CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80 y 82 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la facultad que le confiere el Resolutivo Séptimo numeral 5 del Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del Senado de la República el 3 de septiembre de 2009, somete a la consideración del Pleno el presente ACUERDO al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 15 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto aprobado por el Constituyente Permanente que contiene reformas y adiciones a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que como consecuencia de dicha reforma el texto vigente del artículo 69 constitucional quedó del tenor siguiente:

"En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esa facultad".

III. Que como se deduce del nuevo texto vigente del artículo 69 constitucional, la reforma introdujo un nuevo régimen jurídico para la presentación del Informe que por escrito debe presentar el Presidente de la República sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país, incorporando un nuevo formato y estableciendo una nueva regulación sobre las actividades que en relación con dicho informe realizarán las Cámaras del Congreso de la Unión, a saber: El análisis del informe; las comparecencias de Secretarios de Estado, el Procurador General de la República y los directores de las entidades paraestatales que sean citados para ampliar información; y las preguntas que por escrito formulen las Cámaras al propio titular del Ejecutivo Federal para recabar información adicional.

IV. Que el Pleno del Senado de la República aprobó el pasado 3 de septiembre de 2009 el "Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las normas para el análisis del informe presentado por el Presidente de la República sobre el estado que guarda la administración pública del país, así como los criterios generales a los que se sujetarán las comparecencias de servidores públicos y la formulación de preguntas parlamentarias por escrito al Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 constitucional".

V. Que al amparo de dicho Acuerdo Parlamentario se desahogaron las sesiones de comisiones conjuntas para el análisis del Informe presentado por el Presidente de la República, así como las comparecencias de los servidores públicos que las propias comisiones decidieron citar para que rindieran informes adicionales.

VI. Que al concluir las comparecencias señaladas en el considerando anterior, el Pleno aprobó, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Acuerdo por el que se estableció que el Senado de la República formulará al Titular del Ejecutivo Federal un total de 50 preguntas parlamentarias y se señalaron los cupos correspondientes a cada Grupo Parlamentario a razón de: 13 para el Grupo Parlamentario del PAN; 10 para el Grupo Parlamentario del PRI; 9 para el Grupo Parlamentario del PRD; 6 para el Grupo Parlamentario del PVEM; 6 para el Grupo Parlamentario de Convergencia; y 6 para el Grupo Parlamentario del PT.

En el propio Acuerdo se señaló el martes 6 de octubre de 2009, como plazo para recibir las preguntas parlamentarias por parte de los Grupos Parlamentarios.

VII. Que habiéndose recibido las preguntas por escrito formuladas por los Grupos Parlamentarios, procede integrarlas al presente Acuerdo, en términos de lo señalado por el numeral 5 del Resolutivo Séptimo del Acuerdo Parlamentario del 3 de septiembre del año en curso, a efecto de someterlo a consideración del Pleno para que una vez aprobado se notifique formalmente al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación, dándosele la más amplia difusión mediante su publicación en la Gaceta y en la página de Internet del Senado de la República.

Con base en los fundamentos legales invocados en el proemio, así como en las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República propone a la Asamblea Plenaria el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión formula al ciudadano Presidente de la República las siguientes preguntas parlamentarias por escrito a efecto de que amplíe la información relativa al Informe que presentó al H. Congreso de la Unión, el 1o de septiembre de 2009, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país:

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Pregunta Parlamentaria 1
Política Interior/Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fundamentación.
El 2 de enero del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en sus artículos 19, 20, 21 y 22 prevé la creación del Centro Nacional de Información, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órganos fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en aras de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El Centro Nacional de Información es el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema en términos que señale el reglamento;

II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema;

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;

V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y

VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

Por su parte, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene, como principales atribuciones:

I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y

d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

Finalmente, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza y le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la Federación, Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tiene las facultades siguientes:

I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.

II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;

III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;

VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;

VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;

VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;

IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y

X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.

Pregunta Parlamentaria.
¿Qué grado de avance reporta el proceso de creación de estos tres centros, que acciones han emprendido y qué resultados se han obtenido de las mismas?

Pregunta Parlamentaria 2
Política Interior/Seguridad Pública/Ley Federal de Extinción de Dominio

Fundamentación.
El pasado 27 de agosto entró en vigor la Ley Federal de Extinción de Dominio, el objetivo de esta nueva ley es establecer la base normativa para que sin transgredir las garantías constitucionales de seguridad jurídica, de legalidad, del debido proceso y de audiencia, el Estado Mexicano pueda combatir a la delincuencia a través de la disminución de los recursos que la vuelven poderosa y nutren su impunidad, pudiendo quedarse con las propiedades aseguradas a las personas que estén implicadas en el crimen organizada, narcotráfico, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. La idea de la extinción de dominio es destruir las bases financieras y económicas de la delincuencia organizada sin afectar garantías individuales y protegiendo los derechos de los ciudadanos de buena fe.
Por lo que, ahora que ya se tienen todas las bases jurídicas para quitarle a la delincuencia organizada todos aquellos bienes que se utilicen para dichos actos ilícitos y que la ley ha entrado en vigor:

Pregunta Parlamentaria.
¿Cuántas acciones para aplicar la Ley de Extinción de Dominio se han emprendido? ¿Cuáles han sido? Detallar de manera concreta.

Pregunta Parlamentaria 3
Política Exterior/Relación con el Congreso de la Unión

Fundamentación.
En el capítulo de política exterior del tercer informe de gobierno se subraya el interés del Ejecutivo por mantener el mayor nivel de comunicación y entendimiento posibles con el Legislativo en un plano de pleno respeto mutuo. Sin embargo, con cierta frecuencia en el Senado hemos recibido propuestas del Ejecutivo que no abonan los propósitos de entendimiento, toda vez que son recibidas materialmente en vísperas de que tengan lugar los eventos para los cuales se solicita la aprobación de este cuerpo legislativo, lo que limita la posibilidad de hacer su análisis con el detenimiento que ameritan.
Pregunta Parlamentaria.
¿Es posible esperar que haya un esfuerzo de parte del Ejecutivo para presentar al Senado sus propuestas e iniciativas con el tiempo necesario y suficiente para su correcto procesamiento?

