Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 29 de marzo de 2017
Gaceta del Senado
    
    

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La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

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Martes 11 de Diciembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-70/38593
Martes 11 de Diciembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-70/38593

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

Sen. Iris Vianey
Mendoza Mendoza
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN XXI; 36, FRACCIÓN III Y 38, FRACCIÓN XXX BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; SE DEROGA EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN; Y SE DEROGAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 144 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y se derogan las fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La transición y consolidación democrática en México pasan necesariamente por la democratización de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Las telecomunicaciones y los medios electrónicos se han transformado en factor fundamental de cohesión social y de desarrollo nacional. Ofrecen a la ciudadanía nuevos medios de expresión, comunicación, formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Potencian una participación más activa de ciudadanos y ciudadanas en la vida social y cultural, al tiempo que permiten acceder a metas de progreso social y económico.

Legislar en la materia y reorganizar las relaciones entre el Estado, la sociedad, las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación constituye uno de los más grandes compromisos que el Congreso de la Unión tiene pendientes por cumplir, al situarse en el corazón mismo del proceso de Reforma del Estado.

El denominado "Pacto Por México" ha abierto nuevamente a debate la revisión legislativa del régimen jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Al respecto, en el rubro "Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad", los partidos políticos firmantes asumieron como compromisos:

· Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC).

· Creación tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.

· Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.

· Reforzar autonomía de la COFETEL.

· Desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones.

· Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos.

· Competencia en radio y televisión.

· Competencia en telefonía y servicios de datos.

· Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.

Sin embargo, no cualquier reforma legislativa será suficiente para democratizar las telecomunicaciones y los medios electrónicos de comunicación. Se requiere de una reforma de gran calado. Para su democratización, la revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país.

La nueva legislación deberá garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de expresión y derecho a la información así mismo debe promover la producción, edición y difusión de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; que impulsen la sociedad de la información y el conocimiento; que promuevan la pluralidad, participación y valores democráticos; y que garanticen el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los grupos sociales a la comunicación y la información.

Es esencial legislar un marco normativo convergente, eficaz, transparente y no discriminatorio, capaz de promover la sana competencia entre los distintos jugadores y la innovación en el campo tecnológico; favoreciendo, de manera armónica, las inversiones necesarias y la instalación de infraestructuras con la democratización de acceso y la calidad de los servicios recibidos por la población.

En este objetivo, mediante la presente iniciativa, someto a consideración de esta Cámara de Senadores un proyecto de reforma integral que verdaderamente democratizaría las telecomunicaciones y la radiodifusión. Una nueva legislación para garantizar la libertad de expresión el derecho a la información; asegurar la rectoría del Estado y el interés general ante el nuevo escenario de la convergencia tecnológica; afirmar el uso social del espectro radioeléctrico, en forma más equitativa y con una visión democrática; conformar un órgano regulador verdaderamente autónomo e imparcial cuyas decisiones estén libres de conflictos de intereses y ofrezcan la seguridad jurídica necesaria a quienes forman parte del sector; promover la libre concurrencia sin discriminación entre los distintos jugadores; establecer cuotas de programación nacional independiente como manera de promover pluralidad de visiones y creación de una industria audiovisual independiente; regular la publicidad en radio y televisión, de manera que el interés comercial no esté por encima de los derechos de las audiencias; conformar un modelo de medios auténticamente públicos, así como garantizar la existencia de medios comunitariosy que los pueblos indígenas puedan generar, operar y administrar estaciones de radio y canales de televisión; proporcionar a la población acceso efectivo y de calidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y disminuir la brecha digital.

La iniciativa tiene como origen el trabajo serio y responsable del Grupo Plural de Trabajo constituido por Senadores de la LX Legislatura de este Senado de la República, encabezados por el entonces Senador Carlos Sotelo García, en su carácter de Presidente de la Comisión de Radio y Televisión, con el propósito específico de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El objetivo de la constitución de ese Grupo Plural consistió precisamente en elaborar una iniciativa de reforma integral que posteriormente sería presentada para su discusión y aprobación. Con el apoyo de los más reconocidos académicos y especialistas en la materia, en la conformación de la propuesta los entonces Senadores buscaron el consenso de todos los grupos parlamentarios, de los sectores sociales involucrados y, desde luego, de los concesionarios y permisionarios. Para allegarse de información y documentación, el Grupo Plural desahogó un amplio calendario de sesiones consultivas en las que comparecieron las instancias más representativas en los ámbitos público, social y privado.

En el Congreso de la Unión no podemos postergar más la aprobación de esta propuesta legislativa. De cara a la convergencia tecnológica, el Estado debe garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho a las comunicaciones, entendido como el derecho fundamental que tiene toda persona de poder acceder igualitariamente a las nuevas tecnologías. Así concebida, esta garantía les debe permitir la utilización del recurso espectro-orbita, el uso de las frecuencias, las redes y la libre adquisición de los equipos y las aplicaciones.

El Estado tiene el deber también de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Ello implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

En efecto, la solidez de cualquier Estado democrático se cimienta en los canales institucionales que expresen la diversidad social. En las sociedades modernas, la política y el ejercicio de la democracia son inconcebibles sin el concurso de los medios de comunicación electrónicos.

Como consecuencia, el punto de partida para analizar hoy en día cualquiera de los múltiples aspectos de los medios de comunicación electrónicos, en su relación con el desarrollo democrático de un país, es su transformación actual en auténticos poderes público-sociales por su influencia determinante en la opinión pública.

En este esquema, la apertura de los medios de comunicación electrónicos a todos los sectores de una sociedad compleja y heterogénea, debe constituirse en condición imprescindible para la convivencia civilizada que supone la aspiración de un Estado democrático de derecho.

No obstante, cada vez más los grandes grupos económico-mediáticos controlan la propiedad de la mayoría de los medios de comunicación. En virtud de que los medios de comunicación electrónicos han operado en nuestro país en un marco de una legislación secundaria discrecional y llena de lagunas, legislada para satisfacer intereses particulares, en México se ha desarrollado uno de los modelos de comunicación electrónica de más alto grado de concentración en el mundo, trastocándose la función social del servicio de radiodifusión.

Los grandes consorcios mediáticos han alcanzado la concentración de un enorme poder económico-político por encima de la voluntad de la sociedad y el Estado mexicano, y se han convertido en un poder fáctico casi autónomo, que tiende a funcionar al margen de la normatividad colectiva, a causa de lo que algunos autores denominan “una complicidad institucional” por ausencia o carencias de leyes y de políticas públicas que normen adecuadamente su funcionamiento.

Es obvio, en un esquema de alta concentración mediática, estamos bajo el dominio de una información homologada y uniformada, dirigida por los intereses de los grandes grupos mediáticos, que impide en realidad una información emitida pluralmente desde los diversos grupos sociales.

La actual estructura legal que rige a los medios electrónicos no sólo limita a la libre empresa sino que inhibe la expresión de una sociedad diversa y compleja, sustituyéndola por una visión parcial, acorde con los intereses y la ideología de sus propietarios.

No es exagerado afirmar que la desmedida concentración de los medios electrónicos de comunicación nos ha colocado al borde de una “mediocracia” o “telecracia”, que pone en serio riesgo la viabilidad de la democracia en México.

La consolidación democrática de nuestro país exige un nuevo tratamiento jurídico y ético de los medios de comunicación electrónicos, partiendo de que la información es un derecho fundamental de ciudadanas y ciudadanos y no una mercancía.

Resulta impostergable realizar la revisión y actualización del régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, para garantizar su función de servicio público, esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia.

La nueva legislación de la materia, debe regular a los medios electrónicos de comunicación como instrumentos para la garantía de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y derecho a la información. Nunca como una actividad sustentada solo en aspectos económicos o técnico-administrativos, garantizando el acceso de todos los actores sociales a los medios de comunicación sin ningún tipo de restricción y la pluralidad y libre competencia de los medios de comunicación.

El objetivo de un nuevo marco jurídico para los medios electrónicos en nuestro país, debe consistir en reconocer a la diversidad y pluralismo en la radiodifusión como principios fundamentales del nuevo marco normativo.

La legislación debe fundamentarse en el derecho de ciudadanas y ciudadanos a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad, problemáticas y acciones transformadoras, y que promuevan sus derechos e intereses.

Un nuevo marco normativo debe definir la función de servicio público de la radio y la televisión como un servicio esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, y consecuentemente promover una programación de calidad, garantizando el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.

La utilización del espectro radioeléctrico tiene que estar sujeta en todo momento a las condiciones de las concesiones o permisos que otorgue la autoridad correspondiente. Cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad. Ninguna concesión deberá ser por tiempo indefinido. En el otorgamiento de ellas tendrán que prevalecer la búsqueda de la calidad y la competencia.

La convergencia digital habrá de ser estimulada de la manera más intensa y extensa posible, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público.

Reconociendo que la información es un derecho público, será indispensable garantizar su disponibilidad, en todos los formatos y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos y mexicanas.

Eso implica la promoción de políticas de Estado públicas específicas para diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos.

En el campo de la radiodifusión, es preciso que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga (Must Carrier y Must Offer).

Los contenidos en los medios de radiodifusión deben estar definidos por el reconocimiento y la búsqueda de la diversidad. En la asignación de concesiones, se tomarán en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios. Para la programación de la televisión y la radio, habrá reglas que propicien la participación de productores independientes.

También debe establecerse el derecho de los productores a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole. Los ciudadanos tienen derecho a recibir esos contenidos sin alteraciones.

Asimismo, el nuevo marco normativo debe favorecer la producción y la difusión de contenidos nacionales en la televisión y la radio como un recurso importante para solidificar nuestra cultura y valores. Pero al mismo tiempo es preciso admitir, regulándolos, la existencia de contenidos y de inversiones foráneos que ya existen o que pueden llegar como expresión de la diversidad y la internacionalización de tales medios.

Los medios comerciales deben ser espacios de creatividad y diversidad, atributos que no es factible ejercer cabalmente sin responsabilidad. Junto con ellos y para ampliar las capacidades de la radiodifusión, resulta indispensable que el país cuente con un verdadero sistema nacional de medios indígenas, comunitarios y públicos. Reconociendo una diversidad de formas jurídicas en la propiedad de los medios, finalidad y lógica de funcionamiento, con tres sectores o modalidades de radiodifusión diferenciadas: público-estatal, privado-comercial y social-sin fines de lucro.

Porque indudablemente que la libre expresión de los medios electrónicos de comunicación indígenas, comunitarios y públicos es esencial para aspirar a la democratización de la información. Por su esencia misma, de ampliar la elección de los receptores, tienen la virtud de actuar como contrapeso a la monopolización y la fragmentación de las audiencias en el sector privado.

En materia de telecomunicaciones, la nueva legislación debe estar orientada a promover el acceso y el uso universales de la tecnología, proporcionando un mínimo básico de conectividad para toda la sociedad, y especialmente los grupos marginados, como los habitantes de zonas rurales, las minorías étnicas, las mujeres, los discapacitados y los adultos mayores.

El ideal reside en proporcionar a todos los habitantes del país un acceso equitativo y adecuado a unas infraestructuras de redes de información y comunicación modernas, asequibles y de fácil uso. Para lograr un acceso asequible y universal es importante que las tecnologías nuevas y existentes proporcionen conectividad a todos, en particular a través de instituciones abiertas para el público tales como escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Porque indudablemente para lograr la provisión del acceso a las nuevas tecnologías como un bien público, es preciso formular proyectos públicos que reduzcan los costos del acceso individual mediante modelos de acceso compartido, financiados a través de mecanismos de tributación adecuados.

Debe establecerse la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios similares o complementarios. Los usuarios de un servicio podrán cambiar de proveedor sin por ello perder bases de datos o señas de identidad (como el número telefónico que ya tengan).

Asimismo, un nuevo marco regulatorio debe establecer reglas de competencia adecuadas y eficaces. Se requiere de reglas de competencia que permitan a la autoridad corregir las distorsiones del mercado y evitar que aquellos con poder sustancial abusen de su situación.

Desde esta perspectiva, es esencial que en la nueva legislación se instituya un órgano regulador autónomo e independiente, desvinculado jerárquicamente de la administración central del Estado, que genere un marco de independencia tanto de las distintas coyunturas políticas como de las empresas y grupos empresariales para el ejercicio de una regulación en la que, entre otras cosas, se ventilan cuestiones esenciales que afectan a derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la defensa de la dignidad humana y la protección a la infancia.

El nuevo órgano regulador debe ser absolutamente independiente de los poderes públicos, y de los agentes presentes en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La independencia del órgano se debe garantizar tanto por la forma de elección de los miembros de su organización colegiada de toma de decisiones, como de cara a su financiación.

Desde la especial posición de la radiodifusión, el derecho de acceso a los medios de comunicación requiere de autonomía por parte del órgano técnico regulador en la materia, a efecto de que este ámbito no sea controlado por ningún grupo político o económico y, por el contrario, se conserve siempre como un bien social, de modo que su poder de decisión legal sea el instrumento, sustrato y soporte de las libertades públicas, la democracia, el pluralismo y las culturas.

La esencia de dicha autonomía consistiría en sustraer la dirección y el manejo de la radiodifusión del control de las mayorías políticas y de los grupos económicos dominantes.

Con esta visión, la presente iniciativa se estructura bajo los siguientes directrices:

Primera. Expedición de una sola ley para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, en virtud de que la convergencia tecnológica entre medios, formatos y contenidos exige de principios y normas que sean regulados de manera orgánica e integral en un mismo cuerpo legal para coadyuvar en su desarrollo.

Segunda. Reconocer como principios fundamentales:

a) El Servicio Público de los medios electrónicos de comunicación. Para definir la función de servicio público de la radiodifusión como un servicio esencial para la sociedad, fundamentando así la rectoría del estado en la administración del espectro y la necesidad de una programación de calidad, que haga prevalecer el derecho de acceso a la información y la comunicación de los grupos sociales.

b) Acceso universal. Para garantizar la disponibilidad de la información en todos los servicios y por todos los medios posibles, a la mayor cantidad de mexicanos. Eso implica la necesidad de políticas de Estado para diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a las telecomunicaciones y especialmente al Internet En el campo de la radiodifusión, los contenidos que se propagan en señales abiertas deberán ser incluidos a través de todos los servicios (Must Carrier y Must Offer).

c) Conectividad. Para garantizar la mayor flexibilidad para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La preponderancia o la antigüedad de un operador no será motivo para impedir la participación, en un mismo mercado, de una empresa que busque ofrecer servicios similares o complementarios.

Tercera. Instituir un órgano regulador autónomo. Como parte de la defensa del interés público, es necesario que la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en todas sus modalidades, quede a cargo de un órgano estatal con autonomía respecto de los poderes estatales y de las empresas reguladas. Se justifica la constitución de un órgano autónomo si la naturaleza de su competencia cumple los siguientes aspectos: competencia en funciones esenciales; su jurisdicción abarca a los tres poderes y es de ámbito general; especialidad de la materia y la necesidad de su especificidad técnica; garantizar su necesario alejamiento del ejercicio político o económico de intereses ajenos al Bien Común.

Cuarta. Respecto al régimen de concesiones:

a) Establecer la Concesión como figura jurídica habilitante única. Homologando todo a la figura de la concesión, en atención a lo resuelto por en la sentencia de la SCJN y en apego estricto al artículo 27 Constitucional. La diferencia entre los tipos de concesiones se daría así en atención a los diversos fines (fines lucrativos y sin fines de lucro).

b) Licitación Pública en la asignación de concesiones.

c) Contraprestación económica por el otorgamiento de concesiones con fines de lucro.

d) Duración de la concesión hasta por 12 años.

e)- Participaron de la COFECO desde el diseño de las bases de licitación y con opinión favorable.

f) No Refrendo automático. Considerando los criterios expresados por la Suprema Corte, “Los titulares de concesiones con fines lucrativos al término de la misma, competirán nuevamente, en igualdad de circunstancias, manteniendo un derecho preferente sobre terceros”. La preferencia aplica, cuando se presente un equilibrio entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión. Además deberá considerarse la revisión del expediente legal, a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no.

g)- Reglas de Competencia. En atención a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras a favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia Económica, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, determinará que prestadores del servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura considerando el impacto generado, cuando éstos prestadores sean titulares de más del 25% de las frecuencias operando en ese mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura.

Quinta. Regular la convergencia tecnológica, buscando la más flexible y amplia convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos a fin de que se garantice un uso intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible. En este punto, también es imprescindible que el Estado establezca un fondo destinado a efectuar la convergencia tecnológica, cuyos destinatarios sean las estaciones de carácter público y las estaciones comunitarias.

Sexta. Reconocer que las comunidades indígenas tienen derecho y legitimación para solicitar un título de concesión, otorgándoseles de acuerdo con los principios constitucionales establecidos en los artículos 1°, 2°, 3°, 6° y 27, a petición de parte mediante un procedimiento simplificado y expedito.

Séptima. Reconocimiento explícito en la ley de los medios públicos, en su calidad de medios de radiodifusión de servicio público, a través de un estatuto jurídico que los defina como medios públicos, sin fines de lucro y con fines sociales, educativos, culturales, de información y de entretenimiento para el vínculo con la sociedad y garantizando la calidad y pluralidad de sus contenidos. Manteniendo la responsabilidad del Estado en su desarrollo y promoción, por lo que deberán recibir financiamiento público, sin demerito de garantizar el principio de independencia, estos medios podrán contar con fuentes de financiamiento diversificadas como es la posibilidad de comercializar tiempo aire de manera acotada y regulada, además de la posibilidad de la venta de servicios.

Octava. Reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria, al servicio de radiodifusión no estatal de interés público, cuya infraestructura es propiedad de particulares (concretamente asociaciones civiles) con personalidad jurídica y que, sin tener una finalidad de lucro, ofrecen un servicio público de comunicación orientado a satisfacer necesidades de comunicación en una comunidad.

Novena. Respecto a los contenidos y la programación la nueva legislación garantizaría:

a) Pluralidad y competencia en materia de contenidos. Para asegurar el respeto a las libertades de expresión e información y el derecho a la información de los ciudadanos.

b) Clasificación adecuada de la Programación, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias. Estableciendo los horarios de clasificación de la programación, especialmente orientados a la protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos.

c) Protección a la programación independiente (pluralidad de oferta programática). Definiendo lo que deberá entenderse por producción nacional e independiente.

d) Regulación adecuada de los Tiempos de Estado. Establecimiento de los criterios para su distribución descentralizada entre los tres poderes de la unión, a los órganos autónomos, a los partidos políticos, estados y municipios de manera plural y descentralizada.

Décima. Regular el ejercicio del derecho de réplica. Después de la reforma constitucional en materia electoral, es necesario el establecimiento de un procedimiento que garantice el ejercicio del derecho de réplica de los ciudadanos en la radiodifusión y la consecuente obligación de los prestadores del servicio de atender este derecho. Al respecto, se regula un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el respeto a este derecho, así como sanciones a los prestadores del servicio cuando hagan caso omiso de lo que obliga la ley.

Undécima. Finalmente, en relación a las sanciones, se previene un régimen que contempla las consecuencias a la infracción de todas las obligaciones establecidas, incorporando la figura de la reincidencia y actualizando los montos de las sanciones económicas, en el objetivo de valorar en su justa dimensión el necesario respeto a las reglas. Así mismo, evitar que las faltas a la ley no constituyan expediente para la evaluación de su comportamiento y en especial a la alta responsabilidad que representa la tarea de interés público que la operación de frecuencias de radio y televisión representa.

En esta línea, en el Título de los Principios Generales, la presente iniciativa contempla el concepto integrador de las telecomunicaciones y la radiodifusión al incorporar como telecomunicaciones a las actividades prioritarias para el desarrollo nacional, en las que se comprenden las redes cableadas e inalámbricas que transportan servicios, aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como de otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica. En consecuencia, queda establecido en este Titulo, que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

El contenido de las normas propuestas en el proyecto, al regular los servicios de telecomunicaciones y los de radiodifusión (radio y televisión abierta) y la radio y la televisión (cuando se incluyen además los contenidos de la televisión restringida) estatuyen en su contenido de manera diferenciada de acuerdo a los servicios específicos a los que se refieren los preceptos y por ello establecen que tanto la radiodifusión, que transmite señales de manera abierta que son recibidas por cualquier radio o televisor, como la radio y televisión restringida, en la que existe una contraprestación del usuario a cambio de la recepción de la señal, están comprendidas dentro del servicio de radio y televisión. Por supuesto se reconoce que aun cuando en ambas modalidades se presta el mismo servicio, cada una lo hace bajo condiciones distintas y por ello merecen una denominación específica.

Regular al servicio en su conjunto, tiene además el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios tecnológicos que se están dando de manera vertiginosa, en los que se prevé la ampliación de frecuencias y su convergencia, (servicios diversos que a través de los medios pueden ofrecerse dado el avance de las telecomunicaciones) lo que implica que la radio y televisión se podrán escuchar y ver en espacios y aparatos receptores muy diversos, que en muchos casos, no recurrirán al uso de las frecuencias del espectro. De este modo, se busca evitar que la ley sea rebasada por el desarrollo tecnológico.

Asimismo, se exponen los principios y responsabilidades que deberán observar particularmente los prestadores del servicio de radio y televisión, para cumplir de manera eficiente la función social que tiene encomendada el servicio. Se establece extender y adecuar las obligaciones de función social, a los cambios democráticos, a las demandas sociales y los compromisos internacionales que ha asumido el país en materia de defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y el derecho a la información especialmente; la no discriminación, la tolerancia y la equidad de género; la democracia y la paz; la defensa y respeto de la esencia pluricultural de la nación; la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable; el desarrollo integral de la niñez y la juventud, así como la protección de los derechos de los grupos vulnerables.

En el Titulo II referido a los ámbitos de jurisdicción y competencia se delimitan las atribuciones del órgano regulador que transforma a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta transformación se da en virtud de que la ley amplía su ámbito de competencia como órgano regulador que deberá responder con la independencia necesaria para la regulación de un sector de fundamental importancia para la democracia y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Además de la especialidad que se requiere para su operación y administración, toda vez que se ocupará también de la regulación de los contenidos de la radio y la televisión que son los servicios principales y el instrumento necesario para el ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información.

En virtud del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al órgano regulador, cuando planteó que reconociendo la necesidad de una independencia de gestión y decisiones, y aunque deben respetarse su naturaleza y características esenciales, no deja de ser un órgano técnico que, como desconcentrado, depende del Ejecutivo Federal. Por ello, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le atribuye la responsabilidad de definir las Políticas del sector y su desarrollo. Asimismo, el Máximo Tribunal señaló que es necesario que la Ley limite la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las determinaciones de Instituto vinculadas con su tarea sustantiva, a efecto de eliminar en forma precisa la "doble ventanilla".

En esta tesitura, resulta indispensable trascender los límites de la autonomía técnica, a efecto de fortalecer las atribuciones del nuevo ente regulador mediante un esquema orgánico funcional que no limite su capacidad técnica para la eficiente administración del espectro radioeléctrico, en congruencia con lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, particularmente en lo que se refiere al otorgamiento de permisos y concesiones.

Es así que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estará en aptitud de "regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión", de tal suerte que incluso su denominación resulta acorde con las atribuciones que habrá de ejercitar.

La transformación de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones en Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es sólo nominal, pues las atribuciones del nuevo órgano regulador se hacen bajo un enfoque integral, al adicionarle facultades para regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión, con lo cual, se atiende un añejo reclamo social en el sentido de no atribuir una tarea de tal magnitud -estrechamente vinculada con la función social a que se encuentran afectos este tipo de servicios-, a una dependencia cuya vocación es fundamentalmente política como lo es la Secretaría de Gobernación.

De esta suerte, como se mencionó con antelación, la asignación de atribuciones al Instituto, se hace bajo un enfoque orgánico funcional que le permita administrar el espectro radioeléctrico en congruencia con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución General de la República, en lo relativo a los procesos para la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias mediante concesión, tanto en materia de telecomunicaciones como para radio y televisión. De esta manera, se acota la discrecionalidad que históricamente ha caracterizado el otorgamiento de concesiones y permisos, pues habrá de recordarse que a partir de la creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se desconcentró formalmente la función técnica, aunque no se le otorgaron facultades específicas que le permitieran administrar con eficacia y eficiencia los procesos de licitación del espectro. La idea de que su naturaleza desconcentrada ayudaba a transparentar la decisión política de otorgar las concesiones y permisos, particularmente en lo que corresponde a radiodifusión, constituyó siempre una falacia.

En ese sentido, la nueva legislación sustenta un régimen de facultades para el órgano regulador que habrán de permitirle satisfacer a plenitud la disposición constitucional contenida en los párrafos tercero y quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, en cuanto a que la explotación, uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico “…no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.

