Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 25 de mayo de 2018
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

Leer más
Miércoles 3 de Abril de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-115/40064
Miércoles 3 de Abril de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-115/40064

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz y Maki Ortiz Domínguez, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Sen. Ma. del Pilar
Ortega Martínez
Sen. Luisa María
Calderón Hinojosa
Sin Grupo
Sen. Angélica
De la Peña Gómez
Sen. Diva Hadamira
Gastélum Bajo
Sen. Martha Elena
García Gómez
Sen. Mariana
Gómez del Campo Gurza
Sen. Laura Angélica
Rojas Hernández
Sen. Adriana
Dávila Fernández
Sen. Sonia
Mendoza Díaz
Sen. Maki Esther
Ortiz Domínguez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

Las suscritas Senadoras de la República en la LXII Legislatura del Congreso de las Unión,  en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por la que se REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la equidad de género a través de la transversalización de la perspectiva de género, conlleva “valorar las implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea que se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que estos puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad[1].

Por su parte, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la igualdad de género no es sólo un objetivo en sí mismo, sino también un medio importante para lograr todos los demás Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano.

Ahora bien, en los últimos años, el concepto de género se ha integrado al discurso del desarrollo. La perspectiva de género se ha convertido en una herramienta esencial para la elaboración y formulación de las políticas públicas que buscan alcanzar la equidad[2].

Basta recordar que esta situación ha sido tratada en el ámbito internacional desde hace ya varios años, a través de diversos instrumentos que proscriben la protección de la mujer en contra de la violencia, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración y Objetivos del Milenio, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará, entre otros.

En tal virtud hoy nuestro país enfrenta nuevos retos en materia de igualdad, de manera tal que es necesario establecer políticas públicas adecuadas y contundentes  a efecto de hacer de la igualdad de género una realidad en todos los ámbitos de la política pública y legislativa del país, en donde el sistema de justicia no es la excepción.

En tal virtud, tal y como se ha señalado con anterioridad, diversos instrumentos internacionales proscriben el respeto a los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, tal es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) que reconoce que toda mujer tiene derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito ante los tribunales correspondientes que la amparen contra actos que violen sus derechos[3].

Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing propone promulgar y hacer cumplir las leyes e introducir medidas de aplicación, incluso mecanismos de recurso y el acceso a la justicia en caso de incumplimiento, a fin de prohibir la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, estado civil o situación familiar…incluso la protección legal contra el hostigamiento sexual y racial[4].

Asimismo, en el ámbito nacional, el Estado Mexicano a efecto de dar cumplimiento a los diversos compromisos internacionales adquiridos con relación a la protección de la mujer a una vida libre de violencia, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto el establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana y de la libertad de la mujer, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda alguna, las acciones establecidas por la referida ley deberán de encontrar la debida armonización en la legislación que de conformidad con el ámbito personal y material de aplicación vengan a materializar algún derecho que deba ser observable desde el enfoque preventivo o protector de la norma, de ahí la necesidad de plantear la presente iniciativa.

En tal virtud, de acuerdo al alcance de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal, además de establecer un proceso penal más garantista y respetuoso de los derechos fundamentales de toda persona, ha establecido como una de sus principales características la observancia del principio de igualdad procesal, lo cual implica que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal reciban el mismo trato y tengan las mismas oportunidades, traduciéndose en que el ministerio público y los jueces deban tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas evitando a toda costa implicaciones de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así las cosas, se estima que dichos principios planteados en la Constitución, lejos de ser privativos del sistema acusatorio, los mismos encuentran plena actualidad en cualquier modelo de proceso penal existente, al tratar de proteger derechos inherentes a toda persona, sobre la base del debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales, garantizando condiciones de igualdad a todos los intervinientes del proceso penal y proscribiendo toda práctica discriminatoria. De otra forma, acotar la aplicación de estos principios al sistema acusatorio, implicaría postergar la observancia de los mismos a la vigencia del sistema acusatorio en materia federal, cuya vacatio legis puede postergarse hasta junio de 2016.

Esta situación hace necesario revisar la legislación vigente en materia adjetiva penal en el ámbito federal a la luz de la referida reforma constitucional (en cuanto al principio de igualdad y no discriminación) así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por supuesto, a la luz de los instrumentos internacionales y resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos, a efecto de mejorar el marco normativo aplicable en la materia, con miras a lograr una mayor y mejor protección de la mujer cuando es parte interviniente en un proceso penal.