Pregunta Parlamentaria 4
Política Exterior/América del Norte
Fundamentación.

En el informe del Ejecutivo Federal no se hace una referencia puntual a los resultados de la Cumbre Trilateral de Líderes de América del Norte y en la declaración conjunta de ese encuentro, realizado en la ciudad de Guadalajara, tampoco se hace mención al estado que guarda la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Por su parte, Canadá está privilegiando su relación con Estados Unidos de América, al mismo tiempo que endurece sus criterios migratorios aplicables a los mexicanos.

Pregunta Parlamentaria.
¿Cuál es el estado real que guardan los propósitos de integración regional de América del Norte y qué está haciendo el gobierno mexicano para contrarrestar la actitud de desentendimiento del gobierno de Canadá?

Pregunta Parlamentaria 5
Política económica/ Recaudación fiscal

Fundamentación.

En años recientes, la discusión del paquete económico en el Congreso de la Unión conduce a un debate recurrente sobre las deficiencias en la capacidad recaudatoria del gobierno federal, sin que veamos una mejoría sustantiva en los ingresos fiscales, así como una mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.

Mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado requiere: dar mayores facultades fiscales a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal de la economía, acabar con el contrabando, simplificar el marco regulatorio impositivo, otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, contar con una política fiscal integral y de largo plazo que propicie certeza a las inversiones, y mejorar los mecanismos de solución de controversias fiscales, entre personas físicas y morales, así como entre los tres niveles de gobierno.

Nuestro país necesita mejorar su eficiencia recaudatoria, toda vez que en un reporte de la OCDE de 2007, México registró uno de los índices más bajos entre las 30 naciones integrantes de este organismo internacional. México recauda el 17.5% del PIB, en tanto que Dinamarca recauda el 46.0%, Suecia el 34.4%, Noruega el 33.2%; siendo la media de recaudación de la OCDE del 24.7%.

Asimismo, la evasión fiscal en México es del 27% según diversos estudios y la base de contribuyentes es de 24.4 millones de personas físicas y morales; en donde el 97% de este total son personas físicas y el 3% son personas morales. Este universo de contribuyentes aportó 696 mil 802 millones de pesos al fisco en el periodo enero-julio del presente año; lo que ha significado una disminución de (-)13.6% en los ingresos fiscales, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunado a lo anterior, la última cifra del INEGI muestra que hay 12.2 millones de personas en el sector informal y nuestro país ocupa el cuarto lugar en piratería y contrabando a nivel mundial. Lo que implica que estos sectores no sólo no pagan algunos impuestos y sí tienen acceso a bienes y servicios públicos, sino que además constituyen factores que inciden negativamente en los índices de productividad y competitividad del país.

También debe considerarse, que el último Censo Económico del INEGI da a conocer la existencia de 3,005,157 unidades económicas, mientras que la Secretaría de Hacienda informa que sólo tiene registradas 800 mil personas morales en esta base de contribuyentes. Lo cual revela una enorme brecha que no se ha logrado cerrar y representa un universo de recursos fiscales potenciales.

Las bases de certidumbre jurídica para el contribuyente también son limitadas. Debido a que, por un lado, los amparos fiscales son aprovechados por las grandes empresas para hacer negocios y evadir impuestos. Mientras que, por otro lado, los contribuyentes menores tienen recursos de apelación limitados ante la autoridad fiscal, toda vez que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en forma inexplicable, sigue sin operar y carece de titular.

Lo anterior, da lugar a los siguientes cuestionamientos puntuales, debido a que en el Tercer Informe de Gobierno no se muestran avances contundentes en materia de evasión y elusión fiscal; tampoco existe una propuesta para incentivar y sancionar la incorporación de los informales al sector formal; y no hay avances que otorguen certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Pregunta parlamentaria
¿Cuáles son los factores legales, fiscales y económicos que motivan la evasión y elusión fiscal? ¿Y cuál es la estrategia del gobierno para disminuir la evasión y la elusión fiscal?

¿Cuál es el monto de la inversión en materia informática y tecnológica que se ha destinado para que el SAT cuente con los elementos que permitan fiscalizar con equidad y transparencia a los contribuyentes, y lograr resultados en la eficacia recaudatoria?¿De qué manera el gobierno federal incrementará la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria, sin cobrar más impuestos a los contribuyentes cautivos? ¿Cuándo entrará en funciones la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente?

Y, finalmente: ¿cuál es la estrategia del Ejecutivo Federal para incluir a las 2205157 unidades económicas que, según las estadísticas disponibles, están fuera de la base de contribuyentes?

Pregunta Parlamentaria 6
Política económica/sector energía/Comisión Nacional de Hidrocarburos

Fundamentación.
En el marco de la Reforma Energética, aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de octubre de 2008 y publicados los Decretos respectivos por el Presidente de la República el 28 de noviembre del mismo año, se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.
En este sentido, en los dictámenes elaborados por los legisladores, se destaca la importancia de dicho organismo para contar con “la capacidad técnica y el conocimiento necesario para profundizar en las actividades de PEMEX, de modo que se pueda regular más adecuadamente los planes de explotación y participar en la elección de la tecnología más conveniente. Asimismo, debe tener carácter de Estado para darle a sus decisiones la naturaleza que debe serle propia por la trascendencia que tienen para el desarrollo nacional, las finanzas públicas y la vida económica del país”.
En congruencia con lo anterior, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, establece en su artículo 6 que los Comisionados deben cumplir un conjunto de requisitos mínimos, entre los cuales destacan la edad, nivel educativo, experiencia en la industria petrolera por más de diez años, desempeño profesional, condición para ser servidor público y no tener relación legal o comercial con PEMEX. En particular, en el caso del Presidente de la Comisión, el artículo 5º de la misma Ley establece la exigencia de que debe contar con título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera en los términos del artículo 6º.
No obstante, la relevancia que tiene la CNH para la seguridad energética y la explotación racional de los hidrocarburos del país, este organismo fue constituido tardíamente. En el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, así como en el Informe de Labores de la Secretaría de Energía se omite cualquier referencia a la CNH.

