Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 28 de abril de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Miércoles 30 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-60/67635
Miércoles 30 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-60/67635

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de violencia política de género en el estado de Tlaxcala y se solicita a distintas autoridades intervenir en los hechos.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Sen. Lorena
Cuéllar Cisneros

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; Y SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE DISTINTAS AUTORIDADES PARA INTERVENIR EN LOS HECHOS.

La suscrita, SenadoraLorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción II del artículo 8 y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; Y SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE DISTINTAS AUTORIDADES PARA INTERVENIR EN LOS HECHOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel internacional se ha podido llegar a un consenso entre las naciones en el más amplio sentido de respeto a los derechos humanos, estableciendo garantías y protocolos de atención para ello.

En este sentido, es necesario llevar a cabo la reflexión sobre los problemas de violencia de género, que sin duda son un grave retroceso entre nuestros ciudadanos puesto que minimizan el reconocimiento del maltrato que sufren millones de mujeres a muchos niveles todos los días.

El amplio uso de este concepto muestra que la violencia contra las mujeres no es solo una cuestión biológica, es de género.Es una situación de discriminación en perjuicio de quienes no son varones, por el simple hecho de no serlo.

Las Naciones Unidas definen a la violencia de género como "todo acto de violencia de que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos”.

Nuestro país es catalogado por dicho organismo como uno de los veinte peores países en la cuestión y por ello recientemente fue creado un protocolo para emitir la llamada “alerta de género” al considerar sumamente alarmante lo que acontece en nuestro territorio, la primera de ellas fue en 2014 por los abortos y muertes que se presentaron en Guanajuato y más tarde, en 2015 por la cantidad de defunciones en el Estado de México.

Sin embargo, la problemática no se limita solo a feminicidios, violencia en el hogar, acoso laboral o abuso sexual, también existe la violencia política de género, misma que se gesta con la intención de inhibir la participación política de las mujeres de forma activa en la toma de decisiones.

El concepto es aparentemente nuevo para nuestro país, sin embargo, desde el año 2000 se empezó a usar en América Latina debido a la participación de varias Concejalas en Bolivia que pretendían evidenciar el problema y establecer soluciones en el área legislativa ante la falta de criterios en ese sentido. El esfuerzo concluyo con la creación de un protocolo para rastrear y reportar casos de mujeres que habían resultado electas y eran víctimas de este tipo de violencia. Para el 2012, este movimiento dio como resultado la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, marcando la pauta legislativa para toda la región y exhibiendo la importancia que tiene resolver esta situación.

De acuerdo con múltiples instrumentos internacionales como son; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos públicos de su país, al acceso igualitario a las funciones públicas, a votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto.

Nuestra Carta Magna y el marco normativo de nuestro país consagran el principio de igualdad y equidad de género, además de acatarlo como principio fundamental y eje de las polìticas públicas desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de estos avances, aún continúan presentandose casos de asesinato, desaparición, extorsión, intimidación y todo tipo de violencia hacia las mujeres que han sido precandidatas, candidatas, dirigentes, presidentas municipales, gobernadoras, colaboradoras o funcionarias en casi todas las Entidades Federativas a cualquier nivel de gobierno.

En este sentido, Tlaxcala es uno de los estados en donde además de tener cifras alarmantes de casos donde se atenta contra la integridad de las mujeres, encontramos situaciones en donde autoridades y titulares presentan conductas discriminatorias que pueden ir desde los comentarios públicos de corte sexista hasta evitar autoritariamente su participación en funciones propias de la embestidura y responsabilidad pública que les confirió la sociedad.

Esto se encuentra ampliamente documentado en casos como el del Ayuntamiento de la Capital, donde el alcalde, Adolfo Escobar Jardínez, ha limitado las funciones de la Síndico Katy Valenzuela Díaz, a causa de que en ejercicio de sus funciones dicha funcionaria ha exhibido los excesos y opacidades de dicho alcalde, teniendo como respuesta además de la violencia política en su contra, el ser presionada incluso de manera económica socavando su ingreso y el de su personal, situación que sin duda atenta contra lo establecido en nuestro marco jurídico Federal, Estatal y Municipal, además de contravenir los compromisos establecidos y ratificados por nuestro país a nivel internacional.

Este lamentable acto, ha tenido como respuesta el silencio y la omisión por parte del Ejecutivo Estatal, mismo que ha demostrado su consentimiento a este tipo de actos deplorables, como en los recientes comicios electorales en el Estado.

Acciones de este tipo suelen ir acompañadas de otro tipo de violencia adicional como la económica, al omitirse la contribución a actividades de tipo político por el simple hecho de ser mujer o incluso, se llegue a presentar el supuesto de que el mismo se condicione a cambio de favores sexualeso conductas inapropiadas, todo con el fin de que las mujeres desistan de sus actividades, vulnerando nuevamente su derecho a participar en la vida pública sin violencia.

Al reconocer la presencia de este problema y al mismo tiempo, notar la falta de legislación en la materia, la FEPADE emitió un protocolo en el que se establezcan las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con la intención de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.

Sin embargo, este ha sido insuficiente y cientos de delitos quedan impunes además de seguir violentando a mujeres día a día ante la falta de medidas cohercitivas en la legislación y la coacción por parte del Estado.

Hoy en día para Gobernar, no debemos ser omisos a la intención que establecimos en la Agenda 2030 en materia de igualdad de género y atendiendo las recomendaciones emitidas por la ONU en la Resolución de la Asamblea General 48/104 que menciona como urgente la necesidad de aplicar y respetar los derechos fundamentales de todas las mujeres, al ser la violencia de generó una grave violación a los mismos que impide la igualdad, el desarrollo y la paz.

Por lo anterior es necesario que desde esta soberanía, alertemos a las instancias Federales correspondientes para que intervengan y lleven a cabo las investigaciones que consideren a fín de exhibir y castigar a los funcionarios que llevan a cabo estas conductas en los Gobiernos locales, particularmente los municipales del Estado de Tlaxcala.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la Repúblicacondena enérgicamente los actos de violencia política de género que distintas autoridades municipales y estatales han llevado a cabo en contra de funcionarias, limitando las funciones que su representación popular legalmente les confiere.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres, para que, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicaciónde la Violencia contra las Mujeres, lleve a cabo una investigación sobre los hechos en el Estado de Tlaxcala y se pronuncie sobre los mismos.

TERCERO.- El Senado de la República hace un respetuoso llamado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en uso de sus facultades y a través de los Institutos Estatales, exija en el registro de candidatos a cargos de elección popular una plataforma que contenga un compromiso público y protocolo de actuación en caso de violencia política de género.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 23 de Noviembre del 2016

Suscribe,

Senadora Lorena Cuellar Cisneros


1http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/docs/Ley%20N%C2%BA243%20Contra%20el%20Acoso%20y%20Violencia%20Politica%20hacia% 20las%20Mujeres.pdf

3http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67635