Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 28 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

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Jueves 3 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-42/67033
Jueves 3 de Noviembre de 2016
Gaceta: LXIII/2PPO-42/67033

De las Senadoras y Senadores Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Humberto Mayans Canabal, Roberto Albores Gleason, Luis Humberto Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Carmen Dorantes Martínez, Roberto Gil Zuarth, Enrique Burgos García, Ernesto Gándara Camou, Francisco Yunes Zorrilla, Jesús Priego Calva, Manuel Cavazos Lerma, Yolanda de la Torre, Martha Palafox Gutiérrez, Ernesto Cordero Arroyo, Hilda Ceballos Llerenas, Raúl Morón Orozco, Miguel Ángel Chico Herrera, Ricardo Barroso Agramont, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu y Héctor Larios Córdova, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. María Cristina
Díaz Salazar
Sen. Armando
Neyra Chávez
Sen. Humberto Domingo
Mayans Canabal
Sen. Roberto Armando
Albores Gleason
Sen. Luis Humberto
Fernández Fuentes
Sen. Angélica
De la Peña Gómez
Sen. Carmen
Dorantes Martínez
Sen. Roberto
Gil Zuarth
Sen. Enrique
Burgos García
Sen. Ernesto
Gándara Camou
Sen. José Francisco
Yunes Zorrilla
Sen. Jesús
Priego Calva
Sen. Manuel
Cavazos Lerma
Sen. Yolanda
de la Torre Valdez
Sen. Martha
Palafox Gutiérrez
Sen. Ernesto Javier
Cordero Arroyo
Sen. Hilda
Ceballos Llerenas
Sen. Raúl
Morón Orozco
Sen. Miguel Ángel
Chico Herrera
Sen. Ricardo
Barroso Agramont
Sen. Lilia Guadalupe
Merodio Reza
Sen. Itzel Sarahí
Ríos de la Mora
Sen. María Hilaria
Domínguez Arvizu
Sen. Héctor
Larios Córdova

Quienes suscriben, Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra C., Humberto Mayans Canabal, Roberto Albores Gleason, Luis Humberto Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Carmen Dorantes Martínez, Roberto Gil Zuarth, Enrique Burgos García, Ernesto Gándara, José Yunes Zorrilla, Jesús Priego Calva, Manuel Cavazos Lerma, Yolanda de la Torre, Martha Palafox Gutiérrez, Ernesto Cordero Arroyo, Hilda Ceballos Llerenas, Raúl Morón G., Miguel Ángel Chico H., Ricardo Barroso Agramont, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu y Héctor Larios, senadoras y senadores de la República en laLXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Asamblea la presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ACCESO A LOS SEGUROS SOCIALES TRANSMITIDOS POR RELACIONES DE MATRIMONIO O DE CONCUBINATO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los principios de igualdad y de no discriminación son elementos fundamentales del Estado mexicano y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos dos artículos al respecto, a saber:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(…)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. (…)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis P./J. 9/2016 [*] , ha señalado que:

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.

En el plano internacional, de la lectura al Artículo 3 tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desprende la obligación de los Estados Partes, entre ellos el nuestro, de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos enunciados en ambos pactos.

Ambos principios operan de una forma compleja. En palabras del Comité de Derechos Humanos [*] estos implican que “todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

De manera más puntual, el Consejo Económico y Social aprobó la observación general No. 20 [*] , mediante la cual detalla muy puntualmente cómo opera la relación entre ambos principios y la distinción entre la igualdad-discriminación jurídica (de forma) de la igualdad-discriminación sustancial (de fondo). Así, en lo que respecta a la discriminación jurídica, el Consejo señala lo siguiente:

8. Para que los Estados partes puedan "garantizar" el ejercicio sin discriminación de los derechos recogidos en el Pacto, hay que erradicar la discriminación tanto en la forma como en el fondo:

a)  Discriminación formal. Para erradicar la discriminación formal es preciso asegurar que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos; por ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones de seguridad social a las mujeres independientemente de su estado civil.

Con base en este marco constitucional y convencional, y a la luz de la igualdad jurídica de todas las personas, a continuación, analizaremos ciertas disposiciones de la Ley del Seguro Social (“la Ley”) que trasgreden la igualdad formal entre hombres y mujeres en el acceso a determinados beneficios estipulados en dicha Ley.

Antes bien, cabe recalcar que de conformidad con el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social, “la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

Su importancia es tal que dicho beneficio social se ha consagrado expresamente en los apartados A y B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo que respecta al apartado Ase establece lo siguiente:

Artículo 123. (…)

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

(…)

XXIX. Es utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

(…)

Asimismo, en el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el “derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. De aquí se desprende la clara importancia constitucional y convencional de los regímenes de seguridad social.

