Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 22 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-54/67574
Martes 22 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-54/67574

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Sen. Raúl
Morón Orozco

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito  someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa  con proyecto de decreto por el  que Se reforma el contenido del artículo 5 en su fracción  III, inciso a y b; el artículo 18 en sus fracciones I y IX; y se adicionan  los incisos d), e), f), g), h), i) y el  j), de la fracción III del artículo 5; así como las fracciones I Bis, el inciso d), a la fracción X, así como las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 18,  todos ellos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Se habla con frecuencia de  la inversión de la pirámide poblacional, es decir: disminución de las generaciones de jóvenes  y aumento de las personas mayores.De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que la edad media de la población se incrementará de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050.

En este contexto nuestro país vive una transformación demográfica sin precedentes, en donde el envejecimiento de la población nos lleva a la necesidad de generar respuestas institucionales y sociales en el área de la salud, para encarar los desafíos presentes y futuros, si bien el envejecimiento de la población se presenta en todo el mundo, la diferencia entre países radica en la planeación y preparación para afrontar este cambio.

El incremento de la esperanza de vida es un indicador de mejoría del estado de salud de la población en edades tempranas, pero se relaciona en edades mayores con tasas elevadas de enfermedades crónicas y degenerativas e incapacidad que afectan su calidad de vida.

La Organización Panamericana de la Salud realizó en 1999 la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) para evaluar el estado de salud de la población de individuos mayores de 60 años en siete ciudades de América Latina y El Caribe, incluida la Ciudad de México. Las enfermedades registradas con más frecuencia fueron las siguientes: hipertensión arterial, problemas articulares, reumatismo, desnutrición y osteoporosis.

Ante este panorama, existen grandes retos  sanitarios para el siglo XXI, siendo imprescindible preparar a las sociedades para que atiendan las necesidades de las poblaciones mayores a través de la formación de los profesionales sanitarios en la atención a estas personas; prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas asociadas a la edad; generación de una cultura de autocuidado; formulación de políticas sostenibles en materia de atención a largo plazo, atención paliativa y desarrollo de servicios y entornos adaptados a las necesidades de las personas mayores, entre otras.

En este contexto es que se propone la presente iniciativa, misma que se suma a la presentada en el mes de octubre, en la que se propone reformar diversos artículos de la Ley General de Salud, por considerar que tanto la Ley de derechos de los adultos mayores, como la Ley General de salud, deben armonizarse para establecer las disposiciones normativas, que regulen los derechos que tienen las personas mayores en materia de salud y las facultades que tanto el INAPAM como instancia impulsora y evaluadora de políticas, planes y acciones tendientes a generar condiciones de mejor desarrollo y participación de este sector de la población tiene, como la Secretaría de salud, instancia en quien recae directamente la obligación de implementar de manera directa las acciones  necesarias para promover y generar un envejecimiento  activo y saludable.

Considerando que  el grupo de las personas mayores  ha  sido uno de los grupos que más afectación tienen en la actualidad ya que se han conocido diferentes tipos de acciones  o ideologías  discriminatorias contra ellos y que la discriminación y las iniquidades  puede ser acentuada por la edad, configurando una situación donde la edad y las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas actúan sinérgicamente, impidiendo que los adultos mayores puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En el ámbito de la salud, su  condición y bienestar de los adultos mayores son el resultado de que están expuestos a prácticas discriminatorias o injustas en razón de su edad o en razón de condiciones que actúan independientemente de ella.

Así las cosas esta iniciativa pretende aportar elementos de mejora regulatoria, en el ámbito de la salud, con el objeto de fortalecer la regulación de los derechos que este grupo etario tiene en este rubro y lograr contribuir a que cuenten con condiciones que les permita tener un estado óptimo de salud en esta fase de la vida; por tal motivo, partimos del análisis de la problemática que se enfrenta,sobre la cual se construyó la presente iniciativa, lo que se hace en los siguientes términos:

Si la salud de las personas mayores se basa en la manutención de la capacidad de funcionar, el objetivo del sistema del cuidado de la salud debería ser,  habilitar un gran número de personas mayores para que permanezcan siendo  parte de su comunidad, gozando de una buena calidad de vida por el mayor tiempo posible. Promover una larga vida con buena salud incluye prevenir, dilatar o mitigar los problemas que puedan afectar la capacidad de funcionar con independiencia.