Por ello, en términos generales, se puede señalar que las reformas y adiciones vertidas en la presente iniciativa retoman diversas propuestas esgrimidas en su momento por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y que fueron plasmadas en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por la que se proponía la expedición del Código Federal de Procedimientos Penales de corte acusatorio, en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, las cuales buscan cumplimentar diversos aspectos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, relativa al caso González y Otras contra México, mejor conocido como caso “Campo Algodonero”, en donde se señalan diversas irregularidades suscitadas durante la investigación de las conductas delictivas y el proceso correspondiente, tales como:

  • Demora en la iniciación de las investigaciones.
  • Lentitud de las investigaciones o inactividad en los expedientes.
  • Negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas.
  • Pérdida de información.
  • Falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género[5].

De igual forma se señala en la resolución que durante la investigación se observaron alegados estereotipos proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas, tales como comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijasque consideran influenciaron la inacción estatal posterior, así como la minimización de las autoridades de los hechos motivo de las denuncias, bajo el pretexto de que se trataba de “muchachitas que andaban con el novio o andaban de voladas’, entre otras aseveraciones discriminatorias.

Esta serie de acontecimientos ocasionaron que el Estado mexicano en su conjunto  fuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiendo cumplir una serie de aspectos relacionados entro otros, con el acceso a la justicia y la igualdad de género en el proceso penal, estableciéndose entre otras obligaciones:

  1. La de remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;
  2. Garantizar que la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género, entre otras.

En tal virtud, luego de un amplio proceso legislativo suscitado en el Congreso de la Unión, el 14 de junio de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas y adiciones a diversas disposiciones legales en materia de armonización y acceso a la justicia para las mujeres. Dichas reformas y adiciones se realizaron en el Código Penal Federal, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, estableciéndose entre otros aspectos, lo siguientes:

  • Que no proceda libertad preparatoria para el delito de feminicidio.
  • Se condiciona que el otorgamiento del perdón únicamente cuando se haya reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito.
  • Los plazos de cómputo para la prescripción de delitos sexuales, cometidos contra personas menores de 18 años, comienzan a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad.
  • Se incorpora el delito de discriminación.
  • Se incluye un capítulo de delitos cometidos contra los derechos reproductivos, a fin de sancionar los delitos de: inseminación forzada; implantación de ovulo fecundado sin consentimiento de la mujer; y, esterilidad provocada.
  • Se incluye en el catalogo de los delitos cometidos por las y los servidores públicos las siguientes conductas: 1. obligar a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se persiguen por querella; y,  2. obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
  • Se perfecciona la redacción del artículo referente al artículo de abuso sexual. 
  • En el delito de estupro se cambia la edad mínima del sujeto pasivo de 12 años a 15 años. Se aumenta la sanción máxima a 20 años en el delito de violación. Se aumenta también la pena máxima en la violación equiparada o instrumental.
  • Se equipara a violación cualquier relación sexual con persona menor de 15 años sin violencia. Además se aumenta la penalidad.
  • Se modifica el delito de incesto, se sanciona únicamente las relaciones sexuales con personas con las que se tiene una relación de parentesco en línea directa.
  • Se deroga el artículo que estipula la emoción violenta como una circunstancia de atenuante de la culpabilidad para la comisión de los delitos de homicidio y lesiones.
  • Se reforma la calificativa de ventaja en los delitos de lesiones y homicidio, a fin de incluir en las hipótesis cuando: 1. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de dieciocho años; 2. Se ocasionen en situaciones de violencia familiar; y, 3. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación.
  • Se modifica el delito de homicidio en relación al parentesco a fin de aumentar las hipótesis de probables relaciones entre los sujetos activos y sujetos pasivos para que se configure el delito.
  • Se tipifica el delito de feminicidio.

Asimismo con esta reforma se incorporaron como obligaciones de la Procuraduría General de la República las siguientes:

  1. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas;
  2. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres;
  3. Elaborar y aplicar Protocolos especializadas con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual; y,
  4. Crear una Base Nacional de Información Genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niña desaparecidas a nivel nacional.

