Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 23 de febrero de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 1 de Octubre de 2013
Gaceta: LXII/2PPO-21/43811
Martes 1 de Octubre de 2013
Gaceta: LXII/2PPO-21/43811

De los Senadores Martha Elena García Gómez y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)

Sen. Martha Elena
García Gómez
Sen. Francisco
Domínguez Servién

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA.

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Quienes suscriben Martha Elena García Gómezy Francisco Domínguez Servién, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Internacional del Trabajo refiere que la economía social y solidaria (ESS) es un concepto relativo a las empresas y organizaciones, en particular las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que

específicamente producen bienes, servicios y conocimiento, y a la vez persiguen objetivos económicos y sociales, y promueven la solidaridad. [1]

La OIT ha creado una larga tradición sobre las empresas y organizaciones de economía social, en la década de 1990 comenzó a promover esquemas comunitarios de protección, y sociedades mutuales en el área de la protección social.

En ese sentido, y como se mencionó anteriormente, privilegiar esquemas sociales de organización, más aún, cuando se refiere a recibir apoyos con recursos federales, facilita la promoción de la economía social.

Además, una de las directrices fundamentales para la protección social en lo que se refiere a economía social, es la protección de los grupos sociales con mayores necesidades.

En nuestro marco jurídico el esquema de la economía social y solidaria actualmente se encuentra regulado en la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012.

Dicha Ley tiene como objeto principal el establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado.[2]  

Así mismo, establece quiénes integran el Sector Social de la Economía, incluyendo a todas las formas de organización social para la producción, distribución, y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Por otro lado, con respecto a los apoyos a los que se refiere el artículo 46, antes los apoyos otorgados por FONAES, es necesario establecer la priorización que debe de existir para los grupos sociales de mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores e indígenas.

Respecto a esto cabe señalar que la Ley considera el establecimiento del Instituto de la Economía Social (INAES), como un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, que operará el Fondo de Fomento a la Economía Social (FFES) cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector Social de la Economía mediante apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social. Lo anterior sustituye al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES), que apoya a mujeres y hombres de la población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de recursos que demuestren su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio.

Los tipos de apoyo otorgados por FONAES son:

  • Para estudios que evalúan la conveniencia de abrir o ampliar un negocio.

Reembolso en efectivo del costo de la elaboración del estudio para evaluar la conveniencia de abrir o ampliar un negocio.

  • Para abrir o ampliar un negocio.

Son los apoyos en efectivo que se otorgan por una sola vez para que un negocio inicie o crezca con capital de inversión y capital de trabajo.  Para los proyectos mixtos (hombres y mujeres), se proporciona hasta 60% de la inversión total que requiera el proyecto.

Además, existen dos modalidades con condiciones preferenciales: el Apoyo para abrir o ampliar un negocio de mujeres,se proporciona hasta 80% y el Apoyo para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad, se proporciona hasta 90%.

De lo anterior se desprende que FONAES ofrece condiciones preferenciales para grupos con vulnerabilidad, situación que no está claramente establecida en la Ley referida.

Cabe mencionar, que en junio de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Ley de Economía Social y Solidaria, dentro de estas se contemplaron, modificaciones al Artículo 46, para quedar como sigue:

Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

La motivación para la referida modificación fue la elaboración de programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas. Tal es el caso de grupos vulnerables y/o zonas deprimidas o en condiciones de pobreza. Así como, al reconocimiento de las iniciativas productivas encabezadas por otros sectores, como es el caso del de las mujeres.

Sin embargo, vemos necesario ir más allá de la reforma aprobada en junio pasado, con el objeto de dar claridad al texto normativo en el sentido de que si bien se modificó la Ley para que se lleven a cabo programas especiales y regionales para los grupos con algún grado de vulnerabilidad, insistimos en que el Programa de Fomento a la Economía Social también debe considerar a estos grupos, además, de que esta situación debe quedar clara en la Ley para brindar certeza jurídica.

En este sentido, se recomienda que en el artículo 46 se incorpore la priorización de los apoyos hacia los grupos vulnerables y mujeres.