Se trata de un cambio trascendente para el esquema orgánico funcional en que ha venido operando el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, congruente con el criterio determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo en la Sentencia resultante de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, sino también, en los razonamientos vertidos por este Alto Tribunal en la Sentencia que con motivo de la controversia constitucional 7/2009, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión, fue publicada el 9 de febrero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Nuestra Constitución establece en los artículos 25, 26 y 28, la obligación del Estado de ejercer rectoría sobre las telecomunicaciones. Esto implica que el Estado tiene la obligación de realizar una correcta regulación y supervisión de las telecomunicaciones, a fin de asegurar que se respete y cumpla su función social. Para asegurar lo anterior, en la iniciativa se establece que tanto la Secretaría, como el Instituto, cuenten con diversas atribuciones para expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales y resoluciones administrativas, así como facultades para resolver desacuerdos entre operadores, a fin de que cuenten con herramientas regulatorias que les permitan ejercer la rectoría que le corresponde al Estado en la materia, ya que dichas facultades le permitirán adoptar las medidas necesarias técnicas, comerciales o jurídicas, entre otras, para encauzar y asegurar que las telecomunicaciones cumplan con su función social. Esto implica el establecimiento de diversas obligaciones y derechos a cargo de los concesionarios, permisionarios o asignatarios pues ellos son a los que el Estado faculta, autoriza o concesiona la explotación, uso y aprovechamiento de los medios necesarios para proveer a la población, los servicios de telecomunicación que demandan sus necesidades.

Entendidas así dichas facultades, los actos y resoluciones que al respecto emitan las autoridades que se faculten, sólo pueden entenderse de orden público e interés social, ya que su finalidad estriba en establecer las medidas técnicas, administrativas, legales o comerciales que el rector en la materia establecería, para buscar que las telecomunicaciones cumplan su función social.

Por ello, efecto de fortalecer y garantizar la autonomía que requiere el ejercicio de las atribuciones conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, deseable no sólo desde un punto de vista formal sino exigible socialmente, se hace indispensable que los Comisionados cubran determinados perfiles profesionales, que además de estar debidamente reglados sean congruentes con la competencia conferida al citado Órgano Regulador, tanto en materia de telecomunicaciones como para la regulación y vigilancia de los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión.

En este sentido, se mantiene la figura del Pleno como instancia máxima para la toma de decisiones y se aumenta el número de comisionados de cinco a siete, mientras que, en lo que corresponde a su perfil se promueve la integración multidisciplinaria, de tal manera que el Pleno del Instituto cuente con "especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos o jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales", con lo cual se asegura que para la toma de decisiones se tomen en cuenta diversos puntos de vista, a efecto de contribuir a que en sus determinaciones prevalezca un sentido de pluralidad.

A diferencia del marco jurídico vigente, se introducen requisitos que acotan la posibilidad de nombrar en el cargo a personas que por sus antecedentes profesionales pudieran presentar conflicto de intereses, pues debe recordarse que en la explotación, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la Nación, como en el caso concreto lo es el espectro radioeléctrico, debe prevalecer el interés público.

Por otra parte, en el Título III de la iniciativa, relativo a la Planeación y Administración del Espectro Radioeléctrico, se introducen innovaciones importantes respecto a las leyes que se propone abrogar. Las reglas establecidas para las autorizaciones del uso y explotación del espectro radioeléctrico en todos los servicios, telecomunicaciones y radiodifusión, son uniformes salvo en aquellas en que, específicamente se refieren a la radio y la televisión, que cada vez que se usa en este sentido el concepto involucra a la radiodifusión y al servicio restringido que se diferencian, hasta hoy, por la unidireccionalidad y por el servicio público de transmisión de contenidos que los distingue.

En primer término se propone considerar el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, en cuanto a que “la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, solo podrá realizarse mediante concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes” por lo que la única figura jurídica reconocida constitucionalmente para la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico es el de la concesión y no la de permiso, por lo que se homologa todo a la figura de la concesión, en atención puntual al engrose de la sentencia de la Suprema Corte y en apego estricto al artículo 27 Constitucional.

La diferencia o modalidad que se establece a partir de los usos asignados a las frecuencias del espectro y será la distinción entre los que se dedican a fines lucrativos y los que no. Por lo tanto, pueden asignarse concesiones para servicios educativos, culturales, comunitarios, de orientación social o de explotación comercial, de esta forma se propone, en el artículo 24, la clasificación de concesiones de acuerdo a lo siguiente: Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para explotación comercial con fines de lucro; Uso social: para la explotación sin fines de lucro, para fines sociales, culturales, comunitarios, científicos, educativos y de experimentación; comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo; pruebas temporales de equipo y radioaficionados; Uso público: asignada de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales autónomos, e instituciones de educación superior para el cumplimiento de sus atribuciones; Uso protegido: para la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal; Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, permiso, asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto, y Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Para la transparencia en la administración del espectro se establece la obligación de la autoridad de publicar un Programa Anual de Frecuencias, con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, y que contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse, su clasificación, modalidades de uso, y coberturas geográficas.

Se estatuyen también los procedimientos que deberán ser atendidos para acceder a estas frecuencias y para el caso de las de uso comercial que busca fines de lucro se establece el procedimiento de licitación pública, sin subasta. Esto es, concursos transparentes y con reglas claras, con base en un Plan Anual de Frecuencias. La Suprema Corte de Justicia reconoció que no existe razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente. Lo queen términos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este mercado […] que propicia prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusión.

Por esto, el Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente, cuando se trate de la modalidad con fines de lucro. Con duración de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años. En la ley quedan establecidos los criterios que el órgano regulador debe atender para la definición de las concesiones con el fin de acotar la discrecionalidad y parcialidad en las decisiones.

A fin de garantizar el uso social y el interés general, las instituciones religiosas y los ministros de culto, así como los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para prestar el servicio de radio y televisión de forma directa o indirecta, o en su caso participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos.

La Comisión Federal de Competencia deberá participar desde el diseño de las bases de licitación. Y en atención a la prohibición constitucional de los monopolios y sus prácticas concentradoras que constituyan ventajas a favor de una o varias personas con perjuicio del público en general, la Comisión Federal de Competencia determinará, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, que prestadores del servicio de radio y televisión no podrán obtener más concesiones en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura.

Para el caso de los refrendos de las concesiones la Suprema Corte de Justicia en su Resolución 2006/26, claramente estableció que “Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados”.

La preferencia sobre terceros para el concesionario con motivo del refrendo, sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento además de larevisión de su expediente legal a efecto de que las sanciones y la reiteración de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovación o no.

En otro punto, las frecuencias o bandas de frecuencias de uso público se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años tratándose de telecomunicaciones y hasta 10 años en radiodifusión, mediante asignación directa y a petición de parte y podrán ser prorrogadas por periodos iguales.

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que le permitan constatar el uso de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo la facultad de expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales frecuencias.

Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, los Poderes de la Unión y de las Entidades Federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general.

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia.

Además de que se les obliga a constituir Consejos Consultivos encargados de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituidos al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio. Además de estar obligados a contar con un defensor de la audiencia y publicar sus códigos de ética.

Del mismo modo, se regulan el procedimiento y los requisitos que habrán de atenderse a partir de la solicitud de parte y una vez que se conozca el Programa Anual de Frecuencias establecido en la ley y se determina un plazo de 90 días para la respuesta fundad y motivada de la autoridad para evitar la experiencia de solicitudes sin respuesta o aplazadas indefinidamente.

Asimismo se prevén y regulan las fuentes de financiamiento para las asignaciones de uso público y las de uso social, incorporando además del presupuesto público que garantice su operación, la posibilidad de recibir donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, o que en su caso provengan de organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por el orden jurídico nacional, en este caso se acota la necesidad de expedir recibos o firmar contratos que transparenten los montos o bienes recibidos. También se podrán vender productos y/o servicios, así como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de programación en el caso de la televisión y24 minutos por hora en la radio. En todo caso, tratándose de medios que además reciben presupuesto público, estarán obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto.

El reconocimiento y diferenciación de los medios de uso social en el marco normativo nacional tiene como objetivo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, asegurar la diversidad y pluralidad de medios y promover este sector. Su inclusión en la ley se acompaña con procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, promoción y protección para garantizar su existencia y desarrollo.

De acuerdo a la naturaleza jurídica que se les otorga en la presente iniciativa, las radios y televisoras de uso social son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales sin fines de lucro de diverso tipo. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales, que no responden a partidos políticos ni empresas comerciales, ni están vinculados a ellos.

La justificación para estatuir un régimen específico a los medios electrónicos de uso social, debe su razón de ser a la exigencia social de satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por tanto deben garantizar el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo.

Conforme a la iniciativa, las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a utilizar cualquier tecnología de radiodifusión, las características técnicas de la emisora dependerán únicamente de las necesidades de la comunidad que sirve y representa, la propuesta comunicacional de la emisora y la disponibilidad y planes nacionales de gestión del espectro. Como consecuencia, todas las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro tienen derecho a fundar medios de uso social, sean de carácter territorial o de intereses y estén ubicadas en zonas rurales o urbanas. La radiodifusión comunitaria no implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y, por tanto, no debe haber limitaciones previas o arbitrarias de cobertura, potencia o de cantidad de emisoras comunitarias en una localidad, región o en el país, excepto restricciones razonables para evitar la concentración en la propiedad de medios.

Así mismo, las comunidades organizadas y entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión de uso social tienen derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a través de recursos obtenidos mediante donaciones, auspicios, patrocinios, publicidad comercial y oficial y otros legítimos. Todo ellos deberán ser reinvertidos en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y fines.

Estarán legitimados para obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas en la prestación de servicios y difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de carácter comunitario, cultural, educativo, social y científico en el área geográfica de su cobertura. El Instituto informará a través de convocatoria pública las frecuencias disponibles para uso social, los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los títulos de concesión. Los titulares de las concesiones de uso social, podrán financiar su operación con donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; venta de productos y/o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa; patrocinios y publicidad; proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio; convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público.

Los ingresos que obtengan los concesionarios en la modalidad de uso social deberán ser invertidos en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio. En ningún caso los ingresos podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o de la asociación titular. En el caso de disolución de la persona moral titular de la frecuencia o de renuncia al permiso, la frecuencia será reintegrada al Estado.

Por lo que respecta a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a adquirir, administrar y operar medios de comunicación, las disposiciones que propone la iniciativa parten de establecer condiciones especiales y asequibles para los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en circunstancias notoriamente desiguales a las del resto de la población. Toda vez que esta situación de desigualdad constituye una circunstancia expresamente reconocida en el texto de la Constitución, desde el momento en que se estableció un régimen especial para pueblos y comunidades indígenas, con el propósito expreso y claro de abatir rezagos y lograr su plena integración a la sociedad.

Frente a la situación de injusticia histórica sobre las comunidades indígenas, es necesario construir otro pacto social, integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Una profunda reforma del Estado mexicano donde los pueblos indígenas sean sujetos de derecho público, con capacidades jurídicas plenas para crear y diseñar modelos de comunicación.

Los derechos sociales no son sólo normas programáticas, sino que al encontrarse garantizados en el texto de la Constitución, generan obligaciones efectivas para el Estado mexicano. Y en el caso específico del derecho social reconocido en el artículo 2º, apartado B, fracción VI de la Constitución Federal, que obliga a la Federación, los Estados y los Municipios, a establecer condiciones para que las comunidades y pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

El Poder Legislativo del Estado mexicano está obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventaja que tienen en nuestro país aquéllos, establezca las condiciones para garantizar su acceso efectivo a los medios de comunicación. Pero ello, para cumplir con este derecho social, no basta con que en la ley se exprese que los indígenas pueden administrar medios de comunicación, sino que es necesario que desde la legislación se instrumenten políticas concretas para lograr que su situación de desigualdad se compense.

Las leyes deben considerar y tomar en cuenta las garantías constitucionales que asisten a los pueblos indígenas. No puede ni debe haber omisión en un tema que toca las fibras más sensibles de la justicia social.

Igualmente es necesario establecer mecanismos financieros viables para que los pueblos indios puedan adquirir sus propios medios de comunicación o la compra de espacios de expresión dentro de éstos, sin supeditar el ejercicio de ese derecho a la capacidad económica de las comunidades. Asimismo, instaurar procedimientos operativos y expeditos para permitir la integración de los indígenas dentro de la actual estructura de canales de información nacionales.

Por ello, en el contenido del proyecto se reconoce la capacidad y personalidad jurídicas de pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar medios de comunicación y se incorpora un procedimiento expedito y simplificado para el otorgamiento de frecuencias que considere las condiciones reales de marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias.

En consonancia, para los pueblos y las comunidades indígenas, las concesiones se otorgarán a petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientesrequisitos: datos generales de los solicitantes y designación de un representante responsable del proyecto; documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades indígenas solicitantes, pudiendo ser éste un acta de asamblea; zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades indígenas beneficiarias; proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y proyecto mínimo de instalación y operación técnica.

Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventajaque tienen en nuestro país las comunidades y pueblos indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de comunicación.

Los pueblos indígenas son portadores de una riqueza cultural a través del legado de nuestras civilizaciones antepasadas. Por esto, el papel de los medios es vital para la restauración de las comunidades, antes de buscar seguir incorporando a los pueblos indígenas en el proceso de globalización prevaleciente. Los contenidos relacionados con ellos deben partir de la visión de los pueblos, abarcando su cultura, sus actividades económicas, su conocimiento de la medicina, de la ecología, la preservación del ambiente, sus lenguas, su identidad.

Al respecto, se toma en consideración lo establecido en la citada resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de atender lo establecido por el artículo segundo constitucional:

"Resulta fundamental reconocer que el Estado mexicano se encuentra obligado a emitir las disposiciones normativas en las que atendiendo a la situación real de desventajaque tienen en nuestro país las comunidades indígenas, establezca las condiciones para garantizar el acceso efectivo de éstos a los medios de comunicación”.

"“En efecto, el legislador debe dictar acciones afirmativas para disminuir su desigualdad real. Esta acción, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado”.

Es así que en la iniciativa se asume esta omisión y atiende de manera puntual la elaboración de las normas que permitan la garantía y las condiciones simplificadas para el ejercicio del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a operar sus propios medios.

Como consecuencia, se propone el referido procedimiento de otorgamiento de frecuencias expedito y simplificado que considera las condiciones marginación en las que y desde las que serán operadas las frecuencias.

Es preciso aclarar que en el capítulodesarrollado como “De los Permisos”, que a diferencia de lo que hasta ahora se ha conocido con esa figura jurídica, se refiere a las autorizaciones que hará la autoridad para los operadores que no usan espectro radioeléctrico, que como se ha señalado anteriormente el uso de ese bien debe hacerse de acuerdo a la Constitución, bajo la figura de concesión.

De esta manera, los servicios de telecomunicaciones que no usan espectro y que se ubican en el capítulo de Permisos de la iniciativa, son para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas y estaciones terrenas transmisoras, así como las comercializadoras de los servicios de telecomunicaciones. De acuerdo al proyecto, estos permisos se otorgarán a través de un proceso de licitación definido en la propuesta y su vigencia, considerando que la inversión es por parte de los mismos operadores es por un plazo de hasta 15 años.

En la iniciativa, un Capitulo de la mayor trascendencia es el que se refiere a los Servicios Adicionales y Valor Agregado. En este tema la Corte estableció una serie de principios constitucionales que deberán guiar las normas para definir los alcances, límites y condiciones para la prestación de servicios auxiliares o adicionales a través de las frecuencias concesionadas, en el caso particular de la radiodifusión y considerando las figuras jurídicas existentes definió la Igualdad en la aplicación de la ley para concesionarios y permisionarios; los principios de rectoría económica del Estado, y evitar que mediante estos servicios, se agudicen fenómenos de concentración en contra del interés público y la libre concurrencia en este segmento del mercado.

La legislación propuesta en el proyecto, se basa en el criterio de permitir la más flexible, versátil y amplia convergencia de redes, formatos, recursos y contenidos comunicacionales con la finalidad de que haya un uso más intensivo y diverso de las redes de información independientemente de su soporte original (cable, inalámbrico, radiodifusión, etcétera). En ese uso se promoverá la más amplia competencia y se establecerán criterios para propiciar la mayor diversidad de emisores posible.

Considerando que la posibilidad para que a través de las frecuencias se puedan prestar servicios auxiliares o adicionales, se incrementa con la digitalización. Por ejemplo, en televisión, además de una mejoría en la calidad de imagen y sonido similar al disco compacto y multicanal (5.1 o teatro en casa), es técnicamente posible transmitir servicios de Internet, películas, canciones, juegos o cualquier otro contenido a demanda; sonido y subtítulos en varios idiomas, servicios de televisión interactiva (informativos en tiempo real, información de tráfico vehicular y clima, comercio electrónico), publicidad interactiva, guías de programación, juegos interactivos, participación en encuestas, teletexto y servicios para personas con capacidades diferentes, entre otros.

En radio, dependiendo de los estándares existentes que se desarrollan en el mundo, algunos de los servicios que potencialmente es posible ofrecer son: sonido en 5.1 canales (teatro en casa), transmisión de imágenes, datos como nombre de la estación, identificación, frecuencia, autor o intérprete de la melodía que se transmite en ese momento, programa, etc., información especializada (finanzas, cotizaciones, tráfico vehicular), avisos comerciales y de emergencia, entre otros.

En las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión de 2006, en el artículo 28, declarado inconstitucional por la Suprema Corte, se establecía que los concesionarios de radio y televisión podían prestar “servicios adicionales de telecomunicaciones” en las mismas frecuencias atribuidas a la radiodifusión, mediante un trámite sencillo y sin que necesariamente existiera una contraprestación al Estado por el otorgamiento de un nuevo título de concesión le hubiese permitido a los concesionarios incorporarse en el sector de las telecomunicaciones de una manera privilegiada y ventajosa. Por ello, en su proyecto de sentencia el ministro Salvador Aguirre Anguiano precisa que “las concesiones que otorga el Estado mexicano sobre el espectro radioeléctrico, no suponen la autorización para su uso indiscriminado o indistinto, sino que, en todos los casos, dicha concesión está vinculada con un uso determinado y específico que se hace constar en el título que al respecto se expide y cuyo incumplimiento acarrea sanciones para el concesionario, llegando a provocar la revocación de la concesión otorgada”.

La posibilidad para que los concesionarios y asignatarios de radio y televisión puedan ofrecer nuevos servicios a través de sus mismas bandas frecuencias es parte del desarrollo tecnológico, pero sus definiciones, alcances, límites, condiciones y beneficios al Estado deben quedar claramente asentados en la ley y sus disposiciones reglamentarias para evitar privilegios, fenómenos de concentración y un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

En la iniciativa, en principio, se define como servicios adicionales: aquellos que se suman en la misma infraestructura al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones y requieren autorización del Instituto y por otra parte, los servicios auxiliares conexos, como aquellos que se integran a los servicios de interconexión para proveer integralmente un servicio de telecomunicaciones a los operadores, prestadores de servicios o usuarios. Estos incluyen, entre otros, los servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, parapermitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado alefecto.

Con rigurosa atención a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia al invalidar los artículos 28 y 28A de las reformas a la Ley Federal de Radioy Televisión, la iniciativa propone que los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico interesados en prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los contemplados en sus títulos de concesión, deberán presentar solicitud al Instituto, el cual la considerará si se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley y los títulos de concesión y siempre y cuando continúe prestando los servicios originalmente autorizados, y en los servicios adicionales atienda criterios mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, competenciay pluralidad.En esa hipótesis, las solicitudes para nuevos servicios únicamente podrán ubicarse en las bandas de frecuencias y el área de cobertura originalmente concesionadas y una vez autorizados se establecerá el pago de una contraprestación con base al valor del mercado por utilización de las bandas de frecuencias para servicios adicionales semejantes.

Por su lado, los servicios auxiliares de valor agregado en radiodifusión, o sea, asociados al servicio principal de radiodifusión podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello. En todo caso, los servicios auxiliares se ajustarán a las disposiciones establecidas en ley y disposiciones reglamentarias.

En otro capítulo de la iniciativa se establecen los casos en los que será posible la cesión de derechos considerando siempre que hayan transcurrido al menos dos años del otorgamiento de la concesión y que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, además de acreditar la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente. Es decir, que el nuevo operador atienda a los mismos requisitos que el concesionario original.Es importante acotar que solo la figura de concesión para uso comercial puede caer en la hipótesis de la cesión de derechos.

Asimismo, cuidando fenómenos de concentración, si la cesión se pretende transferir a otro concesionario que preste servicios similares en la misma zona geográfica, deberá exigirse la opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

Del mismo modo, se regulan los criterios de la terminación, revocación, cambio y rescate de concesiones y permisos que en principio integra los criterios establecidos en las actuales leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, incorporando como falta grave, la comisión de acciones que impidan la transmisión de señales de otro concesionarios, o bien,el incumplimiento a las nuevas obligaciones establecidas en la reforma constitucional en materia electoral.

En el caso del cambio o rescate de frecuencias se establecen puntualmente, las hipótesis para su aplicación sin violentar preceptos constitucionales ni legales. En el caso del cambio o rescate el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cuales se puedan ofrecer los servicios originalmente prestados, en condiciones similares. Para la contraprestación debe atenderse en caso de que las frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedan ser utilizadas para la prestación de un mayor número de servicios de telecomunicaciones. Las causas para la aplicación de este ordenamiento son: Cuando lo exija el interés público; Por razones de seguridad nacional; Para la introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación directa o el uso libre; Para la introducción de nuevas tecnologías; Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, y por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas.

En el proyecto de nueva ley igualmente se establecen reglas legales claras para la operación de los servicios de telecomunicaciones con el fin de atender las condiciones de arquitectura abierta, interconexión e interoperabilidad de sus redes para los cuales el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios.

En la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también se prevé la atención a aspectos ampliamente solicitados por diversos operadores, entre los que se encuentran la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso de la transición digital, que tengan como objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, se autoriza a los prestadores del servicio, el uso provisional de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión dejando claro que al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores dejarán de utilizar la frecuencia adicional.

En el mismo sentido se atiende a la regulación de los servicios conocidos como “must carrier” para la radio y la televisión, cuando establece quelos titulares de una concesión de frecuencias de radiodifusión están obligados a permitir, de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y permisionarios que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de radio y televisión restringida en cualquiera de sus modalidades. Y la obligación de la contraparte en latelevisión restringida también estará obligada a transmitir las señales radiodifundidas en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de esta red. Dando atribuciones a la Comisión Federal de Competencia para resolver los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades.

Igualmente en la iniciativa se proponen diversos contenidos normativos a fin de fomentar el aumento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo de condiciones de competencia adecuadas en el mercado, estatuyéndose condiciones para asegurar una adecuada interconexión e interoperabilidad de las redes públicas de telecomunicaciones, y que en un ambiente de redes convergentes no se presenten conductas anticompetitivas en perjuicio de los usuarios.

Para garantizar la existencia de una sana competencia, se prevé que los operadores de redes públicas deberán permitir la interconexión a otros operadores en condiciones equitativas y no discriminatorias observando las condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas de interconexión que determine el Instituto, mismas que deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de interconexión.

A efecto de regular en forma eficaz todos los servicios necesarios para la interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, y corregir los problemas que se han presentado en la apertura de los servicios de telecomunicaciones a la competencia, se introduce la definición de servicios de interconexión auxiliares conexos, mismos que incluyen facturación y cobranza, servicios de información y otros.

Además, para apoyar el desarrollo de nuevos concesionarios, se establece que la interconexión entre operadores que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin contraprestación cuando no se presenten fuertes desbalances de tráfico.

Se contempla el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones de sus redes públicas de telecomunicaciones sobre bases de tarifas individuales, competitivas y no discriminatorias, así como bajo condiciones que aseguren el desarrollo de una sana competencia.

Para impedir que se presenten conducta anticompetitivas en perjuicio de los usuarios y del desarrollo de los nuevos servicios vía protocolo Internet, se establece la obligatoriedad de establecer mecanismos que garanticen que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre las redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni distinguir o degradar la capacidad del acceso al usuario para ofrecer acceso a los diferentes servicios que se prestan.

De la misma manera, se obliga a que, tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los concesionarios están obligados a no otorgar un trato discriminatorio en la prioridad de su conducción, independientemente del concesionario o permisionario que preste el servicio final.

Con la finalidad de permitir que las redes públicas de telecomunicaciones cuenten con la infraestructura necesaria para su desarrollo, el Instituto dictará las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones sobre bases no discriminatorias.

