Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Jueves 24 de agosto de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 17 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-52/67428
Jueves 17 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-52/67428

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a determinar la situación legal del ciudadano Gabino Cué Monteagudo, ante las denuncias presentadas por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y demás delitos cometidos en contra de la hacienda federal y estatal y, de encontrarlo responsable, solicite al Congreso de la Unión el inicio del juicio de procedencia.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE DETERMINE LA SITUACIÓN LEGAL DEL C. GABINO CUÉ MONTEAGUDO, ANTE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, CONFLICTO DE INTERESES, COHECHO Y DEMÁS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA FEDERAL Y ESTATAL. Y DE ENCONTRARLO RESPONSABLE SOLICITE AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EL INICIO DEL JUICIO DE PROCEDENCIA

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

En un Estado Social de Derecho, como el nuestro, el ejercicio de la función pública está sometido a criterios rectores como la legalidad, eficiencia y honestidad en el desempeño mismo de la actividad de los órganos del poder público.

La función administrativa está al servicio de los intereses generales de la sociedad y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 

La corrupción distorsiona el funcionamiento de los órganos del Estado y deslegitima a las instituciones, genera vicios en la gestión pública, incrementa los niveles de desigualdad, presiona para la creación de legislaciones y políticas públicas inapropiadas e ineficaces y profundiza la distribución inequitativa de recursos públicos, así como la aplicación de un gasto ineficiente.

Entre las causas de la corrupción, aunque es multifactorial, destacan aquellas que explican su crecimiento a partir de una estructura gobernante y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas como licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas, que junto con un marco jurídico débil en supervisión, sanciones y transparencia, permite que esta se potencialice a través de tráfico de influencias, soborno, peculado, conflicto de intereses, uso privado de bienes públicos, provocando al final que la impunidad y corrupción sean connaturales a la vida pública, exacerbando de las instituciones, la ilegalidad e ilegitimidad de los actos de autoridad.

Resulta innegable que la corrupción impera en gran parte de la administración pública en México. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han inducido que prácticamente cualquier servidor público o ciudadano sin nombramiento oficial, tenga incentivos para realizar acciones u omisiones con miras a obtener un beneficio privado. 

La corrupción emerge como resultado de la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de una política de Estado para combatirla. Este fenómeno emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión del Estado. 

La corrupción ha mermado el crecimiento del país, reduce la productividad del gasto público, inhibe la transparencia y rendición de cuentas, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social. Esta situación se ve reflejada en cada una de las entidades federativas.

En Oaxaca, la renovación del sistema político en 2010, supondría una nueva forma de gobernar y ser gobernado. Una de las exigencias en que más énfasis puso la sociedad oaxaqueña era contar con instituciones confiables, eficientes y con servidores públicos que enaltezcan la labor de servir a la sociedad. Oh decepción.

A punto de terminar el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, el primer gobierno que se creía democrático y honesto en Oaxaca, resultó igual o peor de desastroso que su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz.

Para ninguna oaxaqueña o oaxaqueño resulta desconocido que personajes públicos y cercanos al primer cuadro gobernante mancillaron la confianza que les fue depositada, los cuales, a través de sus actos, se han beneficiado económicamente con acciones u omisiones en detrimento del erario federal y estatal.

Lamentablemente Oaxaca, Estado al que tengo el honor de representar, es la tercera entidad federativa más corrupta de México y ocupa uno de los diez primeros lugares en México en la percepción de sus ciudadanos, en cuanto a experiencia de corrupción en la realización de sus trámites ante autoridades, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.

Oaxaca se encuentra inmerso en un clima de profundo hartazgo social, derivado de la actuación de una clase política que desde hace seis años ha abusado de su posición en beneficio propio, vulnerando los más elementales principios que rigen el servicio público y sobre todo, quedando en la total impunidad por su conducta, ya sea invocando influencias reales o simuladas para recibir y obtener cualquier beneficio de parte de servidor público, en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer. La corrupción se actualiza desde el momento que los actos de influencia poseen capacidad suficiente de subordinación o condicionamiento significativo al funcionario en cuestión.

Aunque el tema de la corrupción ha sido una constante en los últimos años, hoy más que nunca ha tocando las fibras más sensibles de la sociedad oaxaqueña frente a los escándalos de aprovechamiento de políticas públicas en beneficio de personas que más lo necesitan; desfalco y fraude de programas sociales; adjudicaciones directas a empresas propiedad de funcionarios o familiares encargados de las convocatorias, pasando por alto la legalidad de las convocatorias o las licitaciones que prevé la ley; lucrar con los pagos y sueldos de funcionarios; usurpación de funciones y actos de ilegalidad cometidos con esa supuesta personalidad; entre otras conductas que como se deduce, sin obviar responsabilidades por mando y jerarquía, el principal responsable de conducir al Estado de Oaxaca a una situación de lastre económica y de altos índices de corrupción es GABINO CUÉ MONTEAGUDO.

Es penoso y triste observar que Oaxaca no cambió y que las cosas siguen peor después de seis años. Considerando lo anterior, hace más de un año que su servidor presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República en contra de servidores públicos de la administración de GABINO CUÉ, por delincuencia organizada, tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y demás delitos cometidos en contra de la hacienda federal y estatal. Hoy, a más de 15 meses de su presentación, dichas denuncias duermen en la congeladora de la justicia, sin que hasta el momento se tenga siquiera el indicio de una investigación seria por parte de la PGR.

Acudo a la máxima tribuna parlamentaria del país con el objetivo de solicitarle al titular de la Procuraduría General de la República, que finque las responsabilidades penales de todas aquellas personas que por omisión o comisión perpetraron la más alta traición a Oaxaca, sumiéndola en una escandalosa pared de actos de corrupción.

Las y los oaxaqueños exigimos justicia, “no más negocios al amparo del poder, ni poder público para hacer negocios”. Que los funcionarios públicos cumplan a cabalidad, con su responsabilidad de actuar con objetividad e independencia; que se rijan por los principios de transparencia y rendición de cuentas. Que el interés personal de un funcionario público no interfiera en el ejercicio correcto de su juicio en los asuntos públicos. 

La sociedad oaxaqueña no está dispuesta a tolerar más abusos y excesos de servidores públicos en el manejo de la Administración Pública, como tampoco de ex funcionarios y/o particulares que se beneficien directamente por la utilización de recursos económicos. Por esa razón, el suscrito en su carácter de representante de los intereses del Estado de Oaxaca en el Senado de la República, es receptivo a tal exigencia, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo con el fin de exigirle cuentas a GABINO CUÉ MONTEAGUDO, quien, a días de terminar su mandato, se le finque el grado de participación cometida en agravio de Oaxaca.

Compañeras y compañeros legisladores, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el conflicto de intereses son temas que inevitablemente forman parte de la agenda presente y futura en este Senado de la República.

De esta forma, para reivindicar la función pública y castigar a quien que con su conducta de invocar influencias ante otro servidor público hace difundir la creencia de que esta se mueve a través de la presión, de intrigas y favorecimientos, es que someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, determine la situación legal del aún Gobernador del Estado de Oaxaca, GABINO CUE MONTEAGUDO, por las denuncias presentadas por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho y demás delitos cometidos en contra de la hacienda federal y estatal.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al titular de la Procuraduría General de la República que en el caso de encontrar responsabilidad penal por las conductas de comisión u omisión del C. GABINO CUE MONTEAGUDO, solicite al H. Congreso de la Unión el inicio del juicio de procedencia a fin de evitar la impunidad con la que se puede conducir el sujeto.

SUSCRIBE

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67428