Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 23 de febrero de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 19 de Marzo de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-108/39783
Martes 19 de Marzo de 2013
Gaceta: LXII/1SPO-108/39783

De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo Medina, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Sen. Maki Esther
Ortiz Domínguez
Sen. Fernando Enrique
Mayans Canabal
Sin Grupo
Sen. Miguel
Romo Medina

INICIATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

La que suscriben la Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el Senador FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el Senador MIGUEL ROMO MEDINA, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Antecedentes

En 1976, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó el año de 1979 como el “Año Internacional del Niño”, con la finalidad de atender a los menores de edad en todos los campos a nivel mundial. Como consecuencia de la mencionada declaratoria se adicionó al texto constitucional, mediante una reforma al artículo 4º publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1980, el derecho de los menores “a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”, recayendo este deber en sus padres.

En consonancia con la actividad en nuestro país en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que México es miembro fundador, así como de su oficina regional la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para elevar a rango de derecho fundamental el derecho a la salud. En la Exposición de Motivos de la iniciativa queda claramente especificada la intención de cumplir “[…] con una vieja aspiración popular, congruente con los propósitos de justicia social de nuestro régimen de convivencia y con los compromisos que en cuanto a Derechos Humanos, México ha contraído en la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de los Estados Americanos desde hace décadas.”

En la propia Exposición de Motivos se especifica que se opta por la expresión “derecho a la protección de la salud”, “porque tiene el mérito de connotar que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados.”

En congruencia con lo anterior, el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Salubridad en la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, destaca la orientación igualitaria de la reforma constitucional propuesta. En este sentido, establece de manera textual que la iniciativa “se inscribe dentro de la vertiente que pugna por hacer efectiva la sociedad igualitaria, […]. La sociedad igualitaria es un postulado de realización impostergable, si queremos volver más digna la existencia de nuestros compatriotas, toda vez que sólo mediante una igualdad estimulada y tutelada por el Derecho, se puede ampliar y disfrutar auténticamente de la libertad innata de los humanos. Avanzar en la sociedad igualitaria es avanzar en el camino de la democracia.” A su vez, en dicho Dictamen se reconoce que la adición al artículo 4º de la Constitución para incorporar el derecho a la protección a la salud “se constituirá indudablemente, en la medida en que tienda a la protección de la parte más sensible de la sociedad, la familia, la niñez y los beneficios fundamentales para la vida digna de los hombres en un verdadero catálogo trascendente de los mínimos de bienestar elevados a la máxima jerarquía jurídica.”

Por su parte, en el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salubridad y Asistencia de la Cámara de Diputados, actuando como Cámara Revisora, se expresa con claridad que “la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel más alto de salud posible debe constituir uno de los derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna.” Además, en términos del propio Dictamen, “el Estado será el promotor de este ejercicio que requiera de la solidaridad social y de la voluntad colectiva para su cabal cumplimiento.” “El concepto de justicia social contenido en nuestra constitución y las responsabilidades que el derecho a la protección a la salud implican una constante transformación de la estructura social, a una distribución equitativa de la riqueza, que proscriba toda ventaja o privilegio a favor de alguna clase social o en favor de intereses particulares.” “En el desarrollo de esta idea de justicia, la Iniciativa propone que para igualar a los desiguales en oportunidades y seguridades se establezca este impostergable derecho social.”

De esta forma, a raíz de la iniciativa de reforma constitucional y los subsecuentes trabajos legislativos, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, se incorpora en nuestra Constitución Política el derecho a la protección de la salud en el artículo 4º constitucional. Ciertamente, esta adición daría lugar a la posterior emisión de su Ley Reglamentaria, la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, a fin de organizar la prestación de servicios de salud bajo criterios propios de un sistema concurrente. Cabe decir que desde sus orígenes esta Ley le concedió un carácter prioritario a la salud materno-infantil, como se observa en el Capítulo V del Título Tercero de la Ley. En esta materia, la propia ley especifica, en el artículo 63, que “La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.” Ya han pasado más de dos décadas desde que se incorporó el derecho a la protección a la salud en la Constitución y se emitió su nueva Ley Reglamentaria. Durante este tiempo se han dado pasos fundamentales en su profundización y desarrollo. Sin duda alguna, estos avances se reflejan en diversos ámbitos de actuación del poder público, siendo de especial relevancia para el tema que nos ocupa la definición jurisprudencial del derecho a la protección de la salud por nuestro más alto Tribunal [1], así como las sucesivas reformas tanto constitucionales como legislativas que refuerzan el contenido del derecho a la salud de ciertos grupos vulnerables y fortalecen el objetivo de cobertura universal en salud.

