Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Miércoles 26 de julio de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 8 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-45/67177
Martes 8 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-45/67177

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar a los integrantes del Poder Legislativo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a académicos expertos en la materia y a la sociedad civil a instalar a la brevedad una mesa nacional de diálogo para trabajar en el diseño y aprobación de la Ley Orgánica que transformará a la PGR en una Fiscalía General de la República.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

Sen. Armando
Ríos Piter
Sin Grupo

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este          H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE CONVOQUE A LOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO, LA SEGOB, LA PGR, LA CNDH, ACADÉMICOS EXPERTOS EN LA MATERIA Y SOCIEDAD CIVIL, A INSTALAR A LA BREVEDAD UNA MESA NACIONAL DE DIÁLOGO PARA TRABAJAR EN EL DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA QUE TRANSFORMARÁA LA PGR EN UNA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El primer paso para resolver un problema es aceptarlo y llamarlo por su nombre. En México, para fines prácticos, la justicia penal no existe. Con 99% de impunidad, ¿quién se atreve a afirmar seriamente que somos un Estado de Derecho?

De acuerdo con información del índice de Estado de Derecho 2016del WorldJustice Project (WJP), nuestro país ocupa la posición 108 dentro de 113 países de todo el mundo, en el rubro de justicia criminal.Afganistán, Liberia, Honduras, Bolivia y Venezuela son los únicos países que están peor que México.

En este país, el que la hace no la paga y por eso seguimos viviendo una realidad en donde el que no transa no avanza, y la prepotencia corre como pólvora a lo largo y ancho del país. Por eso pululan casos como el de Javier Duarte y Guillermo Padrés, ex gobernadores investigados por corrupción y quienes se encuentran prófugos de la justicia; o el Chapo Guzmán que se ha escapado de la cárcel en dos ocasiones, burlándose a todas luces del aparato de justicia, y tantos otros criminales que se pasean con total libertad.

En la otra cara de la moneda, están cientos de madres y familias que buscan a sus hijos en fosas clandestinas, sin que exista una autoridad a quien esto le duela y dedique sus días a procurar justicia, como si se tratara de sus propios hijos.

De acuerdo con el estudio antes mencionado, del WJP, "un estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y la enfermedad, y protege a la gente de las injusticias... Es el fundamento para comunidades de paz, oportunidad y equidad...". En un Estado de Derecho, todas las entidades e individuos, públicos y privados, rinden cuentas frente a la ley; las leyes son claras, se aplican por igual y protegen derechos fundamentales; el proceso de creación, administración y aplicación de la ley es accesible, justo y eficiente y, por último; la justicia es otorgada de forma pronta, por verdaderos servidores públicos, éticos e independientes, que cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

Pero en pleno siglo XXI, hay que reconocer que esta condición no se ha alcanzado todavía en México. Hoy tenemos un sistema de procuración de justicia que enfrenta enormes problemas:

  • La falta de autonomía de la Procuraduría (tanto la federal como las estatales) respecto del Poder Ejecutivo.
  • La baja calidad de las investigaciones de los delitos.
  • Las inercias institucionales que perpetúan prácticas nocivas del viejo sistema de justicia penal, que van desde las violaciones de derechos humanos de los imputados, hasta la filtración de información a los medios de comunicación.Destaca en este rubro la pésima calidad en la integración de la Averiguación Previa.
  • La falta de capacitación de los recursos humanos para llevar a cabo investigaciones y para litigar de acuerdo con los estándares del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
  • La inexistencia de una política criminal, que le dé prioridad a los delitos de mayor impacto.
  • La lentitud, falta de sensibilidad y tortuosidad en la atención a víctimas y testigos.
  • La falta de transparencia y rendición de cuentas.
  • El distanciamiento de los Ministerios Públicos respecto de la percepción ciudadana de inseguridad.

Todo esto se traduce en que tres de cada cuatro mexicanos desconfían delos ministerios públicos (Parametría, 2015), y que la cifra negra de delitos asciende a 93.7%, según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI (Septiembre, 2016).

En este contexto, el nombramiento del Dr. Raúl Cervantes, al frente de la Procuraduría General de la República, resulta el nombramiento más importante para el futuro de México y al mismo tiempo el menos importante.

Visto desde el presente, el Señor Procurador personifica al nombramiento más importante porque él deberá convertirse en el arquitecto de la institución que definirá, si México tiene viabilidad como país.

Visto desde el futuro es el nombramiento menos importante, porque si hacemos bien las cosas, el resultado será similar a lo que ocurre hoy con el Banco de México, donde ya no es relevante quien está en el cargo, porque si el gobernador de Banxico cambia, la inflación en México seguirá controlada y sabemos que nadie se mete con la política monetaria, más que la Junta de Gobierno de Banxico de acuerdo a criterios técnicos.