El rápido envejecimiento de la población, sumado al cambio epidemiológico en el cual de manera creciente prevalecerán las enfermedades crónico-degenerativas, se traducirá en un cambio sustancial del perfil de la demanda de servicios de salud, por lo que la prevención y el diagnóstico oportuno de los problemas de salud de los adultos mayores, así como aprender y planificar estrategias para modular la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad de ellos, es la meta principal para los servicios de salud.

Asimismo  desde la mirada preventiva promocional se debe enfocar una disminución o retraso de la dependencia y una mejor calidad de vida en la etapa de envejecimiento, reconociendo que esto implica un  protagonismo crucial de la Atención Primaria con el resto del sistema de salud y sus equipos.

Es de vital importancia contar con servicios sanitarios eficientes para las personas adultas mayores en toda la red de salud, para evitar hospitalizaciones futuras dadas las brechas existentes en el sistema público y brindar asesoría y apoyo a las familias que se encarguen del cuidado de sus familiares personas mayores.

Todo lo anterior se propone en cumplimiento a la justicia social y a los compromisos asumidos a nivel internacional, que sirven de marco para la presente iniciativa entre los que se encuentran:

Marco jurídico internacional

1. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado la Estrategia y el Plan de Acción para la Salud de las personas mayores, que establece las prioridades de acción para el período 2009-2018. Este plan alude al concepto de envejecimiento activo y saludable. Dicha Estrategia se basa en los valores explícitos de los Principios de las Naciones Unidas para las personas mayores (independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad). Se reconoce que ningún país o institución puede por sí solo asumir el reto de toda la salud y el envejecimiento, por eso se han establecido compromisos de colaboración y acciones a nivel internacional para atender este reto que se tiene en próximas fechas en los diferentes Países, en donde México no es la excepción.

2.  La OMS comenzó a preocuparse de los diversos problemas de la vejez en la década de los 50. “Las actividades emprendidas por la OMS corresponden a varios campos de la sanidad relacionados directamente con la vejez, tales como la organización de servicios de asistencia médica, la enseñanza y formación profesional en asistencia geriátrica, y la protección sanitaria, la salud mental, la nutrición, la vivienda y la rehabilitación de las personas de edad avanzada”

3.            Por su lado, la ONU, en 1978, dirige una de las primeras acciones específicas hacia las personas mayores cuando por resolución 33/52 se decide convocar a la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en julio-agosto 1982, en Viena, Austria, donde se adopta el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. El propósito de la Asamblea Mundial fue establecer un foro “para iniciar un programa internacional de acción encaminado a garantizar la seguridad económica y social de las personas de edad, así como oportunidades para que esas personas contribuyeran al desarrollo de sus países”. Se plantea que como resultado de la Asamblea Mundial “las sociedades reaccionen más plenamente ante las consecuencias socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones y ante las necesidades especiales de las personas de edad.

Las metas principales del Plan de Acción Internacional de Viena (1982) son: “fortalecer la capacidad de los países para abordar de manera efectiva el envejecimiento de su población y atender a las preocupaciones y necesidades especiales de las personas de más edad, y fomentar una respuesta internacional adecuada a los problemas del envejecimiento mediante medidas para el establecimiento del nuevo orden económico internacional y el aumento de las actividades internacionales de cooperación técnica, en particular entre los propios países en desarrollo”.

4. Como una actividad de seguimiento de la Primera Asamblea Mundial, el 16 de diciembre de 1991, la Asamblea General de las ONU promulgó los Principios de  a favor de las personas de edad (Resolución 46/91). En que alienta a los gobiernos a que introduzcan lo antes posible los siguientes principios en sus programas nacionales: Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad.

5. En el año 2002 se realiza la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid, donde se adopta el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento.