En el espíritu de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir los costos de los operadores, se proyecta fomentar la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras sobre derechos de vía públicos así como sobre propiedad privada.

En el capítulo relativo para regular las tarifas a los usuarios, se acepta que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras puedan fijar libremente sus tarifas en términos que les permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Las tarifas requerirán únicamente de ser registradas ante el Instituto para consulta pública.

Los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

Para proteger a los usuarios se ordena que cuando se convenga el tiempo como medida para determinar el monto de la contraprestación por la provisión de los servicios de telecomunicaciones, el concesionario deberá contabilizar únicamente la unidad por segundo que duró la prestación efectiva del servicio.

En mismo capítulo desarrolla los principios para regular la dominancia en telecomunicaciones a fin de establecer obligaciones especificas que impidan que lleva a cabo conductas anticompetitivas, se considerará dominante en la prestación de un servicio de telecomunicaciones a aquél concesionario, permisionario o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones, que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias o filiales, una cuota igual o superior al 25 por ciento de los ingresos brutos generados en el sector por la prestación de dicho servicio.

Conforme a la iniciativa, en esos supuestos, el Instituto establecerá obligaciones especificas respecto a los elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un concesionario dominante, mismos que por razones técnicas o económicas no puedan ser sustituidos fácilmente para proveer un determinado servicio, entre los que se encuentran la interconexión, el origen y terminación de llamadas, el transito, y el roaming.

El Instituto establecerá obligaciones especificas relacionadas con el acceso de otros concesionarios a los recursos esenciales de la red a tarifas reguladas basadas en costos y en términos y condiciones no discriminatorias; con información de contabilidad separada por servicio; con la publicación de su oferta de interconexión; con el cumplimientode los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones establecidos por el Instituto; con la publicación de información sobre su red y centrales; y la compartición de su infraestructura con otros concesionarios.

De igual forma, el Instituto establecerá obligaciones específicas adicionales para los concesionarios dominantes relacionadas con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen los servicios de telecomunicaciones, buscando propiciar que los operadores de servicios de telecomunicaciones puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en las que participan los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones. Se considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que concentre en una misma empresa la selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de su programación lo constituya los contenidos de su producción; o tengaal menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional; o tenga al menos el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura; o tenga al menos el 25 por ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a nivel nacional o en una misma área de cobertura.

El Instituto establecerá obligaciones específicas relacionadas con contabilidad separada por servicio, no discriminación en la adquisición de contenidos, acceso no discriminatorio para productores independientes a contenidos producidos por el mismo, contratación de 20% de su programación a productores independientes, y prohibición de participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignaciones de frecuencias para el mismo servicio, zona o área geográfica de cobertura.

En esta tesitura, para garantizar pluralidad de contenidos y diversidad de opiniones, así como evitar influencias contrarias al interés público en los diferentes mercados de medios de comunicación nacionales, regionales o locales, se establecerán restricciones a su participación en otros medios de telecomunicaciones y radiodifusión, plataformas de transmisión de contenidos o en medios de prensa escrita.

Con respecto a la Cobertura Social, en el proyecto de nueva ley se prevé que el Instituto procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, a los servicios de telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación y cobertura social.

Para tales efectos, se entenderá por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a toda la población de un conjunto de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad determinada.

Conforme a la legislación propuesta, los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.

El Instituto deberá revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la facultad de modificarlos o terminarlos.

En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras disposiciones de esta Ley.

Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los concesionarios, permisionarios y asignatarios, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se desarrollen estos programas.

Asimismo, es obligación de los concesionarios, permisionarios y asignatarios interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.

Los programas de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones tendrán como prioridades: aumentar la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local; conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales; y desarrollar una red nacional de radio y otra de televisión abiertas de uso público. Así mismo, se prevé incluir en el presupuesto de la Federación, el Fondo de Cobertura Social de las Telecomunicaciones con un fondo integrado por el presupuesto e ingresos provenientes, en su caso, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones; de los estados y municipios; y, las que realice cualquier otra persona física o moral. Estos recursos deberán ser administrados de manera eficiente, pública y explícita, siendo asignados mediante subasta pública descendente, a los concesionarios que ofrezca mayores beneficios para cada población con los recursos disponibles que se le atribuyan.

También, se integra lo relativo al principal servicio de las telecomunicaciones en particular el servicio de radio y televisión, el de los contenidos audiovisuales. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico -propiedad de la Nación- la nueva legislación deberá atender el tema de los contenidos, independientemente del medio tecnológico a través del cual se difundan. El verdadero servicio de los medios de comunicación y, por lo tanto, el eje fundamental, más que la infraestructura y las formas de transmisión, debe ser el contenido que en ellos se proponen a las audiencias, o como también se dice en materia de telecomunicaciones, a los usuarios de los servicios.

Además de ubicar los principios de la libertad de expresión y el derecho a la información como ejes de los contenidos, se incorporan criterios para la clasificación de los programas en particular atendiendo al reclamo de que el legislador no debe ser omiso en la responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos mediáticos.

Consecuentemente, se propone la existencia jurídica de horarios de clasificación de la programación, especialmente orientados a la protección de los contenidos que en la infancia y adolescencia se ofrecen en los medios electrónicos. Así se determina que los aptos para todo público, pueden ser transmitidos en cualquier horario y los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas. Dejando claro que los prestadores del servicio de radio y televisión proporcionarán, previamente y al iniciar su transmisión para la valoración de los padres o responsables de los menores, la clasificación de su programación y cualquier otra información establecida en los lineamientos.

La iniciativa propone también implantar la obligación de la radiodifusión para transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia. Dentro del porcentaje establecido para la programación nacional,al menos el 20 por ciento de la programación deberá ser contratada a productores independientes.

Por otra parte, para atender el derecho a la información sin discriminación, se proyecta que los prestadores del servicio de radio y televisión establezcan las medidas necesarias para garantizar que la población con discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, incorporar a sus redes el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de televisión o en los videos.

Otros artículos que se incorporan al proyecto de ley, atienden a la necesidad de las audiencias y los profesionales de la comunicación, en este sentido se establece que los concesionarios del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su Código de Ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos. De igual forma, se reconoce y regula la aplicación de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión.

Se propone modificar la regulación vigente respecto al denominado tiempo gratuito (legal o fiscal) que establece 30 minutos a los que se sumarán los 18 y 35 minutos para televisión y radio respectivamente, que establece el reglamento de la LFRTV por concepto de pago en especie y considerando además que la propia constitución habla de 48 minutos gratuitos. Ampliándolo a 60 minutos diarios (5 minutos menos para la radio y 12 minutos más a la TV) y en consideración de la eliminación, en los transitorios, del denominado tiempo fiscal, para una mejor utilización regulada de esta prerrogativa del Estado a fin de que los prestadores del servicio de radiodifusión pongan a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en formagratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales,de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajesincluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Los tiemposde Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos, con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos como es el caso de la asignación yuso de los tiempos para fines electorales.

En materia de publicidad, se previenen los rangos permitidos para publicidad: para los concesionarios con fines de lucro, en televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y24 minutos por hora en la radio y para los concesionarios sin fines de lucro no podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Las modalidades de publicidad que serán incorporadas en estos tiempos se ajustan a las actuales formas publicitarias que han sido incorporadas por razones de mercado. De esta manera se establece considerar la publicidad que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora; la publicidad que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa; la publicidad que se presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa; la publicidad que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o servicio; la publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida y las Inserciones pagadas que deberá identificarse como tal. En el caso de las concesiones sin fines de lucro no podrán incluir publicidad dentro de la programación, telemercadeo ni inserciones pagadas. Así mimo, se establecen criterios que deberán respetar los mensajes publicitarios.

A partir de considerar una obligación del Estado el incentivar la creación y producción audiovisual nacional, para el fortalecimiento de la integración y la identidad nacionales, así como el fomento de nuestra cultura, que encuentra una de sus expresiones en la producción de materiales para la radio y televisión, se busca que los contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las personas, no tengan como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por un solo emisor. Por ello se fomenta la producción nacional independiente, como un instrumento para democratizar y dar pluralidad a las trasmisiones radiodifundidas y ampliar el acceso a la transmisión de ideas diversas en la radio y la televisión. Por ello se propone la creación de un Fondo para el Apoyo para la Producción nacional independiente con la finalidad de contribuir a ampliar la calidad y la pluralidad en los contenidos de la radio y televisión.

Conforme a la propuesta que se presenta, se creará el Registro Público de Telecomunicaciones y Radiodifusión a fin de garantizar la transparencia y hacer pública toda la información que en este sector se genera por lo que será responsabilidad del Instituto lleva y mantener actualizada toda la información que de manera detallada se estatuye y garantizar que su contenido este a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto.

Por lo que respecta al apartado de infracciones y sanciones previsto,debe quedar claro que su intencionalidad versa sobre las repercusiones que tendrá la infracción a la Ley, de tal suerte que el daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo, a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la Ley, tiene como consecuencia jurídica el correctivo consistente en la sanción administrativa.

Tratándose de las telecomunicaciones, las normas sancionatorias son de dos tipos, preventivas y correctivas, que buscan inhibir la conducta indebida o castigar al operario que no cumpla o atente contra las disposiciones establecidas en la Ley. De esta manera, en este apartado se determinan seis grandes rubros cuyo propósito es hacer efectiva la naturaleza coactiva de la autoridad: Determinación del alcance de la figura de la reincidencia; Homologación de los rangos y montos de multas en los casos similares tanto en telecomunicaciones como radiodifusión; Establecimiento de nuevas causas de revocación de las concesiones; Incorporación del recurso de revisión contra actos arbitrarios de la autoridad; Realización de visitas de inspección, e Imposición de amonestaciones públicas.

Particularmente destaca que para el establecimiento de los montos de la multa y la clasificación de las hipótesis contempladas en cada supuesto, se siguió un criterio racional para crear disposiciones que en gran medida disminuyan la discrecionalidad de la autoridad y se otorgue certeza jurídica al acto administrativo derivado. Por esta razón, para la imposición de las sanciones se prevén supuestos objetivos a tomar en cuenta: la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, los daños que se hubieren producido o puedan producirse, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y la reincidencia del infractor.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expidela Ley  Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforma los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; se deroga el artículo 9, fracción III, de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y se deroganlas fracciones I y III del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

ArtículoPrimero.- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES YRadiodifusión

Título I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés socialy tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión.

Las telecomunicaciones son actividades prioritarias para el desarrollo nacional, y en ellas quedan comprendidas las redes y servicios de telecomunicaciones, yotros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica.

Artículo 2.- Corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

Corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, posiciones orbitales y orbitas satelitales asignadas al país, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Artículo 3.- Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

Artículo 4.- Son objetivos de la presente Ley:

I.- Regular de manera objetiva, transparente, democrática, convergente y competitiva los servicios y redes de telecomunicaciones y gobierno electrónico;

II.- Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y el acceso a distancia a servicios gubernamentales;

III.- Establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación;

IV.- Hacer posible la supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones;

V.- Fomentar la defensa de los intereses de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando su derecho de acceso en condiciones adecuadas de selección, precio y calidad;

VI.- Impulsar la inversión y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de lastelecomunicaciones;

VII.- Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones;

VIII.- Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios asequibles y competitivos en términos de diversidad y calidad;

IX.- Impulsar la penetración, la cobertura y la conectividad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, en especial, para la integración de los pueblos y comunidades indígenas o equivalentes;

X.- Facilitar la convergencia de las redes y los servicios de telecomunicaciones;

XI.- Hacer de las telecomunicaciones un medio de integración nacional;

XII.- Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones;

XIII.- Regular la eficiente interconexión, interoperabilidad y acceso de equipos, aplicaciones, redes y servicios de telecomunicaciones entre los diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones, prestadores de servicios y proveedores de contenidos de telecomunicaciones;

XIV.- Establecer las formas de participación para el acceso a los servicios de telecomunicaciones; Garantizar el respeto a los derechos de los usuarios, en particular el de no discriminación, al honor, a la intimidad, a la protección de los datos personales, a la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, así como los relativos a las personas con capacidades diferentes, por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones;

XV.- Garantizar las formas de participación y acceso individual o social, según corresponda, en los servicios de telecomunicaciones;

XVI.- Propiciar procesos abiertos para facilitar la definición de políticas, con la participación de los diversos interesados en el sector;

XVII.- Proteger los derechos de las audiencias así como promover el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información;

XVIII.- Incentivar la creación y producción de contenidos de carácter nacional;

XIX.- Garantizar la conservación, preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como el acceso público a ese legado, e

XX.- Impulsar la investigación, la innovación de servicios, y el desarrollo científico; y tecnológico, así como la capacitación de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones.

Artículo 5.- Los servicios de radio y televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendiente al fortalecimiento de nuestro país como nación plural y multiétnica. Para el cumplimiento de esta función social, los prestadores de dichos servicios, deberán:

I.- Respetar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los ordenamientos internacionales;

II.- Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información;

III.- Promover un diálogo social amplio y plural, no excluyente ni discriminatorio;

IV.- Promover el respeto y reconocimiento a la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana;

V.- Coadyuvar al desarrollo cultural y educativo, de conformidad con los principios que establece el artículo tercero constitucional;

VI.- Promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud;

VII.- Contribuir al fortalecimiento y uso apropiado del idioma, así como el uso, respeto y conocimiento de las lenguas indígenas;

VIII.- Contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental que fomente el desarrollo sustentable;

IX.- Promover la protección del derecho a la salud de la población;

X.- Contribuir al entretenimiento y la recreación de la sociedad;

XI.- Garantizar la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información transmitida a la población;

XII.- Fomentar una cultura de consumo inteligente que contribuya a tomar decisiones informadas en la selección de productos, bienes o servicios por parte de los consumidores;

XIII.- Facilitar el acceso a sus servicios a las personas con discapacidad, y

XIV.- Observar las demás obligaciones que dispongan las leyes.

Artículo 6.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.- Acceso al usuario: Enlace de transmisión entre la instalación del concesionario y el punto de conexión terminal donde se conectan los equipos del usuario y a través del cual se transmiten o reciben signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonido, datos o información de cualquier naturaleza y el cual es parte integrante de la red pública de telecomunicaciones;

II.- Acceso a redes de telecomunicaciones: Derecho que tienen los usuarios y los prestadores de servicios de telecomunicaciones para acceder a los servicios de las diversas redes públicas de telecomunicaciones;

III.- Arquitectura abierta: Conjunto de características técnicas de las redes públicas de telecomunicaciones que les permite interconectarse entre sí, a nivel físico y lógico, de tal manera que exista interoperabilidad entre ellas;

IV.- Asignación de bandas de frecuencias: Autorización mediante licitación pública o asignación directa para utilizar un conjunto de frecuencias, en condicionesdeterminadas;

V.- Atribución: Acto por el cual una banda de frecuencias determinada se destina al uso de uno o varios servicios de radiocomunicación, conforme al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

VI.- Banda de frecuencias: Porción del espectro radioeléctrico que contiene un conjunto de frecuencias determinadas;

VII.- Canal de programación: Porción del espectro radioeléctrico que se utiliza para la difusión desde una estación radioeléctrica de una señal de televisión o radio;

VIII.- Comisión: Comisión Federal de Competencia;

IX.- Compartición de infraestructura: Uso de infraestructura o de elementos de redes de telecomunicaciones por dos o más operadores, a fin de reducir costos y barreras a la provisión de otros servicios, o cuando existan razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública o mandamiento administrativo o judicial;

X.- Convergencia de servicios: Integración de servicios ytecnologías para llevarlos por un mismo medio de telecomunicaciones a los usuarios.

XI.- Cuadro:Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XII.- Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: Instrumento en donde la autoridad competente establece los usos, categorías y restricciones de las bandas de frecuencia a las que se les atribuyen los diferentes servicios de radiocomunicación.

XIII.- Espectro radioeléctrico:Espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz;

XIV.- Estación terrena: Antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para transmitir o recibir señales de comunicación vía satélite;

XV.- Frecuencia: Número de ciclos por segundo que efectúa una onda del espectro radioeléctrico;

XVI.- Homologación: Acto por el cual el Instituto reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico;

XVII.- Instituto:Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

XVIII.- Interconexión: Conexión física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de telecomunicaciones, que incluye todos los elementos, capacidades, funciones, servicios e infraestructura para permitir la conducción de tráfico entre dichas redes o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de las mismas;

XIX.- Interferencia perjudicial:Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación;

XX.- Interoperabilidad: Capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones interconectadas, cuyas características técnicas comunes aseguran la provisión de un servicio específico de una manera consistente y predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes;

XXI.- Ley: Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

XXII.- Mercado Secundario: Arrendamiento parcial o total de frecuencias, canales o bandas de frecuencias concesionadas para uso comercial a favor de un tercero para la prestación de los servicios autorizados en los títulos de concesión;

XXIII.- Operador: Son los concesionarios, permisionarios, asignatarios de redes públicas de telecomunicaciones, así como los prestadores de servicios en términos de esta Ley;

XXIV.- Orbita satelital: Trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra;

XXV.- Portabilidad: Derecho delos usuarios de los servicios prestados a través de las redes públicas de telecomunicaciones puedan cambiar de prestador de servicios de telecomunicaciones, manteniendo la misma numeración que los identifica, sea ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se defina en el plan técnico fundamental de numeración;

XXVI.- Posiciones orbitalesgeoestacionarias: Ubicaciones en una órbita circular sobre el ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma latitud y longitud;

XXVII.- Punto de interconexión: Punto físico donde se conectan a una red pública de telecomunicaciones otras redes públicas de telecomunicaciones;

XXVIII.- Radiocomunicación privada: Servicio de telecomunicaciones inalámbrico que no implica explotación comercial directa o indirecta de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y cuyos sistemas operan en segmentos específicos de las bandas de frecuencias señalados para tales efectos en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

XXIX.- Recursos esenciales de la red:Elementos de una red pública de telecomunicaciones o las instalacionessuministrados en forma exclusiva o predominante por unconcesionario o por un número limitado de éstos, ocuya sustitución técnica o económicamente no es factible;

XXX.- Red de telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación, torres, antenas, postes, ductos, canalizaciones o cualquier otro equipo necesario;

XXXI.- Red privada de telecomunicaciones: Red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones que no impliquen explotación comercial directa o indirecta de capacidad de la red o de servicios de telecomunicaciones;

XXXII.- Red pública de telecomunicaciones:Red de telecomunicacionesa través de la cual se conducen señales o se prestenservicios de telecomunicaciones a terceros. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal;

XXXIII.- Registro: Registro Público de Telecomunicaciones y de Radiodifusión;

XXXIV.- Retransmisión: Difusión pública del contenido de audio o de datos, audio y video asociados producido o ensamblado por una persona o entidad distinta e independiente al emisor, que mediante el cumplimiento de la ley permite que otro reciba tal contenido y lo difunda públicamente, a través del medio o medios para los cuales el emisor tenga permiso o concesión para operar;

XXXV.- Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

XXXVI.- Servicios adicionales: Aquellos que se suman en la misma infraestructura, al servicio principal u originalmente prestado en dicha red pública de telecomunicaciones;

XXXVII.- Servicios auxiliares: Servicios gratuitos de información tales como datos, imágenes, o sonidos complementarios al servicio principal de radiodifusión;

XXXVIII.- Servicios de interconexión: Servicios y recursos que se prestan entre concesionarios para realizar la Interconexión e interoperabilidad entre los usuarios de sus redes, mismos que incluyen a los Servicios Auxiliares Conexos, tales como servicios de información, de directorio, de emergencia, decobro revertido, vía operadora, de facturación y de cobranza y los demás que se requieran a juicio del Instituto, parapermitir a los usuarios de un concesionario comunicarse con los usuarios de otro concesionario y tener acceso a los servicios suministrados por este último o por algún otro proveedor autorizado alefecto;

XXXIX. Servicio de radio y televisión:Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociado que se presta de manera abierta y gratuita o restringida;

XL.- Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directa y gratuitamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión u otro tipo de trasmisión;

XLI.- Servicios de telecomunicaciones: Aquellos que involucran la utilización de uno o más elementos o instalaciones de las redes públicas de telecomunicaciones o de aplicaciones que se transportan por dichas redes, incluyendo el servicio de radio y televisión;

XLII.- Servicios de valor agregado: Aquellos que utilizan una red pública de telecomunicaciones y aplicaciones de procesamiento computarizado que no emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos por un concesionario y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada;

XLIII.- Servicio restringido: Difusión de contenidos de audio o audio y video asociados a cambio de unpago o contraprestación;

XLIV.- Sistema de comunicación vía satélite: El que permite el envío de señalesa través de una estación transmisora a un satélite que las recibe y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estaciones receptoras;

XLV.- Subsidio cruzado: El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien o servicio;

XLVI.- Telecomunicación:Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos;

XLVII.- Teledensidad: Relación entre la cantidad de líneas de telefonía fija en servicio en un área geográfica determinada y la cantidad total de habitantes de dicha área. La teledensidad muestra la cantidad de líneas en servicio de todos los licenciatarios que prestan servicio en una determinada zona geográfica, en relación a la población total de la misma zona y expresada en teléfonos cada 100 habitantes;

XLVIII.- Tráfico público conmutado: El que es cursado a través de cualquier tipo de infraestructura de telecomunicaciones que requiere para su enrutamiento, en todo momento, o en cualquier punto de la comunicación entre el usuario de origen y el de destino, la utilización de números geográficos, no geográficos o códigos de servicios especiales, o cualquier otro tipo de numeración definida en el plan técnico fundamental de numeración.

TÍTULO II

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las que le confieren otras disposiciones legales, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I.- Planear, formular y conducir las políticas y programas para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país;

II.- Promover el uso eficiente de los bienes del dominio público afectos a la prestación de servicios de telecomunicaciones;

III.- Elaborar y proponer, en coordinación con el Instituto, los anteproyectos de reformas y adiciones de las leyes y reglamentos en materia de telecomunicaciones que se requieran;

IV.- Adquirir, establecer y operar, en su caso, por si o a través de terceros redes públicas de telecomunicaciones;

V.- Propiciar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educación, salud, cultura, comercio electrónico, seguridad pública y gobierno electrónico;

VI.- Celebrar convenios con organismos multilaterales, regionales, bilaterales y gobiernos, cuando así lo determine el Ejecutivo Federal, y

VII.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8.- Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de que las partes puedan someterse a procedimientos arbítrales, de mediación o de conciliación en los términos de las disposiciones aplicables.

Los actos administrativos atribuidos al Pleno de Comisionados, serán impugnables en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 9.- A falta de disposición expresa en estaley, su reglamento o en los tratados internacionales, se aplicarán supletoriamente, de manera indistinta, los siguientes ordenamientos:

I.- Ley de Vías Generales de Comunicación;

II.- Ley General de Bienes Nacionales;

III.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

IV.- Ley Federal de CompetenciaEconómica;

V.- Ley General de Salud;

VI.- Ley Federal del Derecho de Autor;

VII.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

VIII.- Código de Comercio;

IX.- Código Civil Federal;

X.- Código Federal de Procedimientos Civiles; y,

XI.- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAPITULO II

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y Radiodifusión

Artículo 10.- El Instituto es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo 11.- Corresponde al Instituto, conforme a las políticas y programas que establezca la Secretaría el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.- Regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión;

II.- Realizar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, así como elaborar anteproyectos de adecuación, modificación y actualización de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten pertinentes;

III.- Resolver las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de derechos de las concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones;

IV.- Otorgar, modificar, autorizar su cesión, prorrogar y revocar concesiones en materia de telecomunicaciones;

V.- Resolver sobre la terminación de concesiones en caso de revocación o rescate y resolver la terminación de concesiones por cualquiera de las otras causas previstas en esta Ley;

VI.- Resolver sobre la terminación de permisos por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley;

VII.- Planear, administrar y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, así como elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias;

VIII.- Elaborar y publicar el programa anual de frecuencias del espectro radioeléctrico con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, así como llevar a cabo los procesos de licitación correspondientes;

IX.- Llevar a cabo los procesos de asignación para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias y órbitas satelitales asociadas a bandas de frecuencias específicas que se obtengan o estén asignadas al país y los correspondientes derechos de emisión y recepción de señales;

X.- Actuar como administración notificante ante organismos internacionales para la obtención de posiciones orbitales y orbitas satelitales;

XI.- Establecer los procedimientos para la adecuada homologación de equipos, así como procedimientos de evaluación de la conformidad para otorgar la certificación correspondiente y acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para que emitan dicha certificación;

XII.- Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones;

XIII.- Administrar el registro público detelecomunicaciones y de radiodifusión previsto en esta Ley y exigir a los operadoressu actualización permanente;

XIV.- Promover, vigilar y, en su caso, resolver sobre las condiciones para lograr una eficiente interconexión e interoperabilidad y acceso de los equipos, aplicaciones, redes públicas y servicios de telecomunicaciones, incluyendo la que se realice con redes extranjeras, bajo el principio de no discriminación;

XV.- Determinar y publicar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas aplicables a la interconexión;

XVI.- Emitir los estándares y protocolos para promover la introducción de nuevas tecnologías;

XVII.- Elaborar y emitir Normas Oficiales Mexicanas en la materia;

XVIII.- Establecer los términos y condiciones para la compartición de infraestructura;

XIX.- Promover y vigilar el uso eficiente del espectro por parte del gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior;

XX.- Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones;

XXI.- Establecer obligaciones específicas a los concesionarios de telecomunicaciones que hayan sido declarados dominantes conforme lo establecido en esta ley;

XXII.- Recibir y requerir, en su caso, los comprobantes del pago por concepto de derechos, productos o aprovechamientos que procedan en materia de telecomunicaciones, así como dar aviso al servicio de administración tributaria en casosde incumplimiento de pago de dichos conceptos por parte de los operadores;

XXIII.- Vigilar el debido cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, en los títulos de concesión, permisos, registros, asignaciones y autorizaciones en las disposiciones administrativas y reglamentarias y ejercer las facultades de supervisión, inspección, radiomonitoreo y verificación.