Estas últimas obligaciones para la PGR derivadas del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero,

Derivado de lo anteriormente señalado, la presente iniciativa pretende reformar y adicionar una serie de disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de establecer diversos aspectos normativos tendientes a garantizar el enfoque de género dentro del procedimiento penal, con estricto cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, así como de las resoluciones vinculantes de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

En tal virtud, en términos generales, la presente iniciativa plantea los siguientes aspectos:

En el Código Federal de Procedimientos Penales:

  • Establecer de manera textual dentro de las disposiciones generales que norman la investigación de los delitos, que dicha investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan la identificación de quien cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito, ello en atención de las características esenciales que debe presentar toda investigación del delito, de acuerdo a lo estipulado por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de campo algodonero. (art. 113 primer párrafo)
  • Establecer como derecho de las víctimas del delito no sólo el de recibir atención medida y psicológica, sino el derecho de ser canalizada cuando lo requiera  a instituciones que le proporcionen la correspondiente atención médica y psicológica, a efecto de propiciar mecanismos que hagan asequible el derecho a recibir dicha atención. (art. 141 apartado A fracción XIV)
  • Establecer  que en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, la víctima tendrá derecho a recibir atención médica y psicológica por persona del mismo sexo o del sexo que ella elija, en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su intimidad. (art. 141 apartado A fracción XIV)
  • Precisar dentro de la regulación de procedimiento penal la previsión de que en el caso de delitos que impliquen violencia contra la mujer, se deberán de observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables, a efecto de hacer efectivos en el procedimiento penal todos los derechos que establece a favor de la mujer la referida ley general. (art. 141 apartado A fracción XVI párrafo segundo)
  • Actualizar la regulación procesal en torno al resguardo de identidad y datos personales ahora a las víctimas de trata de personas, derivado de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, publicada el 14 de julio de 2011. (art. 141 apartado B fracción IX)
  • Establecer en el caso de que el Ministerio Público solicite la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello al imputado, que dichas muestras deban ser obtenidas por personal especializado del mismo sexo o del sexo que el imputado elija, ello en atención a la dignidad de persona humana y el respeto a su intimidad así como a los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República (art. 168 bis segundo párrafo)
  •  Prever que en los casos de delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento de la voluntad de la víctima y respeto de sus derechos. (art. 169 segundo párrafo)
  • Establecer expresamente que en el caso de delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y secuestro, se deberán de observar los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República para el inicio de las investigaciones así como en lo relativo a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o privadas de su libertad.

De igual forma, dichos protocolos además de observar las disposiciones previstas en este Código y disposiciones aplicables, deberán de encontrarse ajustados a los estándares internacionales existentes en la materia. (art. 171 bis)

  • Adicionar un precepto normativo que establezca que en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. Lo anterior, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional en los casos de violencia sexual. (art. 173 bis)
  • En el caso de que sean necesario explorar físicamente a una persona, se prevé que la exploración correspondiente deberá ser proporcionada, por médicos del mismo sexo o del sexo que la persona a explorar elija, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda. Lo anterior en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su intimidad. (art. 188 párrafo cuarto)
  • Adicionar un precepto normativo a efecto de prever que en el delito de violación, las pruebas que se aporten para desestimar la existencia del delito no podrán basarse en el silencio o de la falta de resistencia de la víctima, toda vez que tal y como se ha señalado con anterioridad la investigación deberá de ser profesional, objetiva e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. (art. 285 tercer párrafo)

En el Código Penal Federal:

  • Se adiciona una fracción VIII bis al artículo 225 del Código Penal Federal, a fin de considerar como delito contra la administración de justicia sancionable con pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, la inobservancia por parte de los agentes del ministerio público federal y los agentes de la policía ministerial federal, de los principios que deben normar la investigación de los delitos, previstos por el primer párrafo del artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

  • Se adiciona una fracción I bis al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de establecer como causa de responsabilidad administrativa de los agentes del ministerio público federal, de los agentes de la policía federal ministerial y en lo conducente de los peritos y oficiales ministeriales, el no observar las obligaciones previstas por los artículos 113 primer párrafo, 168 bis primer párrafo, 169 y 188 cuarto párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior a efecto de lograr una mayor observancia de dichas obligaciones s o pena de sanción administrativa al servidor público que no las observe.