Por lo anterior, se considera conveniente y necesario conocer con detalle las tareas realizadas por la CNH, así como tener acceso a la información y documentación que acrediten el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en Ley para el caso de cada uno de los cinco comisionados nombrados.

Pregunta parlamentaria.
¿Cuáles han sido los avances concretos en la constitución y funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? En este mismo sentido, se solicita al C. Presidente de la República remita a la Cámara de Senadores la información y documentación que a continuación se detalla, relacionada con cada uno de los comisionados nombrados y que permita acreditar fehacientemente todos y cada uno de los siguientes requisitos, contenidos en la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos:

· Ser ciudadano mexicano mayor de treinta y cinco años y menor de setenta.

· Estar en pleno goce de sus derechos.

· Poseer título profesional en las ramas de ingeniería, derecho, economía, administración pública, contaduría o materias afines a la industria energética.

· Tener experiencia reconocida de más de diez años en la industria petrolera.

· Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de la Comisión.

· No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de la designación.

· No ser accionista, consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas asociadas o comercialmente relacionadas con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

· No tener litigio pendiente con la Comisión o con Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.

· No estar inhabilitado para ser servidor público.

· Además, en el caso del Presidente de la Comisión, deberá acreditarse que posee título de ingeniero o equivalente en alguna disciplina relacionada con la industria petrolera, conforme lo señala el artículo 5° de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Pregunta Parlamentaria 7
Política social/ Crecimiento de la pobreza

Fundamentación.
En los años recientes, atento a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, han aumentado los recursos destinados a los programas sociales.

Respecto a las recomendaciones que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) ha hecho, en los aspectos a mejorar de cada programa social evaluado, convendría conocer las disposiciones del Ejecutivo para atenderlas, en particular en lo relativo a la calidad de los servicios de salud y educación que se brindan a los beneficiarios del programa Oportunidades.

Pero más allá de la mejora en la eficiencia de los programas sociales que actualmente se ejecutan, resulta imprescindible complementar el contenido del Tercer Informe con el ausente elemento autocrítico. No hay explicación suficiente y satisfactoria de los resultados que muestra la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares (ENIGH 2008), levantada por el INEGI durante el segundo semestre del año pasado, dada a conocer apenas en julio pasado y analizada por el Coneval ese mismo mes.

El significativo aumento en el porcentaje y número de mexicanos en condiciones de pobreza, medida como patrimonio, como capacidades, o aún alimentaria, requiere de una explicación de parte del gobierno: que tenga presente que los deciles de mayores ingresos en nuestra sociedad no resienten y -en algún caso- aún mejoran su situación, en contraste con la afectación que golpea a los mexicanos de menores ingresos.

Es necesaria una explicación sobre el por qué de la desigualdad en aumento que muestran estos datos; y cómo se propone su combate.

Porque debemos tener presente que los datos aludidos muestran la situación del año 2008, misma que ha resultado agravada con los efectos de la crisis, el desempleo y la disminución o falta de ingresos en millones de familias mexicanas.
Por eso se entiende que la coyuntura obligue a aumentar los recursos a los programas sociales, pero necesitamos no dejar de lado la revisión a lo que se estaba haciendo antes de la crisis y que estaba produciendo tan malos resultados.

Esperamos su respuesta, sus análisis, sus propuestas de cambio para corregir la generación de más pobreza, que la ENIGH muestra se observó entre 2006 y 2008 y que, sin duda, ha resultado críticamente agravada en los meses recientes.

Pregunta parlamentaria.
¿Cuáles son las propuestas para tornar eficaz la acción redistributiva del gobierno? ¿Cuáles son las acciones -a la altura del reto- que propone el Ejecutivo para corregir estos tremendos desequilibrios? ¿Cree que aumentando los montos de recursos destinados a los programas sociales será suficiente? ¿Cuáles son sus propuestas de política económica que respondan a la problemática social?

Pregunta Parlamentaria 8
Política Social/ Reforma agraria

Fundamentación.
La información que proporciona su Tercer Informe de Labores en relación al campo mexicano, da cuenta del dinamismo del sector agropecuario en los últimos años. Sin embargo las cifras macroeconómicas, no se han traducido en mayores ingresos netos para los campesinos. Es indudable la cada vez más creciente iniquidad en la distribución de los recursos públicos, pues particularmente los apoyos a la productividad privilegian a las entidades federativas y regiones donde se concentra la agricultura moderna, en detrimento de la precaria atención a las zonas de la economía campesinas.

¿Qué se puede esperar de los programas de gobierno en el marco de este dualismo económico, social, político y cultural que afecta a la población rural? Esta dicotomía que integra a unos a la globalización y desintegra a otros manteniéndolos en la economía de subsistencia, con programas de carácter social y asistencial que perpetúan su pobreza, reclaman con urgencia una respuesta diferente a la medicina que hoy se receta a este mal endémico del campo mexicano.

Pero aún más, su iniciativa para desaparecer, en lugar de reestructurar una institución tan relevante como lo es la Secretaría de la Reforma Agraria, con problemas difíciles y complejos sin solucionar particularmente en comunidades indígenas y sin haber iniciado siquiera las tareas de organización para el desarrollo rural, nos parece una decisión equivocada. En esta hora de hondas inquietudes sociales, parecería que los campesinos perdieron la batalla ante el Estado, pero lo más preocupante, siguen desarmados frente al mercado. El asunto de fondo es ideológico y tienen que ver con el modelo de crecimiento que orienta el desarrollo nacional.

Por estas consideraciones, señor Presidente y en los términos del artículo 69 constitucional, nos permitimos formularle la siguiente pregunta Parlamentaria:

Pregunta parlamentaria.
¿Su gobierno reconsideraría la iniciativa de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria para convertirla en una institución para el Desarrollo Rural, -disminuyendo desde luego la burocracia-, obedeciendo a una estrategia de política legislativa que busca que las instituciones correspondan y se retroalimenten de la realidad social; que los programas de corte asistencialista, se reviertan a favor de una mayor prioridad para los programas de fomento productivo. Y para enfrentar la actual coyuntura de desastre que afecta al campo mexicano por la prolongada sequía que lo ha golpeado o las inundaciones que han siniestrado las cosechas y la ganadería, el desempleo creciente, el éxodo interminable particularmente de la juventud campesina, impulsar un plan de emergencia que restituyan a los campesinos su patrimonio perdido y les ofrezca nuevas alternativas que les de certidumbre a su futuro?
¿Cuáles son las previsiones del Ejecutivo a su cargo para subsanar las serias deficiencias de planeación y coordinación interinstitucional en el campo, ante la volatilidad de los mercados nacionales e internacionales de alimentos?