No obstante, la trascendencia de la seguridad social para el desarrollo de las personas, con los movimientos de igualdad y, más ampliamente, con el paradigma de los derechos humanos, se han hecho cada vez más evidentes enormes discriminaciones del régimen mexicano de seguridad social basado en distinciones de género. Así pues, circunscritos en la igualdad jurídica de género, a continuación se desglosa una tabla en donde se establecen: i) tres seguros sociales que los asegurados pueden transmitir a sus respectivos beneficiarios por lazos de matrimonio o de concubinato, y ii) el tratamiento discriminatorio entre mujeres y hombrespara acceder al mismo beneficio sin alguna justificación objetiva y razonable. 

Seguro y concepto

Exclusión específica de beneficiarios hombres

Seguro de riesgos de trabajo

Es aquél que cubre “los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo” (Art. 41).

El mismo implica prestaciones económicas a las viudasy a las concubinas del asegurado que cumplan las hipótesis de ley; no obstante, para que los hombres viudos o concubinarios puedan acceder a este seguro deben depender económicamente de la asegurada (arts. 64, fracción II y 65).

Seguro de enfermedades

Implica prestaciones en especie y en dinero para prevenir y cubrir gastos por enfermedad de asegurados, pensionados y sus beneficiarios (arts. 91, 96 y 110).

El seguro ampara a las esposas de los asegurados y pensionados, así como a las concubinas que cumplan las hipótesis de ley, mientras que a los esposos y concubinarios se les exige la dependencia económica (Art. 84, fracciones III y IV).

Seguro de invalidez y vida

Los riesgos protegidos por este seguro “son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez” (Art. 112).

En casode muerte del asegurado o del pensionado por invalidez se otorgan diversas prestaciones a las viudas y concubinas que se encuadren en ciertas hipótesis normativas, cuando para el caso de los viudos y concubinarios se les exige además la dependencia económica (Art. 130). Dentro de estas prestaciones, la de ayuda asistencial se redacta como si fuerza exclusiva a las pensionadas por viudez (Art. 127). Asimismo, la Ley establece tres hipótesis que niegan el acceso al seguro en comento, mismas que no se actualizan si la viuda comprueba haber tenido hijos con el asegurado o pensionado, lo que no aplica tratándose de viudos (Art. 132).

Con base en lo anterior, es claro que los seguros de riesgos de trabajo, de enfermedades, y de invalidez y de vida, que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social,son inconstitucionales por su diseño discriminatorio que vulnera la igualdad jurídica tanto de hombres beneficiarios como de mujeres aseguradas. Cabe señalar que dichas diferenciaciones legales entre hombres y mujeres se explicanpor una serie de estereotipos de género, en la que se asigna predeterminadamente a la mujer un rol de cuidado en el hogar y de los hijos, mientras que al hombre un rol de proveedor económico.

Ante esta situación, y considerando que no hay justificación constitucional que amerite un trato diferenciado, es imperativo modificar estadiscriminación formal entre hombres y mujeres dado que el estado actual de las cosas:

  1. Discrimina sistemáticamente a las mujeres aseguradas y pensionadas en virtud de que les imposibilita trasmitir los seguros sociales en comentohacia los hombres con quienes mantienen un lazo matrimonial o de concubinato, y que no acrediten la dependencia económica de ellas (lo que no pasa a la inversa). 
  2. Discrimina sistemáticamente a los hombres en virtud de que les exige un requisito mayor que a las mujeres para acceder, en calidad de beneficiarios, a los seguros sociales en comento. Dicho requisito mayor es la dependencia económica hacia la mujer asegurada o pensionada. 
  3. Transgrede la naturaleza constitucional del seguro social en cuanto a que está “encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares” (Art. 123, apartado A, fracción XXIX).  
  4. Transgrede los principios de igualdad y no discriminación contemplados en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 1, 2, 7 y 25 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto, en el sentido de que no puede haber discriminaciones motivadas por el género, y que el varón y la mujer deben ser iguales ante la ley. 