Por lo que se refiere al reforzamiento de ciertos grupos vulnerables en el texto constitucional es necesario hacer mención de las reformas y adiciones al artículo 4º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril del año 2000. Con dichas reformas se introduce el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como el deber del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y de otorgar facilidades para que los particulares coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. De esta forma se reconoce en la Constitución Política la necesidad de fortalecer de manera especial y específica el derecho a la salud de los niños y las niñas, donde si bien se establece la responsabilidad de aquellas personas responsables directamente del bienestar de los menores, también se reconoce la participación activa del Estado.

Un lustro después, el 18 de enero de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud con objeto de eximir del cobro de cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento y hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.  No obstante, esta disposición, por sí sola, no contempla la atención integral de la salud de los niños durante sus primeras etapas de vida.

Adicionalmente, mediante las reformas al artículo 4º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, se introduce el principio del interés superior del niño, mismo que deberá contemplarse en todas las decisiones y actuaciones del Estado. Con ello se viene a fortalecer el tratamiento especial y reforzado de la niñez en diversos ámbitos, entre los que se incluye el relativo a la salud.

Por lo que hace al objetivo de universalizar la cobertura en salud cabe destacar la creación del Sistema de Protección Social en Salud, para lo cual se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003. Mediante esta reforma se concede a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud con la garantía del Estado al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social.

De esta forma el Sistema de Protección Social en Salud logra constituirse en un claro instrumento para tutelar el derecho a la protección de la salud y, con ello, alcanzar el objetivo de asegurar de manera universal a todas aquellas personas que por su situación laboral no son derechohabientes de la seguridad social. Esta situación se fortalece con la creación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), mediante el cual se promueve la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud y garantiza la cobertura integral en servicios de salud a los niños nacidos a partir del primero de diciembre del 2006, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sus beneficios son adicionales a los que hoy en día proveen los programas de salud pública y de vacunación universal, el Sistema de Protección Social en Salud, así como las acciones en materia de salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Este Programa se inserta en la política de salud que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, los cuales reconocen que nuestro sistema sanitario debe resolver las desigualdades en el acceso a los servicios médicos, que son una de las principales causas por las que las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la población. Cabe decir que este Programa ha demostrado que la cobertura amplia de servicios de salud para este sector de la población no sólo es operativamente posible sino también financieramente viable.

Por lo que respecta al SMNG, a partir de su puesta en marcha ha tenido una evolución favorable que demuestra su aporte positivo en el conjunto de la política de salud nacional. Para 2011 de los 2.167 millones de nacimientos en México, el 45.17% contó con la cobertura del SMNG desde el primer día de vida. Entre 2006 y 2012 la tasa de mortalidad infantil (menores de un año) disminuyó en 4% pasando de 16.2 defunciones por 1,000 nacidos vivos a 13.2 defunciones. A su vez, entre 2006 y 2011 la mortalidad en menores de 5 años atribuible a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y por deficiencia nutricional disminuyó 56%, 41.2% y 30.8% respectivamente.

La evolución de las cifras de mortalidad infantil y en menores de 5 años se ha visto positivamente impactadas por el SMNG. Entre 2008 y 2012 el programa ha financiado la atención de más de 126 mil casos, principalmente con padecimientos de asfixia y trauma al nacer, infecciones respiratorias agudas bajas, enfermedades infecciosas intestinales y bajo peso al nacimiento y prematurez. Todas las anteriores se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional.

Lo anterior ha sido posible a través de un compromiso financiero sostenible en el marco del Sistema de Protección Social en Salud. Entre 2008 y 2012 el presupuesto autorizado ha promediado 2,589.6 millones de pesos equivalente a 3.85% del presupuesto autorizado al Seguro Popular en el ejercicio fiscal 2012 (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Fondo de previsión presupuestal y Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos).

De lo anterior se desprende que los avances operados en materia de salud son claramente consistentes con la vocación igualitaria, el papel activo del Estado y la corresponsabilidad social e individual, la concepción amplia y la eficacia progresiva que caracterizan al derecho a la protección de la salud. No obstante, aún existen importantes áreas de oportunidad que permitan atender de manera prioritaria el derecho a la salud de los niños y las niñas, no sólo con el objeto de cumplir con el mandato constitucional que le otorga un carácter especial y reforzado en esta materia, sino que además nos lleven a profundizar el alcance de este derecho en congruencia con los compromisos internacionales que México tiene asumidos.

