Senado de la República.
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio.
Sabado 22 de julio de 2017
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Jueves 22 de Marzo de 2007
Gaceta: LX/1SPO-83/11814
Jueves 22 de Marzo de 2007
Gaceta: LX/1SPO-83/11814

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre trabajo infantil en el campo.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE TRABAJO INFANTIL EN EL CAMPO

Recinto del Senado de la República, Marzo de 2007

SEN. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N T E

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Sesenta Legislatura del Honorable Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la información difundida por diferentes medios de comunicación nos hemos percatado de diversas muertes de niños ocurridas en los campos agrícolas de nuestro país. Dichas muertes han venido ocurriendo sin que las autoridades hagan algo al respecto, como el caso de David Salgado Aranda, un menor de nueve años de edad que murió el 6 de enero pasado realizando labores en un campo del Estado de Sinaloa.

La familia del menor, originaria de la comunidad de Ayotzina, en Tlalpa de Comonfort, Guerrero, informó a los medios de comunicación que David fue atropellado por un tractor cuando recolectaba tomates en el campo Los Pinos, junto con su hermano Silvestre, a lo que la empresa Agrícola Paredes, manifestó posteriormente que no era su responsabilidad pagar la indemnización correspondiente, ya que no existía un contrato escrito que demostrara su relación laboral. Dicha desafortunada declaración, por decir lo menos, se hace, al parecer, ignorando que un niño de esa edad no puede encontrarse trabajando ni en ese ni en ningún otro lugar, por un lado, y por otro, que para darse una relación laboral no existe la necesidad de contar con un contrato.

No obstante todo ello, la empresa otorgó una indemnización por la cantidad de $34,740 a la familia del menor, que al no tener ninguna asesoria jurídica aceptó el dinero, manifestando después que el operador del tractor que los atropelló seguía realizando su trabajo normalmente.

Este lamentable caso ahora nos sirve para dirigir la atención a la situación contraria a derecho que se vive en el ámbito laboral del campo mexicano, donde se contraviene lo dispuesto por leyes locales e instrumentos internacionales ratificados por nuestro gobierno, y todo esto ante la indiferencia de las autoridades mexicanas.

La explotación infantil en esta materia se refiere al trabajo de niños menores de edad en cualquier sistema de producción económica de un País, una región y en el mantenimiento económico de un grupo o clan familiar. En ese sentido es que no podemos permitir que nuestros niños más pobres se enfrenten a trabajos peligrosos para poder contribuir a la sobrevivencia de una familia.

La explotación laboral infantil es un flagelo que azota en especial a países en vías de desarrollo y México no es la excepción, ello sin dejar de mencionar que también se da en los países industrializados.

Al respecto debemos decir que los niños y las niñas de México se encuentran protegidos en este ámbito por nuestras Leyes, ya que sólo se les permite trabajar cuando la actividad económica que realiza no ponga en riesgo su vida y su salud. Al respecto, nuestra Carta Magna, además, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

En el mismo orden de ideas, la Ley Federal del Trabajo establece la ilegalidad de la contratación de trabajo para niños de catorce años y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción en que se apruebe por la autoridad correspondiente, siempre que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Asimismo, también dispone que los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en la misma Ley y que los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y, a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

De lo anterior fácilmente podemos concluir que existe la prohibición tácita de que los menores de catorce años simplemente no pueden prestar sus servicios en una relación laboral, mucho menos en labores tan duras y en condiciones tan difíciles como se da en el campo.

Aunque para muchas personas parece claro que los niños y niñas no deben trabajar sino ir a la escuela, esto no refleja la realidad de la protección social que se da al niño en México; la normatividad laboral en este renglón no se respeta y los derechos fundamentales del niño simplemente se ignoran. Baste recordar que, de acuerdo con el relator especial de la ONU en México, existen varias decenas de miles de niños que viven en estas lamentables circunstancias.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la legislación laboral de nuestro país considera la existencia de inspectores del trabajo, mismos que cuentan con obligaciones tales como vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos de los trabajadores, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene, ello sin dejar de mencionar que también se dispone en la misma legislación que tienen la obligación de que se corrijan las violaciones que se susciten en las condiciones de trabajo, lo cual claramente deja en evidencia que en el caso que nos ocupa, las autoridades en la materia se encuentran incurriendo en una responsabilidad.

Derivado de lo anterior es que podemos presumir que las autoridades laborales están permitiendo a la industria agrícola la contratación de menores de edad para la realización de labores propias del campo y que los patrones de este sector se encuentran violentando la legislación por no existir inspección laboral en este rubro, donde la seguridad social, además, también parece no existir.

Al respecto cabe aclarar que existen sanciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo dirigida a las personas que violen las normas que rigen el trabajo de los menores cometidas por los patrones, consistente en la imposición de multas, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.

También existen sanciones para las autoridades que no cumplan con lo dispuesto por la misma ley laboral, incluyendo los inspectores del trabajo.

Muchos países contemplan responsabilidades de carácter penal a las empresas que contratan niños y niñas, pero si bien estas son fáciles de detectar, las formas de explotación laboral que se han venido dando en el campo mexicano, resultan más preocupantes.

Es por ello que resulta impostergable que las autoridades laborales den respuesta a la presente problemática y se sancione a todas aquellas personas que se encuentran contraviniendo las disposiciones que se establecen en nuestras leyes como medidas de protección para los menores de edad en el ámbito laboral.

Los porcentajes de niños y niñas trabajadores sin supervisión de la autoridad parecen aumentar cada día más, por lo que los países en vías de desarrollo como el nuestro, deben tomar medidas determinantes para que la protección de los Derechos humanos, principalmente los Derechos de las niñas y niños y adolescentes, se respeten a cabalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, lo siguiente:

I. Que en coordinación con los Gobiernos de los Estados se verifique la aplicación de la legislación vigente referente a los derechos laborales de los menores y exhorten a sus respectivas áreas de inspección y vigilancia a hacer frente a la explotación laboral infantil que se da en el campo mexicano.

II. Que implemente un Programa permanente de inspección del trabajo en el campo mexicano para evitar la explotación laboral de menores en los términos que marcan las leyes aplicables.

III. Que derivado de la aplicación del Programa mencionado, se sancione a los responsables por las irregularidades encontradas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral, la legislación de protección a las niñas niños y adolescentes y demás relativas.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

SEN.FRANCISCO AGUNDIS ARIAS
COORDINADOR

SEN. ARTURO ESCOBAR Y VEGA

SEN. LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS

SEN. JORGE LEGORRETA ORDORICA

SEN. MANUEL VELÁSCO COELLO

SEN. JAVIER OROZCO GÓMEZ
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=11814&lg=61