Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 22 de octubre de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 8 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-45/67231
Martes 8 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-45/67231

De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el inciso c de la fracción II del artículo del artículo 5 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sen. Rosa Adriana
Díaz Lizama

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que reforma al artículo 5, en su fracción II,  el inciso c., de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Las personas que tienen 60 años o más son consideradas adultas mayores [*] , y se les considera como un grupo desprotegido de la sociedad al carecer de oportunidades laborales, de pensiones, de salud, etcétera y como consecuencia, este sector se ve excluido socialmente y aislados en la toma de decisiones, lo que afecta no solo a su economía, sino que también contribuye a la pobreza de sus bienes, a su mala salud y a su inseguridad personal.

Este sector de la sociedad posee ciertas limitaciones para el ser humano, que con el tiempo se van agudizando especialmente en los últimos años de la vida, a pesar de ello, cuentan con potenciales únicos y distintivos como pueden ser la serenidad de juicio, experiencia, madurez vital, perspectiva de la historia personal y social que pueden compensar su ánimo si es que se utilizan adecuadamente en esta etapa de la vida [*] .

En nuestro país se considera que las personas adultas mayores oscilan entre 7.4 millones de la población total, las cuales se encuentran en una situación de debilidad respecto del resto de la población, incluso de su familia, ya que se considera que su sola edad avanzada las coloca en una situación de dependencia familiar, discriminación y abandono.

En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5 fracción II, incisos a, b, c y d, establece la certeza jurídica dentro del ámbito judicial, señalando que el objeto de la citada Ley es garantizar a las personas adultas mayores el derecho: a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados; b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos; c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, y d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección desu patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

Referimos que en el ámbito internacional se estima que las personas adultas mayores son un grupo vulnerable que merece especial protección de los órganos de los Estados, por encontrarse en una situación de debilidad con respecto del resto de la población, es así, que la Organización de los Estados Americanos (OEA), creó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo de San Salvador, en donde en su artículo 17 establece: “Protección de los ancianos”: Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad.

Si tomamos en cuenta que las personas adultas mayores son por una parte titulares de derechos y obligaciones de conformidad con el artículo 22 del Código Civil Federal, que a la letra dispone:

“La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.”

Así mmismo, entran al ámbito de protección de los Derechos Humanos derivado a su grado de fragilidad, por su posible posición de desventaja en el ejercicio de sus derechos y libertades y por eso son considerados como parte de un grupo de vulnerabilidad.

Para este caso se deben aplicar medidas de protección que busquen un verdadero equilibrio entre las partes, procurar que la Litis del juicio sea debidamente planteada al adulto mayor ya sea en su calidad de actor o demandado, asimismo dar la mayor celeridad y agilidad en la realización de las diligencias que se decreten en los procesos; desde el inicio de un procedimiento, se debe ordenar una entrevista por el Juez de la causa para observar el estado físico y emocional del adulto mayor.

Con esta medida estaremos contribuyendo en la preparación del trato que debe recibir el adulto mayor en los litigios y evitar injusticias relacionadas con el despojo de sus bienes de parte de familiares y extraños, que no les tienen ninguna consideración después de una larga vida de trabajo y entrega que les permitió adquirir los mismos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE REFORMA AL ARTÍCULO 5°, EN SU FRACCIÓN II, EL INCISO C.

ARTÍCULO ÚNICO. - A la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se Reforma al artículo 5°, en su fracción II, el inciso c., para quedar como sigue:

Artículo 5°. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. …

a. a la g. …

II. De la certeza jurídica:

a y b. … 

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita; a ser entrevistado por el juez de la causa a inicios del procedimiento a fin de que observe el estadofísico y emocional del adulto mayor, en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. …

III. a IX. …

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en el Senado de la República, a los ocho días del mes noviembre del año dos mil dieciséis.


[*] Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

[*] Juez Yaopol Pérez Amaya Jiménez “Protocolo de Protección de Personas Adultas Mayores en el Ámbito Judicial”. Foro Jurídico. Núm.154, julio 2016. Páginas 26-31.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67231