6. En el año 2015 se emitido la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores, en la que se establece que Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;

7. La Organización Panamericana de la Salud  OPS a través de  la Conferencia sobre la Salud y Envejecimiento (2002) insta a los estados miembros a que: a) Aprovechen el impulso creado por la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, adopten políticas y planes nacionales para la ejecución del Plan de acción Internacional sobre el Envejecimiento y presten apoyo adecuado para la ejecución de sus ámbitos prioritarios. b) Aboguen por la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad avanzada; adopten las prioridades de promoción de la salud apropiadas para las personas adultas mayores y fijen metas específicas por género y etnia y estrategias de vigilancia en las áreas de salud nutricional, actividad física, lesiones no intencionales y prevención de las caídas, salud mental y prevención de las agresiones a personas mayores. c) Se comprometan a incrementar el acceso de las personas de edad, especialmente las de pocos recursos, a la atención de salud adecuada a cada edad, los medicamentos y las vacunas esenciales, de acuerdo con el principio de equidad. d) Promuevan iniciativas para ofrecer opciones de atención comunitaria a largo plazo (incluidas las viviendas adaptadas y las residencias asistidas) y reglamenten la prestación de asistencia en dichos entornos. e) Estimulen la investigación para la vigilancia y evaluación de la eficacia de los programas. f) Elaboren un plan para el adiestramiento universitario y de postgrado de los trabajadores de atención primaria y otros profesionales de la salud en los fundamentos de la promoción de la salud, los aspectos básicos de la atención sanitaria adecuada a las personas mayores y de la medicina geriátrica.

La OPS (2009) elabora el Plan de Acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y saludable. En este plan se abordan las necesidades de salud cada vez mayores de la población que está envejeciendo rápidamente en América Latina y el Caribe.

Se insta a los Estados Miembros de la OPS y a los organismos de cooperación internacional a que se centren en mejorar las políticas públicas que afectan la salud de las personas mayores, equipando a los sistemas de salud y capacitando a los recursos humanos para satisfacer sus necesidades especiales y mejorando las capacidades de los países de generar la información necesaria a fin de apoyar y evaluar las medidas emprendidas en este sentido.

En el plan se observa que en América Latina y el Caribe entre 37 y 71% de las personas no están obteniendo el tratamiento que necesitan para los problema de salud mental que abarcan desde la depresión grave hasta la dependencia del alcohol. En el plan se insta a los países a otorgar una prioridad mayor a la salud mental en sus políticas sanitarias nacionales y a promover el acceso universal a los servicios de salud mental para toda la población. • Un enfoque de "salud familiar y comunitaria" de la salud pública. Requiere que haya políticas y programas que promuevan comportamientos saludables y reduzcan los riesgos y la exposición al daño de las comunidades, las familias y las personas; que garanticen el acceso igualitario a los servicios de salud de calidad basados en la atención primaria de salud; que creen alianzas y redes en todos los sectores para garantizar que la salud esté presente "en todas las políticas"; y que promuevan la participación comunitaria en el mejoramiento de la salud.

Como se aparecía de lo anterior, la desigualdad sanitaria fue la fuerza impulsora del cambio de paradigma en salud expresado en la Declaración de Alma Ata (OMS, 2008) en que se establecen los valores de justicia social y derecho a una mejor salud para todos, participación y solidaridad. Según la OMS, equidad puede ser definida como “la ausencia de diferencias injustas y evitables o remediables en salud entre grupos o poblaciones definidas social, económica, demográfica o geográficamente”. Por lo tanto es un concepto ligado a los derechos humanos y justicia social.

El concepto del paso de la asistencia a la concepción de derecho respecto a la población mayor, lo deja muy claro la CEPAL cuando en el año 2006 plantea que “el principio de la titularidad de derechos debe guiar las políticas públicas”. (Huenchuan, 2009) Esto significa que se modifica la lógica de elaboración de leyes, políticas y programas desde la visión de la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, a la  visualización de sujetos con derechos que obligan al Estado y al resto de la sociedad.

En este sentido han elevado la salud a la categoría de “bien especial”, porque es un prerrequisito al funcionamiento pleno de un individuo; de manera que desigualdades en el nivel de salud constituyen desigualdades en la capacidad de funcionar y así una negación de la igualdad de oportunidades.

Avanzar hacia la equidad en salud implica inducir cambios culturales y normativos para reducir las brechas resultantes de la estratificación social. Las acciones de salud deben estar orientadas a la minimización de las desigualdades evitables en el nivel de salud y sus determinantes, que existen entre las personas y grupos con diferente nivel de privilegio social y requiere identificar los grupos sociales y territorios excluidos.

Desde esa perspectiva queda claro que es prioritario el desarrollo de un nuevo modelo de atención cualitativamente distinto al vigente, que se adecúe a las nuevas necesidades e impulse en paralelo la formación de los recursos humanos competentes, necesarios tanto en el nivel primario como en los niveles especializados, por encima del mero aumento cuantitativo de los servicios de salud.