II. El derecho a la protección de la salud de la infancia en el marco internacional

La posición en nuestro derecho interno de los compromisos asumidos por México a nivel internacional en materia de derechos humanos y, con ello, por lo que hace al derecho a la protección de la salud, ha sido ampliamente reforzada a través de las reformas al artículo 1º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Mediante estas reformas se introduce una nueva forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos humanos en México, además de incorporar de manera clara y contundente el derecho internacional de los derechos humanos.

En el artículo 1º constitucional se introduce la figura de la “interpretación conforme”, de tal forma que las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. De igual forma, el citado artículo incorpora en su párrafo segundo, el llamado principio de interpretación pro personae, de conformidad con el cual siempre se deberá elegir la norma jurídica, nacional o internacional, que proteja de manera más amplia al titular de un derecho humano.

Finalmente, en el párrafo tercero del referido artículo 1º constitucional, se establece la obligación del Estado mexicano de promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Esto implica que los tratados internacionales de derechos humanos generan obligaciones de acción u omisión para los Estados, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Este último, de gran relevancia para el tema que nos ocupa, “establece la prioridad en la aplicación de aquellas disposiciones jurídicas más eficaces para la protección y promoción de los derechos humanos, independientemente del ámbito espacial de validez de la norma más favorable. Por otro lado, este mismo principio de progresividad fundamenta una interpretación extensiva de los derechos humanos, […]” [2].

Ahora bien por lo que hace al ámbito del derecho internacional público, se ha generado consenso respecto a que los niños son titulares de derechos humanos. “Esta titularidad comprende el reconocimiento de tales derechos desde el ámbito político, filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento cuando se desconocen o se transgreden. En este sentido, la comunidad internacional ha llegado al criterio, ampliamente compartido, de que la infancia implica un espacio separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas deben gozar de una serie de derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida.” [3]

De tal forma que es necesario tomar en consideración los diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte respecto de los derechos humanos de la niñez y en particular de su derecho fundamental a la protección de la salud, con el objeto de conformar el marco normativo que fundamenta la presente propuesta de reforma legislativa.

Sin duda, uno de los principales compromisos asumidos por México en materia de protección a la infancia es la Convención de los Derechos del Niño (1989), en vigor en nuestro país a partir del 21 de octubre de 1990. Mediante este instrumento se reconoce la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial, misma que ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24) y, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10). De tal forma que esta Convención viene a sistematizar los diversos derechos especiales reconocidos a la infancia en diversos instrumentos internacionales. De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño constituye “[…] el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria.” [4]

Esta Convención establece, en su artículo 3.1, que los Estados Partes se comprometen a colocar el interés del menor por encima de toda medida adoptada en la que se vean involucrados niños, ya sea que estas decisiones se tomen por instituciones públicas o privadas, o por autoridades administrativas, tribunales y órganos legislativos. En otras palabras, este instrumento internacional contempla el principio del interés superior del niño.

Asimismo, se establece de manera contundente el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (artículo 24). En este sentido, los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a adoptar las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud, y; combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud.

Cabe decir que en el marco de esta Convención se realizaron los trabajos para la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, suscrita en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el 30 de septiembre de ese mismo año, dentro de la denominada Cumbre Mundial a favor de la Infancia, promovida por varios jefes de Estado, entre ellos el de México. Este documento, plantea los imperativos para propiciar más y mejores oportunidades de supervivencia a todos los niños, afirma categóricamente la inaceptabilidad de las muertes evitables durante la infancia, enfatiza la equidad en la prestación de los servicios y propone un enfoque integral con atención similar a las acciones médicas, a la elevación del nivel educativo, al mejoramiento de la infraestructura sanitaria y a la atención de los niños que viven en circunstancias especialmente difíciles.

En esta Declaración se establece, en el apartado 10, la obligación de los Estados participantes a “[…] mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños […]. La mortalidad de niños menores de cinco años es extremadamente alta en muchas partes del mundo, pero se puede reducir en forma drástica con los medios ya conocidos y de fácil acceso.”