A eso debemos aspirar, a una justicia plena e imparcial que sea capaz de: esclarecer los hechos relacionados con los delitos, no acusar a los inocentes, asegurar que los culpables no queden impunes, brindar protección a las víctimas y garantizar reparación de daños, sin importar quién sea el titular de la PGR o la Fiscalía futura.

Para llegar a este feliz futuro, hay que trabajar como nunca en el presente. El nuevo Procurador General de la República tiene que iniciar, desde ya, a trabajar en temas como la construcción de una nueva arquitectura institucional, la renovación del modelo de gestión y de sus prácticas institucionales, el planteamiento de una política criminaly la profesionalización de los recursos humanos de la Procuraduría a su cargo.

A continuación, pongo sobre la mesa una propuesta de agenda de trabajo de diez puntos, en los que considero que debemos trabajar como Estado mexicano, si verdaderamente aspiramos a transformar la procuración de justicia en nuestro país.

Esta agenda de trabajo parte de la instalación, a la brevedad, de una MESA NACIONAL DE DIÁLOGO, para trabajar durante los próximos doce meses en el diseño y aprobación de la ley orgánica que transformaráa la PGR en una Fiscalía General de la República. Para esto, es crucial que trabajemos de la mano el Poder Legislativo, la PGR, SEGOB, CNDH y los expertos en la materia de la academia y la sociedad civil.

  • Promover la autonomía absoluta de la PGR y, llegado el momento, de la Fiscalía General de la Repúblicapara combatir el crimen y la corrupción, estableciendo candados suficientes para la actuación libre y sin injerencias, ni de superiores jerárquicos, ni de agentes externos, en las investigaciones y diligencias de los responsables de la procuración e impartición de justicia.
  • Implementar un servicio civil de carrera, para construir una “fiscalía desde cero” que privilegie el mérito, la integridad, las capacidades y el profesionalismo. Deberá fijar reglas claras para la selección e ingreso -a través de concursos abiertos-, así como la formación, promoción y permanencia de los miembros de la fiscalía y agentes del ministerio público. Además, deberán ofrecerse buenos sueldos, prestaciones y garantías de protección.
  • Establecer una política criminal explícita y pública, que incluya estándares de calidad y principios para la toma de decisiones estratégicas.
  • Establecer criterios para racionalizar las cargas de trabajo y aplicar una política criminal. Es esencial que el MP dedique sus recursos de investigación a los casos más relevantes y que se usen procedimientos operativos efectivos para dar solución temprana y rápida a los casos pequeños.
  • Establecer los criterios para ofrecer un servicio de atención de calidad, que garantice un trato sensible, cercano y humano para las víctimas y testigos, que reduzca los tiempos de atención a denuncias y que impida vulnerar los derechos de las personas detenidas con sus actos u omisiones antes de ser presentadas ante el juez.
  • Desarrollar protocolos que garanticen investigaciones de calidad, conforme a estándares internacionales para el manejo de evidencias y el registro de detenidos.
  • Instrumentar sistemas de contrainteligencia, que permitan detectar infiltraciones de grupos criminales o personas de las altas esferas del poder que pudieran corromper e inducir a agentes del MP a distorsionar la investigación y persecución de los casos.
  • Promover y garantizar la eficiencia administrativa para evitar que las tareas administrativas sean obstáculos o distracciones para la efectiva investigación y persecución de los delitos.
  • Generar mecanismos de colaboración interinstitucional para esclarecer hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. En particular, es necesario regular la relación del MP con la policía, para que su colaboración sea efectiva y no existan rivalidades o desconfianza entre ellos.
  • Garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

Estos diez puntos tienen como propósito servir de plataforma de arranque para entablar un diálogo interinstitucional que nos permitan construir, de manera coordinada, un sistema de procuración de justicia efectivo; y como consecuencia una correcta impartición de justicia.

Éste deberá darle la certeza a cada ciudadano de que el Estado lo protegerá, actuará en su defensa y respetará sus derechos humanos, sin importar su estrato o condición social.

Sólo así será posible recuperar la confianza perdida en las instituciones y creer en la existencia de un Estado de Derecho.

Por lo anteriormente fundado y motivadosometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.–El Senado de la República exhorta a que convoquea través de esta soberanía a los integrantes del Poder Legislativo, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, académicos expertos en la materia y sociedad civil, a instalar a la brevedad una MESA NACIONAL DE DIÁLOGO para trabajar durante los próximos doce meses en el diseño y aprobación de la ley orgánica que transformaráa la PGR en una Fiscalía General de la República.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 04de noviembre de 2016.

Suscribe


Armando Ríos Piter

Senador por el Estado de Guerrero

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67177