Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Martes 26 de septiembre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 17 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-52/67414
Jueves 17 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-52/67414

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a comparecer ante las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado de la República.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Sen. Luis
Sánchez Jiménez

El suscrito, Luis Sánchez Jiménez, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A COMPARECER A ANTE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y JUSTICIA, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La corrupción de la clase política en colusión con el sector privado, es un problemacon muy negativos saldos económicos, políticos y sociales para el País, que se ha evidenciado y agudizado de manera exponencial durante el presente sexenio.

El justificado enojo, desconfianza e insatisfacción de la sociedad es cada vez más intenso, razón por la cual es imperativo identificar las fallas de las instituciones públicas cuyas atribuciones principales son atacar el fenómeno, prevenirlo y erradicarlo, así como castigar a los responsables.

Es urgente resolver el desafío de los  graves problemas que genera la corrupción, investigando, procesando y sancionando a quienes cometen los delitos que se derivan de esta práctica. Analizar las condiciones necesarias para llevar a cabo investigaciones sólidas, a fin de conducir y ganar los procesos penales y administrativos en contra de quienes han transgredido las reglas relativas a las responsabilidades de los servidores públicos.

Ya no es posible que en México continúe reinando la impunidad sin límite. La corrupción afecta tanto a la economía familiar, como al desarrollo del país, a la calidad de vida y a la democracia.  

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones. Y de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, el 88% de los mexicanos piensa que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.Muestra de la importancia de la corrupción en la agenda nacional es la creciente atención que tiene por parte de los medios de comunicación: entre 1996 y 2014 el número de notas sobre corrupción en la prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó de 502 a 29,505 notas en 18 años. [*]

A la vista de todos están los casos de Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Puebla, entre otros, donde se revela una catastrófica crisis de las finanzas públicasy una secuelade violencia, impunidad, abuso del poder policiaco y vinculación con el crimen organizado.

Respecto de Veracruz, recientemente el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) declaró que en el  uso de los recursos públicos todas las entidades del país tienen irregularidades, pero en ninguna tan graves como en ese Estado.

En total, ya suman 60 denuncias presentadas ante la PGR por irregularidades en el manejo de recursos federales. Según cálculos de la ASF estiman que el daño patrimonial causado al erario por estas 60 denuncias superan los 60 mil millones de pesos, solo de partidas federales, pues la Auditoría no puede revisar los recursos estatales.

Las denuncias son por irregularidades en las cuentas públicas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; en su mayoría por la simulación de reintegros. Es decir, por recursos que estando autorizados para ciertos fines se utilizaron en otros aún indefinidos, después reintegraron el dinero o el recurso a las cuentas originales, así se solventaron, se registraron como corregidos y después de eso lo volvieron a erogar y desapareció el dinero. [*]

Veamos algunos ejemplos para comprender la forma de operar esta operación financiera irregular:

  1. En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la ASF auditó 18 mil 343 millones, 87 mil pesos (97.9% de los recursos), en los que después de requerir a la CNBV y de cotejar y confrontar con las transferencias y reintegros que hizo el gobierno del estado, se detectó que el 17 de enero de 2012 se autorizó que la cuenta Santander (6550255805) diera “salida efectuada” a 124 millones 414 mil pesos.De este último recurso, la ASF no encontró “elementos” que certifiquen su debida aplicación y destino, según deslindó la auditoría 224. 
  2. Otro rubro saqueado fue el correspondiente al Seguro Popular de Veracruz, pues de 2 mil 540 millones que fueron depositados para la entidad, la ASF exigió el “reintegro” de mil 602 millones, pues el recurso careció de una “correcta aplicación”, sin embargo, los funcionarios de Duarte entregaron “por partes” el reintegro.
    Ante las irregularidades y extraños movimientos de cuentas bancarias, la ASF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los “movimientos bancarios” y también las cuentas a donde los funcionarios depositaban los “reintegros”.
    En ese movimiento, la ASF no encontró el destino de 389 millones 550 mil pesos, depositados en la cuenta Banorte 0659075660, donde no se “reportó evidencia” del ejercicio del gasto público para el cumplimiento del programa del Seguro Popular.
    En la “confrontación y cotejo de datos”, la ASF detectó que la administración estatal destinó los recursos para “otro fin” al etiquetado, por lo que resolvió que el gobierno de Veracruz sólo “simuló” los “reintegros” o incluso “retiraba” los recursos el mismo día que eran depositados, y al día siguiente se “depositaban” en otra cuenta, ajena al gobierno del estado, sin poder ser detectada ni por la propia CNBV.
  3. A su vez, el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, donde se “esfumaron” 10 millones 54 mil pesos en el traslado de la cuenta BBVA Bancomer (700034087340) a una cuenta Banamex.
    También en este caso la ASF concluyó que hubo un “esquema de simulación” por parte del gobierno de Veracruz sobre reintegro de recursos a la Federación el 3 de septiembre de 2012, pero 20 días después fue vuelto a sacar y ya no se conoció el destino del dinero.

Ciertamente, hasta ahora todo parece indicar que la ASF está cumpliendo con sus atribuciones y obligaciones. No obstante, llama la atención que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP no se haya manifestado, pues se supone que monitorea y da seguimiento a operaciones sospechosas,  transferencias o movimientos inusitados de recursos públicos.

Así, en el caso de Veracruz se sabe que hubo retiros de dinero en efectivo, transferencias y adquisición de propiedades con nombres, recursos y depósitos de procedenciadudosa, a través de una compleja red de movimientos financieros y bancarios por miles de millones de pesos, de parte del gobernador Duarte y sus operarios.

La única forma de entender tales actos es que contaron con la complicidad de funcionarios federales y directivos bancarios.

Quiénes lo ejecutaron, cómo y cuándo, tendría que informarlo la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, siempre y cuando no forme parte del ajedrez que juega en favor del veracruzano que continúa prófugo. Al respecto, basta citar como referente la compra, a través de una empresa fantasma, de las 19 casas adquiridas en Miami, entre 2012 y 2013, según la confesión, clara y directa de una operación criminal organizada, de Alfonso Ortega López, abogado y uno de los operadores de Duarte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que comparezca ante las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Hacienda y Crédito Público y Justicia, para que informe sobre las operaciones financieras en las cuentas públicas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, realizadas por el Gobierno de Veracruz, de acuerdo con sus atribuciones y facultades determinadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dado en el recinto de la Cámara de Senadores, a 15 de noviembre de 2016.

Senador Luis Sánchez Jiménez


[*] http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67414