Pregunta Parlamentaria 9
Política social/ Desarrollo Rural

Fundamentación.
Al estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional y la rectoría del desarrollo rural sustentable, por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Aunque la ley establece las previsiones necesarias para la coordinación de acciones entre federación, estados y municipios, persisten en la toma de decisiones acciones unilaterales que no honran el federalismo.
El sector agropecuario de México ha estado sujeto a una falta de coordinación del Órgano Interinstitucional y el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, en los que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable deposita, como los órganos responsables de la toma de decisiones en materia de política pública de su competencia, la facultad de establecer programas especiales, sectoriales y especiales concurrentes de emergencia si ocurrieren emergencias que lo justifiquen, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fracción IV.

Pregunta parlamentaria.
¿Bajo qué acuerdos del Órgano Interinstitucional y del Consejo Mexicano se tomaron las determinaciones para apoyar a los porcicultores afectados durante el episodio de influenza humana? Se entiende que el objeto de esas determinaciones fue generar acciones para la recuperación del sector porcícola mexicano, pero sería oportuno que informase a esta Soberanía sobre los resultados de las 8 acciones contempladas para tal efecto, tomando en consideración que existe un amplio interés de saber quiénes fueron los beneficiarios de las organizaciones que recibieron 45 millones de pesos para efectuar una campaña de información, promoción y fomento del consumo de carne de cerdo; cuál fue el fin de los más de mil millones de pesos en créditos destinados a la pignoración, prendarios, reportos y avíos de carne de cerdo mediante el Fondo Nacional de Garantías, así como de los recursos canalizados a través de Financiera Rural y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura a partir de prórrogas y renovación de préstamos al sector.

En complemento a esta información, sería altamente deseable saber quiénes accedieron a los beneficios otorgados por el Fondo Nacional de Administración de Riesgos para la adquisición de coberturas de precios de canales porcinos, y quiénes fueron los porcicultores y productores de cerdos que contaron con el 100% de apoyo del costo de la cobertura de precios del grano, mediante los esquemas contractuales y la movilización de las cosechas de trigo cristalino y maíz, para lo cual se destinaron mil millones de pesos.

Pregunta Parlamentaria 10
Desarrollo Social/Salud

Fundamentación.
La salud de los mexicanos es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano. Es por ello que el Partido Revolucionario Institucional tiene por mandato buscar acciones encaminadas al bienestar de la población y salvaguardar los derechos constitucionales en materia de salud.
El desarrollo de México, así como la viabilidad de nuestro país, dependen en gran medida de la calidad que logremos brindar a la salud de la población.
Sabemos también, que las transiciones epidemiológicas y poblacionales que vivimos actualmente han prolongado la esperanza de vida, lo que ha provocado otra dinámica en el Sistema Nacional de Salud en materia de gasto. El tratamiento de las enfermedades es cada vez más especializado, largo y costoso, mientras que aún persisten las insuficiencias en el abasto de medicamentos accesibles a la población.
La llamada "transición epidemiológica" muestra un nuevo espectro de enfermedades en el país y, esto, sin duda, es preocupante toda vez que las enfermedades de hace tres o cuatro décadas en algún sentido se han disminuido, pero ahora, se han presentado otras con una frecuencia mayor tales como: La diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, el cáncer, la cirrosis, el SIDA, el crecimiento en el número de accidentes entre los jóvenes, el consumo de alcohol, drogas y otros estupefacientes, así como una larga lista de enfermedades crónico degenerativas.
Lo anterior, crea un cuadro preocupante para las políticas públicas de salud en nuestro país, ya que éstas, van asociadas a los tratamientos, incluyendo el acceso a las medicinas de alta especialidad.
Nos enfrentamos dramáticamente al hecho de que las instituciones públicas del sector salud han sido sistemáticamente debilitadas a lo largo de la última década. El día de hoy podemos constatar los graves problemas financieros por los que atraviesan y, como consecuencia, el detrimento en la atención de los servicios de salud para atender los nuevos requerimientos que la sociedad mexicana demanda.
Este nuevo cuadro de perfil epidemiológico que estamos viviendo en el país le pega más a los que menos tienen. Esta situación y la falta de recursos fiscales, requieren de una política de salud más agresiva e imaginativa, donde a la población de menos ingresos se le garantice el acceso a estos tratamientos y medicamentos de calidad.

Se requiere fortalecer el Sistema Nacional de Salud a través de esquemas que permitan una cobertura nacional con suficientes unidades hospitalarias, tecnología de vanguardia y de investigación, que permita que el sistema en su conjunto sea verdaderamente una palanca de desarrollo social.
Después de revisar minuciosamente el Tercer Informe Presidencial en materia de salud, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional queda claro que es mucho el camino por recorrer. Los principales indicadores muestran un rezago importante en las personas más pobres que viven en los estados del sur y, sobre todo, de los habitantes de los municipios altamente marginados. Entre los grupos de población más vulnerables se encuentran los indígenas, los discapacitados, las mujeres y los niños, quienes representan en su conjunto, las cifras con mayor rezago en materia de salud.
A tres años del Gobierno del Presidente Felipe Calderón no hemos logrado ver una decisión enérgica y sustantiva de política pública para orientar acciones y recursos hacia los que no tienen acceso a la salud. Se podrá decir que el Seguro Popular ha sido la respuesta, sin embargo y desde diferentes espacios, hemos concluido que no ha dado los resultados deseados.
En conclusión, debemos admitir que falta un enorme trecho para garantizar el acceso a la salud de todos los mexicanos y por brindar una mejor calidad en la atención. La salud debe verse como uno de los pilares que sustente la solidaridad social y evite cada día mayores desigualdades.