XXIV.- Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, registro o asignación;

XXV.- Solicitar y requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la información relativa a la operación, explotación y prestaciónde servicios para cumplir con las disposiciones previstas en la presente Ley;

XXVI.- Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como a las condiciones establecidas en los títulos de concesión, permiso, asignación y autorización;

XXVII.- Publicar los resultados del ejercicio de sus funciones de supervisión y verificación del cumplimiento de las normas e índices de calidad de los servicios de telecomunicaciones;

XXVIII.- Salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones asegurando su acceso en adecuadas condiciones de precio y calidad;

XXIX.- Establecer y publicar los estándares de calidad generales por servicio a que deberán sujetarse los prestadores de servicios de telecomunicaciones;

XXX.- Otorgar, prorrogar, modificar, revocar o autorizar la cesión de los permisos a que se refiere esta Ley;

XXXI.- Autorizar el arrendamiento de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, de conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas;

XXXII.- Autorizar la prestación de servicios adicionales;

XXXIII.- Registrar los servicios de valor agregado;

XXXIV.- Formular directrices para la elaboración de la estadística de telecomunicaciones y de la medición de audiencias en radio y televisióne integrar y hacer disponible al público esta información a través de su portal de Internet;

XXXV.- Resolver sobre el cambio o rescate de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico;

XXXVI.- Llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes;

XXXVII.- Elaborar, los programas de cobertura social, llevar a cabo los procesos de licitación pública correspondientes y revisar, y en su caso, modificar o dar por terminado dichos programas;

XXXVIII.- Promover el desarrollo de actividades encaminadas a la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones;

XXXIX.- Interpretar para efectos administrativos las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones;

XL.- Establecer y hacer públicos los criterios de clasificación de la programación en el servicio de radio y televisión;

XLI.- Administrar los tiempos de Estado de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y otros ordenamientos aplicables;

XLII.- Vigilar y garantizar la observancia del derecho de réplica;

XLIII.- Promover la creación de códigos de ética y el nombramiento de defensores de las audiencias en el servicio de radio y televisión;

XLIV.- Intervenir en asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;

XLV.- Celebrar convenios con personas físicas o morales, y con organismos públicos, nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia;

XLVI.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para desarrollar investigaciones en torno al comportamiento de las audiencias y el impacto social del servicio de radio y la televisión, cuyos resultados deberán hacerse públicos;

XLVII.- Elaborar su anteproyecto de presupuesto conforme a lo dispuesto por la Ley;

XLVIII.- Elaborar y hacer públicos su programa anual de trabajo y su informe anual de gestión;

XLIX.- Elaborar su manual de organización y los lineamientos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;

L.- Vigilar el correcto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relacionadas con las redes de telecomunicaciones en materia de seguridad nacional;

LI.- Ordenar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la presente Ley;

LII.- Asegurar sistemas, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que operen sin concesión, permiso, registro, asignación o autorización;

LIII.- Ordenar y en su caso autorizar la requisa establecida en esta Ley;

LIV.- Dar trámite y autorizar la interrupción de la vía general de comunicación o la prestación de sus servicios total o parcialmente siempre y cuando medie causa justificada, y

LV.- Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 12.-De conformidad con las políticas y programas que establezca la Secretaría y en vista del interés social, el Instituto podrá expedir disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales mexicanas, resoluciones y acuerdos para normar y regular a los operadores, prestadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de contenidos del servicio de radio y televisión.

El Instituto deberá poner a disposición del público en su portal de Internet, los acuerdos adoptados por el Pleno, y de manera oportuna los relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Artículo 13.- El Pleno es el órgano de gobierno del Instituto y estará integrado por siete comisionados, incluyendo a supresidente.

Su integración será multidisciplinaria, para lo cual deberá incluirse a especialistas vinculados con aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, científicos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales.

Para el desahogo de los asuntos a cargo del Instituto, cada comisionado contará con la estructura administrativa que determine el reglamento interno.

Artículo 14.- A fin de atender los asuntos de su competencia el pleno deliberará en forma colegiada y decidirá los asuntos, por mayoría de votos, teniendo su presidente voto de calidad. En ausencia del presidente, la sesión del pleno será presidida por el comisionado que se elija para tal efecto por el Pleno quien tendrá voto de calidad. Los comisionados no podrán abstenerse de votar excepto cuando tengan impedimento legal.

El pleno podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro de sus comisionados y las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, tendrán carácter público, salvo aquellas que formen parte de un proceso deliberativo que deba resolverse por otra instancia o se involucre información que deba ser reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 15.- Los comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichas designaciones por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento.

Los Comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.- Contar con título profesional de al menos nivel licenciatura expedido por una institución de educación superior;

III.- Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con las materias objeto de esta ley;

IV.- No tener relación económica, profesional o de índole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a éstas;

V.- No haber desempeñado en los dos años anteriores al día de la designación, alguno de los siguientes cargos o actividades:

a) De dirigencia de partido político;

b) De candidato o cargo de elección popular;

c) De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta;

d) De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada;

e) De ministro de culto religioso;

f) Cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con la materia regulada.

Artículo 16.- Los comisionados, durante su encargo, no podrán:

I.- Desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales, o de investigación;

II.- Tener contratos o prestar servicios, de manera directa o indirecta vinculados con el sector regulado, a la federación, estados omunicipios;

III.- Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información de que dispongan en razón de su cargo, así como divulgarla sin autorización del Instituto, y

IV.- Realizar convenios o concertaciones con operadores o prestadores de servicios fuera o en contravención de las disposiciones legales, administrativas o normativas.

Los comisionados no podrán, en el transcurso de dos años contados a partir de la conclusión de su cargo, desempeñar ninguna de las funciones a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción V del Artículo 15.

Artículo 17.-Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de siete años, renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada.

Artículo 18.- El presidente del Instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión y le corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento interno del Instituto:

I.- Planear, organizar, coordinar, dirigir, administrar y evaluar el funcionamiento del Instituto, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II.- Elaborar y proponer al Pleno del Instituto, para su aprobación, el programa anual de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversión, y someterlos a aprobación de la Secretaría;

III.- Actuar como representante legal del Instituto y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto del mismo y delegar facultades para tal efecto;

IV.- Instruir la ejecución de las resoluciones del pleno y proveer lo necesario para su debido cumplimiento;

V.- Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, que incluya los resultados de sus acciones y los criterios que al efecto se hubieren aplicado;

VI.- Proponer al Pleno el establecimiento de representaciones estatales en coordinación con las delegaciones de laSecretaría;

VII.- Resolver los recursos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas del Instituto; y

VIII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como aquéllas que le instruya el Pleno del Instituto.

Artículo 19.- El Instituto contará con un secretario ejecutivo, que será designado por el Pleno a propuesta del presidente del Instituto y tendrá a su cargo la administración del Instituto, así como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno. El secretario ejecutivo podrá ser removido por causas justificadas, por el Pleno del Instituto a propuesta de cualquiera de los comisionados.

Artículo 20.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado con la promoción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión.

El Consejo es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, que serán seleccionados por el Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento. Para ello, el Instituto realizará la convocatoria pública correspondiente y dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un periodo más. Su cargo será a título honorífico y su actuación y participación será de carácter personal e intransferible, por lo que no actuarán en nombre o representación de las instituciones que los propusieron. El Consejo sesionará al menos una vez cada dos meses pudiendo convocar a sesiones extraordinarias y deberá rendir anualmente un informe público de sus acuerdos y actividades.

Artículo 21.- El Instituto podrá contar con uno o varios comités consultivos de nuevas tecnologías, como órganos de consulta para el estudio, evaluación y adopción nacional de estándares tecnológicos. El o los comités deberán estar integrados de manera equitativa por representantes del Instituto, de asociaciones o cámaras de los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales y académicas especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios. Sus integrantes serán seleccionados por el Pleno del Instituto.

Estos comités se conformarán de acuerdo a las características de las definiciones tecnológicas que se deban adoptar en el territorio nacional y el Instituto dispondrá lo necesario para que pueda cumplir debidamente con sus labores.

TÍTULO III

DE LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACION

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

Artículo 22.- Para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, el Instituto deberá mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con base al interés público y atendiendo a los tratados internacionales, y al desarrollo tecnológico para su uso y aprovechamiento eficiente.

El Instituto deberá garantizar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios de seguridad pública yseguridad nacional, conectividad y cobertura social.

Solo se podrán prestar los servicios que se establezcan en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

Artículo 23.- En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se atribuirán las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que gozarán de protección de acuerdo a las siguientes categorías:

I.- A título primario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuenciascontarán con protección contra interferencias perjudiciales.

II.- A título secundario: el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias no deben causar interferencia perjudicial al uso de las frecuencias o bandas de frecuencia otorgadas a título primario ni podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estas últimas. Tendrán derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por otros operadores de frecuencias o bandas de frecuencias a título secundario.

Artículo 24.- Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasificarán de acuerdo con lo siguiente:

I.- Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de lucro, otorgadas mediante concesión por el Instituto.

II.- Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro, para propósitos sociales, culturales, comunitarios, científicos y educativos,otorgadas mediante concesión del Instituto.

III.- Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de lucro para propósitos de radiocomunicación privada, de experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo, pruebas temporales de equipo y radioaficionados, otorgadas mediante concesión por el Instituto.

IV.- Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el cumplimiento de las atribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, asignadas de manera directa del Instituto.

V.- Uso protegido: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el servicio ferroviario o atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales, otorgadas de manera directa por el Instituto.

VI.- Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en general sin requerir de concesión, permiso o asignación directa o registro para su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto.

VII.- Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no concesionadas, no asignadas o no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso de planificación.

Artículo 25.- El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año, un programa anual de frecuencias, con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser concesionadas o asignadas y contendrá, al menos, los servicios que pueden prestarse a través de dichas frecuencias o bandas de frecuencias, su categoría, modalidades de uso, y coberturas geográficas. En contra de dicho programa y su aplicación no procederá suspensión o medida cautelar alguna.

Artículo 26.- El programa anual de frecuencias deberá atender los siguientes criterios:

I.- Considerar la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias para cada categoría, modalidad de uso y zona geográfica de cobertura, tomando en consideración el interés público, las necesidades de cobertura social y en su caso la función social de los servicios de radio y televisión;

II.- Buscar un equilibrio en el número y calidad técnica de las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles, en relación con las que estén operando en cada categoría y modalidad de uso, con el fin de evitar fenómenos de concentración, favoreciendo aquellos usos que tengan menor presencia en cada zona geográfica de cobertura;

III.- Valorar las solicitudes de los interesados en las frecuencias o bandas de frecuencias;

IV.- Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio de los usuario, el desarrollo de la competencia, y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones, y

V.- Promover la convergencia de redes y servicios para lograr la eficiencia en el uso de infraestructura y la innovación en el desarrollo de aplicaciones.

Artículo 27.- Cualquier interesado podrá solicitar, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del programa anual de frecuencias, que se incluyan frecuencias o bandas de frecuencias, y coberturas geográficas no contempladas. En estos casos, la autoridad resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir del vencimiento del plazo anterior.

TÍTULO IV

DEL REGIMEN DE AUTORIZACIONES

CAPITULO I

DE LAS CONCESIONES Y ASIGNACIONES

Artículo 28.- Se requiere concesión para:

I.- Usar, aprovechar o explotar una frecuencia o banda de frecuencias del espectro radioeléctrico en el territorio nacional, salvo el espectro de uso público y el de uso libre;

II.- Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones usen, aprovechen o exploten espectro radioeléctrico;

III.- Ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y orbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias, y

IV.- Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Artículo 29.- Las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Lasinstituciones religiosas así como los ministros de culto, los partidos políticos y sus directivos, no podrán ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta, ni participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Dicha prohibición se extiende a participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en empresas administradoras o comercializadoras.

Durante su encargo, y en los dos años posteriores a su término, los servidores públicos vinculados con las materias reguladas en esta ley, y las empresas en las cuales posean participación accionaria, no podrán participar de forma directa o indirecta, en una licitación o convocatoria para el otorgamiento de concesiones.

Artículo 30.- El titulardel uso, aprovechamiento y explotación de una frecuencia o banda de frecuencias, será el responsable de las obligaciones establecidas en el título de concesión, en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 31.- La participación de la inversión extranjera directa podrá ser hasta del 100 por ciento para las concesiones del espectro radioeléctrico de uso comercial, y en las atribuidas para la prestación de servicios de radiodifusión sólo se permitirá inversión extranjera directa hasta el 50 por ciento. En todos los casos se atenderán a los porcentajes de los convenios de reciprocidad del país de origen de la inversión. La participación de inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Artículo 32.- Los concesionarios deberán, conforme a los plazos y requisitos indicados por el Instituto y las Normas Oficiales Mexicanas, adoptar las innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

En el supuesto de que no se hayan realizado las innovaciones tecnológicas en los plazos señalados y habiéndose aplicado la sanción que señala esta Ley, el operador de la concesión no podrá participar en el proceso respectivo para continuar operándola al finalizar su vigencia.

Artículo 33.- En la definición de los plazos señalados en el artículo anterior, se tomarán en consideración las posibilidades financieras de los operadores de concesiones sin fines de lucro para la adopción de las innovaciones tecnológicas.

Artículo 34.- Si de la aplicación de mejoras tecnológicas resulta la liberación de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, sin afectar los derechos originales del titular, éstas podrán ser otorgadas a terceros, mediante el procedimiento de licitación correspondiente.

Artículo 35.- No podrán alterarse los términos y condiciones de la concesión sino por resolución administrativa, bajo los supuestos establecidos en esta Ley o en cumplimiento de resolución judicial.

SECCION I
DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE USO COMERCIAL

Artículo 36.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial se podrán otorgarpor plazos de hasta 15 años en telecomunicación y hasta 10 años en radiodifusión, mediante el procedimiento de licitación pública establecido en esta Ley.

El gobierno federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión.

Artículo 37.- Para llevar a cabo el procedimiento de licitación a que se refiere el artículo anterior, el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de Internet la convocatoria respectiva, a fin de que los interesados obtengan las bases correspondientes.

La convocatoria deberá contener como mínimo:

I.- La frecuencia o bandas de frecuencias objeto de la licitación, su categoría, sus modalidades de uso y zona geográfica de cobertura;

II.- Periodo de vigencia de la concesión;

III.- Las condiciones mínimas de servicio;

IV.- Obligaciones de desarrollo de infraestructura e inversión, y

V.- La fecha y forma para adquirir las bases de licitación.

Artículo 38.- Las bases de licitación deberán contar con la previa opinión favorable de la Comisión e incluirán:

I.- Las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la licitación, los servicios que podrán prestarse, su categoría, sus modalidades de uso y zonas geográficas en que pueden ser utilizadas;

II.- Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se incluirán:

a) La capacidad jurídica, incluida la prueba de la nacionalidad mexicana y, en su caso, la estructura corporativa del participante;

b) Su capacidad técnica y financiera;

c) Plan de negocios, que deberá contener el programa y compromiso de inversión;

d) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

e) Programa de cobertura;

f) Programa de actualización y desarrollo tecnológico;

g) Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;

h) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

i) Carta compromiso de cubrir la contraprestación económica ofrecida en la licitación, de acuerdo a las condiciones y calendario de pago de productos y aprovechamientos que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III.- Monto mínimo de referencia para el inicio de la licitación que será determinado por el Instituto con base en las condiciones del mercado y, en su caso, en el pago que hubieran realizado otros concesionarios en la obtención de frecuencias o bandas para usos similares. Dicho monto deberá ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV.- Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes;

V.- El período de vigencia de la concesión;

VI.- Los criterios para descalificar a los participantes;

VII.- Casos en los que se declarara desierta la licitación, y

VIII.- El establecimiento de penas convencionales, en caso de violación o incumplimiento de las bases de licitación, y la forma de garantizarlas.

Para el servicio de radio y televisión se entregará además, el proyecto de producción y programación, así como la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Artículo 39.- El Instituto tendrá como criterios para seleccionar al ganador de una concesión, los siguientes:

I.- Congruencia entre el Programa Anual de Frecuencias y los fines expresados por el interesado para prestar el servicio;

II.- Las contraprestaciones ofrecidas al Estado por el otorgamiento de la concesión;

III.- La oferta de calidad de los servicios;

IV.- El mejor aprovechamiento de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión;

V.- El número de usuarios directamente beneficiados;

VI.- Plazo para iniciar el servicio;

VII.- Que su participación como prestador de servicios contribuya a la pluralidad y la diversidad de los contenidos, a la competencia y a disminuir los niveles de concentración existentes;

VIII.- Cuando se trate de solicitantes que sean, o hayan sido, titulares de otra concesión, el Instituto verificará el cumplimiento su título de concesión y a las disposicionesaplicables.

Corresponderá al Instituto emitir los criterios de ponderación correspondientes En el caso de concesiones para el servicio de radiodifusión, el valor de la contraprestación ofrecida no será un factor preponderante para definir al ganador de la licitación.

Artículo 40.- La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 41.- El título de concesión contendrá como mínimo:

I.- Antecedentes y objeto de la concesión;

II.- El nombre y domicilio del titular;

III.- La frecuencia o banda de frecuencias concesionadas, sus modalidades de uso y zona geográfica en que pueden ser utilizadas;

IV.- Las especificaciones técnicas;

V.- Las condiciones para la prestación de los servicios que, en su caso, se hayan previsto en las bases de licitación;

VI.- Los programas de inversión respectivos;

VII.- Los programas de cobertura obligatoria;

VIII.- Los servicios que podrá prestar el concesionario;

IX.- Los compromisos para cumplir la función social a que se refiere la presente Ley;

X.- El período de vigencia;

XI.- Los derechos o aprovechamientos que, en su caso, deberá pagar;

XII.- Lacontraprestación que hubiere pagado;

XIII.- La garantía para el cumplimiento de las obligaciones de la concesión;

XIV.- Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios.

XV.- Compromiso de no utilizar la frecuencia concesionada para la defensa de intereses particulares, que tengan relación con el titular de la concesión o las empresas con las que tenga participación directa o indirecta, y

XVI.- La obligación de no usar la concesión para la promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información política, especialmente en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una concesión o permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Artículo 42.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar el servicio de radiodifusión, podrán ser prorrogadas por plazos de hasta 10 años mediante el procedimiento de licitación pública establecido en los artículos 36 al 39 de esta Ley, en el cual el concesionario tendrá derecho de preferencia. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la prórroga.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión.

La valoración del derecho de preferencia del concesionario frente a los demás licitantes, se efectuará en consideración de los factores siguientes:

a) La satisfacción de los requisitos establecidos en las fracciones I, II y III del presente artículo;

b) Las inversiones efectuadas no amortizadas por el concesionario y obligaciones asumidas para con terceros no relacionados;

c) Los planes y programas de inversión;

d) Las fuentes de empleo creadas y los pasivos laborales;

e) La continuidad y mejoramiento del servicio objeto de la concesión, y

f) La capacidad financiera para hacer frente al pago de la contraprestación económica por concepto de la prórroga.

El valor de la contraprestación ofrecida no será un factor preponderante para definir al ganador de la licitación.

El Instituto establecerá en las Bases de Licitación los criterios de ponderación de los factores anteriores, con independencia de los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 43.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar servicios distintas a los servicios de radiodifusión podrán ser prorrogadas por plazos de hasta 15 años.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la prórroga.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión.

La contraprestación económica se determinará en forma equitativa, considerando los pagos que hubieren hecho otros concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias de uso comercial para prestar servicios distinto a los servicios de radiodifusión en procedimientos análogos, los servicios contemplados en la prórroga de concesión de que se trate, la cobertura geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utiliza al efecto.

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada.

SECCION II

DE LAS ASIGNACIONES DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE USO PÚBLICO

Artículo 44.- Las frecuencias o bandas de frecuencias de uso público se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años tratándose de telecomunicaciones y hasta 10 años en radiodifusión, mediante asignación directa y a petición de parte y podrán ser prorrogadas por periodos iguales.

El Instituto definirá las categorías y reglas de operación de acuerdo a las políticas públicas establecidas por la Secretaría y a lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y adoptará mecanismos que le permitan constatar el uso de las bandas de frecuencias de uso público asignadas, teniendo la facultad de expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse los operadores de tales frecuencias.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el asignatario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su asignación y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la asignación.

Artículo 45.- Podrán obtener asignaciones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso público, los Poderes de la Unión y de las Entidades Federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos e instituciones públicas de educación superior, con la finalidad de prestar servicios públicos, tales como teleducación, telesalud, seguridad pública, atención a discapacitados y/o la transmisión de contenidos educativos, culturales, científicos, sociales, informativos y de entretenimiento de calidad, entre otros, en beneficio de la sociedad y en aras del interés general.

En el caso de asignación de frecuencias o bandas de frecuencias para radio y televisión, el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, deberán acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados, a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia.

Artículo 46.- La solicitud para obtener una asignación de frecuencias o bandas de frecuencias de uso público deberá de cumplir los siguientes requisitos:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- Describir la función social que se pretende cumplir;

III.- Justificar que la prestación del servicio cumplirá con los objetivos que la ley le asigna, y

IV.- Plan de desarrollo, que contendrá los siguientes elementos:

a) Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

b) Programa de cobertura;

c) Programa de inversión y presupuesto de operación;

d) Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y

e) Proyecto de producción y programación para el caso de radio y televisión.

Artículo 47.- Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de 90 días hábiles, el Instituto resolverá respecto de la asignación solicitada.

Una vez otorgada la asignación, un extracto de la misma se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Artículo 48.- No se podrá ceder, gravar o enajenar, total o parcialmente, la asignación de frecuencias o bandas de frecuencias de uso público, y los derechos en ella conferidos, salvo los casos de excepción previstos en esta Ley. Tratándose de servicios de radiodifusión, estará prohibido además, dar en fideicomiso la asignación y explotar el espectro radioeléctrico bajo cualquier forma, por persona física o moral distinta a su titular.

Cualquier acto que contravenga lo establecido en el presente artículo será nulo de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones que pudieran resultar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.

Artículo 49.- El Estado, por conducto del Ejecutivo Federal, deberá garantizar y operar la existencia de al menos una red de uso público de radio abierta y una red de uso público de televisión abierta, en ambos casos con cobertura nacional.

Artículo 50.- Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las asignaciones de uso público se financiará con presupuesto público que garantice su operación, adicionalmente podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingresos:

I.- Donativos, en dinero o en especie, hechos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o, por organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales, reconocidas por el orden jurídico. Cuando se trate de donativos en dinero, deberán expedirse recibos foliadosen los que se hará constar los datos generales del donante, mientras que las donaciones en especie, se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables;

II.- Venta de productos y/o servicios acordes con su capacidad tanto legal como operativa;

III.- Patrocinios y publicidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de esta Ley;

IV.- Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción y/o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio;

V.- Arrendamiento parcial de canales o frecuencias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 90, sin que el asignatario deje prestar el servicio que motivo la asignación;

VI.-Convenios de coinversión con otras dependencias del Estado y entidades federativas, para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público, y

VII.- Por compartición de infraestructura.

Sobre estos ingresos, los operadores deberán rendir un informe pormenorizado dentro del informe anual de rendición de cuentas a que se encuentran obligados.

