Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Domingo 19 de agosto de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 13 de Diciembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-72/38426
Jueves 13 de Diciembre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-72/38426

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la sección IV, con los artículos 75 Bis y 75 Ter del Capítulo II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Sen. Mariana
Gómez del Campo Gurza

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

CC. SECRETARIOSDE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
EN LA LXII LEGISLATURA.
P R E S EN T E.

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCIÓN IV, CON LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPÍTULO II, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; al tenor dela siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-

No fue sino hasta el siglo pasado que se instituyó el deber del Estado de responder por los daños causados por sus funcionarios con motivo de su actividad irregular, en ejercicio de sus atribuciones, pero para hacerla efectiva se requería que el causante de la lesión patrimonial fuera declarado responsable y no tuviera bienes, o teniéndolos que no fueran suficientes para resarcir el daño reclamado; es decir, era un sistema de responsabilidad subsidiaria y subjetiva.

Mediante decreto publicado el día 10 de enero del año 1994 entraron en vigor un reforma alos artículos 1927 y 1928 del Código Civil y una adición al artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el artículo 1927 en comento quedó ceñida la responsabilidad directa de los entes de la administración pública, con la calidad de solidaria, por los daños y perjuicios que sus servidores causaran en ejercicio de sus funciones como consecuencia de ilícitos dolosos, sino seguiría siendo subsidiaria.

Por otro lado, el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, actual artículo 33 de la ley de mérito, estipuló la reclamación de los particulares que sufrieran daños y perjuicios como resultado de una actividad ilegal de un algún servidor público.

Mediante la adición del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día doce de junio del año dos mil dos, quedó disuelta porun lado, la bifurcación de“la responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva” y, por el otro, el de “la responsabilidad subsidiaria y responsabilidad directa” en que se debatía la doctrina de aquella época.

En el orden federal, eldía31 de diciembre del año 2004, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,fue dada a conocer la ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional, la denominada “Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado”, que entró en vigor el primero de enero del año 2005 y tuvo por objeto de conformidad con su primer artículo fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

Con la entrada en vigor del citado cuerpo de leyes se derogó el artículo 33 y el último párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el artículo 1927 del Código Civil Federal.

Este nuevo ordenamiento sentaron las bases y procedimientos para indemnizar a quien sufra daños por la actividad administrativa irregular del Estado, es decirestablece la responsabilidad objetiva y directa.

Continuando con la línea cronológica de antecedentes legales la responsabilidad patrimonial del nuestro país, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día 14 de junio del año 2002, se reformó el Título Cuarto y se adicionó el párrafo segundo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 113. … La responsabilidad del Estado por daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

Ahora bien, existen dos clases de responsabilidad del Estado Mexicano; LARESPONSABILIDAD OBJETIVA Y LA RESPONSABILIDAD DIRECTA.

En el primer caso, es decir por cuanto hace a laRESPONSABILIDAD OBJETIVA, se puede afirmar que lo que determina la obligación es la realización deldaño, imputable al Estado y no la motivación subjetiva del ente de la administración pública por impericia, falta de cuidado, ilicitud o culpa.

En tal virtudel Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló la distinción entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva mediante la tesis de jurisprudencia43/2088que “ad literam” se cita:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA. La adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole las características de directa y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras ésta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los particulares, para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular "con motivo de su actividad administrativa irregular", abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.”

Por su parte, la RESPONSABILIDAD DIRECTA del estado asume que los entes públicos son “órganos” propios, integrantes de la estructura estatal, de modo, que cualquier conducta o actuación de dichos órganos que causen un daño le resulta llanamente imputable al propio estado.

Se dice que es directa debido a que el particular tiene la posibilidad demandar o solicitar la indemnización directamente al Estado sin necesidad de recurrirprimariamente en contra del funcionario a quien pudiera imputarse el daño en lo particular.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido qué es lo que se entiende por responsabilidad directa y objetiva, tal como lo traduce en la siguiente tesis de jurisprudencia que “ad literam” señala:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la "responsabilidad directa" significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; mientras que la "responsabilidad objetiva" es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.”