Pregunta parlamentaria.
¿Qué se está haciendo y cuáles serán las estrategias encaminadas durante los tres próximos años, para ver un verdadero avance hacia la equidad y la justicia social en materia de salud? ¿Cómo enfrentaremos los requerimientos en la innovación científica y hasta cuándo podremos valernos de instituciones propias para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, ponerlo a la vanguardia y atender las transiciones epidemiológicas y poblacionales a las que irremediablemente nos enfrentaremos en los próximos años?

¿Será suficiente el Seguro Popular como el vehículo financiero para brindar los servicios esenciales de salud a cientos de miles de familias hasta ahora excluidas de la seguridad social? ¿El Seguro Popular será capaz de soportar las demandas de una población que demanda mejores servicios de salud?

¿Qué hay de la vinculación con las universidades y de miles de científicos e investigadores mexicanos que desean realizar aportaciones en esta materia y, que lo que buscan, es justamente la confianza y el financiamiento por parte de las autoridades para desplegar su talento en beneficio de la medicina en nuestro país?

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

TEMA 1. POLÍTICA INTERIOR
PREGUNTA 1.

En la comparecencia del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ante el pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario afirmó que “…la apropiación de nuestros derechos como población pasa por el ejercicio del derecho a la identidad. Actualmente en México no existe un mecanismo que nos garantice que todo individuo ejerce de manera plena y exclusiva su identidad jurídica. La cédula de identidad es la respuesta para subsanar esta carencia.”

Anteriormente y en el marco del 150 aniversario del Registro Civil, el mismo funcionario expresó que dicha Cédula de Identidad tendría “tecnología de punta para incorporar datos biométricos”.

Con ese objetivo, el gobierno federal está pidiendo mil 138 millones de pesos para instrumentar la Cédula de Identidad, acción que ya está siendo impulsada.

Frente a ello, para conocer los pormenores de esa medida gubernamental, los días 5 y 12 de agosto y 14 de septiembre de 2009, ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Senado de la República se presentaron sendos Puntos de Acuerdo por senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, con el espíritu común de solicitar se rinda un Informe respecto de los alcances de la Cédula y de los actos realizados hasta ahora para instrumentarla; proposiciones cuyos resolutivos fueron redactados en los siguientes términos:

Proposición presentada por los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Castro Trenti, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez, Carlos Lozano de la Torre y Adolfo Toledo Infanzón, el 5 de agosto de 2009, ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal que, a través del C. Secretario de Gobernación, presente un informe urgente a esta soberanía que explique los alcances sobre la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, en el cual se detallen los costos y plazos de realización de dicho proyecto, los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión y la institución estatal que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula.

Proposición presentada por la senadora Claudia Corichi García y el senador Tomás Torres, el 12 de agosto de 2009, ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta atentamente al C. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, para que suspenda la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana hasta que se ajuste el marco normativo a las necesidades actuales y se mejoren las condiciones económicas en el país.

Proposición presentada por el senador René Arce Islas, el 14 de septiembre de 2009, ante el Pleno del Senado de la República:

PRIMERA. En el marco de la glosa del informe en la que deberá comparecer el titular de la Secretaría de Gobernación, además de los puntos sustantivos que éste deberá abordar para explicar los resultados de la política interior del país, se hace necesario que rinda un informe detallado en relación a programa para instrumentar la Cédula de identidad ciudadana, cuál es su naturaleza, sustento jurídico, alcance, ámbito de aplicación, tiempo de desarrollo, competencia tecnológica, si en este programa están previstas licitaciones y la intervención del sector privado o empresas extranjeras, seguridad, confidencialidad de datos, si está previsto que esta información sea de uso indiscriminado y común con las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, cómo se prevé que no haya sanciones al ciudadano que no porte dicha cédula y cómo garantizar la procuración de trámites, servicios, y beneficios aún sin contar con dicha identificación, respeto a los derechos humanos, etc.

SEGUNDA. Se exhorta al gobierno Federal y específicamente a la Secretaría de Gobernación a no emprender ninguna acción hasta no se rinda dicho informe detallado al Senado, soberanía que solicitará la presencia de la Colegisladora con el propósito de evaluar la información gubernamental al respecto y emitir sus opiniones y reservas para que sean atendidas por el gobierno Federal antes de desarrollar el programa de Cédula de Identidad Ciudadana. Ello incluirá, de resultar necesario, una adecuación del marco normativo para garantizar que el Registro Nacional de Ciudadanos y la Cédula de Identidad Ciudadana sirvan al propósito específico considerado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano para beneficio del país y de las y los mexicanos.

Sin embargo, la respuesta a dichos requerimientos de información ha sido omisa por parte del Ejecutivo, pese a que fueron aprobados y comunicados con oportunidad por la propia Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión las dos primeras proposiciones, en los siguientes términos:

Proposición presentada el 5 de agosto de 2009 y aprobada por el Pleno como asunto de urgente resolución:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal que, a través del C. Secretario de Gobernación, presente un informe urgente a esta soberanía que explique los alcances sobre la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, en el cual se detallen los costos y plazos de realización de dicho proyecto, los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión y la institución estatal que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula.

Dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, aprobado por el Pleno el 26 de agosto de 2009, que resuelve la proposición presentada el 12 de agosto del mismo año:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Gobernación rinda un informe a esta Soberanía respecto del estado en que se encuentra el procedimiento de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, a fin de que de que se determine la pertinencia de su implementación, en virtud de las circunstancias que vive el país.

El asunto de referencia es de relevancia para este órgano legislativo federal, en tanto que atañe a la esfera jurídica de todos los gobernados en la República mexicana; por lo cual, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República expresa al titular del Poder Ejecutivo Federal, como primera cuestión, lo siguiente:

Se reiteran las solicitudes de información realizadas por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión los días 5 y 26 de agosto del año en curso, con relación a los actos para la expedición de una Cédula de Identidad Ciudadana, por lo que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que envié al Senado de la República un informe que explique los alcances sobre la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana, en el cual se detallen los costos y plazos de realización de dicho proyecto, los fundamentos de derecho en que se sustenta esta decisión y la institución estatal que tendrá a su cargo el Registro Nacional de Ciudadanos, así como la emisión de dicha cédula y exprese el estado en que se encuentra el procedimiento para su expedición, a fin de que de que se determine la pertinencia de su implementación, en virtud de las circunstancias que vive el país.