La prevención y las acciones orientadas a la promoción del envejecimiento sano y activo son ya no sólo una necesidad apremiante, constituyen un derecho. El conocimiento actual, acerca de los determinantes del envejecer sano y activo, basta para el inicio de amplios programas dirigidos a este propósito; el cual necesita de una mayor inversión en promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad y de la dependencia funcional, desde todos los canales sociales posibles, incluido el primer nivel de atención y los medios de comunicación masiva.

Por tal motivo, tanto el INAPAM como la Secretaría de Salud, están en la obligación de marcar el rumbo de las normas que se emitan para la promoción de la salud, la prevención y la prestación de servicios, así como  adecuar el Sistema Nacional de Salud a los retos asociados con el envejecimiento poblacional y las nuevas necesidades de atención de las personas mayores.

Por las razones expuestas, vengo a presentar propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, mediante la que se impulsa:

  • El mejoramiento nutricional como  factor que participa en el aumento de la esperanza de vida, y en las condiciones saludables de la persona mayor.
  • La atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad.
  • Los cuidados progresivos generando  condiciones que permitan que, cuando fuere posible, la atención se lleve a cabo en el ámbito familiar.
  • El acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.
  • Su consentimiento libre e informado, así como el  ejercicio de su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud.
  • Que  se le informe de manera adecuada, clara, oportuna  y comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor, sobre las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios, presentada de manera y que no se admita o aplique tratamiento sin el consentimiento informado de la persona mayor.
  • Acceso a los servicios de cuidados paliativos en forma  accesible para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.
  • La protección de la salud funcional de las personas mayores.
  • El apoyo  y protección a los adultos mayores en desamparo o que sufran maltrato.
  • La disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud.
  • Atención primaria con un enfoque de curso de vida, y con intervenciones diferenciadas para los adultos mayores sanos, para los frágiles y para aquellos en situación de dependencia funcional y las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios  y los derechos de este grupo etario,  establecidos  disposiciones nacionales y en los tratados internacionales de los que México forme parte.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:

DECRETO

Artículo único.

Se reforma el contenido del artículo 5 en su fracción III, inciso a y b; el artículo 18 en sus fracciones I y IX; y se adicionan  los incisos d), e), f), g), h), i) y el  j), de la fracción III del artículo 5; así como las fracciones I Bis, el inciso d), a la fracción X, así como las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 18,  todos ellos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I al II…

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos para mejorar su estado nutricional, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b.A tener acceso preferente equitativo, oportuno y accesiblea los servicios integrales de salud, en su fase preventiva y clínica, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, así como la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables,  con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, biológico, mental y psicoemocional.

c…

d. A la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria;

e). A cuidados progresivos, privilegiando la atención con base comunitaria, creando alternativas a la hospitalización y generando, además, condiciones que permitan que, cuando fuere posible, la atención se lleve a cabo en el ámbito familiar;

f). A Manifestar su consentimiento libre e informado, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud;

g). A que se le informe de manera adecuada, clara, oportuna  y comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor, sobre las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios, presentada de manera;

h). A que las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no  administren ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor;

i). Acceso a los servicios de cuidados paliativos en forma  accesible para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias, y

j). A una salud sexual y reproductiva saludable. 

Artículo 18.

I. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en forma preferente, equitativa, oportuna y accesible en todas las actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Salud;

I Bis. Proteger la salud funcional de las personas mayores;

II. Especial atención deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas, neoplasias y mentales o neurales, entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir disfuncionalidades y discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable;

II al VIII…

IX. Gestiones para apoyar y proteger a los adultos mayores en desamparo o que sufran maltrato  y a los grupos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social o familiar.

X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

Inciso  a) al c)…

d). Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos; 

XI.  Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físicos o digitales; 

XII. El acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar;

XIII. Las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios  y los derechos de los adultos mayores establecidos en la presente ley, en otras disposiciones nacionales y en los tratados internacionales de los que México forme parte, y,

XIV. Brindar atención primaria con un enfoque de curso de vida, y con intervenciones diferenciadas para los adultos mayores sanos, para los frágiles y para aquellos en situación de dependencia funcional.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 16 de noviembre del 2016

ATENTAMENTE

Senador Raúl Morón Orozco

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67574