Como sustento a los anteriores razonamientos,a continuación se presentan algunos argumentos esgrimidos el 24 de agosto de 2016 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 371/2016 [*] mediante el cual estimó la inconstitucionalidad del Artículo 152 de la Ley del Seguro Social de 1973(respecto a la pensión de viudez) que, a pesar de estar abrogada, contempla el mismo diseño discriminatorio entre hombres y mujeres que tiene la Ley del Seguro Social actual, es decir, la expedida en 1995. A saber:

SÉPTIMO. Estudio. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación a través de los cuales la parte quejosa sostiene que el artículo 152 de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, es transgresor de los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación y seguridad social (…), habida cuenta de que:

a) Impone requisitos adicionales para obtener la pensión al viudo en relación con las exigencias que prevé para las mujeres, pues demanda que exista una incapacidad total y que hubiere dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, lo que denota un trato discriminatorio por razón de género.

b) El acceso a una pensión por viudez se actualiza con la muerte del asegurado, por lo que no es viable exigir la actualización de una incapacidad total ni una situación previa de dependencia económica, pues ello se traduce en una limitante a los derechos de seguridad social.

c) La pensión por viudez no es una prestación gratuita, sino un derecho generado durante la vida laboral de los asegurados con la finalidad de garantizar la subsistencia de quien le sobreviva (beneficiario), por lo que no es válido exigir a los viudos una situación de incapacidad total ni una dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada.

(….)

La disposición reproducida [el Artículo 123 constitucional] considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, de lo que deriva la pensión de viudez; adquiriendo relevancia que ésta no es una concesión gratuita o generosa, sino que ese derecho se va gestando durante la vida del trabajador con las aportaciones que hace por determinado número de años de trabajo productivo con la finalidad de garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte, entre los cuales se encuentra el cónyuge o concubino que le sobreviva.

Y, en ese tenor, la seguridad social para los trabajadores, como derecho social constitucionalmente reconocido, abarca no sólo a los asegurados, sino también está dirigida a sus familiares, por lo que a éstos tampoco se les puede reducir o restringir la prerrogativa de referencia.

Del anterior criterio de la Corte, se concluye que las múltiples exclusiones de los hombres en el acceso a los seguros sociales de conformidad con los artículos 64, fracción II; 65; 84, fracciones III y IV; 127;130, y 132 de la Ley del Seguro Social son discriminatorias e inconstitucionales. En este sentido, es una obligación del Congreso expulsar del orden jurídico nacional estas normas a la luz del párrafo tercero, Artículo 1 constitucional, que señala que “[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Por lo anteriormente expuesto,convencidos de la trascendencia de la seguridad social para que las personas tengan un mínimo de subsistencia y desarrollo humano, ycon el propósito de que el Congreso de la Unión garantice la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los seguros sociales transmitidos por relaciones de matrimonio o de concubinato, se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 64, fracción II; 65; 84, fracciones III y IV; 127; 130, y 132 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 64.(…)

(…)

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:

I. (…)

II.Al cónyuge supérstite del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;

III. VI.(…)

(…)

Artículo 65. Sólo a falta de cónyuge tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecidolibres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos gozará de pensión.

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I. II. (…)

III. El cónyugedel asegurado o, a falta de éste, la persona con quien vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quientuvo hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinaso concubinarios ninguno de ellos tendrá derecho a la protección;

                (Se deroga párrafo)

IV.El cónyugedel pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta decónyuge, la concubina o el concubinario si reúnen los requisitos de la fracción III.

                (Se deroga párrafo)

V. IX. (…)

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

I. – III. (…)

IV. Ayuda asistencial al pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y

V. (…)

(…)

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de éste, tendrá derecho a recibir la pensión la persona con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años anteriores a la muerte de aquél, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.

                (Se deroga párrafo)

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos:

I. – III. (…)

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la persona viuda compruebe haber tenido hijos con él.

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:

I.Para el cónyuge del pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;

III. Si el pensionado no tuviera ni cónyuge, concubina, concubinario, ni hijos menores de dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;

IV.(Se deroga)

V. (…)

(…)

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo que no excederá los noventa días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y de conformidad con las atribuciones señaladas en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, este Instituto deberá modificar su normatividad reglamentaria y todas las demás disposiciones que contravengan el marco de igualdad establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día jueves 3 de noviembre, 2016.

Atentamente,

Sen. Cristina Díaz Salazar


[*] SCJN, Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Tesis P./J. 9/2016 (10a.). Registro: 2012594; tesis jurisprudencial en materia constitucional (23 de septiembre de 2016).

[*] ONU, Comité de Derechos Humanos (CCPR). No discriminación. Observación general 18. 37º período de sesiones, Suiza (1989).

[*] ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 20º período de sesiones (1999).

[*] Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Amparo en revisión 371/2016. Ministro ponente Eduardo Medina Mora I., secretaria Iveth López Vergara. Para su información sintetizada, véase el comunicado de prensa No. 146/2016, Ampara Segunda Sala a un hombre para que reciba pensión de viudez en condiciones de igualdad (24 de agosto de 2016). Disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=4370.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67033