PREGUNTA 2.

El 10 de febrero del presente año, el Estado mexicano se presentó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar cumplimiento a la Resolución 5/1 de este Consejo, misma que estableció y aprobó el mecanismo del Examen Periódico Universal, principal herramienta del Consejo para vigilar y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los países miembros.

La delegación mexicana que presentó el informe en la materia estuvo encabezada por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien estuvo acompañado de funcionarios de diversas dependencias del Ejecutivo Federal y una representación del Poder Legislativo. A esta actividad también asistieron representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos del país.

Se hicieron 91 recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos, de las cuales el secretario Gómez Mont aceptó 83 y dejó reservadas 8 para ser analizadas y respondidas en el mes de junio. Si bien, al seno de la Comisión de Derechos Humanos se reconoció la cooperación del gobierno mexicano con los mecanismos internacionales de derechos humanos y su reconocimiento de la competencia de éstos para recibir denuncias, también fueron planteados severos cuestionamientos y recomendaciones por la grave situación que guardan los derechos humanos en nuestro país:

a) las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas que están realizando labores de seguridad pública, específicamente en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, y

b) la jurisdicción del fuero militar para investigar, procesar y juzgar a elementos del Ejército y la Armada, presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos de la población civil.

El pasado mes de junio, nuevamente, una delegación encabezada por la Secretaría de Gobernación se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para dar respuesta a las 8 recomendaciones reservadas que son:

1. Adecuar la definición de delincuencia organizada de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
2. Abolir la práctica del arraigo;
3. Asegurar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país;
4. Extender la jurisdicción civil sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares;
5. Seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado para garantizar que sean los tribunales civiles quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio;
6. Conceder jurisdicción a las autoridades civiles para conocer de las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Asimismo, en el caso de que la participación militar se esté realizando en la lucha contra la delincuencia organizada, se adopten las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos;
7. Revisar las disposiciones legales pertinentes para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares sean conocidos por tribunales civiles
8. Restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad.

De éstas 8, el ejecutivo federal explicó que 5 de ellas (las referidas a la jurisdicción y fuero militar) o no eran “aplicables” o habían sido “resueltas” pues ya había militares sancionados por violar derechos humanos (sic). Otras tres fueron totalmente rechazadas:

1. Abolir la práctica del “arraigo”.

2. Acatar “las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) y la Oficina del Alto Comisionado a fin de garantizar que sean los tribunales civiles quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio” y

3. Revisar las condiciones legales para asegurar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares puedas ser sancionadas por cortes civiles.

El rechazo del gobierno mexicano a las dos recomendaciones que se refieren al fuero militar y a la falta de transparencia de la justicia militar, en cuanto a los procesos contra elementos del Ejército acusados de violaciones graves a los derechos humanos, generó diversas reacciones en el ámbito internacional, en particular el rechazo a las recomendaciones sobre fuero militar bajo el argumento de que ya estaban atendidas porque se había juzgado y sentenciado a militares violadores de derechos humanos.

En relación con la negativa a aceptar la recomendación del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abolir la práctica del arraigo, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo Federal que sea el conducto para transmitir al titular de la Procuraduría General de la República el siguiente cuestionamiento, a efecto de que, en estricta observancia de la independencia que debe caracterizar a dicho órgano del Estado mexicano, informe a este órgano legislativo federal:

¿Cuántos arraigos fundados total o parcialmente en declaraciones de testigos protegidos o en documentos anónimos se han practicado desde que se publicó el decreto de reforma constitucional que los permite, el 18 de junio de 2008? ¿Cuántos se han convertido en consignaciones ante juez? ¿Cuántos han resultado en la apertura de procesos penales? Y ¿cuántos han sido negados por la autoridad judicial?

TEMA 2. POLÍTICA EXTERIOR

PREGUNTA 3.

El 12 de marzo de 2009, el Parlamento Europeo aprobó una recomendación al Consejo para el establecimiento de una Asociación Estratégica entre México y la Unión Europea. Con esta determinación, México se posicionó como uno de los interlocutores más importantes de la Unión Europea.

Una vez formalizada dicha Asociación Estratégica, nuestro país se ha convertido en la única nación en el mundo en poseer este status y al mismo tiempo contar con un Acuerdo Global de Libre Comercio, Diálogo Político y Cooperación.

En este contexto, resulta pertinente preguntar:

¿Cuáles son las propuestas específicas y las prioridades del gobierno mexicano para dar forma y contenido a la asociación estratégica entre México y la Unión Europea? ¿Cuáles son las áreas y los rubros en los que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podrían trabajar más estrechamente para impulsar la construcción de una sociedad estratégica entre México y la Unión Europea, buscando en todo momento fortalecer y consolidar los lazos entre nuestras naciones? ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal para convertir a la Unión Europea en una región prioritaria que nos permita enfrentar con éxito el reto de la diversificación económica y comercial?

TEMA 3. POLÍTICA ECONÓMICA

PREGUNTA 4.

El pasado 24 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte al gasto gubernamental que suma un total de 85,000 millones de pesos, debido a la caída de los ingresos presupuestarios, que se prevé sea de 480,100 millones de pesos para 2009. Según el titular de la Secretaría de Hacienda, aproximadamente el 80% del recorte corresponderá al gasto corriente y 20% al de inversión. El impacto que dicha restricción presupuestal generará en la ejecución de programas prioritarios para el crecimiento económico y la superación de la pobreza en México, nos motiva para preguntar al titular del Ejecutivo Federal:

¿De qué manera se afectan las metas económicas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 por el recorte de 85,000 millones de pesos? ¿Cuál es el monto de recorte presupuestal realizado en cada una de Secretarías y dependencias del gobierno federal? ¿Cuáles son los programas y proyectos de inversión afectados y los montos reducidos en cada uno de ellos? ¿Cuáles son los criterios para recortar el presupuesto a cada uno de esos programas o proyectos de inversión? ¿Por virtud de estos recortes, cuantas personas son desempleadas en cada una de las dependencias afectadas?