Artículo 51.-Tratándose del servicio de radio y televisión, los ingresos adicionales establecidos en las fracciones I, II, III y V del artículo anterior, se aplicarán preferentemente al desarrollo tecnológico, capacitación y producción, a efecto de garantizar la calidad y el mejor cumplimiento de sus fines. En ningún caso podrá destinarse más del 30% de dichos ingresos para la contratación de servicios personales.

Artículo 52.- Además de lo establecido en el artículo 5, los operadores de asignaciones de uso público y para efecto de dar cabal cumplimiento a su función social deberán observar las siguientes finalidades:

I.- Fomentar la creatividad y los valores artísticos regionales y nacionales a través del apoyo, diversificación y divulgación de la producción de contenidos;

II.- Promover la investigación y la reflexión sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisión educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad;

III.- Promover la experimentación artística y tecnológica en los ámbitos audiovisual y sonoro;

IV.- Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional;

V.- Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;

VI.- Fomentar el respeto derecho de réplica de todo ciudadano;

VII.- Promover y fomentar la participación de la sociedad en la planeación, gestión, evaluación y vigilancia de la administración, dirección y contenidos;

VIII.- Evitar el uso con fines de promoción personal a los funcionarios públicos y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la información política, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas políticas y sociales;

IX.- Facilitar que los distintos entes públicos puedan desarrollar redes para el cumplimiento de sus atribuciones, y

X.- Los demás que señalen los ordenamientos específicos en la materia.

Artículo 53.- Para prestar el servicio de radio y televisión, los asignatarios deberán contar con un Consejo Consultivo encargado de promover contenidos acordes con la función social prevista en esta ley, constituido al menos por cinco integrantes de reconocido prestigio profesional en la materia, quienes rendirán un informe público anual de evaluación sobre la gestión del medio.

Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Órgano de Gobierno al que se encuentre adscrito, tendrán carácter honorífico, durarán en su encargo dos años, podrán ser reelectos por un periodo más, y sus funciones estarán previstas en el reglamento de esta Ley.

Artículo 54.- Los asignatarios de servicios de radio y televisión de uso público, deberán poner a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus Órganos de Gobierno nombrarán un Defensor de las audiencias y emitirán Códigos de Ética con parámetros mínimos de conducta a que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información.

El Defensor de las audiencias entregará de manera trimestral un informe al Órgano de Gobierno y al Consejo Consultivo con la finalidad de que se tomen las medidas conducentes respecto de los asuntos de su competencia. Tanto el informe como las decisiones que adopte el Órgano de Gobierno se harán públicos.

Artículo 55.- Dada su naturaleza pública, los asignatarios del servicio de radio y televisión se encuentran obligados a custodiar los materiales audiovisuales derivados de su operación, sujetos al régimen de dominio público en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo 56.- Tanto el informe del Consejo Consultivo como la evaluación del Órgano de Gobierno se harán públicos, al igual que los compromisos que adopte el asignatario.

Artículo 57.- El Instituto vigilará el cumplimiento de estos compromisos, con la finalidad de mejorar la calidad de los contenidos que se transmiten y podrá hacer amonestaciones públicas a los asignatarios en caso de incumplimientos reiterados de sus obligaciones para con sus audiencias.

Artículo 58.- Las solicitudes de asignación para uso público para la comunicación interna, serán valoradas por el Instituto de acuerdo con la disponibilidad y la motivación de la solicitud.

Los operadores que requieran bandas adicionales deberán acreditar que sus necesidades no pueden ser atendidas con el uso eficiente de las bandas de frecuencias que ya les fueron asignadas.

SECCION III

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE USO SOCIAL

Artículo 59.- Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias de uso social, para servicios de telecomunicaciones se podrán otorgar por plazos de hasta 15 años, y para radiodifusión hasta por 10 años, y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales mediante nueva convocatoria en la que el titular de la misma se someterá de nueva cuenta a los criterios establecidos en el artículo 64, párrafo segundo de esta Ley.

Para la procedencia de la prorroga el concesionario deberá estar al corriente del cumplimento de sus obligaciones.

Artículo 60.- Podrán obtener una concesión para uso social las personas morales sin fines de lucro, interesadas en la prestación de servicios de telecomunicaciones y de difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de carácter social, cultural, comunitario, científico y educativo, en el área geográfica de su cobertura.

Artículo 61.- El Instituto emitirá convocatoria pública con las frecuencias o bandas de frecuencias disponibles para uso social, señalando los plazos para la recepción y resolución de solicitudes, así como para el otorgamiento de los títulos de concesión.

La convocatoria establecerá los siguientes requisitos que deberán acreditar los interesados para la obtención de la concesión:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- Acta Constitutiva, o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de la institución u organización;

III.- Zona geográfica que se pretende cubrir con el servicio;

IV.- Modalidad del uso: social, cultural, comunitario, científicos o educativos;

V.- Plan de operación y capacidad financiera;

VI.- Designación de un representante responsable del proyecto, y

VII.- Para el servicio de radiodifusión, además:

a).- Compromisos que asumirían para cumplir lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley;

b).- Mecanismos con los que garantizará la pluralidad de contenidos y el beneficio social;

c).- Potencia y horario de funcionamiento, y

d).- Proyecto de producción y programación.

Artículo 62.- La versión completa de las solicitudes seleccionadas para la continuación del trámite de licitación, deberá estar a disposición del público en el portal de Internet del Instituto.

Artículo 63.- Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, se prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles.

El solicitante tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles contados a partir de la prevención, para la entrega de la información requerida. Si no se hace realiza la prevención señalada en este artículo dentro del plazo establecido, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

Artículo 64.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión, el Instituto deberá tomar en consideración:

I.- Congruencia entre los objetivos de la institución u organización, su proyecto de programación y los fines establecidos para la atención de la función social de esta Ley;

II.- Área de cobertura, características de la población destinataria, considerando las necesidades sociales, culturales, comunitarias, científicas, educativas y de servicio que pretende atender, y

III.- Que dentro de los fines de la organización o institución solicitante se justifique el interés en prestar el servicio.

Una vez valoradas las solicitudes y en un plazo no mayor de 90 días hábiles, el Instituto resolverá sobre su otorgamiento mediante acto debidamente fundado y motivado, el que se comunicará a los interesados. Los interesados que hayan participado en el proceso podrán hacer valer sus derechos en los términos establecidos por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 65.-De no existir disponibilidad de frecuencias adicionales, y en el caso de que exista más de una solicitud para la misma zona de cobertura, con igualdad de posiciones, el Instituto para determinar el otorgamiento de la concesión, atenderá a los siguientes criterios:

I.- El proyecto que ofrezca a los usuarios de la zona de cobertura los mejores beneficios sociales en relación con las necesidades de comunicación;

II.- La mayor vinculación entre los fines constitutivos de la organización solicitante y la garantía del derecho a la información; y

III.- Antigüedad de la organización y su mayor viabilidad económica.

Artículo 66.- El concesionario deberá constituir la garantía establecida por el Instituto de acuerdo a las características del servicio, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión. En ningún caso la garantía equivaldrá al pago de una contraprestación por la concesión.

Artículo 67.- Una vez otorgada la concesión, un extracto del título se publicará a costa del interesado en el Diario Oficial de la Federación. En el portal de Internet del Instituto se publicará íntegramente.

Artículo 68.- Con excepción de la contraprestación el título de concesión deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 41.

Cuando la explotación de los servicios objeto de la concesión sobre el espectro radioeléctrico, requiera de una permiso de red pública de telecomunicaciones, éste se otorgará en el mismo acto administrativo.

Artículo 69.- Para los pueblos y las comunidades indígenas o equiparables, las concesiones se otorgarán a petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- Datos generales de los solicitantes y designación de un responsable del proyecto;

II.- Documento que acredite la representatividad y el interés de la o las comunidades solicitantes, pudiendo ser un acta de asamblea;

III.- Zona geográfica que se pretende cubrir, identificando las comunidades beneficiarias;

IV.- Proyecto de contenidos especificando porcentaje de transmisión en lenguas indígenas y mecanismos con los que se garantizará la pluralidad y acceso de la comunidad a los servicios que se ofrecerán, y

V.- Proyecto mínimo de instalación y operación técnica.

Artículo 70.- Los titulares de concesiones de uso social podrán financiar su operación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50, con excepción de recursos provenientes del presupuesto público.

Artículo 71.- Los ingresos que obtengan los concesionarios de uso social, deberán invertirse preferentemente en la operación y desarrollo del proyecto, dando prioridad a la producción de contenidos, capacitación del personal y a la adopción de innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la calidad del servicio.

En ningún caso podrán ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal o de la asociación titular de la concesión.

Para el debido cumplimiento, de lo dispuesto por este artículo, los concesionarios presentarán anualmente un informe de sus actividades y contabilidad ante el Instituto, mismo que deberá estar a disposición del público de manera impresa y electrónica.

Artículo 72.- En el caso de disolución del concesionario o de renuncia a la concesión, la frecuencia será reintegrada al Estado.

SECCION IV

DE LAS CONCESIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE USO PRIVADO Y DE USO PROTEGIDO

Artículo 73.- Las frecuencias o bandas de frecuencias de uso privado y de uso protegido, se otorgarán, las primeras, por plazos de hasta 5 años y, las segundas, por plazos de hasta 15 años, y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales.

El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación por el otorgamiento de la concesión y, por la prórroga. La contraprestación se determinara considerando el objeto de este tipo de concesiones, sin perjuicio, de los derechos por el uso, aprovechamiento y explotación de las frecuencias o bandas de frecuencias concesionadas.

Las personas físicas o morales interesadas en obtener este tipo de concesiones deberán presentar solicitud con los siguientes requisitos:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- Documentos que acrediten su nacionalidad mexicana y personalidad;

III.- Especificaciones técnicas del proyecto; y

IV.- Categoría y modalidad de uso del espectro radioeléctrico requerido.

Para el otorgamiento de la concesión, el Instituto valorará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias, la factibilidad de su otorgamiento y la oferta existente en el mercado para satisfacer la necesidad de comunicación. Además, considerará los planes y programas de las frecuencias o bandas de frecuencias solicitadas.

El Instituto resolverá dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en su título de concesión y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión.

Una vez otorgada la concesión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado y en el portal de Internet del Instituto de manera completa. El Título contendrá los requisitos establecidos en el artículo 41 en lo que resulten aplicables.

SECCION V

DE LAS CONCESIONES PARA EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A LASPOSICIONES ORBITALES GEOESTACIONARIAS Y ÓRBITAS SATELITALES ASIGNADAS AL PAÍS.

Artículo 74.- Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y orbitas satelitales asignadas al país, en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sus respectivas bandas de frecuencias, se otorgarán mediante el procedimiento que establezca el reglamento de esta Ley.El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación.

Tratándose de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Instituto asignará de manera directa dichas bandas de frecuencias asociadas a las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país.

Artículo 75.- En el procedimiento que establezca el Reglamento se deberá prever la obligación a cargo del interesado de satisfacer las garantías de seriedad y capacidad técnica que al efecto establezca el Instituto. El interesado deberá comprometerse a suministrar oportunamente la documentación e información necesarias para que el Instituto realice las promociones y trámites ante dicho organismo internacional conforme a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Artículo 76.- Las concesiones a que se refiere esta sección se podrán otorgar por plazo de hasta 30 años y podrán ser prorrogas por plazos de hasta 15 años conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

SECCION VI

DE LAS CONCESIONESPARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Artículo 77.- Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país notificante del sistema satelital que se utilice.

El procedimiento y los requisitos para su otorgamiento se establecerán en el reglamento de esta Ley.

Artículo 78.- Las concesiones a que se refiere esta sección se podrán otorgar por plazo de hasta 30 años y podrán ser prorrogas por plazos de hasta 15 años conforme al procedimiento y requisitos que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO II

DE LOS PERMISOS

SECCION I

DE LOS PERMISOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 79.- Se requiere permiso del Instituto para:

I.- Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbricas;

II.- Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras.

El Instituto podrá exentar de los requerimientos de permiso para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras, a aquellos interesados que cuenten con la certificación establecida en el artículo 150 de esta Ley, y que no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de telecomunicaciones.

Artículo 80.- Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo anterior,deberán presentar una solicitud que contenga lo siguiente:

I.- Datos generales del solicitante;

II.- La documentación que acredite su personalidad;

III.- Los servicios que desea prestar;

IV.- El plan de negocios que contenga lo siguiente:

a). Descripción y especificaciones técnicas del proyecto;

b) Programa y compromiso de cobertura;

c) Proyecciones y supuestos financieros, y

d) La viabilidad financiera y técnica del proyecto.

V.- Opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;

VI.- Programa de actualización y desarrollo tecnológico, y

VII.- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para el servicio de radio y televisión se entregará además, el proyecto de producción y programación, así como la carta compromiso para cumplir la función social a que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en cualquiera de sus categorías y modalidades de uso.

El Institutoestablecerá disposiciones de carácter general ylineamientos que faciliten el cumplimiento de los requisitos previstos.

Artículo 81.- El Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquélla que no cumpla con los requisitos exigibles.

El solicitante tendrá un plazo de hasta quince 15 días hábiles, contados a partir de la prevención del Instituto, para la entrega de la información requerida. Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá resolver en sentido negativo fundándose en la falta de información.

El Institutodesechará la solicitud cuando el solicitante no entregue la información en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, o cuando tal información no cumpla con los requisitos aplicables, lo que motivará en la resolución que emita al efecto. Una vez entregada la información requerida, el Institutoresolverá en un plazo de 90 días hábiles.

Artículo 82.- El permiso contendrá como mínimo lo siguiente:

I.- El nombre y domicilio del permisionario;

II.- El objeto del permiso;

III.- Los servicios que pueda prestar;

IV.- Los derechos y obligaciones del permisionario;

V.- El período de vigencia;

VI.- Las características y el monto de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del permiso;

VII.- Descripción de las especificaciones técnicas, y

VIII.- Los compromisos de cobertura geográfica.

Una vez otorgado el permiso, un extracto del mismo se publicará en el Diario Oficial de la Federación a costa del interesado y en el portal de Internet del Instituto de manera completa.

Artículo 83.- Los permisos previstos en el artículo 79 se podrán otorgarán por plazos de hasta 15 años y podrán ser prorrogados hasta por plazos iguales.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el permisionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en el permiso y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término del permiso.

En caso de que el Instituto no resuelva la solicitud de prórroga al vencimiento del plazo del permiso, se entenderá prorrogado en los términos y condiciones originales.

Artículo 84.- Las redes privadas de telecomunicaciones que no utilicen espectro radioeléctrico, no requerirán de concesión, permiso o registro para operar y sólo podrán cursar tráfico privado.

Para que los operadores de redes privadas puedan explotar servicios comercialmente, deberán obtener concesión o permiso en los términos de esta Ley, en cuyo caso las redes privadas adoptarán el carácter de red pública de telecomunicaciones.

SECCION II

DE LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 85.- Se requiere permiso del Instituto para establecer, operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones. Dicho permiso podrá otorgarse por plazos de hasta por 20 años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales.

Para la procedencia de la prórroga, el Instituto verificará que el permisionario satisfaga los siguientes requisitos:

I.- Que haya cumplido con las condiciones previstas en el permiso y las obligaciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Que acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y

III.- Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término del permiso.

Artículo 86.- Las comercializadoras no podrán operar o explotar redes de telecomunicaciones, sin embargo, podrán arrendar medios de transmisión o conmutación y contar con los equipos de medición, tasación y facturación y con los programas informáticos necesarios para la reventa del servicio correspondiente.

El Instituto podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, las modalidades y la forma de operación a que deberán sujetarse las comercializadoras en relación con cada servicio de telecomunicaciones.

Artículo 87.- Salvo aprobación expresa del Instituto, los concesionarios o permisionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 88.- Los interesados en obtener permiso deberán presentar solicitud al Instituto. Dicha solicitud se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 80 de esta ley, con excepción de la fracción V y de los requisitos establecidos en dicho artículo para el servicio de radio y televisión. El Instituto resolverá conforme al procedimiento previsto en el artículo 81.

Artículo 89.- El permiso deberá contener lo previsto en el artículo 82.

SECCION III

DE LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Artículo 90.- Para el arrendamiento total o parcial de canales, frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, se requerirá autorización del Instituto y opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

La implantación y operación del mercado secundario referido en el párrafo que antecede se sujetará a las disposiciones reglamentarias queal efecto emita el Instituto.

CAPÍTULO III

DE LOS SERVICIOS ADICIONALES, DE VALOR AGREGADO Y ASOCIADOS

Artículo 91.- Los concesionarios de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso comercial y de uso social, así como los asignatario de uso público, podrán prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los autorizados originalmente, previa autorización del Instituto.

Solo podrán solicitarse servicios adicionales para las mismas bandas de frecuencias y área de cobertura originalmente concesionadas o asignadas.

Artículo 92.- Para la procedencia de solicitudes de servicios adicionales, el concesionario o asignatario deberá:

I.- Haber cumplido las obligaciones establecidas en la concesión o asignación, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II.- Presentar la información que acredite que los servicios adicionales no afectarán los servicios que se encuentre prestando al momento de su solicitud y que sea factible la prestación de dichos servicios adicionales sobre la misma infraestructura de red o en la misma atribución y asignación de la frecuencia o banda de frecuencias objeto de la concesión o asignación;

III.- Opinión favorable de la Comisión, y

IV.- Acepte las condiciones que establezca el Instituto, entre las cuales podrá establecer requerimientos mínimos de calidad de servicios, obligaciones de interconexión y de cobertura, condiciones de competencia y pluralidad.

Artículo 93.- El Instituto resolverá en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de resolución favorable se requerirá el pago de una contraprestación, la cual autorizará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta del Instituto.

El uso de frecuencias en radiodifusión para transmitir más de un canal de televisión en el mismo ancho de banda originalmente concesionado o asignado se considerará como un servicio adicional de telecomunicaciones y deberá cumplir con las disposiciones relativas al servicio de radiodifusión. Sólo se requerirá contraprestación si se cobra al usuario por cualquier concepto. El servicio adicional autorizado será incorporado al título de concesión.

Artículo 94.- Los servicios de valor agregado solo podrán prestarse previo registro ante el Instituto. Atendiendo a la naturaleza gratuita del servicio de radiodifusión, no podrán prestar servicios de valor agregado.

Artículo 95.- El Instituto verificará dentro de los 30 días hábiles siguientes al registro, la veracidad de la información proporcionada en la solicitud, así como la prestación del servicio. En caso de detectar infracción procederá en los términos de esta Ley.

Artículo 96.- Los servicios asociados al servicio de radiodifusión, podrán prestarse libremente siempre y cuando no impliquen alguna contraprestación por parte del público para recibirlos, salvo el disponer de los receptores adecuados para ello, de lo contrario, se entenderá como servicios adicionales de telecomunicaciones.

Para la prestación de los servicios asociados, el Instituto vigilará que no se afecte en forma alguna la prestación de los servicios de radiodifusión, de acuerdo con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y asignaciones.

CAPÍTULO IV

DE LA CESION DE DERECHOS

Artículo 97.- El Instituto podrá autorizar, dentro de un plazo de 90 días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión parcial o total de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones o permisos, siempre que el cesionario se comprometa a cumplir las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca el Instituto, de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

El cesionario deberá acreditar ante el Instituto la capacidad técnica, jurídica y económica, en términos de los requisitos establecidos para ser titular de la concesión o permiso correspondiente.

En los casos en que la cesión tenga por objeto transferir los derechos para operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, una frecuenciao una banda de frecuencias a otro concesionario o permisionario que preste servicios similares, el Instituto autorizará la respectiva cesión, siempre y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión Federal de Competencia.

La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Artículo 98.- En los casos de fusión y escisión de sociedades, en que no haya transcurrido el plazo de 2 años, a que se refiere el artículo anterior, el Instituto podrá autorizar la cesión de las concesiones o permisos siempre y cuando los accionistas propietarios de por lo menos el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad titular de la concesión, sean los mismos en la sociedad que reciba en cesión la concesión durante un periodo igual al que falte para completar el plazo de dos años contados a partir del otorgamiento de la concesión o permiso respectivo.

Las fusiones y escisiones que se realicen después del plazo de dos años, solo podrán realizarse siguiendo lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 99.- El cedente y cesionario acreditarán ante el Instituto los términos de la cesión mediante la entrega del proyecto de contrato de cesión, así como de un dictamen de auditor independiente en el que se haga constar el impacto económico que podría tener esta operación en la situación financiera y contable de ambas empresas.

En su caso, con base en esta información, el Instituto determinar el pago de una contraprestación por la transferencia de los derechos derivados de la concesión o permiso. La cesión a que se refiere este artículo, podrá solicitarse siempre y cuando haya transcurrido un plazo de 2 años contados a partir del inicio de operaciones de la concesión o permiso respectivo y cuando exista opinión favorable por parte de la Comisión.

CAPITULO V

DE LA TERMINACION, REVOCACION,

CAMBIO Y RESCATEDE CONCESIONES Y PERMISOS.

SECCIÓN I

DE LA TERMINACION Y REVOCACION DE LAS CONCESIONES, PERMISOS Y ASIGNACIONES

Artículo 100.- Las concesiones, permisos y asignaciones terminan por:

I.- Término de su vigencia;

II.- Renuncia del operador;

III.- Revocación;

IV.- Rescate;

V.- Liquidación o quiebra del operador;

VI.- Cuando concluya el objeto; y

VII.- Acaecimiento de una condición resolutoria o cuando la formación de la concesión o permiso esté sujeto a una condición o término suspensivo y éste no se realiza.

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia.

Artículo 101.- Al término de la concesión o asignación, o en su caso, al término de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán al Estado las frecuencias o bandas de frecuencias o las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales con sus respectivas bandas de frecuencias.

El Gobierno Federal tendrá derecho preferente para adquirir las instalaciones, equipos y demás bienes utilizados directamente en la explotación de la concesión o asignación.

Artículo 102.- Las concesiones, permisos y asignaciones se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I.- No iniciar operaciones en el plazo previsto en la concesión, permiso o asignación, salvo autorización del Instituto por causa justificada;

II.- Interrumpir la operación de la vía general de comunicación o la prestación del servicio total o parcialmente, sin causa justificada o sin autorización del Instituto;

III.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que impidan la actuación de otros operadores con derecho a ello;

IV.- No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la concesión, permiso o asignación;

V.- No interconectar a otros operadores,sin causa justificada;

VI.- Enajenar, ceder, gravar, hipotecar, transferir, dar en garantía, o en fideicomiso las concesiones,permisos o asignaciones, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley;

VII.- No cubrir al Gobierno Federal las contraprestaciones, los productos, los derechos o aprovechamientos que se hubieren establecido;

VIII.- Rebasar los límites establecidos para inversión extranjera directa en materia de radiodifusión;

IX.- No cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 144 y 145;

IX.- No cumplir con los compromisos de cobertura, cuando éstos hayan sido el principal criterio de selección del ganador para obtener una concesión derivada de una licitación pública;

X.- Suspender sin justificación los servicios de radiodifusión por un período mayor de 60 días;

XI.- Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la concesión;

XII.- Cambiar su nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, empresa o persona extranjeros;

XIII.- Modificar la escritura social en contravención a las disposiciones de esta Ley;

XIV.- Modificar cualquier aspecto de la concesión,permiso o asignación sin la autorización del Instituto;

XV.- Explotar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión, cuando dicha explotación se encuentre expresamente prohibida en las concesiones, permisos o asignaciones;

XVI.- Por resolución firme del Instituto Federal Electoral en contra del operador por negarse, en forma reiterada, a transmitir en los tiempos de Estado los mensajes indicados por dicho Instituto; o

XVII.- Cuando no se realicen en tiempo y forma todos los actos previos necesarios para el lanzamiento oportuno y adecuado del satélite, según se prevenga en el título de concesión correspondiente o en cualquier otra autorización.

En los casos de los supuestos establecidos en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVI y XVIII anteriores, procederá la revocación inmediata.


En los casos de las fracciones IV, X, XI, XIV, XVII y XV, procederá la revocación cuando el concesionario o permisionario hubiese sido sancionado en dos ocasiones de manera firme por cualquiera de las causas previstas en dichas fracciones

Artículo 103.- En los casos de las fracciones VII, XII y XIII del artículo anterior, el concesionario perderá la propiedad de los bienes en favor de la nación. En los demás casos de terminación orevocación, el concesionario conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de desmantelar las instalaciones en el término que al efectoseñale el Instituto. En caso de negativa a desmantelar las instalaciones, el Instituto podrá efectuarlo a costa del concesionario.