El apartado 20 contiene 10 puntos de acuerdo para proteger los derechos del niño y mejorar sus condiciones de vida para ser trabajados tanto a nivel internacional como nacional. El punto 2 del mencionado apartado señala que “Nos esforzaremos por que se adopten constantes medidas a nivel nacional e internacional para mejorar las condiciones de salud de los niños, fomentar la atención prenatal y reducir la mortalidad de niños menores de cinco años en todos los países y entre todos los pueblos.”

El apartado 25 de la Declaración señala que: “Nos comprometemos a hacerlo no sólo para la generación actual, sino también para las generaciones venideras. No puede haber una tarea más noble que la de dar a todos los niños un futuro mejor.”

Sin duda la Declaración con su Programa y Plan de Acción representó los objetivos por conseguir y las metas por alcanzar más ambiciosas que se haya propuesto la comunidad internacional en política de salud pública, los gobiernos participantes se responsabilizaron a cumplir para el año 2000 con una serie de recomendaciones en materia de salud materno infantil contenidas en un Plan de Acción, de entre las cuales se destacan doce dirigidas a la protección de la salud de la niñez y en especial a los menores de cinco años:

  1. Reducir a menos de 10% los recién nacidos con peso inferior a 2.5 kilogramos.
  2.  Conseguir lactancia al seno materno por lo menos durante cuatro meses.
  3.  Disminuir a la mitad los menores de cinco años con desnutrición moderada y grave.
  4.  Eliminar las carencias de yodo y de vitamina “A”.
  5.  Vigilar periódicamente el crecimiento y desarrollo de todos los niños.
  6.  Reducir 50% en los menores de cinco años las defunciones por diarrea y en 33% las muertes como consecuencia de infecciones agudas de vías respiratorias.
  7.  Conseguir 90% de cobertura en la vacunación contra el sarampión, la tosferina, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis.
  8.  Disminuir en 95% los fallecimientos por sarampión y en 90% los enfermos en 1995.
  9.  Eliminar el tétanos en el recién nacido en 1995.
  10.  Erradicar la poliomielitis para el año 2000.
  11.  Ofrecer mejor protección a los niños en circunstancias particularmente difíciles.
  12.  Bajar entre 1990 y el año 2000 en una tercera parte las mortalidades infantil y preescolar. 

Es relevante aclarar que bajo criterios sostenidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, “En las declaraciones de derechos humanos se enuncian principios y normas convenidos. Esos documentos no son en sí mismos jurídicamente obligatorios. Pero se ha entendido que algunas declaraciones, muy en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen el carácter de derecho positivo, por cuanto sus disposiciones han sido tan ampliamente reconocidas que son obligatorias para todos los Estados.” [5]

Adicionalmente, cabe observar que en el Informe 2012, elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo la coordinación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, se establecen importantes compromisos en materia de salud materno-infantil, que implican el necesario fortalecimiento de la atención médica y la prevención en los niños menores de cinco años.

De esta forma, en el Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, se establece como meta, reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre. Un indicador clave para estimar el cumplimiento de esta meta, desde la perspectiva de la salud, consiste precisamente en medir la prevalencia de bajo peso en los niños menores de cinco años, dadas las desastrosas consecuencias que a corto y a largo plazo provocan en la niñez las deficiencias nutricionales.

Por su parte, el Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establece la meta de reducir esta situación en dos terceras partes, entre 1990 y 2015. Así, como puede observarse, esta meta se relaciona directamente con los mecanismos de política pública que fortalezcan la atención médica integral y los niveles de prevención que favorezcan la supervivencia de este grupo poblacional.

Finalmente, el Objetivo 5. Mejorar la salud materna, si bien hace referencia a la meta de reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, durante el periodo del embarazo y el parto, se relaciona con la atención médica pertinente de carácter prenatal y la atención al recién nacido durante el periodo neonatal y los primeros años de vida.

III. Motivación y propuesta

De lo anterior, aunado a la reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del año 2011 al artículo 1º constitucional, a través del cual se refuerza la posición en nuestro derecho interno de los compromisos asumidos por México a nivel internacional en materia de derechos humanos y, con ello, por lo que hace al derecho a la protección de la salud, además de introducir el principio del interés superior del niño y el principio de interpretación pro personae, hacen necesario profundizar en la atención de la salud de los menores de edad, especialmente de aquellos que se encuentran en una posición altamente vulnerable, como son los niños en sus primeras etapas de vida.

