Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Jueves 21 de septiembre de 2017
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Miércoles 3 de Abril de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-115/39895
Miércoles 3 de Abril de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-115/39895

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción y se reforman las fracciones I y III al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Omar
Fayad Meneses

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL MISMO PRECEPTO.

El suscrito OMAR FAYAD MENESES, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos fracciones al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se adiciona una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor  y se reforman las fracciones I y III del mismo precepto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El registro de la evolución tecnológica de la telefonía móvil en nuestro país nos remite al menos a las últimas décadas.

Inició como un servicio restringido, ciertamente elitista, debido a su alto costo solo accesible para aquellos con mayor ingreso económico, pero al paso del tiempo, se ha convertido por su practicidad y relativa accesibilidad, en la opción más viable de intercomunicación para la gran mayoría de la población con menor poder  adquisitivo.

La telefonía móvil es ahora un servicio que puede catalogarse de primera necesidad en materia de comunicación y más recientemente de información.

Desde el punto de vista tecnológico el servicio inicial era analógico, que registraba problemas de calidad en la captación de voz y la dificultad de interconectar a múltiples usuarios.

Diez años después entró la tecnología digital, que permitió servicios adicionales como el identificador de llamadas, conferencia tripartita, llamada en espera, transmisión de datos,  mensajes de texto, y después, acceso a internet, correo electrónico, redes sociales, entre otros.

Así, la telefonía celular o móvil ha pasado por tres generaciones.

La primer generación  1G, tuvo comenzó a principios de los 80s, de forma analógica, con carencias en interconexión y eficiencia en el enlace, con aparatos telefónicos muy grandes, con baterías no muy eficiente en el almacenamiento de la carga. La 1G sólo permitía la transmisión de voz a muy baja velocidad.

La segunda generación 2G, comenzó a operar a principios de los 90s, se caracterizó por ser digital, con  teléfonos más pequeños y con baterías más eficientes.  La 2G permitió una nueva gama de servicios digitales enfocados a voz y datos.

La tercer generación 3G, está caracterizada por posibilitar el envío de información, voz, datos, video, multimedia a más altas velocidades que van desde los 144 Kbps hasta los 2 Mbps.  Esto permite servicios que requieren más ancho de banda como el acceso a Internet, correo electrónico, transferencia de archivos, videos e imágenes.

Si bien fue en 1989 cuando la telefonía celular aparece en México a través de la  compañía  Iusacell ofertando el servicio sólo en el Distrito Federal, un año después,  la compañía Telcel empieza sus operaciones ofreciendo también el servicio en la capital del país. Posteriormente ambas compañías empiezan a expandir sus redes a otras áreas del territorio nacional.  Hoy al menos 5 operadores prestan el servicio: telcel, movistar, iusacell, unefón y nextel.

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De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, en México existen 97.6 millones de suscriptores de telefonía celular hasta el 2012, es decir una penetración de 86.9 de cada 100 mexicanos, que disponen de una línea de telefonía móvil.

Hoy cuatro de cada cinco mexicanos cuentan con una línea móvil. El esquema de prepago concentra en promedio  86.6% de las líneas (84 millones 521 mil 600 usuarios) y el restante 13.4% corresponde a usuarios de pospago (13 millones 078 mil 400 usuarios).

La empresa  Telcel encabeza  el mercado de telefonía móvil, con 68 millones de suscriptores móviles (70%), el segundo mayor operador es Movistar con una participación de mercado de 21.6%, ocupando Iusacell el tercer lugar con una participación de 4.7%, seguida de nextel con 3.7%.

Los servicios de datos registran mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles, enfocan una estrategia comercial a la provisión de Internet móvil de banda ancha a través de las terminales móviles, así como en las computadoras por medio de dispositivos extraíbles.

Claramente la telefonía móvil dejo muy atrás a la fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una teledensidad de 17.9 líneas por cada 100 habitantes.

Una pieza clave para este crecimiento ha sido el intento del Estado mexicano para traer mayor equidad en el mercado, una mayor regulación e intermediación para impulsar la competencia en el rubro, tratando de evitar las prácticas monopólicas y la concentración de mercado en un solo proveedor.

Ello ha derivado en una leve mejoría en cuestiones como la cantidad de servicios que se prestan, una mayor competitividad en las tarifas, la libertad de los usuarios de cambiar de compañía conservando su número telefónico.

No obstante, parece ser que el crecimiento acelerado en los suscriptores está teniendo un impacto negativo en la calidad de la telefonía móvil, debido quizá a que la inversión en mayor tecnología no va aparejada al crecimiento de la demanda o al potencial del mercado. Según la OCDE, México fue el país que menos invirtió en telecomunicaciones, sólo 25 dólares per cápita, cuando en países como Canadá o Dinamarca alcanza hasta los 300 y 350 dólares respectivamente.

Existe un crecimiento sostenido en el número de quejas referentes a la calidad del servicio que en realidad brindan las compañías en comparación a lo que ofertan en la contratación de planes y esquemas de servicio.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, los usuarios de cuatro de las empresas de telefonía móvil Telcel, Iusacell, Telefónica y Nextel, padecieron en 2010, aproximadamente 3 mil 500 millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en 7 mil 790 quejas, y sirvieron de base para ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones y pago de daños y perjuicios.

El rubro de telefonía móvil abarca 41% del total de 19 mil quejas recibidas por la dependencia.

Las quejas reflejan que hay una buena cantidad de fallas, lo cual implica que miles de usuarios de telefonía móvil están pagando por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que supuestamente contrataron y que las empresas están obligadas a cumplir.