Artículo 104.- El Instituto sustanciará los procedimientos correspondientes y declarará la revocación de la concesión o del permiso, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 105.- El titular de una concesión, permiso o asignación que hubieren sido revocados, estará imposibilitado para obtener, de manera directa o indirecta, nuevas concesiones, permisos o asignaciones por un plazo de 5 años contados a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva.

Artículo 106.- La imposibilidad prevista en el artículo anterior será aplicable a los socios, accionistas o tenedores de partes sociales.

SECCION II

DEL CAMBIO O RESCATE DE FRECUENCIAS O BANDAS DE FRECUENCIAS.

Artículo 107.- El Instituto podrá cambiar o rescatar una frecuencia o banda de frecuencias concesionada o asignada en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Cuando lo exija el interés público;

II.- Por razones de seguridad nacional;

III.- Para la introducción de nuevos servicios;

IV.- Para la introducción de nuevas tecnologías;

V.- Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;

VI.- Para dar cumplimiento atratados internacionales; y

VII.- Por no usar, aprovechar o explotarla capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas o asignadas.

Para efectos del cambio, el Instituto podrá otorgar directamente al concesionario o asignatario, nuevas frecuencias o bandas de frecuencias mediante las cualespueda ofrecer los servicios originalmente prestados y establecer nuevas obligaciones o condiciones.

El Instituto requerirá el pago de una contraprestación cuando las frecuencias o bandas de frecuencias otorgadas tengan un mayor valor en el mercado, o bien, puedanusarsepara prestare másservicios.

El cambio o rescate podrá ser parcial o total, y el procedimiento para llevarlo a cabo deberá ajustarse a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales.

SECCION III

DE LA REQUISA

Artículo 108.- En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal por conducto del Instituto podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta Ley y de los bienesnecesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente. El Gobierno Federal podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía requisada cuando lo considere necesario. La requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno Federal, salvo en el caso de guerra, indemnizará a los interesados, pagando los daños y perjuicios a su valor real. Si no hubiere acuerdo sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes, y en el caso de los perjuicios, se tomará como base el promedio del ingreso neto en el año anterior a la requisa. Cada una de las partes cubrirá la mitad de los gastos que se originen por el peritaje. Los derechos de los trabajadores se respetarán conforme a la ley de la materia.

TÍTULO V

DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO I

DE LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 109.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes y deberán ajustarse a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, las normas técnicas ylas medidas de seguridad, calidad y eficiencia técnica que fije el Instituto.

A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, entre otros, a los que deberán sujetarse los operadores.

Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los operadores, y tendrán los siguientes objetivos:

I.- Permitir un amplio desarrollo de nuevos operadores, así como de servicios;

II.- Dar un trato no discriminatorio a los operadores;

III.- Fomentar la competencia;

IV.- Promover un uso eficiente de los recursos;

V.- Definir las condiciones técnicas necesarias para que la interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones sea eficiente;

VI.- Permitir la identificación unívoca de todos los puntos internos de servicio, puntos de interconexión y puntos de conexión terminal de las redes públicas de telecomunicaciones;

VII.- Establecer las condiciones técnicas necesarias que permitan que los servicios de telecomunicaciones, cumplan con las normas de calidad basadas en estándares internacionales, y

VIII.- Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías.

Artículo 110.- La instalación, operación y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales o municipales en  materia de desarrollo urbano y protección ambiental, en su caso, así como, con las normas oficiales y demás disposiciones administrativas que emita la autoridad competente para permitir y fomentar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

Artículo 111.- El Instituto resolverá las interferencias que se presenten entre los operadores, los cuales estarán obligados a observar las medidas que al efecto dicte.

Artículo 112.- El Instituto buscará evitar las interferencias entre sistemas nacionales e internacionales, y dictará las medidas convenientes a fin de que los enlaces que operen sean protegidos en su zona autorizada de servicio.

El Instituto determinará los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de frecuencia y la amplitud de las frecuencias o bandas de frecuencia de transmisión y recepción para toda clase de servicios de radiocomunicaciones cuando no estuvieren especificados en los tratados en vigor.

Artículo 113.- Para la introducción de nuevas tecnologías que tengan como objeto la mejora de los servicios de telecomunicaciones, el Instituto, derivado de la planeación de las frecuencias o bandas de frecuencias en cuestión y de la publicación de un análisis técnico justificado, podrá autorizar a los prestadores del servicio, el uso temporal de frecuencias o bandas de frecuencias adicionales a las que les hayan sido otorgadas originalmente en la concesión. En tales casos, al culminar el plazo fijado o las causas tecnológicas de la autorización, los operadores perderán cualquier derecho de uso sobre las mismas, debiendo reintegrarlas al Estado.

Artículo 114.- Los titulares de una concesión o asignación de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión, están obligados a permitir de manera gratuita la retransmisión simultánea de su señal a los operadores que ofrezcan en la misma área de cobertura geográfica el servicio de radio y televisión restringida, independientemente de la tecnología utilizada para prestar dicho servicio.

Artículo 115.- Los prestadores del servicio de  televisión restringida estarán obligados a transmitir las señales radiodifundidas referidas en el artículo anterior, en forma íntegra, sin modificaciones, incluyendo publicidad y con la misma calidad que se utiliza en el resto de los canales de su red.

La Comisión resolverá los casos en que existan prácticas monopólicas en la venta, distribución o comercialización de programación para la radio y televisión restringidas, en cualquiera de sus modalidades.

El Instituto establecerá los términos y condiciones bajo los cuales los operadores tendrán acceso a dicha programación, de tal forma que se eviten prácticas anticompetitivas y se garantice una sana competencia entre los prestadores del servicio de radio y televisión restringida.

Artículo 116.- Las emisoras del servicio de radio y televisión no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso deberán informar al Instituto:

a).- De las causas de la suspensión del servicio;

b).- Del uso, en su caso, de un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión, y

c).- De la normalización del servicio al desaparecer la causa que causó la emergencia.

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores se darán, en cada caso, en un término de 24 horas contado a partir de que ocurra el hecho que motivó el caso fortuito o fuerza mayor.

El operador deberá acatar los plazos que, en su caso, dicte el Instituto para que el servicio se preste nuevamente en condiciones normales.

Artículo 117.- Las estaciones del servicio de radio o televisión operarán con la potencia o potencias que tuvieren autorizadas para su horario diurno o nocturno, dentro de los límites de tolerancia permitidos por las normas de ingeniería.

Las estaciones que deban operar durante las horas diurnas con mayor potencia que la nocturna, deberán estar dotadas de dispositivos para reducir la potencia.

CAPÍTULO II
DE LA COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE

Artículo 118.- El Instituto coordinará con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social.

Artículo 119.- Los concesionarios de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias que tengan cobertura sobre el territorio nacional, deberán establecer centros de control y operación de los satélites en territorio nacional.

En caso fortuito o fuerza mayor el Instituto podrá autorizar el empleo temporal de centros de control y operación de los satélites fuera del territorio nacional mientras subsista la necesidad.

Artículo 120.- Los concesionarios referidos el artículo anterior podrán explotar servicios de comunicación vía satélite en otros países, de acuerdo a la legislación que rija en ellos y a los tratados.

Artículo 121.- Los concesionarios de derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias que establezca el Instituto.

CAPÍTULO III

DEL ACCESO, INTERCONEXION Y LA INTEROPERABILIDADDE LAS REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 122.- Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá cumplir con las condiciones técnicas indispensables, así como con el modelo de costos que establezca el Instituto para la determinación de las tarifas de interconexión, de conformidadcon el artículo 123.

El Instituto dentro del primer trimestre de cada año, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet, la resolución administrativa mediante la cual se establezcan las condiciones técnicas indispensables y las tarifas que resulten de los modelos de costos determinados por el Instituto. En caso que se utilice el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de interconexión, la unidad de medida será el segundo, sin perjuicio de que también se puedan cobrar por capacidad, evento o cualquier otra unidad de medida que atienda a los principios, tendencias y mejores prácticas internacionales.

La interconexión entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones que ofrecen a sus usuarios un mismo tipo de servicio se deberá llevar a cabo mediante acuerdos de compensación de tráfico sin contraprestación cuando el desbalance de tráfico no sea superior al 30%.El Instituto con base en estudios que elabore, podrá determinar un porcentaje de desbalance menor sólo si dicha acción no incide adversamente sobre la competencia.

Artículo 123.- Para llevar a cabo la interconexión, los operadores deberán atender el siguiente procedimiento:

I.- El representante legal del operador interesado en celebrar un convenio de interconexión, registrará en el Instituto su solicitud y los términos de su propuesta mediante formato electrónico.

II.- El Institutonotificará la solicitud y la propuesta al operador indicado por medio electrónico dentro de las 24 horas siguientes.

III.- El representante legal del operador notificado tendrá 24 horas para confirmar por el mismo mediola recepción de la solicitud, de lo contrario, se entenderá que acepta los términos y condiciones de la propuesta.

IV.- Confirmada la notificación, las partescontarán con 20 días naturales para negociar los términos y condiciones de la interconexión.

V.- Existiendo acuerdo entre las partes, el convenio se registraráante el Instituto, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración.

VI.- El convenio será publicado en la página de internet del Instituto para conocimiento de otros operadores. Se exceptúa de la publicación aquella información que pueda afectar secretos comerciales o industriales.

Para efectos del párrafo anterior, las partes deberán acreditar mediante resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la información de que se trate es considerada como secreto industrial o comercial.

En ningún caso se considerará como información reservada las tarifas, los acuerdos compensatorios, los puntos de interconexión, y los términos y condiciones de los servicios relacionados con la coubicación.

VII.- En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, cualquiera de ellaspodrá solicitar la intervención del Instituto a fin de que resuelva los aspectos no acordados.

VIII.- El Instituto resolverá dentro de los 15 días hábiles en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX.- La interconexión deberá prestarsedentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de que se notifique la resolución del Instituto o se registre el convenio.

Artículo 124.- Para determinar las condiciones técnicas indispensables para la Interconexión, el Instituto deberá considerar el uso eficiente de las redes, el acceso de manera desagregada, los tiempos para la atención de las solicitudes del servicio, las tecnologías de punta, entre otras.

Las tarifas de interconexión, deberán permitir recuperar el costo incremental de largo plazo de los operadores que prestan el servicio de interconexión. Para determinar dichas tarifas el Instituto considerará, para un operador representativo, la recuperación del costo incremental de largo plazo, más un margen para la contribución proporcional para la recuperación de los costos comunes y compartidos, este margen obtenido de las referencias internacionales que el Instituto considere convenientes para el mejor desarrollo del sector.

Se entiende por costo incremental de largo plazo, la suma de todos los costos en que un operador tiene que incurrir para proveer una unidad de capacidad adicional del servicio correspondiente. Los costos incrementales deberán ser comparables a los de una empresa eficiente.

Artículo 125.-En los convenios de interconexión, las partes deberán:

I.- Identificar los puntos y capacidades de interconexión de las redes;

II.- Permitir el acceso de manera desagregada a elementos, infraestructuras, servicios, capacidades y funciones de sus redes sobre tarifas individuales no discriminatorias que no excedan las tarifas establecidas por el Instituto;

III.- Abstenerse de otorgar descuentos por volumen en las tarifas de los servicios de interconexión;

IV.- Llevar a cabo la interconexión en cualquier punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible, sin obligar a consumir y pagar por recursos que no se requieran;

V.- Prever que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser proporcionados por cualquiera de los operadores y ubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos;

VI.- Establecer mecanismos para garantizar que exista adecuada capacidad y calidad para cursar el tráfico demandado entre ambas redes, sin discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los servicios a que pueden acceder los usuarios;

VII.- Entregar la comunicación al operador seleccionado por el suscriptor en el punto más próximo en que sea técnicamente eficiente;

VIII.- Entregar la comunicación a su destino final o a un operador o combinación de operadores que puedan hacerlo;

IX.- Proporcionar toda la información necesaria que les permita identificar los números de origen y destino, así como a los usuarios que deben pagar por la llamada, el tiempo, y si hubo asistencia de operadora;

X.- Cursar el tráfico público conmutado de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos, los planes técnicos fundamentales y demás disposiciones administrativas aplicable.

Artículo 126.-Los operadores deberán:

I.- Permitir a otros operadores que comercialicen, los servicios y capacidad que hayan adquirido de otras redes públicas de telecomunicaciones;

II.- Abstenerse de interrumpir el tráfico entre operadores interconectados, sin la previa autorización del Instituto;

III.- Abstenerse de realizar modificaciones a su red que afecten el funcionamiento de los equipos de los usuarios o de las redes con las que esté interconectada, sin haber notificado a las partes que pudieran resultar afectadas y sin la aprobación previa del Instituto;

IV.- Llevar contabilidad separada por servicios y aplicarse a sí mismo y a sus subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por cada uno de los diferentes servicios de interconexión, de conformidad con lo establecido por el Instituto;

V.- Ofrecer la portabilidad de números en los términos establecidos por el Instituto;

VI.- Proporcionar de acuerdo a lo que establezcanlos operadores, los servicios al público de manera no discriminatoria;

VII.- Prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios;

VIII.- Permitir la conexión de equipos terminales, cableados internos y redes privadas de telecomunicaciones de los usuarios, que cumplan con las normas establecidas;

IX.- Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;

X.- Abstenerse de obstaculizar la interconexión indirecta, entendida esta como aquella interconexión que se realiza entre dos redes por medio de servicios de tránsito que provee una tercera red;

XI.- Abstenerse de contratar en exclusividad propiedades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones;

XII.- Llevar a cabo, si así se solicita y bajo condiciones no discriminatorias, tareas asociadas con la medición, tasación, facturación y cobranza de servicios prestados a sus usuarios por parte de otros operadores, así como, en su caso, proporcionar la información necesaria y precisa para la facturación y cobro respectivos, y

XIII.- Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros.

Artículo 127.- Los operadores deben permitir que los usuarios que hagan uso de los servicios, puedan acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por ellos mismos o por terceros, no debiendo limitar, degradar o restringir su disposición.

Artículo 128.- Los operadores deberán implementar los estándares y protocolos que emita el Instituto para promover la introducción de las redes y tecnologías de vanguardia, en los periodos y términos que la misma determine.

Artículo 129.- Tratándose de un mismo tipo de tráfico o servicio, los operadores están obligados a no otorgar un trato discriminatorio, independientemente quien preste el servicio final. Asimismo, los operadores deberán respetar la prioridad en la transmisión del tráfico tratándose de la misma clase de servicio, independientemente del operador que lo ofrece.

Artículo 130.- El Institutoestablecerá las condiciones técnicas, de seguridad y operación que posibiliten que los derechos de vía de las vías generales de comunicación; las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de distribución eléctrica; los terrenos adyacentes a los ductos de petróleo y demás carburos de hidrógeno; así como los postes y ductos en que estén instalados cableados de redes públicas de telecomunicaciones, estén disponibles para todos los operadores sobre bases no discriminatorias, y bajo tarifas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permitan exclusivamente la recuperación de los costos incurridos.

La Secretaría de la Función Pública, al ejercer sus funciones relativas a la conducción de la política inmobiliaria de la administración pública federal, procurará que los bienes a que se refiere este artículo, cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, se destinen a promover el desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a los objetivos de la presente Ley.

Para tal efecto, la Secretaría presidirá una Comisión Intersecretarial en la que, cuando menos, participen, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión, que tendrá por objeto, entre otros, proponer las bases y lineamientos para instrumentar la política inmobiliaria en materia de fomento de las telecomunicaciones.

Ningún operador podrá contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de exclusividad.

Artículo 131.- Con el objeto de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y reducir costos, el Instituto fomentará la celebración de acuerdos entre operadores para la ubicación y el uso compartido de infraestructuras, derechos de vía y propiedad privada.

La ubicación y uso compartido se establecerán mediante acuerdos entre los interesados. A falta de acuerdo, el Instituto establecerá las condiciones de la ubicación y uso compartido, sobre la propiedad pública o privada, cuando sea esencial para salvaguardar los objetivos señalados en este artículo y existe capacidad para dicha compartición.

Los convenidos y desacuerdos a que se refiere este artículo se tramitarán conforme al procedimiento establecido en esta Ley, para la interconexión.

Artículo 132.- El Instituto promoverá acuerdos con las autoridades extranjeras, con el propósito de que exista reciprocidad en las condiciones de acceso de los operadores nacionales interesados en ofrecer servicios en el exterior y mayor competencia en larga distancia internacional.

Artículo 133.- Sólo podrán instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país, los operadores que expresamente autorice el Instituto, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables.

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones con redes extranjeras se llevará a cabo mediante convenios que negocien las partes interesadas y deberán cumplir con las disposiciones que al efecto emita el Instituto.

Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para interconectar las redes con redes extranjeras, los operadores solicitarán al Instituto su intervención para celebrar los convenios respectivos.

Artículo 134.- El Instituto establecerá las medidas conducentes para que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso bajo condiciones equitativas, a servicios de información, de directorio, de emergencia, de cobro revertido y vía operadora, entre otros. De igual manera, los operadores deberán ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine en plan técnico fundamental de numeración

Artículo 135.- La información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo aquella que, por su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

CAPÍTULO IV

DE LAS TARIFAS A LOS USUARIOS

Artículo 136.-Los operadores fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Artículo 137.- Las tarifas deberán registrarse ante el Instituto previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

Artículo 138.- Los operadores, no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

Artículo 139.Cuando el operador, convenga con el usuario utilizar el tiempo para determinar la contraprestación económica por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la unidad de medida será el segundo.

TÍTULO VI
DE LA DOMINANCIA EN TELECOMUNICACIONES

Artículo 140.- Para los efectos de esta Ley, se considerará dominante en la prestación de un servicio de telecomunicaciones a aquél operador o prestador de servicios o proveedor de contenidos, que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior haya obtenido, directamente o conjuntamente con sus subsidiarias, filiales o afiliadas, ingresos superiores a los de cualquier otro operador , en por lo menos un 25 por ciento de los ingresos brutosgenerados en el sector por la prestación de dicho servicio, a nivel nacional.

El Instituto, está facultado para determinar los conceptos que comprenden el servicio de telecomunicaciones.

Cuando así lo considere pertinente el Instituto, el criterio anterior se podrá aplicar adicionalmente a localidades o regiones geográficas del país, cuando en consulta con la Comisión Federal de Competencia, considere que enla competencia entre operadores, o prestadores de servicios o proveedores de contenidos, la dimensión geográfica del mercado es determinante, tomando en cuenta que el objetivo es el de prevenir el abuso de poder mercado, como lo define la Ley Federal de Competencia.

La declaración para determinar que un operador, prestador de servicios detelecomunicaciones o un proveedor de contenidos audiovisuales tiene el carácter de dominante, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El Instituto deberá publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación y en portal de Internet del Instituto y podrá declarar que un operador tiene el carácter de dominante en uno o varios servicios de telecomunicaciones.

Artículo 141.- El Instituto podrá solicitar a la Comisión inicie el procedimiento de declaración de dominancia cuando considere que el operador se sitúa en la hipótesis del artículo anterior de la presente ley. Para tal efecto, la deberá presentar ante la Comisión la información correspondiente

Artículo 142.- Una vez declarado dominante un operador, el Instituto procederá a imponerle las obligaciones específicas determinadas conforme a los artículos 143 y 144 de la presente Ley respecto de los servicios de telecomunicaciones en los que haya sido declarado dominante, atendiendo al siguiente procedimiento:

I.- El Instituto elaborará un proyecto de obligaciones específicas adicionales en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la declaración de dominancia en el cual se deberán incluir los motivos por los cuales pretende establecer cada una de las mismas;

II.- El proyecto de obligaciones específicas se hará del conocimiento del operador de red pública de telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del proveedor de contenidos audiovisuales dominante, a fin de que éste, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos de prueba que considere oportunos.

Se recibirán toda clase de pruebas, excepto la de posiciones de servidores públicos, y las mismas deberán estar relacionadas con las obligaciones específicas que se proponen y no deberán referirse al procedimiento a que se refiere el artículo 140;

III.- Concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar la resolución por la que se impongan las obligaciones específicas, se pondrán las actuaciones por un plazo que no exceda diez días hábiles a disposición del operador de red pública de telecomunicaciones, del prestador de servicios de telecomunicaciones o del proveedor de contenidos audiovisuales dominante para que, en su caso, formule alegatos, mismos que deberán ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar la resolución;

IV.- La resolución que ponga fin al procedimiento se deberá emitir en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que se haya notificado al operador de red pública de telecomunicaciones o al prestador de servicios de telecomunicaciones o al proveedor de contenidos audiovisuales dominante el auto de admisión de los alegatos, en el caso de que los haya presentado, o bien contado a partir del vencimiento del plazo para que los presente;

V.- Únicamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación el texto íntegro de las obligaciones específicas que, en su caso, se contengan en la resolución respectiva, y

VI.- La resolución se inscribirá en el Registro de Telecomunicaciones.

En el procedimiento a que se refiere este artículo no será aplicable el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 143.- El Instituto podrá imponer obligaciones específicas respecto de los siguientes elementos de red, instalaciones o servicios de telecomunicaciones:

I.- Interconexión;

II.- Tránsito en la red de telecomunicaciones;

III.- Acceso a la red pública de telecomunicaciones, incluido el acceso y arrendamiento del bucle local;

IV.- Acceso a las redes de telecomunicaciones, incluida la selección del operador;

V.- Servicios de roaming prestado a operadores nacionales de redes públicas que presten servicios móviles, y a operadores extranjeros siempre y cuando los operadores nacionales reciban servicios de roaming en condiciones similares de dichos operadores extranjeros en sus países.

VI.- Cualesquiera otros elementos de red, instalaciones o servicios que sean suministrados en forma exclusiva o predominante por un operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de telecomunicaciones dominante, que por razones técnicas o económicas no pueden ser sustituidos fácilmente para proveer un determinado servicio.

Artículo 144.- A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un concesionario, permisionario o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones, es considerado dominante, dicho operador de red pública de telecomunicaciones o prestador de servicios de telecomunicaciones deberá sujetarse a las siguientes obligaciones específicas:

I.- Permitir el acceso de otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de telecomunicaciones a los recursos esenciales de su red, incluyendo interconexión, con tarifas reguladas basadas en costos y en los términos y condiciones que se ofrece a sí misma, a sus filiales y subsidiarias;

II.- Publicar una oferta de interconexión de referencia previamente aprobada por el Instituto que, que incluya puntos, tipos y plazos de interconexión, y que cumpla con las disposiciones aplicables. Dicha oferta deberá publicarse en el mes de agosto de cada año;

III.- Interconectar a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o prestadores de servicios de telecomunicaciones en los plazos establecidos en la presente Ley;

IV.- Publicar anualmente información  sobre su red y centrales de interconexión detallando su jerarquía, funcionalidades y capacidades. Dicha información deberá publicarse en el mes de agosto de cada año, con información actualizada al primer semestre del año;

V.- Permitir la interconexión e interoperabilidad entre diferentes operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones en cualquier punto factible, independientemente de donde se encuentren, incluyendo aquellos que ya se encuentren coubicados en sus centrales;

VI.- El Instituto determinará los niveles mínimos de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a otros operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones y a los consumidores;

VII.- Ofrecer a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones competidores, la misma calidad de servicios de telecomunicaciones, en los mismos términos, condiciones y calidad que se ofrece a sí mismo, sus filiales, subsidiarias o clientes;

VIII.- No establecer en los contratos que celebren para la prestación de servicios de telecomunicaciones penas convencionales o sanciones de cualquier tipo que inhiban a los consumidores a elegir a otro operador de servicios de telecomunicaciones;

IX.- Llevar contabilidad separada por servicios de telecomunicaciones, sin imputarse a sí mismo, a sus filiales y subsidiarias, tarifas distintas a las que tenga autorizadas y registradas ante el Instituto, por la prestación de tales servicios. La contabilidad separada deberá ajustarse a las metodologías que al efecto establezca el Instituto misma que deberá basarse en estándares internacionales;

X.- Proporcionar al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción anterior, misma que el operador de servicios de telecomunicaciones deberá hacer pública, incluyendo las metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catalogo de cuentas de la empresa;

XI.- Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación y explotación de sus servicios de telecomunicaciones;

XII.- Permitir que las nuevas capacidades, servicios o funciones que se desarrollen en su red de acceso, estén disponibles para todos los operadores que lo soliciten, en los mismos términos y condiciones que se ofrece a sí mismo, sus filiales o subsidiarias;

XIII.- Atender las solicitudes de servicios de telecomunicaciones presentadas por sus competidores en el mismo tiempo y forma en que atiende sus propias necesidades y las solicitudes de sus subsidiarias o filiales, bajo el principio el primero en solicitar, es el primero en ser atendido. El Instituto estará facultado para determinar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de lo aquí previsto;

XIV.- Permitir la compartición de infraestructura en los términos y condiciones que determine el Instituto;

XV.- Ofrecer las capacidades de interconexión en los términos en que le sean solicitados, y

XVI.- Permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo terminal que cumpla con los estándares establecidos al efecto por el Instituto. No me gusta

Artículo 145.-Adicionalmente a las obligaciones específicas contenidas en el artículo anterior, el Instituto podrá establecer otras obligaciones a los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes relacionadas con tarifas, facturación, información, portabilidad, condiciones y calidad bajo las cuales se ofrecen los servicios de telecomunicaciones.