Dentro del mismo eje temático, resalta que entre las dependencias federales más afectadas por el recorte al gasto público en la administración federal se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Si suponemos que ambos órganos son necesarios para la educación y el desarrollo científico en nuestro país, es preciso saber: ¿Cómo se afecta la calidad de la educación y de los proyectos de investigación por el recorte presupuestal? ¿Cuáles son los montos recortados a cada una de las Universidades Públicas? ¿A cuánto ascienden los recortes presupuestales en educación básica, educación media superior, educación para adultos y posgrados? ¿Cuántos alumnos son afectados en cada uno de los niveles escolares, debido al recorte presupuestal? ¿Cuáles son los efectos de los recortes sobre la construcción de infraestructura educativa en el país y en cada uno de las entidades federativas? ¿Cuáles son los proyectos de construcción de infraestructura educativa que se suspenden o prorrogan su ejecución debido al recorte presupuestal?

Además, ¿Cuál es el monto que se recortó al CONACYT y cuáles son los programas de investigación afectados por los recortes presupuestales, así como los montos a cada uno de ellos? ¿Cuáles son los criterios utilizados para definir los proyectos que fueron afectados? ¿De qué manera se retrasa el avance tecnológico y científico del país con estos recortes? ¿Cuáles son los programas de investigación y desarrollo tecnológico que se dejaron de financiar debido al recorte presupuestal? ¿Cómo afecta esta situación a los avances del país en materia de conocimiento científico? ¿Cuáles son los criterios y razones para establecer un nuevo tabulador de montos para las becas de posgrado nacional?

PREGUNTA 5.

La inversión en infraestructura ha sido el estandarte del gobierno federal durante la administración actual. Es anunciada reiteradamente como una de las estrategias para promover la competitividad, primero, y más recientemente como política para contrarrestar los efectos de la recesión global; pero, el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) ha tenido un avance limitado.

En enero de 2009, como parte del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, el Ejecutivo Federal anunció la aceleración del Programa Nacional de Infraestructura, con un monto de 570,000 millones de pesos (mdp) para la construcción de infraestructura en 2009. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México anunció que este año ejercería un presupuesto histórico de 70,000 mdp, de los cuales 50,000 mdp se destinarían a infraestructura carretera. Frente a ello y al conocimiento de las restricciones presupuestales impuestas por el gobierno federal, solicitamos al titular del Ejecutivo Federal nos informe:

¿Cuáles son los proyectos de inversión de infraestructura que se están llevando a cabo en cada uno de los sectores? ¿Cuál es el grado de avance técnico y financiero de cada uno de los proyectos? ¿Cual es el monto de subejercicio en cada uno de los proyectos? ¿Cuáles fueron los proyectos de inversión y los montos en que fueron afectados por el recorte presupuestal? ¿Cuántos empleos se crearon en cada uno de estos proyectos?

Además, ¿cómo se han distribuido los recursos del PNI a nivel estatal? ¿De qué manera el PNI está contribuyendo a reducir las disparidades económicas entre las entidades federativas del país? ¿Por qué el PNI no se cumplió como lo había programado el Gobierno Federal? ¿Cuáles fueron las restricciones en materia de contrataciones que frenaron la realización de los proyectos? ¿Cuáles son las limitaciones de orden institucional que han retrasado la ejecución de los proyectos del PNI? ¿Por qué el programa nacional de infraestructura no ha logrado el objetivo trazado por el gobierno de evitar una de las peores caídas del producto interno bruto, acompañada de alto nivel de desempleo? ¿Cuál es la nueva estrategia que utilizará el gobierno federal para garantizar que los proyectos de infraestructura sean ejecutados?

PREGUNTA 6.

Desde el mes de diciembre de 2008 se ha dado una desgravación arancelaria generalizada, que si bien no se refiere a la totalidad, sí a la mayoría de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Dicha medida obedece a la política del Ejecutivo Federal por la apertura comercial y facilitación del comercio, a fin de que las empresas sean más competitivas hacia el exterior. La realidad es que México ha adquirido compromisos internacionales, a fin de ser ubicado como un país sin grandes barreras comerciales.

La desgravación arancelaria y la eliminación de cuotas compensatorias no han sido aprovechadas del todo por las empresas mexicanas para mejorar sus procesos productivos, todo lo contrario, los costos de insumos y sobre todo de manufactura en otros países son en muchas ocasiones más bajos de los que se pueden ofrecer en México. Por consiguiente al eliminar los impuestos al comercio exterior resulta más fácil que productos extranjeros invadan el mercado nacional y por lo tanto, que la competencia sea mucho más agresiva y desleal.

La crisis actual impide que los consumidores busquen calidad sobre precio, prefiriendo adquirir mercancías a costos bajos, lo que por ende deja fuera de los mercados internacionales a la gran mayoría de nuestros productores nacionales.

Así, entonces, ¿cuáles fueron las razones de urgencia por el que se justifican las medidas arancelarias impuestas el 16 y 24 de diciembre de 2008? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron del establecimiento de las medidas y en qué magnitud se preservaron los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional?

Además, se solicita al titular del Ejecutivo Federal que presente el informe o estudio de mercado en el que se puntualice cuales son los sectores y cadenas productivas en los cuales no se tiene desventaja económica o comercial con respecto al extranjero que justifique el reajuste arancelario.

PREGUNTA 7.