En suma, se estima que estas disposiciones legales vendrán a contribuir en la construcción de un marco jurídico que otorgue una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas, sobre una legislación procesal respetuosa en materia de equidad de género.

Por ello la suscrita Senadora de la República, consciente de que es necesario apoyar toda medida legislativa que venga impulsar políticas públicas que buscan alcanzar la equidad, es que someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,  DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 113, la fracción XIV del apartado A así como la fracción IX del apartado B del artículo 141, el segundo párrafo del artículo 168 bis, el cuarto párrafo del artículo 188; se adiciona un segundo párrafo así como las fracciones I y II al artículo 113, un segundo párrafo a la fracción XVI del aparado A del artículo 141, un segundo párrafo al artículo 169, un artículo 171 bis, un artículo 173 bis, un párrafo tercero al artículo 285, todos del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada, en su caso, a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan, la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño. La inobservancia a lo anteriormente dispuesto será sancionada de acuerdo a lo que establezca el Código en la materia.

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la  investigación. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes.

I. a II. …


Artículo 141.
A. …
I. a XIII. …
XIV. Recibir y ser canalizado a instituciones que le proporcionen atención médica y psicológica cuando la requieran y, en caso de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, a recibir esta atención por persona del mismo sexo o del sexo que la víctima elija;

XV. …
XVI. Solicitar que el imputado sea separado del domicilio de la víctima como una medida cautelar, cuando se trate de delitos que pongan en peligro la integridad física o mental de mujeres y niños, así como cuando la víctima conviva con el imputado; esta solicitud deberá ser canalizada por el Ministerio Público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican.

En el caso de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán de observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables;

XVII. a XIX. …




B. …
I. a VIII. …
IX. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y, en  otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso  los derechos de la defensa;
X. a XI. …
C. …

Artículo 168 Bis.
Dichas muestras deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo o del sexo que la persona imputada elija, con estricto apego al respeto a la dignidad humana y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República,

Artículo 169.
En los casos de delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y respeto de sus derechos.

Artículo 171 bis. En caso de delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, trata de personas y secuestro, se deberán de observar los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República para el inicio de las investigaciones así como en lo relativo a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o privadas de su libertad.

Dichos protocolos además de observar las disposiciones previstas en este Código y disposiciones aplicables, deberán de encontrarse ajustados a los estándares internacionales existentes en la materia.

Artículo 173 bis. En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima.

Artículo 188.


Siempre que se deba explorar físicamente a personas, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición de la interesada, por médicos del mismo sexo o del sexo que la interesada elija, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda.

Artículo 285.

En el delito de violación, el consentimiento de la víctima para el acto sexual no podrá inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima.

SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo así como se adiciona una fracción VIII bis al artículo 225 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 225. …
I. a VIII. …
VIII bis. No observar las obligaciones previstas por el artículo 113 párrafo primero del Código de Procedimientos Penales, relativas a la investigación de los delitos;
IX. a XXXIV. …
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, VIII bis, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa.

TERCERO. Se adiciona una fracción I bis al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 62.
I. …
I bis. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas por los artículos 113 párrafo primero, 168 bis párrafo primero, 169 y 188 párrafo cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales;
II. a XII. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría General de la República deberá de emitir los protocolos a que hacen referencia los artículos 168 bis párrafo segundo y 171 bis de este Código, dentro de los 180 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República a los 5 días del mes de marzo de 2013.

NOMBRE

Senadora María del Pilar Ortega Martínez

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa

Senadora Angélica de la Peña Gómez

Senadora Martha Elena García Gómez

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández

Senadora Adriana Dávila Fernández

Senadora Sonia Mendoza Díaz

BIBLIOGRAFÍA
“Análisis de la Equidad de Género en el Acceso a la Justicia de las Mujeres en México”, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, pp.8-9.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/about_womens_empowerment/
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichmujer/uploads/PROGRAMASECTORIAL2004-2010.pdf


[1]http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/about_womens_empowerment/

[2] http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichmujer/uploads/PROGRAMASECTORIAL2004-2010.pdf

[3] “Análisis de la Equidad de Género en el Acceso a la Justicia de las Mujeres en México”, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, pp.8-9.

[4] Idem

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, relativa al caso González y/o contra México el 16 de noviembre de 2009.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40064