Esto no obstante a que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, los mexicanos pagamos algunas de las tarifas más caras de entre los países asociados. México ocupa el tercer lugar entre los países con tarifas de telefonía móvil más caras, las cuales son 8 veces más altas que las del país que registra las más bajas.

Esta situación, ocasiona daños y perjuicios a los usuarios. Daños que están siendo reclamados por la vía que establece la ley para tal efecto, bajo la participación de la PROFECO.

En este contexto de afectación a los consumidores de la telefonía móvil, la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para garantizar un derecho fundamental de los usuarios, esto es a dar por terminado el contrato de prestación de servicios cuando por voluntad propia consideren que no están satisfechos con el  mismo o simplemente no desean continuar recibiéndolo.

En los hechos, actualmente las compañías brindan servicios de telefonía, de transmisión de datos, de internet y otras aplicaciones por periodos de contrato en forma ordinaria por 12 meses al menos, y en algunos casos por 24, 36 y hasta 48 meses, cuando se opta por aparatos celulares de alto costo o de modelo reciente, plazos que se convierten en forzosos y que no pueden ser modificados, más que mediante el pago penalizado del conjunto de mensualidad faltantes para cumplir el plazo obligatorio, sin que el usuario pueda realizar nada para dar por terminada la prestación del servicio sin sufrir menoscabo en su patrimonio.

En suma, existe un mercado creciente de telefonía móvil, sin embargo, cada vez más se presentan quejas de usuarios por la mala calidad de los servicios, que les causan daños y perjuicios, pero a los cuales no pueden escapar por estar obligados a contratos anuales o multianuales imposibles de cancelar sin el pago de una penalización.

Por lo anterior se propone la adición de una fracción al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer como obligación de los proveedores de telefonía móvil, la celebración de contratos de prestación de servicios cuya duración sea expresamente consentida por el usuario de forma verbal y escrita, quedando prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación.

Con ello, fortaleceríamos los derechos de los usuarios para decidir libremente si recibe o no un servicio y por cuanto tiempo, impidiendo que sean objeto de contratos con pazos forzosos y otorgándoles una herramienta más eficaz para exigir una mayor calidad en la telefonía móvil y el cumplimiento de los parámetros que son ofertados por las compañías.

De igual forma, se propone la adición de una fracción al artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer como una prerrogativa de los consumidores de telefonía móvil, el poder solicitar en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la terminación de la prestación del servicio básico, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado.

Asimismo, existe una situación de hecho que también afecta la libertad de contratación de los usuarios, así como su patrimonio.

Esto es, en la actualidad la telefonía móvil de pospago opera mediante contratos de adhesión, en donde por lo regular se establecen las condiciones de prestación del servicio básico (telefonía móvil) y en su caso de servicios adicionales, especiales o conexos (internet, mensajería de texto, etc),  así como el precio por dichos servicios, sin embargo, cuando se revisa la facturación mensual, se puede percibir que aparecen cargos adicionales que no fueron contratados, o no lo fueron de forma consciente y a voluntad expresa del usuario, porque simplemente no se le informa, tales como cargos por conceptos como seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos, entre otros, los cuales engrosan la facturación, a veces de forma, muy significativa.

Por ello, se propone adicionar una fracción también al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para obligar a los proveedores de telefonía móvil a abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor ni recibir de éste autorización expresa verbal y escrita, la prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados como adicionales y que estén relacionados con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos y todos aquellos que generen un costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado.

Consecuentemente se propone reformar la fracción I del artículo 86 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para definir claramente como una prerrogativa del consumidor de servicios de telefonía móvil, el adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser informado por el prestador del servicio sobre los costos de los mismos y debiendo mediar aceptación expresa verbal y escrita para ello.

De igual forma, se propone reformar la fracción III del mismo precepto para garantizar el derecho del consumidor de dar por terminada la prestación de tales servicios adicionales en cualquier momento del contrato, sin que implique el cese de la prestación del servicio básico, ni penalización alguna.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 86 TER DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL MISMO PRECEPTO.

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones XXI y XXII, al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a XX.- …

XXI. Informar al momento de la suscripción de contratos de prestación de servicios, todas las condiciones y costos que deberá pagar el usuario, reflejándolas en dichos instrumentos, quedando prohibido el establecimiento de plazos forzosos de contratación, entendiéndose por esto que en cualquier momento, el usuario contratante podrá solicitar la cancelación de la prestación del servicio, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que hubiere contratado.

XXII. Abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor y recibir su autorización, la prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, los cuales son considerados como adicionales y que estén relacionados con el pago de seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos y todos aquellos que generen un costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado.

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción II bis, y se reforman las fracciones I y III, del artículo 86 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, debiendo ser informado por el prestador del servicio sobre los costos y condiciones de los mismos;

II. …

II bis. Cancelar en cualquier momento del cumplimiento del contrato, la prestación del servicio básico, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación, y en su caso, el monto que faltare para cubrir el costo total del equipo que hubiere contratado, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado.

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique el pago de penalización alguna o que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, independientemente de que se hubiese vencido o no el plazo pactado; y

IV. …

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán  emplear el tiempo entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor, para realizar los cambios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que les imponen los preceptos de este decreto y modificar los contratos de adhesión que tengan registrados ante la autoridad correspondiente.

Tercero.- La Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán verificar el cumplimiento de lo establecido en el precepto anterior.

ATENTAMENTE

SENADOR OMAR FAYAD MENESES

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39895