Artículo 146.- Al establecer estas obligaciones el Instituto buscará propiciar que los operadores de servicios de telecomunicaciones puedan competir en la prestación de sus servicios bajo condiciones similares a aquellas en las que participan los operadores de servicios de telecomunicaciones dominantes en los mercados de telecomunicaciones.Asimismo, se procurará que existan condiciones de tarifas, acceso e información que permitan que operadores no dominantes compitan en condiciones de equidad en la prestación de servicios en los mercados de telecomunicaciones, fomentando la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Artículo 147.- Se considerará dominante al operador de servicios de radiodifusión que reúna alguna de las siguientes características:

I.- Concentre en una misma empresa la selección, producción y distribución de contenidos y el 90 por ciento de su programación lo constituya los contenidos de su producción;

II.- Tengaal menos el 25 por ciento de audiencia a nivel nacional;

III.- Tenga al menos el 25 por ciento de las estaciones o canales dentro de una misma área de cobertura;

III.- Tenga al menos el 25 por ciento de los ingresos de publicidad en servicios de radio y televisión; ya sea a nivel nacional o en una misma área de cobertura.

La declaración para determinar que un operador de servicios de radio y televisión tiene el carácter de dominante y la imposición de las obligaciones específicas, la hará el Instituto mediante resolución, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 140, 141 y 142 de la presente ley.

Artículo 148.- A partir de la publicación de la resolución por la que se determina que un operador de servicios de radiodifusión es considerado dominante, dicho operador deberá sujetarse a las siguientes obligaciones específicas:

I.- Llevar separación contable entre la generación de contenidos y su transmisión; ajustándose a las metodologías que al efecto establezca el Instituto, mismas que deberán basarse en estándares internacionales;

II.- Proporcionará al Instituto la información contable separada por servicio a que hace referencia la fracción anterior, misma que el operador de servicios de radiodifusión deberá hacer pública, incluyendo las metodologías de asignación detallada, la cual deberá contener el desglose del catalogo de cuentas de la empresa.

Asimismo deberá proporcionar la información que el Instituto considere necesaria para conocer la operación y explotación de sus servicios de radiodifusión;

III.- En la adquisición de contenidos, no podrá discriminar a favor de sus subsidiarias o filiales generadoras de contenidos;

IV.- Brindar acceso a productores independientes a los contenidos audiovisuales producidos por él mismo, en condiciones no discriminatorias, similares a las que brinda a sus filiales o subsidiarias;

V.- Contratar el 20 por ciento de su programación semanal a productores independientes;

VI.- Compartir infraestructura en antenas, torres o medios que por su naturaleza no son duplicables;

VII.- No podrá participar en proceso de licitación alguno sobre nuevas asignacionesde frecuencias para el mismo servicio, zona o área geográfica de cobertura, u operar bajo arrendamiento emisoras adicionales a las autorizadas;

VIII.- Someter a la autorización de la Comisión cualquier operación que implique una modificación en el control, administración, propiedad directa o indirecta, en cualquier porcentaje, o bien que establezca alianzas comerciales con operadores de servicios de telecomunicaciones;

IX.- En caso de que pretenda adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, o tener participación accionaria directa o indirecta en otras redes o servicios de telecomunicaciones, deberá obtener autorización del Instituto;

X.- No podrá, en ningún caso, tener participación accionaria, en cualquier porcentaje, ni adquirir el control, administrar, establecer alianzas comerciales, en más de tres plataformas de transmisión de contenidos, dentro de esa misma plaza, servicio o zona geográfica de cobertura donde éstas se encuentren, y

XI.- No podrá controlar en modo alguno o en cualquier porcentaje accionario, en una misma zona o área geográfica de cobertura, servicios de radio, televisión y prensa escrita a la vez.

Artículo 149.- En caso de que el Instituto, la Comisión o el propio operador o prestador de servicios dominante, considere que sus actividades comerciales han dejado de ubicarse en los supuestos establecidos para la declaración de dominancia respectiva, podrá iniciar el procedimiento de desclasificación, presentando la información que acredite tal consideración. El Instituto resolverá lo conducente, en términos de la presente Ley y siguiendo el procedimiento previsto en el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TÍTULO VII

DE LA CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Artículo 150.- Los equipos de telecomunicaciones que puedan ser conectados a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico deberán certificarse conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y, en su ausencia, conforme a las normas que indique el Instituto.

El solicitante de la certificación para los productos referidos en el párrafo anterior, deberá contar con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 151.- El Instituto estará facultado para acreditar peritos en materia de telecomunicaciones.

El Instituto podrá acreditar laboratorios de pruebas o de calibración, organismos de certificación y unidades de verificación para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a las normas del artículo anterior.

Artículo 152.- Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Instituto podrá verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 150 de la presente Ley.

TÍTULO VIII

DE LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 153.- El Instituto verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto los operadores, o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán obligados a permitir a los verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen laverificación en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 154.- Los operadores o cualquier otra persona que opere, explote o comercialice redes o servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca el Instituto; además de información relativa a la topología de sus redes, su infraestructura, incluyendo capacidades, características y ubicación de los elementos que las conforman, y toda la referente a la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, estarán obligados a proporcionar al Instituto, información para integrar el acervo estadístico de la industria de las telecomunicaciones o para verificar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 155.- Las certificaciones de las unidades de verificación establecidas por terceros tendrán validez cuando dichas unidades hayan sido previamente autorizadas por el Instituto, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 156.- El Instituto establecerá los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones radioeléctricas, la identificación de interferencias perjudiciales y demás perturbaciones a los sistemas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.

TÍTULO IX

DE LA COBERTURA SOCIAL DE LAS REDES PÚBLICAS

CAPITULO I

DE LA COBERTURA Y CONECTIVIDAD SOCIAL

Artículo 157.- El Instituto procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, a los servicios de telecomunicaciones y a los contenidos audiovisuales para satisfacer necesidades de comunicación y cobertura social.

Se entiende por cobertura social de servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad a toda la población de un conjunto de servicios, con independencia de su localización geográfica, con tarifas asequibles y una calidad determinada.

Artículo 158.- Los programas de cobertura social son de orden público e interés social y tendrán como objetivo el acceso de la población a servicios de voz, datos, audio y video.

El Instituto deberá revisar los programas de cobertura social y los servicios incluidos en ellos, tomando en cuenta la evolución tecnológica, la demanda de servicios en el mercado y el desarrollo económico y social, teniendo la facultad de modificarlos o terminarlos.

Artículo 159. En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para:

I.- Elaborar el programa anual, incluyendo sus proyectos específicos de cobertura social de los servicios de telecomunicaciones;

II.- Establecer disposiciones de carácter general, para atender zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas;

III.- Elaborar o recibir, analizar y evaluar los proyectos a que se refiere el artículo 161 de la presente Ley;

IV.- Proponer al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, los proyectos que en su caso, serán subsidiados por el mismo;

V.- Destinar subsidios a proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social a través del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;

VI.- Promover ante los gobiernos de las entidades federativas, municipios, prestadores de servicios y cualquier persona, acciones para alcanzar los objetivos de la cobertura social de telecomunicaciones, y

VII.- Promover en coordinación con la Secretaría de Economía la participación de micro, pequeñas y medianas empresas para que establezcan redes de telecomunicaciones y participen en los programas de cobertura social.

Artículo 160.- En materia de cobertura social, el Instituto estará facultado para establecer, condiciones de operación, interconexión, interoperabilidad, acceso, información, tarifas asequibles, facturación y calidad, entre otras,necesarias para alcanzar los objetivos de cobertura social, distintos a las previstas o derivados de otras disposiciones de esta Ley.

Artículo 161.- Para la elaboración del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones, el Instituto recibirá y analizará las propuestas y proyectos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los operadores, así como de cualquier otra persona que tenga interés en que se desarrollen estos programas.

Artículo 162.- Los programas de cobertura social tendrán como prioridad:

I.- Aumentar la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo;

II.- Aumentar la cobertura social de los servicios de contenido audiovisual local;

III.- Conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales;

El Instituto establecerá y publicará los indicadores que permitan de manera clara y objetiva cuantificar y comparar anualmente el avance de los programas de cobertura social.

Artículo 163.- El programa anual de cobertura social deberá ser transparente, no discriminatorio y competitivamente neutral, e incluirá como mínimo lo siguiente:

I.- Las metas, estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos del artículo anterior;

II.- La determinación de las áreas geoestadísticas básicas incorporadas, con base en los siguientes criterios:

a).- Penetración de los servicios de telecomunicaciones;

b).- Ingreso per cápita;

c).- Índice de marginación, y

d).- Beneficio a población marginada, pueblos y comunidades indígenas, o equiparable.

III.- Los proyectos específicos para ampliar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a la población, que serán subsidiados con recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones;

IV.- Los mecanismos para la creación, operación y control de fondos para el financiamiento del programa, distintos al señalado en la fracción anterior;

V.- La propuesta de mecanismos para determinar las aportaciones del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, según sea el caso;

VI.- La forma y plazos en que, en su caso, participarán y aportarán recursos los prestadores de servicios de telecomunicaciones y otras personas;

VII.- Los mecanismos de asignación de los recursos, en su caso;

VIII.- La forma y condiciones en que, en su caso, se llevará la interconexión, interoperabilidad y acceso con otras redes y servicios, de acuerdo con la regulación emitida por el Instituto;

IX.- Los niveles de calidad de las redes y servicios, y

X.- Las condiciones tarifarias correspondientes.

Artículo 164.- Es obligación de los operadores interconectar sus redes con aquellas sujetas a los programas de cobertura social.

Artículo 165.- El Instituto asegurará la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias en los casos en que un programa de cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto podrá acordar con los operadores la utilización o cambio de las frecuencias o bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien asignar directamente nuevas frecuencias o bandas de frecuencias a los que participen en los programas.

Artículo 166.- Las dependencias y entidades de la administración pública federal, apoyarán al Instituto en el establecimiento y operación de los programas de cobertura social. El Instituto convendrá con los gobiernos de los estados y municipios su participación en dichos programas.

Artículo 167.- El Instituto promoverá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el otorgamiento de incentivos fiscales a los operadores que participen en los programas de cobertura social.

CAPITULO II
DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 168.- El Fondo de Cobertura Social deTelecomunicaciones contribuirá al logro de los objetivos de cobertura social previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 169.- La administración de los recursos del Fondo se hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, y contará con un Comité Técnico, integrado de la siguiente manera:

I.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien lo presidirá, con voz y voto. En caso de empate su voto será de calidad;

II.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

III.- El Secretario de Economía;

IV.- El Secretario de Desarrollo Social;

V.- El Secretario de Educación Pública;

VI.- El Secretario de Salud;

VII.- El Presidente del Instituto;

VIII.- Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones, propuestas por las cámaras industriales de telecomunicaciones respectivas, con voz, pero sinvoto;

IX.- Tres personas de reconocido prestigio en el ramo de las telecomunicaciones o en materias relacionadas directamente con los objetivos del fondo, propuestas por universidades públicas y privadas del país que cuenten con carreras en el ramo de las telecomunicaciones, con voz, pero sin voto, y

X.- El representante de la Secretaría de la Función Pública, con voz, pero sin voto.

Los miembros a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII podrán ser suplidos en sus ausencias por funcionarios que ellos mismos designen cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General.

Artículo 170.- El patrimonio del Fondo se integrará por las aportaciones:

I.- Previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II.- Provenientes, en su caso, de los operadores;

III.- Provenientes, en su caso, de las entidades federativas y municipios, y

IV.- Que realice cualquier otra persona física o moral.

En el supuesto de que los operadores realicen aportaciones al Fondo por el equivalente de al menos el uno por ciento de sus ingresos brutos, estarán exentos de obligaciones y compromisos de cobertura social establecidos en sus títulos.

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al treinta por ciento de los ingresos que en el ejercicio fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas, derechos y aprovechamientos en materia de telecomunicaciones, en tanto no se cubran las necesidades de cobertura social en nuestro país.

Artículo 171.- Los recursos del Fondo se administrarán de manera eficiente, pública y explícita, bajo los siguientes criterios:

I.- Se asignarán mediante subasta pública descendente, previa estimación de costos para cada proyecto utilizando los modelos financieros aprobados por el Comité Técnico;

II.- Cubrirán parcialmente el costo de inversión de la infraestructura de los proyectos específicos que formen parte del programa anual de cobertura social de telecomunicaciones;

III.- Se otorgarán una vez que los operadores hayan concluido las instalaciones y los servicios correspondientes se encuentren en operación, con las características previamente requeridas, y

IV.- No serán objeto de transferencia a otras partidas de gasto.

TÍTULO X

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 172.- Los operadores están obligados al cumplimento de los establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto celebrarán acuerdos para promover y verificar que los servicios de telecomunicaciones se presten con los estándares de calidad, precio y demás condiciones pactadas y las que resulten aplicables de conformidad con la presente ley y demás disposiciones vigentes. La Procuraduría Federal del Consumidor informará al Instituto de las sanciones que imponga a fin de que éste determine adicionalmente proceder en términos del Título XIII de la presente Ley.

Artículo 173.- Los operadores, deberán establecer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones, salvo cuando medie orden de autoridad competente.

De igual manera, se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o judiciales en materia de seguridad pública y seguridad nacional, para lo cual deberán colaborar y otorgar a las autoridades o instancias de seguridad pública o nacional y a las judiciales, todas las facilidades técnicas, económicas y administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo el acatamiento de resoluciones que autoricen la intervención de comunicaciones privadas, la ubicación y localización en tiempo real de comunicaciones y personas.

Artículo 174.- Los operadores deberán registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, previamente a su utilización, los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables.

Artículo 175.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor ydemás disposiciones aplicables. Así mismo deberán:

I.- Llevar a cabo la facturación desglosando los conceptos por servicio y las tarifas aplicadas;

II.- Establecer un procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, el cual deberá contar al menos con mecanismos documentados para recibir, identificar, investigar y resolver cualquier reclamación, así como establecer los tiempos de respuesta, registros sobre los resultados de control y las acciones derivadas de los mecanismos implementados, políticas y mecanismos para facilitar y simplificar la presentación y llenado de formatos para las reclamaciones y acciones correctivas y preventivas derivadas de tales reclamaciones;

III.- Ofrecer acceso gratuito a los números de emergencia que el Instituto determine a través del plan técnico fundamental de numeración;

IV.- Obtener autorización del Institutopara suspender de manera general la prestación de un servicio de telecomunicaciones;

V.- Bonificar o reembolsar a los usuarios cuando la suspensión o interrupción del servicio exceda veinticuatro horas;

VII.- Abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario;

VIII.- Dar aviso a los usuarios, a través del propio servicio, y al Instituto, por escrito, de cualquier circunstancia previsible que repercuta en forma generalizada o significativa en la prestación del servicio, con una antelación mínima de veinticuatro horas;

IX.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, reembolsar a los usuarios, dentro de los diez días naturales siguientes a que ello ocurra, cualquier cantidad pagada en forma anticipada, entregada como garantía de cumplimiento, o por cualquier otro concepto análogo a los anteriores, compensando los gastos y demás prestaciones a cargo de los propios usuarios;

X.- Abstenerse de hacer disponible a terceros los datos de carácter personal de sus usuarios, salvo las excepciones que establezca la Ley de la materia;

XI.- No interceptar sin autorización de la autoridad judicial competente el tráfico de señales de telecomunicaciones;

XII.- Abstenerse de divulgar el contenido de los mensajes o la existencia de los mismos, no destinados al público en general que se cursan a través de las redes públicas de telecomunicaciones,y

XIII.- Atender las medidas que indique el Instituto para el uso de los servicios por parte de las personas discapacitadas.

Artículo 176.- Las instituciones de crédito y, en su caso, cualquier otro tercero a través del cual se realice el pago periódico de los servicios de telecomunicaciones, estarán obligados a atender, sin su responsabilidad, cualquier indicación que les dé oportunamente el usuario respecto de la cancelación o suspensión de los pagos a favor de los prestadores de servicios siempre y cuando acrediten estar al corriente de sus pagos.

TÍTULO XI

DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 177.-Los contenidos que se difundan a través de los servicios de radio y televisión que operen bajo concesión, permiso o asignación, estarán regulados por esta Ley, independientemente del medio tecnológico que los transmita.

Artículo 178.- El derecho a la información y la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la Constitución, los tratados internacionales ylas leyes aplicables en la materia.

Artículo 179.- La programación del servicio de radiodifusión así como la programación producida localmente para el servicio restringido deberán respetar los horarios de transmisión de acuerdo a la siguiente clasificación:

I.- Los aptos para todo público, de 06:00 horas y hasta las 20:00 horas;

II.- Los aptos para jóvenes y adolescentes de 20:00 horas y hasta 22:00 horas;

III.-Los aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas.

El Instituto establecerá y hará públicos los lineamientos de clasificación de la programación que podrán incluir otras clasificaciones.

Artículo 180.- Los operadores deberán establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al público realizar el bloqueo de programas.

Artículo 181.- Los operadores de sistemas digitales deberán trasmitir gratuita y permanentemente la guía electrónica de su programación.

Sin perjuicio de lo anterior, al iniciar cada programa deberán hacer referencia a la clasificación de la programación y cualquier otra información que oriente sobre las características del contenido.

Si la programación cuenta con una clasificación del país de origen, podrá utilizarse ésta siempre que se informe al público sobre las equivalencias que resulten conforme a los lineamientos de clasificación, que al efecto establezca el Instituto.

Artículo 182.- En el caso de películas cinematográficas transmitidas en televisión, la clasificación será la misma que la de su difusión en salas de cine o en el mercado del video, de acuerdo con su regulación específica, sin perjuicio de que si es modificada para su transmisión en televisión, pueda ser reclasificada.

Artículo 183.- La programación dirigida a la población infantildeberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros ordenamientos legales, para lo cual deberá:

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la infancia a través de la difusión de información y programas dentro de un marco cultural, ético y social;

II.- Evitar las transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación y de respeto a todas las personas;

III.- Evitar la programación que estimule o haga apología de la violencia;

IV.- Informar y orientar sobre los derechos humanos y de los derechos de las niñas y los niños;

V.- Promover el interés por los aspectos científico, artístico y social;

VII.- Propiciar la comprensión de los valores humanos y nacionales, así como el conocimiento de la comunidad internacional;

VIII.- Estimular la creatividad, la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

IX.- Promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

X.- Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente;

XI.- Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XII.- Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil;

XIII.- Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; y

XIV.- Promover una cultura de respeto y protección a los animales.

Artículo 184.- En la programación de radio y televisión que se transmita no se podrá:

I.- Atentar contra la dignidad humana y el respeto a las convicciones políticas y religiosas;

II.- Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra circunstancia personal o social;

III.- Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitucióny demás disposiciones legales aplicables;

IV.- Promover, estimular o hacer apología de la violencia;

V.- Transmitir información contraria a la conservación, respeto y preservación del medio ambiente;

VI.- Violentar los preceptos establecidos en otros ordenamientos legales aplicables;

VII.- Contratar, establecer arreglos, o destinar recursos públicos para la promoción de la imagen de servidores públicos, y

VIII.- Contratar publicidad bajo cualquier fórmula para promoción gubernamental en las barras informativas.

Artículo 185.- Los prestadores del servicio de radiodifusión están obligados a publicar, al menos semanalmente, en algún medio impreso y en su portal de Internet las guías de su programación con el nombre, género, clasificación y horario de cada programa.

Artículo 186.- En el caso del servicio restringido esta guía deberá estar disponible en un canal de su red, sin perjuicio de que pueda ser publicado a través de un medio impreso y en su portal de Internet.

Artículo 187.- Queda prohibido transmitir en radio y televisión información que atente contra la privacidad y confidencialidadde las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite.

Artículo 188.- Los prestadores del servicio de radio y televisión estarán obligados a grabar sus transmisiones en vivo y conservar una copia a disposición del Instituto durante un plazo de 30 días naturales.

Artículo 189.- Los prestadores de servicio de radiodifusión deberán transmitir contenidos nacionales en un porcentaje no menor al 50 por ciento del tiempo total de la programación diaria, salvo en las emisoras con formato eminentemente musical. En el caso del servicio restringido esta disposición se aplica para los canales de producción propia.

Artículo 190.- Dentro del porcentaje establecido en el artículo anterior,al menos el 20 por ciento de la programación deberá ser contratada a productores independientes. Los productores independientes son aquellas personas físicas o morales que no tienen participación accionaria, o control directo o indirecto con el operador.

Artículo 191.-En el servicio restringido, cuando menos el 80 por ciento de los canales que transmitan deberán ser en español o subtitulados en este idioma.

Artículo 192.- En el caso de la información referida en el artículo 193 y en al menos uno de sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, los prestadores del servicio de televisión deberán emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos y/o subtitulado de acceso opcional conforme a las normas técnicas que establezca el Instituto.

Artículo 193.- Además de lo establecido para el tiempo de Estado, los operadores de frecuencias de radio y televisión están obligados a transmitir gratuitamente, por instrucciones del Instituto:

I.- Información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil;

II.- El encadenamiento de las estaciones de radio y televisión para la transmisión de mensajes de interés de la naciónpor parte del Poder Ejecutivo. En el caso de que en estos mensajes se haga una alusión respecto a cualquiera de los otros dos poderes de la unión, estos tendrán el derecho de responder en las mismas estaciones disponiendo del mismo tiempo utilizado por el ejecutivo federal. En el caso del Poder Legislativo la respuesta se solicitará por conducto de cualquiera de las dos cámaras y se realizará por el conducto y la forma en que ellas mismas determinen. En el caso del poder judicial la respuesta se solicitará por conducto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 194.- Las emisoras locales de radio y televisión deberán contar con programas de contenido informativo relacionados con su área geográfica de cobertura.

Artículo 195.- Los operadores del servicio de radio y televisión deberán poner a disposición del público su código de ética y designar a un representante, denominado defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a la transmisión de los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos.

Artículo 196.- Los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, o bien, tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación contractualcon la empresa de comunicación en que trabajen y recibir por ello una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la ley para el despido injustificado.

También tendrán derecho a solicitar la terminación de su relación laboral o contractualy recibir una indemnización equivalente al despido injustificado cuando:

I.- En la emisora de radio o televisión con la que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea editorial, o

II.- La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura con la orientación profesional del informador.

CAPÍTULO II
DE LOS TIEMPOS DE ESTADO

Artículo 197.- Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada canal de programación operada y en formagratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.

En atención a la garantía del derecho a la información de los ciudadanos el uso del tiempo de Estado será para informar de acciones de gobierno de interés general por lo deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso estos mensajes incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 198.- El Instituto coordinará la distribución del material para su transmisión en los tiempos referidos en el artículo anterior y garantizará su distribución proporcional en una programación anual.

Artículo 199.- Los tiemposde Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos.

Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación yuso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de Estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:

I.- Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento. En emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales;

II.- Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirá en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

III.- Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y

IV.- A los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento.

Artículo 200.- En el caso de procesos electorales concurrentes, cuando los tiempos destinados en radiodifusión para fines electorales fuesen insuficientes y así lo solicite el Instituto Federal Electoral, el Instituto determinará la asignación de tiempo adicional hasta por el total de los tiempos establecidos en el artículo 197 de esta Ley.

Artículo 201.-En la transmisión de los contenidos con cargo a los tiempos de Estado, el prestador del servicio de radiodifusión estará obligado a conservar la misma calidad de difusión que emplee en su programación regular.

Artículo 202.- Los operadores que presten servicios restringidos deberán reservar para uso gratuito por concepto de tiempo de Estado:

I.- Hasta 6 horas diarias, entre las 6:00 y las 24:00 horas en un canal específico cuando el servicio sea menor de 30 canales;

II.- Un canal, cuando el servicio consista de 31 a 37 canales;

III.- Dos canales, cuando el servicio consista de 38 a 45 canales;

III.- Tres canales cuando el servicio consista de 46 a 64 canales; y

IV.- Cuando sea mayor a 64 canales, tres canales además de un canal por cada 32 canales adicionales.

En tanto no sea requerido por el Instituto, estos canales podrán ser utilizados por el prestador del servicio.