En ese contexto, la propuesta que se somete a su consideración introduce un mecanismo de protección a la salud de los menores de hasta cinco años, con la clara misión de establecer una cobertura amplia para los niños menores de cinco años, de manera subsidiaria a los servicios que actualmente se comprenden en el CAUSES y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Para tales efectos se prevé la creación de un mecanismo financiero compatible con los esquemas actualmente previstos dentro del Sistema de Protección Social en Salud, además de tener ya una probada efectividad y viabilidad financiera, especialmente a través de la experiencia que arroja la implementación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación. Se contempla la creación de una cuota, denominada “cuota para la infancia”, diferenciada de la cuota social, las aportaciones solidarias y las cuotas familiares, misma que sería administrada por el Sistema de Protección Social en Salud dentro de un fondo denominado “Fondo de Protección a la Infancia”. El origen de la cuota para la infancia serán exclusivamente recursos federales, tal y como ocurre hasta el momento con la previsión presupuestal del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación. La operatividad de este fondo (desembolsos, conceptos de pago, entre otros) estaría regulada a través de sus propias reglas de operación, elaboradas por la Secretaría de Salud en el marco del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

El Fondo de Protección a la Infancia se inserta como una política que da continuidad a una estrategia que ha entregado resultados exitosos desde el momento de su creación en 2006 hasta la fecha. Esta estrategia, expresada operativamente en el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación carece hasta el momento de la formalización legislativa que le de certidumbre a largo plazo. Los programas sociales están sujetos a reglas de operación que se modifican anualmente y sus presupuestos son igualmente variables, dependiendo de los resultados de la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ello pone en riesgo algunas de las más importantes acciones de salud preventiva que el Seguro Médico para un Nueva Generación ha impulsado y financiado como:

1.         La atención de forma gratuita por toda patología no cubierta explícitamente por el CAUSES o el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el grupo de edad de 0 a 5 años afiliado al Sistema de Protección Social en Salud. La afectación de esta atención podría originar retrasos o no atenciones que se traduzcan en mayores niveles generales de morbilidad o inclusive mortalidad infantil y en edad pre-escolar.

2.         La vacunación contra el rotavirus y neumococo, la cual de no proseguir e incrementarse resultará en un repunte de la morbimortalidad atribuibles a estas patologías.

3.         La identificación oportuna de la discapacidad auditiva y de las enfermedades identificadas por el tamiz metabólico semi-ampliado, cuya ausencia se traducirá en menor calidad de vida en la edad adulta para las personas afectadas y sus familias.

4.         La promoción de prácticas saludables de la lactancia materna, prevención de muerte de cuna y fomento del desarrollo cognitivo de niños y niñas. El reforzamiento de estas acciones disminuye considerablemente la morbimortalidad durante el primer año de vida, puede llegar a prevenir la muerte de 1,500 menores de un año saludables, y constituye una inversión en el capital humano del país de la mayor relevancia.

Con el objeto que la política de protección social de la salud en la infancia, específicamente en el caso de los menores de 5 años que carecen de acceso a la seguridad social, goce del beneficio de la mayor certidumbre jurídica, y ende, se consolide como una política de Estado de largo aliento se propone su formalización jurídica en la Ley General de Salud.

Cabe decir que la formalización legislativa de la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a los niños menores de cinco años no sólo sería conforme a un sentido moderno del derecho a la salud, sino que además contribuiría a fortalecer su carácter esencialmente progresivo. Además, implicaría un claro avance en la instrumentación del pleno ejercicio del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de los niños y las niñas, siendo éste uno de los pilares fundamentales para garantizarles el disfrute de una vida digna.

De conformidad con todo lo anterior, las propuestas de reforma y adición a la Ley General de Salud pretenden incidir de manera decisiva en el fortalecimiento de la política de salud por lo que hace a la atención de los niños en sus etapas más tempranas. El proyecto de decreto adiciona un tercer párrafo al Artículo 77 bis 1 para señalar que todos los menores de cinco años afiliados al Sistema de Protección Social en Salud contarán con un esquema de aseguramiento que cubra la totalidad de sus padecimientos durante estos primeros años de vida. Igualmente reforma el Artículo 77 bis 5 para establecer el Fondo de Protección a la Infancia, Artículo 77 bis 17 para definir el monto de la cuota per cápita que la federación aportará al Fondo por cada menor afiliado al sistema, y el Artículo 77 bis 29 que define los mecanismos de transferencia de los recursos así como los conceptos de gasto aplicables para ser financiados. El derecho a la protección más amplia de la salud de los niños y las niñas debe ser sin duda uno de los desafíos prioritarios en nuestro país.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción III del inciso A) del artículo 77 bis 5, el Capítulo VI del Título III Bis en su denominación, el artículo 77 bis 29 y los párrafos tercero y quinto del artículo 77 bis 30; y, se adicionan un párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo tercero para convertirse en párrafo cuarto al artículo 77 bis 1, los párrafos segundo y tercero al artículo 77 bis 17; y los incisos A) y B) al artículo 77 bis 29; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 1.- […]

