones  de procuración de justicia  y defensoría pública que le sean solicitados en todo el territorio nacional. Asimismo estarán encargadas de la acreditación y certificación de los peritos que intervengan ante los tribunales federales y del orden común.

El Instituto que establezca el Congreso de la Unión se denominará Instituto Nacional de Ciencias Forenses y estará encargado de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de controlar su funcionamiento.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

La persona titular del Instituto, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada, por un periodo de cinco años, y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La persona titular del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor  del presente Decreto para expedir la Ley que crea el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como las adecuaciones normativas correspondientes.

TERCERO.Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de administración y procuración de justicia en materia de servicios periciales y medicina forense pasarán a formar parte del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

CUARTO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto para el desempeño de sus funciones.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ.


[*] González de Alba Alejandro Magno. La valoración de la Prueba. En Ensayos sobre la implenmetación de la reforma penal en México. Volume II. CIDAC/Proyecto Justicia/ USAID. México 2015, p175.

[*] González Obregón Diana Cristal. Manual práctico del juicio oral. Editorial UBIJUS. México 2010, p 196.

[*] González Rodríguez Patricia Lucila. En ministerio público y el sistema penal acusatorio. En 2016: el nacimiento de la Nueva Justicia Penal en México. María del Pilar Ortega Martínes y Rafael Estrada Michel Coordinadores. Senado de la República/Instituto Nacional de Ciencias Penales. México 2016 p 335.

[*] Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes p 358.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67737