Es necesario asegurar el acceso de las mujeres, personas con discapacidad y adultas mayores e indígenas, a programas de protección social, por ello las políticas públicas priorizan para sectores determinados de la población, el resultado de la priorización se ve reflejado en mayores apoyos para dichos sectores logrando en muchos de los casos la reducción de la pobreza.

Cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con    Discapacidad menciona en su artículo 28, numeral 2, inciso b), que se debe asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las

personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza[3]

También es importante considerar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual el inciso f), de la parte 1, del artículo 27, relativo al trabajo al empleo, establece que los Estados Partes promoverán medidas pertinentes orientadas a garantizar el derecho al trabajo entre las que destacan, la promoción de oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas, y de inicio de empresas propias.

Cabe señalar, que el Estado Mexicano, ha suscrito diversos instrumentos internacionales aplicables al contexto de la problemática, destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales (Artículo 6. Numeral 1 y 2).

  • Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
  • Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que  garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

El Convenio 111 Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de la organización internacional del trabajo[4], establece en su artículo 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

b).- Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

Artículo 3- Todo miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

c).- Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.

Por su parte el convenio 159 de la OIT relativo a la readaptación profesional y empleo de las personas inválidas, menciona como principios de política de readaptación profesional y de empleo para personas inválidas, que todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (Artículo 2); Asimismo, que dicha política estará destinada  a asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del empleo (Artículo 3), esta política se centrará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. Además, deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Finalmente, las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos (Artículo 4).

En el caso del marco nacional, a través de la Ley General para las Personas con Discapacidad (LGPCD), se establece la observancia de la ley para dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal (artículo 3º). Asimismo, señala que la Administración Pública de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad (párrafo cuarto del artículo 4º). Y establece como principios fundamentales de observancia de las políticas públicas, la equidad, la justicia social y la igualdad de oportunidades (artículo 5º).

En este contexto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluye en el texto legal la obligación de los órganos públicos y las autoridades federales, para que en el ámbito de su competencia, lleven a cabo, medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, entre ellas crear programas permanentes de capacitación y empleo y fomento a la integración laboral.

México ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cual se establece que la expresión discriminación, denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Asimismo, se ha comprometido que en ámbito nacional establecerá las medidas necesarias cuyo finalidad sea el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Convención, tales como “Eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:”…

b) El derecho de obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero (Artículo 13 inciso b).

Pese a ello, el Comité de la Convención (COCEDAW)[5], derivado de los informes y respuestas de los Estados Parte, consideró emitir la recomendación general número 5 “medidas especiales temporales”, en virtud de que persiste la necesidad de que se tomen disposiciones para aplicar plenamente la Convención introduciendo medidas tendientes a promover de facto la igualdad entre el hombre y la mujer.

Por lo anteriormente expuesto, esta propuesta de reforma a la Ley de Economía Social y Solidaria, busca atender a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad, dando la oportunidad de que sean considerados como grupos de personas que pueden organizarse bajo el esquema de la economía social, pero que al mismo tiempo el Estado debe brindar los mecanismos para facilitar su organización, y priorizar en atención a su grado de vulnerabilidad, el acceso a los apoyos y estímulos que establece la Ley en cuestión.

Así mismo, es importante la priorización de los apoyos dirigida a estos grupos con grado de vulnerabilidad como una medida afirmativa que permita que se encuentren en igualdad de condiciones respecto a otros grupos de organización social, y que ésta situación se encuentre claramente estipulada en la Ley.

Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 46….

….

La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría, las cuales establecerán mecanismos que promuevan e impulsen la participación y beneficio preferente de los grupos sociales de mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores e indígenas, en los apoyos y esquemas de financiamiento social.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de septiembre de 2013.

Sen. Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Sen. Francisco Domínguez Servién (rúbrica)


[1] Sitio oficial Web de la Organización Internacional del Trabajo

[2] Artículo 2, fracción I de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía

[3] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28, numeral 2, inciso b)

[4] (DOF, 11 de agosto de 1962)

[5] Séptimo Periodo de Sesiones, 1988.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43811