[…]

Los niños menores de cinco años que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud, contarán con un esquema de aseguramiento en salud que responda a las necesidades de este grupo de población y garantice la cobertura de todos los padecimientos que se presentan durante los primeros años de vida.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

 Artículo 77 bis 5.- […]

A) […]

I. a II. […]

III. En su función rectora constituir, administrar y verificar el suministro puntual de la previsión presupuestal que permita atender las diferencias imprevistas en la demanda esperada de servicios a que se refiere el artículo 77 Bis 18 y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y el Fondo de Protección a la Infancia establecidos en el artículo 77 Bis 29;

IV. a XVII. […]

B) […]

I. a IX. […]

Artículo 77 bis 17.- […]

El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota adicional por cada niño menor de cinco años afiliado al Sistema de Protección Social en Salud, denominada cuota para la infancia, la cual será equivalente al 2.016 por ciento del salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, para la constitución del  Fondo de Protección a la Infancia a que se refiere el Capítulo VI de este Título. La cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el salario mínimo general diario para el Distrito Federal que se tomará en cuenta como punto de partida serán los mismos que se establecen para la cuota social.

Capítulo VI

Del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y del Fondo de Protección a la Infancia

Artículo 77 bis 29.- Con el objetivo de apoyar el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, se constituirán y administrarán por la Federación, sin límites de anualidad presupuestal y sujetos a las reglas de operación que defina la Secretaría, los siguientes fondos de reserva:

A) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual tendrá como objetivo apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo que impliquen gastos catastróficos.

Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se deriven de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

B) El Fondo de Protección a la Infancia, el cual tendrá como objetivo brindar a los niños menores de cinco años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, un esquema de aseguramiento en salud que garantice la cobertura de cualquier padecimiento que se presente en estos primeros años de vida.

Los recursos de este Fondo se destinarán a los servicios de medicina preventiva y atención médica de primer, segundo y tercer niveles, así como los medicamentos asociados, que requieran los niños a que se refiere el párrafo anterior, de manera subsidiaria a los beneficios que contempla el Sistema de Protección Social en Salud para todos sus afiliados, en los términos que defina la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

El Fondo de Protección a la Infancia cubrirá la continuidad de las intervenciones de los niños beneficiarios que hayan cumplido los cinco años de edad, en los términos de sus reglas de operación.

Las intervenciones y demás pagos cubiertos por el Fondo de Protección a la Infancia se pagarán mediante reembolso de cada intervención realizada a los niños menores de cinco años o a través de los mecanismos que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 77 bis 30.-[…]

[…]

Los centros regionales recibirán recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en las que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

[…]

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con el certificado que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, así como el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá  de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. La Secretaría de Salud deberá constituir la previsión presupuestal a que se refiere el artículo 77 Bis 17 segundo párrafo, en el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe y publique este Decreto.

CUARTO. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Federación deberá modificar el Contrato de Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para crear el Fondo de Protección a la Infancia y emitir las reglas de operación del mismo.

QUINTO. La Federación dispondrá lo necesario para dar continuidad a las acciones derivadas de los  programas dirigidos a los  niños menores de cinco años, en los mismos términos en que se ha desarrollado a la fecha, hasta en tanto se encuentre en operación plena la ejecución del presente Decreto de reformas, caso en el cual los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI pasarán al Fondo de Protección a la Infancia.

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ   ______________________________


[1] SALUD, EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. El derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la población y de la colectividad; (…) que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad (…) que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo (…) que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.(Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2000, Tomo XI, p. 112, Novena Época, tesis aislada. Ministro ponente, Mariano Azuela Güitrón).

[2] Ramírez García y Pallares Yabur, 2011, p. 73.

[3] Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LX Legislatura, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Compendio del Marco Jurídico Nacional e Internacional que Tutela los niños  Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2009, p. 3. Disponible en: www.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG.

[4] Idem.

[5] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003, p. xxi.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39783