Empero lo anterior, es importante precisar qué se define por “actividad irregular del estado” y en este sentidotomando en cuenta lo que sustentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2004, donde concluyó que se actualizará la responsabilidad patrimonial del Estado por su actividad irregular, cuando se actualizan los siguientes supuestos:

a) La existencia de un daño, el cual se encuentra definido, en términos del artículo 2108 del Código Civil, como: “La pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación”.

Desde luego, el concepto de daño debe entenderse con todas sus notas características, a saber, que sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una o varias personas.

b) Que sea imputable a la Administración Pública, por ser efecto de su actividad administrativa irregular.

c) El nexo causal entre uno y otro, es decir, que la causa del daño sea la actividad de la Administración Pública o, en su acepción más amplia, del Estado.

Ahora bien, en el caso que ocupa a la presente iniciativa, es preciso señalar que el Distrito Federal ya cuenta con un ordenamiento que regula la Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sin embargo, su soporte legal resulta inacabado y es insuficiente para abarcar la responsabilidad de las autoridades en todos los ámbitos de la vida pública.

El soporte legal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado es incipiente, en virtud de que no existe condicionamiento legal o mandato alguno para que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal tenga que permanecer vigente o expedida, ya queesta carece de un sustento mayor que obligue o mandate su expedición, motivo por el cual podría ser abrogada sin consecuencias jurídicas, dejando a los habitantes del Distrito Federal en un completo estado de desprotección.

Es por ello que considero necesario que la naturaleza jurídica de la legislación en comento sea considerada desde el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de garantizar la existencia y vigencia de esta normatividad queresulta de suma importancia y en altece la función pública en los valores mas álgidos de compromiso con la ciudadanía, haciendo ver que los recursos públicos pueden y deben ser utilizados para el bienestar de la población.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sólo contempla el resarcimiento del daño, cuando exista una actividad irregular por parte de algún agente del Estado, sin que tome en consideración la salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos en manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas, así como en su actuar regular, esto último porque sólo se habla de que será responsable el Gobierno del Distrito cuando con motivo de su “actividad administrativa irregular” se cause un menoscabo en el patrimonio de algún ciudadano, abandonando toda intensión de contemplar los daños ocasionados por la actividad regular del Estado; así como cualquier conducta relacionada con el dolo o la ilegalidad en la actuación del funcionario público.

En este sentido el objeto material de la presente iniciativa consiste encrear la sección IV con dos artículos (75 Bis y 75 Ter) dentro del Capítulo II delEstatuto de Gobierno del Distrito Federal, mediante los cuales se establezca por un lado, la naturaleza jurídica de laresponsabilidad patrimonial del Gobierno del Distrito Federal, y por el otro, laresponsabilidad que el precitado Gobierno del Distrito Federal tiene, en la salvaguarda y reparación del patrimonio de los ciudadanos cuando se susciten manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos y agrupación masiva de personas, así como en su actuar, regular, doloso e ilegal por parte de los servidores públicos.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA SECCIÓN IV, CON LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER DEL CAPÍTULO II, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL:

ÚNICO. Se adiciona la Sección IV, con los artículos 75 BIS y 75 TER del Capítulo II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en los siguientes términos:

SECCIÓN IV

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

75 BIS.- El Gobierno del Distrito Federal es patrimonialmente responsable con motivo de su actividad administrativa, regular e irregular, así como por la actuación dolosa e ilegal de sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, encomiendas y atribuciones.

La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno del Distrito Federal es objetiva y directa y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

La responsabilidad patrimonial deberá extenderse a entidades, dependencias, órganos político administrativos, órganos autónomos y a los actos materialmente administrativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal.

75 TER.- El Gobierno del Distrito Federal es patrimonialmente responsable porlos daños sufridos por particulares, personas físicas o morales con motivo de cualquier desorden público ocasionado por manifestaciones, marchas, mítines, plantones, tumultos, algomeraciones y/o agrupación masiva de personas.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal,a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil doce.

ATENTAMENTE

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA.

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38426