CAPÍTULO IV

DE LA PUBLICIDAD

Artículo 203.- Para la programación en servicios de radiodifusión, el tiempo que podrá ser destinado a la transmisión de publicidad se ajustará a los siguientes criterios:

I.- Para los concesionarios con fines de lucro: En televisión no podrá exceder de 12 minutos por hora de programación y 24 minutos por hora en la radio;

II.- Para los concesionarios sin fines de lucro: No podrá exceder de 6 minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio.

Artículo 204.-Se considera dentro del tiempo destinado para la publicidad, todos los mensajes dirigidos al público en generaly destinados a la oferta de bienes o servicios, sea ésta transmitida en cualquiera de las siguientes modalidades:

I.- Publicidad en cortes de estación: la que se incorpora entre programa y programa y que incluye además la identificación de la emisora;

II.- Publicidad en cortes de programa: la que se incorpora en los cortes comerciales dentro del programa;

III.- Publicidad dentro de la programación: la que se presenta en el desarrollo del programa a través de los mismos conductores, intérpretes, artistas o cualesquiera otros participantes en el programa;

IV.- Publicidad por Inserción: la que se difunde mediante la superposición de imágenes o sonidos, lemas, logotipos, símbolos, emblemas, signos distintivos y en general cualquier imagen o sonido que se relacione con un bien o servicio;

V.- Publicidad de telemercadeo o programas de oferta de productos: los mensajes publicitarios con formato de programa sobre un mismo producto o servicio, cuya difusión es mayor de dos minutos de manera ininterrumpida, y

VI.- Inserciones pagadas: Inserción publicitaria pagada que deberá identificarse como tal y que aparece como nota informativa.


Para efectos de contabilidad del tiempo destinado a la publicidad, en el caso del inciso V, cada tres minutos equivaldrán a un minuto del tiempo total contabilizable para publicidad y solo podrán ser transmitidos de las 24:00 a las 6:00 horas.

En el caso de concesionarios sin fines de lucro, no se podrá incluir lapublicidad señalada en las fracciones III,V y VI.

Artículo 205.-La transmisión de publicidad, se deberá identificar como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través demedios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada como inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.

Artículo 206.- Dentro de los programas dirigidos a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora.

Artículo 207.- Los operadores y prestadores de servicios de radio y televisión deberán acatar las órdenes de suspender la publicidad o anuncio cuando así lo determine la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor y conforme a las facultades que al respecto le confiere dicho ordenamiento.

Artículo 208.- No se considerarátiempo publicitario:

I.- Los mensajes gratuitos, tanto de servicio a la comunidad como aquellos que no tengan la finalidad explicita de la venta de bienes y servicios;

II.- Los mensajestransmitidos en los tiempos del Estado, y

III.- La promoción que la misma empresa de radio o televisión haga de sus programas de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Artículo 209. Los concesionarios de televisión restringida podrán incluir en su programaciónhasta 6 minutos de publicidad por cada hora y canal, siempre que cumplan con el porcentaje de programación nacional establecido en el artículo 189, de lo contrario no podrán transmitir publicidad.

Los canales de televisión restringida dedicados exclusivamente a programación de oferta de productos quedarán exceptuados del límite señalado en el párrafo anterior, y se sujetarán a lo establecido por el Reglamento en la materia.

Artículo 210.- En los programas deportivos o de entretenimiento que tienen una continuidad específica, ajena almedio que los transmite, no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, o con menciones o efectos sonoros.

Artículo 211.- La transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser interrumpida con publicidad más de 3 veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más de un corte publicitario cada hora.

Artículo 212.- La publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá transmitir en el horario de las 6:00 a las 22:00 horas clasificado como para todo público.

En la publicidad de bebidas alcohólicas no se podrá emplear a menores de edad, ni consumirse real o aparentemente frente al público los productos que se anuncian. En esta publicidad se atenderá a lo dispuesto en la normatividad sanitaria relativa a la publicidad de bebidas alcohólicas.

La publicidad a la que se refiere el párrafo anterior no deberá ser transmitida en espacios asociados a la actividad deportiva o de forma tal que el consumo de los productos anunciados se le vincule directa o indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva.

Artículo 213.- Aquella publicidad, que de acuerdo con la regulación establecida en otros ordenamientos requiera autorización de la autoridad competente, únicamente podrá ser transmitida cuando cuente con ésta y su transmisiónse hará solamente en los términos en los que la autorización haya sido otorgada.

Artículo 214.- No podrá ser transmitida aquella publicidad de bienes o servicios, que haya sido prohibida por la Procuraduría Federal de Consumidor.

Artículo 215.- En el caso del servicio de radio o televisión restringida, los criterios en materia de publicidad serán aplicables únicamente tratándose de bienes o serviciosque se ofrezcan, consuman, enajenen o se promocionen en o para el mercado mexicano.

Artículo 216.En la publicidad no se podrá transmitir mensajes que:

I.- Promuevan la discriminación y la violencia de género;

II.- Reproduzcan imágenes estereotipadas o presentar a las mujeres de forma vejatoria, es decir, la que utiliza de manera particular y directa el cuerpo o partes del cuerpo de las mujeres como un simple objeto desvinculado del producto que se busca promover;

III.- Fomente malas prácticas alimenticias o cualquier otro comportamiento que atente contra la salud y la seguridad humanas;

IV.- Promueva el consumo inmoderado de productos nocivos para la salud o que generen adicciones, como eltabaco yalcohol;

V.- Promueva servicios o establecimientos dedicados a la prostitución;

  • Promueva entre los menores la compra de un producto o la contratación de un producto, de modo que explote su inexperiencia o credulidad;
  • Promuevan productos que ofrezcan curaciones o transformaciones corporales y que no hayan sido expresamente aprobados por la Secretaría de Salud;
  • No advierta de los riesgos que puede implicar el consumo de productos médicos y dirigidos a propiciar modificaciones estéticas;
  • Ofrezca soluciones o remedios a partir de recursos mágicos o sobrenaturales;
  • Hacerpublicidad de grupos, sectas o corporaciones de carácter religioso, y
  • Transmitir mensajes publicitarios de manera encubierta.

Artículo 217.- Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán informar al Instituto y tener a disposición del público, las tarifas por concepto de comercialización de espacio y sus formas de aplicación.

Artículo 218.- No se podrán aplicar tarifas discriminatorias en materia de publicidad cuando se trate de mensajes, calidad o tiempos de las mismas características y emisoras.

Artículo 219.- Los prestadores del servicio de radio y televisión deberán transmitir los programas, cápsulas, promocionales y demás mensajes que con base en los tiempos de Estado se difundan con fines electorales y de información por parte de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, y deberán respetar íntegramente las pautas que para tal efecto señale la autoridad electoral.

Artículo 220.- Los prestadores del servicio de radio y televisión en ningún momento podrán contratar con los partidos políticos, o a través de terceras personas, tiempos publicitarios con fines electorales en cualquier modalidad de radio y televisión.

De la misma manera está prohibido realizar contratos con persona físicas o morales, sea a título propio o por cuenta de terceros, para transmitir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

CAPÍTULO V
DEL FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE

Artículo 221.- Se crea el Fondo para el Apoyo a la Producción Audiovisual Independiente con objeto de contribuir a elevar la calidad de los contenidos de la programación de la radio y la televisión.

Artículo 222.- Los recursos del fondo serán destinados a la producción nacional de contenidos educativos, culturales y de servicio público propuestas por personas no vinculadas empresarialmente con los titulares de concesiones,

Artículo 223.- El patrimonio del Fondo se integrará por:

I.- Las aportaciones previstas anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II.- Las aportaciones provenientes, en su caso, de los estados y municipios;

III.- Las donaciones a título gratuito de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en términos de Ley;

IV.- Los productos y rendimientos que se obtengan por la inversión de los fondos líquidos del patrimonio fideicomitido que realice el fiduciario, y

V.- Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del Fondo.

Anualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación una cantidad equivalente, cuando menos, al cinco por ciento de los ingresos que en el ejercicio fiscal anterior se hubieren obtenido por concepto de multas y derechos en materia de radio y televisión.

Artículo 224.- La administración de los recursos del Fondose hará a través de un fideicomiso que no tendrá carácter de entidad paraestatal, constituido en una sociedad nacional de crédito.

El fideicomiso contará con un Comité Técnico encargado de evaluar los proyectos y designar los recursos, y estará integrado por:

I.- El Presidente del Instituto quien lo presidirá y, en caso de empate, su voto será de calidad;

II.- Un representante de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público;

III.- Un representante de la Secretaría de Educación Pública;

IV.- Un representante de la Secretaría de Economía, y

V.- Tres personas de reconocido prestigio en el campo del audiovisualpropuestos: uno por los concesionarios de uso comercial, otro por asignatarios de uso público y uno más por los concesionarios de uso social.

Los miembros a que se refieren las fracciones II, III, y IV, podrán ser reemplazados, en sus ausencias, por funcionarios que ellos mismos designen y cuyo nivel jerárquico no será menor al de Director General. Los miembros del comité técnico tendrán voz y voto.

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, y será convocado por el Secretario Ejecutivo. El Instituto deberáemitir el reglamento interno para el funcionamiento delFondo en que se incluirá el funcionamiento del Comité Técnico.

Artículo 225.- Los recursos del fondo se asignarán mediante convocatoria pública abierta a las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar proyectos susceptibles de otorgamiento de apoyo financiero a su producción. Sólo los proyectos que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria serán sometidos a consideración del Comité Técnico del Fondo y su fallo será inapelable.

Los beneficiarios del fondo deberán destinar el apoyo otorgado por el fondo únicamente para el fin establecido en la solicitud de apoyo y ratificado en el contrato que al efecto se celebre bajo los términos y condiciones que el Institutoestablezca en el Reglamento de la materia.

TÍTULO XII

DEL REGISTRO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y DEL REGISTRO DE USUARIOS

CAPÍTULO I

DEL REGISTRO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 226.- El Instituto llevará y mantendrá actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, cuyo contenido deberá estar a disposición del público en general en el portal de Internet del Instituto, en el que se inscribirán:

I.- Los títulos de concesión, los permisos y las asignaciones otorgadas; sus modificaciones de carácter legal o técnico, así como los datos generales por categoría, modalidad y distribución geográfica;

II.- Cuando el titular sea una persona moral:

a).- Nombre de la sociedad titular;

b).- Acta constitutiva;

c).- Capital social exhibido y porcentajes de participación de los socios;

d).- Nombre y nacionalidad de los integrantes del Consejo de Administración.

III.- El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado, así como la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, con excepción de las bandas utilizadas para fines de seguridad pública y nacional;

III.- Los servicios asociados y de valor agregado;

IV.- Los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos;

V.- La cesión de derechos y obligaciones;

VI.- Las frecuencias y bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

VII.- Los convenios de interconexión;

VIII.- Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones;

IX.- Las tarifas publicitarias de radio y televisión;

X.- Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a las telecomunicaciones;

XI.- Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones aplicables, actualizadas trimestralmente;

XII.- El informe anual del Instituto;

XIII.- Los acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones;

XIV.- Los proyectos de programación de cada una de las emisoras de radio y televisión, con base en los cuales les fueron otorgadas las concesiones o asignaciones;

XV.- Estadísticas actualizadas de los servicios de telecomunicaciones, acorde con la metodología de medición reconocida o recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como información general sobre audiencias en servicios de radiodifusión, suscriptores de los servicios restringidos e inversión publicitaria para radio y televisión;

XVI.- Las tarifas y las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la interconexión;

XVII.- Las obligaciones específicas impuestas al o a los operadores dominantes;

XVIII.- El marco de referencia para determinar elementos técnicos y tarifarios de la interconexión, y

XIX.- Cualquier otro documento relativo al funcionamiento de los operadores, cuando los reglamentos y demás disposiciones de carácter general derivados de esta ley, de otras disposiciones legales o reglamentarias exijan dicha formalidad.

El Instituto conservará la información que sea sustituida a partir de su actualización, con el fin de realizar estudios comparativos, históricos o de tendencias sobre el sector.

La información contenida en el Registro es de consulta pública, salvo aquella que por sus características se considere confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Artículo 227.-Cualquier modificación a la información citada deberá ser notificada al Registro en un plazo no mayor de treinta días hábiles.

Artículo 228.- Los operadoresestán obligados a poner a disposición del Instituto en cualquier tiempo, por escrito y en forma electrónica todos los datos, informes y documentos que éste les requiera en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO II

DEL REGISTRO DE USUARIOS

Artículo 229.- Los operadores serán responsables de la elaboración y actualización del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Instituto supervisará y sancionará su cumplimiento.

Artículo 230.-Para efectos del artículo anterior, los operadores deberán:

I.- Llevar un registro y control separado de sus usuarios, el cual contenga como mínimo los siguientes datos:

a) Número y modalidad de la línea telefónica;

b) Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en la identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente, y

c) En caso de personas morales, además se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia del documento que acredite capacidad para contratar.

II.- Conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control; así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes;

III.- Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

b) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

d) De los datos anteriores, además conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

e) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y

f) La obligación de conservación los datos a que se refiere la presente fracción cesa a los 12 meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

IV.- Tomar las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control;

V.- Entregar los datos conservados, al Procurador General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas o del Distrito Federal, o a los funcionarios que estos designen conforme a las disposiciones aplicables, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias;

VI.- Entregar la información dentro del plazo máximo de 72 horas siguientes contadas a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial;

VII.- Realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportadas por los clientes o usuarios como robadas o extraviadas, e inactivar el número de identificación internacional del equipo telefónico, debiendo notificar a otros operadores a fin de que no se activen dichas líneas y equipos. Se deberá realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de telefonía; así como suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya el Instituto, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, y

VIII.- Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados.

Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.

En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al operador, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario.

El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los operadores deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado.

Los operadores, podrán suscribir convenios de colaboración con las autoridades administrativas que cuenten con la infraestructura, recursos o registro de datos personales, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente artículo.

TÍTULO XIII

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 231.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

I.- Se sancionarán con multa de 750,000 a 1, 000,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 31, 35, 109, 122 y 164.

II.- Se sancionarán con multa de 500,000 a 750,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 32, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 144, 148, 206, 214, 216, 228, 229 y 230.

III.- Se sancionarán con multa de 250,000 a 500,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 86, 87, 90, 94, 95, 96, 204, 205.

IV.- Se sancionarán con multa de 100,000 a 250,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 111, 114, 115, 116, 117, 179, 212 y 218.

V.- Se sancionarán con multa de 25,000 a 100,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 121, 134, 135, 174, 175, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 201, 210 y 211.

VI.- Se sancionarán con multa de 2,000 a 25,000 salarios mínimos, la infracción a lo dispuesto por los artículos: 50, 53, 54, 55, 56, 137, 138, 150, 153, 154, 173, 180, 181, 185, 186, 194, 195, 196 y 201.

Para los efectos de este artículo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 232.- En caso de reincidencia, el Instituto podrá aplicar una multa hasta por el doble de la sanción originalmente impuesta en la primera reincidencia y del triple a la segunda.

Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal.

Artículo 233.- La autoridad determinará las sanciones conforme a esta ley, y tomando lo siguiente:

I.- La capacidad económica del infractor;

II.- La gravedad;

III.- Los daños que se hubieren producido o puedan producirse de la infracción;

IV.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y

V.- La reincidencia del infractor.

Artículo 234.- Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como para la interposición del recurso de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 235.- Ante la irregularidad en el informe de los ingresos establecido en los artículos 51 y 71 se aplicará una multa de hasta el doble del monto de lo no comprobado.

Artículo 236.- En caso de incumplimiento del artículo 197 el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo solicitado y no otorgado.

Artículo 237.- Cuando los concesionarios del servicio de radio y televisión, se excedan del tiempo destinado a publicidad establecido en los artículos 203 y 209 de esta Ley el monto de la sanción será de hasta el equivalente a la resultante de aplicar su tarifa pública más alta, al tiempo excedido.

Artículo 238.- Tratándose de infracciones de tracto sucesivo, el Instituto podrá establecer sanciones por cada día que transcurra sin que dichas infracciones se hayan corregido.

Artículo 239.-Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o hagan uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 28 y 79 de esta Ley, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones.

Artículo 240.- Para la aplicación de la sanción a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

I.- Una vez que el Instituto tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones, los equipos de telecomunicaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la utilización de la vía general de comunicación o a la prestación del servicio;

II.- En el acta que se levante, el Institutodejará constancia del aseguramiento de los bienes y designará al depositario de los mismos;

III.- Posterior al aseguramiento, se concederá un plazo de 10 días hábiles al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes;

IV.- El Instituto dentro del término de 90 días naturales posteriores al vencimiento del plazo otorgado al visitado para ofrecer pruebas y defensas, o en su caso, al término del desahogo de las pruebas admitidas, dictará la resolución que corresponda, y

V.- La resolución mediante la cual se determine la pérdida de los bienes del particular en beneficio de la Nación, deberá establecer que dichos bienes quedarán a disposición del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.

Este procedimiento de naturaleza administrativa excluye la aplicación del procedimiento de naturaleza análoga que al efecto dispone la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que hace a la aplicación de sanciones o penas.

Artículo 241.- El Instituto, podrá amonestar por única ocasión y hacerla pública en su portal de Internet, cuando se incumpla con lo siguiente:

I.- La presentación anual ante el Instituto de los informe de actividades ycontabilidad por parte del concesionario, establecidos en los artículos 51 y 71;

II.- Permitir a los inspectores o verificadores del Instituto el acceso al domicilio de la empresa e instalaciones, así como a otorgarles todas las facilidades para que realicen la inspección y verificación en los términos de la presente Ley;

III.- Incluir en la programación diaria de las transmisiones audiovisuales, en el caso de las emisoras locales de radio y televisión, contenidos informativos de origen e interés su área de cobertura, y

IV.- Evitar que las transmisiones audiovisuales causen alarma, pánico y alteración al orden público de manera injustificada.

En caso de reincidencia se procederá a imponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 231, de esta Ley.

Artículo 242.- Las sanciones que se señalan en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que se derive de la conducta.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión vigentes a la entrada en vigor del presente decreto.

Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán los términos y condiciones consignados en sus respectivos títulos hasta su término.

Las solicitudes de concesión o permisos en trámite, se ajustarán a lo previsto en la presente ley, excepto que cuente con una opinión favorable de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para su otorgamiento, en cuyo caso, se procederá conforme a las leyes y disposiciones vigentes al momento de su solicitud.

TERCERO. El Reglamento Interno del Instituto deberá ser expedido por el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 90 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Los medios operados por, el gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior, actualmente en legal operación, gozarán de un plazo no mayor a 365 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que realicen los ajustes normativos, administrativos y operativos necesarios para cumplir con lo establecido en el Titulo IV, Capitulo I, Sección II de esta Ley.

QUINTO.- Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto, regirán las disposiciones reglamentarias vigentes.

SEXTO.- Las referencias que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos a la Secretaría respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto.

Las atribuciones de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, serán ejercidas por el Instituto a través de las unidades administrativas que al efecto prevea su Reglamento Interno. Los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas mencionadas en este párrafo serán transferidos al Instituto en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

SÉPTIMO.- Los asuntos en trámite a cargo de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, únicamente por lo que corresponde a lo regulado por esta Ley, así como de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberán ser remitidos al Instituto en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión a más tardar en 8 días naturales informarán al Presidente del Instituto de los asuntos a su cargo, destacando aquellos que deban resolverse en plazos perentorios a efecto de que, en tanto opera la transferencia de recursos a que se refiere el artículo anterior, se hagan del conocimiento del Pleno y se tomen las decisiones correspondientes a fin de no afectar los derechos de terceros.

OCTAVO.- La primera designación de los comisionados a que se refiere este Decreto, se hará mediante nombramientos por plazos de cuatro, cinco, seis, siete y, en tres casos por ocho años, respectivamente.

Estos nombramientos serán realizados en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los nombramientos de los Comisionados que ocupan dichos cargos a la entrada en vigor del presente Decreto, dejarán de surtir efectos hasta en tanto se designen los nuevos Comisionados.

NOVENO.- El Titular del Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 30 días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá abrogar el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de octubre de 2002, así como el Acuerdo numero 169, relativo a la expedición de certificados de aptitud de locutores, de cronistas y de comentaristas del 7 de octubre de 1992. Asimismo, se abroga la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1968.

Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DÉCIMO.- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 deberá establecer la previsión presupuestal correspondiente para permitir la integración y funcionamiento adecuado del Instituto.

DÉCIMO PRIMERO.-El Instituto a partir de su instalación, contará con un plazo de 365 días naturales para crear y organizar el Registro Público de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales.

DÉCIMO SEGUNDO.-Con el propósito de garantizar que los operadores de asignaciones de uso público migren a la radio y la televisión digital terrestre, el Gobierno Federal, durante los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá las bases para la creación de un Fondo de Apoyo que permita dicho cambio tecnológico.

DÉCIMO TERCERO.- El Titular del Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de noventa días naturales contados a partir de la integración del Consejo Consultivo de Nuevas Tecnologías a que se refiere la presente Ley, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo en el que se faculte al Instituto a establecer las medidas necesarias para la puesta en servicio de la radio digital en México, en el cual, considerando las mejores prácticas internacionales, se defina un calendario para la transición digital de la radio.

DÉCIMO CUARTO.- Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero del año 2002, mediante el cual se creó el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

Se abroga el Acuerdo mediante el cual se aprueban las Reglas de Integración y Operación del Comité Técnico y los Mecanismos para la Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y Transparente de Recursos, del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2003.

El Ejecutivo Federal deberá expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación e Integración del Comité del Fondo que se crea en términos del artículo 172 de la presente Ley, en un plazo no mayor a 60 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en cualquier ordenamiento al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece respecto de las atribuciones señaladas en esta Ley, en el futuro se entenderán hechas a El Fondo que se crea en términos del artículo 174 de la presente Ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales empleados para la administración y operación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece serán transferidos a El Fondo que se crea en términos de la presente Ley.

Los asuntos en trámite a cargo Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que desaparece deberán ser remitidos a El Fondo que se crea en términos del artículo 171de la presente Ley, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento

DECIMO QUINTO.- Las personas físicas o morales con permisos, autorizaciones o concesiones para radiocomunicación privada, deberán en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, registrarse ante el Instituto para notificar su forma de operación.

El Instituto llevará a cabo un programa de planeación y organización de estos servicios de radiocomunicación privada y establecerá nuevas condiciones para su operación así como su temporalidad y contraprestaciones requeridas, a fin de brindarles protección contra interferencias perjudiciales.

Al término de éste plazo se darán por concluidos los permisos, autorizaciones o concesiones de quienes no se hubieran registrado.

Décimo Sexto.-A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, todas las sociedades concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, con o sin participación de inversión extranjera directa, podrán prestar todos los servicios que la tecnología les permita, independientemente de cualquier prohibición que al respecto exista en sus títulos de concesión. Previo a la prestación de los servicios adicionales por parte de la sociedad concesionaria, se requerirá de la presentación de una solicitud al Instituto, la que contará con un plazo de 90 días naturales para emitir la resolución correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos que ordena la Ley. Por cada nuevo servicio que la sociedad concesionaria desee prestar y que no esté contemplado en su título de concesión original, se deberá presentar una solicitud. Cuando en la sociedad concesionaria exista participación extranjera superior al 49%, se deberá presentar aviso a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, una vez que el servicio adicional haya sido autorizado por parte del Instituto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 192 de esta Ley, los prestadores de los servicios de radio y televisión deberán transmitir progresivamente contenidos nacionales en el siguiente porcentaje:

a) El primer año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el 20%;

b) A partir del segundo año y hasta el inicio del tercer año, el 30%;

c) Durante el cuarto año, el 40%, y

d) El quinto año el 50%.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

...

Artículo 36.-A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

III.- Otorgar concesiones para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, de servicio público de procesamiento remoto de datos;

...

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos; y

...

Artículo Tercero.- Se deroga el artículo 9, fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9o.-No necesitarán concesión, sino permiso de la Secretaría de Comunicaciones:

...

III.- (DEROGADA);

...

Artículo Cuarto.- Se derogan las fracciones I y II del artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 144.- Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

I. (DEROGADA);

II. …

III. (DEROGADA);

IV. …

V. …

VI. ...

Artículo Quinto.- Se deroga el inciso x), de la fracción III del artículo 7, y se reforma la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

Artículo 7.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación

III. Hasta el 49 % en:

x) (DEROGADO)

Artículo 8.- Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación:

IX.- Telefonía celular y concesiones y permisos en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, con excepción del servicio de radiodifusión, en cuyo caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 7, fracción II, de esta Ley.

Sede del Senado de la República a los once días del mes de diciembre de dos mil doce.

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38593