Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 20 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

Leer más
Martes 29 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-59/67732
Martes 29 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-59/67732

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 143 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya

El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 143 Y 206 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA PREVER LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FALSA COMO HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fin último de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, es la de transparentar plenamente el ejercicio de la función pública, reconociendo la obligación de transparencia de los sujetos obligados como la contraparte del derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Sin duda, su expedición representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública en nuestro país, que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y los mexicanos.

Con el fin de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información del ciudadano, se establecieron mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede acudir ante los sujetos obligados en busca de información y éstos quedan obligados a proporcionarla en los términos señalados en el propio ordenamiento, salvo en los casos de excepción expresamente previstos.

En ese sentido, dicho ordenamiento señala que la información sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, así también que no se podrá clasificar como reservada información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que el ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización.

Tales prescripciones, junto muchas otras, colocan a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como una herramienta de avanzada. Tan es así, que el pasado mes de octubre diversas organizaciones internacionales le otorgaron el primer lugar en la Clasificación Global del Derecho a la Información (Global Right to Information Rating), que evalúa el marco jurídico general en materia de transparencia de 112 países.

Sin embargo, es claro que una buena ley no es suficiente por sí sola para acabar con los problemas de opacidad en nuestro país. Uno de nuestros grandes retos que tenemos por delante, esponer fin a la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su competencia. En ese sentido, debemos avanzar en una cultura de legalidad y transparencia, que seguramente tardará mucho tiempo, tal vez generaciones enteras, en echar raíces.

De igual forma, será necesario hacer un gran esfuerzo a nivel de las entidades federativas, en donde radican gran parte de nuestros rezagos en materia de transparencia y donde dichas concepciones patrimonialistas son profundamente arraigadas.

Conscientes de esa problemática y de las resistencias que previsiblemente muchos servidores públicos opondrían al cumplimiento de esta Ley en el inmediato plazo, las Cámaras del Congreso de la Unión previeron mecanismos para hacer exigible el cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Es así que, ante la vulneración al derecho de acceso a la información del solicitante por parte del sujeto obligado, tenga o no el carácter de servidor público, se prevé la posibilidad de que dicho solicitante impugne la resolución a través del recurso de revisión, mismo que se sustanciará ante los organismos garantes nacional o de las entidades federativas, según sea el caso.

Para tal efecto, el artículo 143 establece los casos en los cuales procederá dicho recurso, destacando aquellos que tienen que ver con entregas de información  incompletas, inaccesibles, así como conductas de carácter omisivo o evasivo por parte de los sujetos obligados.

Sin embargo, entre las trece fracciones que integran el artículo 143, no se contempla el caso de que el sujeto obligado haga entrega al solicitante de información falsa, hipótesis que implicaría que el sujeto obligado simule cumplir a cabalidad sus obligaciones de transparencia, cuando en realidad las evade y, en tal hipótesis se deja en indefensión al solicitante, toda vez que las causales de procedencia del recurso de revisión están expresamente señaladas en dicho precepto.

Si bien la obligación de transparencia de todo sujeto obligado conlleva de manera implícita el deber de proporcionar información que sea veraz, también es cierto que la Ley General es omisa en establecer la posibilidad expresa de que el solicitante impugne la entrega de información falsa.

En el mismo orden de ideas, el artículo 206 de la propia Ley General señala las causas de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparenciaque deberán prever tanto la Ley Federal como las de las Entidades Federativas, entre las cuales tampoco se contempló la entrega dolosa de información falsa por parte de los sujetos obligados.

Ante las omisiones en los artículos 143 y 206, nos encontramos en la posibilidad de que el sujeto obligado proporcione información falsa al solicitante, lo que como ya se señaló, constituye un claro incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, pero además coloca en estado de indefensión al solicitante, quien se ve imposibilitado para interponer el recurso de revisión, haciéndose así nugatorio su derecho de acceso a la información, con independencia de que la actuación del sujeto obligado haya sido dolosa o involuntaria.

Ahora bien, en caso de que dicha conducta haya sido probadamente dolosa, la propia omisión de la Ley impediría la imposición de una sanción, toda vez que ninguna de las hipótesis del artículo 206 serían aplicables y es de explorado derecho que no puede imponerse sanción por analogía, provocando así la impunidad para el servidor público que evada su obligación de transparencia mediante la entrega dolosa de información falsa.

Por tal razón, la presente iniciativa tiene como propósito que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevea como causal de procedencia del recurso de revisión la entrega de información falsa, sin importar si ésta se realiza de manera dolosa o no.

De igual manera, se propone que la entrega de información falsa de manera dolosa por parte del sujeto obligado, constituya una causa de sanción por incumplimiento de obligaciones de transparencia, de manera que tanto la Ley Federal como las de las Entidades tengan la obligación de prever la hipótesis y su correspondiente sanción. Cabe aclarar que, en este caso, no se sanciona la entrega de información falsa cuando la conducta no sea dolosa, es decir, cuando a través del recurso de revisión se acredite que el servidor público desconocía que la información de la que hizo entrega fuese falsa en su totalidad o en alguna de sus partes y, por tanto, haya obrado de buena fue al entregarla.

Es necesario subrayar que las propuestas a ambos artículos no solamente implican la subsanación de una omisión por parte del Congreso, sino además conllevan tanto la protección del derecho de acceso a la información a través de la previsión de una causal específica, como la sanción en caso de su incumplimiento, con lo que se pretende lograr su estricta observancia por parte de todo sujeto obligado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 143; las fracciones XIV y XV del artículo 206; se adicionan una fracción XIV al artículo 143 y una fracción XVI al artículo 206, todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

I. a XI.

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;

XIII. La orientación a un trámite específico, o

XIV. La entrega de información falsa en su totalidad o en alguna de sus partes.

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:

I. a XIII.

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos garantes;

XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones, o

XVI. Entregar dolosamente información falsa en su totalidad o en alguna de sus partes.

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67732