Durante el mes de septiembre pasado, la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncio la adjudicación de manera directa el contrato para la construcción de dos plantas desulfuradoras en las refinerías de Tula y Salamanca, para elaborar gasolinas con ultra bajo azufre (UBA), por un contrato de 458 millones de dólares. El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, considerando que la industria petrolera nacional representa una palanca eficiente para detonar la recuperación y el desarrollo económico de nuestro país, pregunta al titular del Ejecutivo Federal:

¿Cuál es el nivel de experiencia y de capacidad técnica de cada una de las empresas que participaron durante el proceso de licitación? ¿Cuál es el grado de contenido nacional que presento cada uno de los oferentes en el proceso de licitación? ¿Cuáles son los criterios de oferta técnica y económica por los que se adjudicó el contrato a la empresa de origen italiano “Saipem” y no a los demás concursantes? Explique los motivos por los que no se atendió la recomendación del testigo social: “Instituto Mexicano de Auditoría Técnica” respecto del proceso licitatorio anunciado.

TEMA 4. POLÍTICA SOCIAL
PREGUNTA 8.

Según indicadores que da la SECRETARIA DE SALUD en su Programa Nacional de Salud 2007-2012, México sólo cuenta con 1.85 Médicos por cada mil habitantes, cuando la OCDE recomienda 2.9. Así mismo, sólo contamos con 2.8 Enfermeras, y la OCDE recomienda 8. Contamos apenas con 0.74 camas por cada 1000 habitantes ( el IMSS tiene 0.87 y la Secretaría de Salud 0.63 ) se recomienda mínimo 1 cama por cada 1000 habitantes.

Estos son indicadores que nos preocupan y deben preocuparnos a todos, pues muestran claramente nuestro grave rezago en salud. Debe preocupar principalmente al ejecutivo que es el encargado de proporcionar servicios de salud de calidad a todos los mexicanos, por ello preguntamos:

¿Cómo tiene planeado el Ejecutivo Federal resolver este rezago en los servicios de salud? ¿Cómo y cuándo se logrará la cobertura universal y con qué calendario? ¿Cuáles enfermedades y/o tratamientos quedarían fuera de los servicios de salud del gobierno bajo la cobertura universal que está planteando el Ejecutivo?

PREGUNTA 9.

El IMSS contrató la prestación de servicios informáticos con la empresa TATA Consultancy Services de México, mediante el contrato de adjudicación 00641259-019-07, el cual supera los tres mil millones de pesos. El PRD considera que dicho contrato tiene múltiples irregularidades durante su proceso de licitación. Hoy son desconocidos los nombres, listados y nominas de tal empresa, por lo que se demanda un escrupuloso escrutinio, debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplazan a mexicanos en servicios que tradicionalmente contrataba el Instituto a través de empresas mexicanas. Por lo anterior:

¿Cuáles son las razones para admitir el mecanismo de alianza de un extranjero no participante en una licitación, a efecto de subsanar las observaciones e irregularidades del proceso de contratación de la empresa tata consulting? ¿Cuáles son los términos y condiciones de tal instrumento? ¿Cuántas son las horas cubiertas de prestación de servicio, bajo este contrato? ¿Cuáles son los productos, entregables o instrumentos de medición de las horas hombre facturadas, así como el origen de los consultores o bien las empresas subcontratistas empleadas?

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.

Política Económica

1.- La política económica nacional, es uno de los asuntos que merecen la mayor atención en el análisis de este Tercer Informe de Gobierno, ya que este ámbito es el que repercute de manera más sensible en el desarrollo familiar mexicano. En el Partido Verde estamos conscientes de que la falta de ingreso y su adecuada distribución, han colocado a la sociedad mexicana bajo un esquema de alta pobreza, marginación y nula competitividad. Sin embargo, la difícil situación por la que hoy atraviesa la economía mundial, nos obliga a enfrentar este contexto mediante nuevos esquemas, en donde la voluntad política, la colaboración y la eficiencia del Legislativo y del Ejecutivo, sean premisas indispensables para ofrecer a los ciudadanos opciones palpables en su bienestar. Ningún país puede darse el lujo de no crecer, como ningún país puede desatender la necesaria equidad en la distribución de la riqueza y el ingreso. Se ha señalado abiertamente que existen 20 millones de mexicanos bajo condiciones de pobreza alimentaria, este dato no ofrece la fotografía completa de la situación que enfrenta nuestra sociedad. Derivado de los anterior, quisiéramos saber, ¿Cuáles son específicamente las condiciones que requiere el Estado para que el país crezca en un entorno de crisis como el actual, tomando en consideración el círculo vicioso en el que estamos inmersos de crisis recurrentes, menor crecimiento, menores empleos, menor competitividad y mayor empobrecimiento, y cómo se puede romper la dinámica de subdesarrollo?

2.- Resulta lamentable que el gobierno haya tenido que recurrir a la imposición de mayores gravámenes con la simple justificación de recaudar más, ya que si bien se requiere de más ingresos y se ha solicitado un mayor endeudamiento, esto debe realizarse con prudencia para llenar de alguna manera el boquete fiscal en el que la economía se ha inmerso. Sin embargo, quisiera preguntarle ¿Por qué no se consideraron la creación de impuestos ambientales que no sólo contribuyeran a una mayor recaudación, sino que sirvieran para corregir la explotación desmedida de los recursos naturales, que considerara el impulso de energías renovables, el ahorro energético, y medidas que en general contribuyeran a sustituir al petróleo como nuestro único medio para obtener recursos públicos, sabemos qué la política fiscal nacional sigue considerando a los mismos de siempre y no se hace algo para ampliar la base gravable en forma efectiva, y cuáles son los principios económicos que se están tomando para sentar bases sólidas a futuras generaciones, respecto al aprovechamiento adecuado de los recursos naturales?

Política Social

3.- Sin lugar a dudas han sido trascendentes los resultados que ha obtenido el Gobierno en materia de protección civil para fortalecer la prevención y la atención oportuna de las situaciones de contingencia que ha enfrentado el país. En este sentido ha sido amplia y exitosa la colaboración de las diversas instituciones públicas y del Sector Privado. Sin dejar de considerar esos logros, no podemos dejar de observar que aún se presentan importantes incrementos en materia de pobreza, desempleo, insalubridad, marginación social y deserción escolar. Las cifras nos muestran que son de las más altas en la historia reciente del país y que se están frenando los esfuerzos por desarrollar una mayor participación ciudadana y una sociedad más crítica e informada. Un claro ejemplo de esta situación la podemos ver en los niveles que alcanzó el desempleo en el pasado mes de julio, desde hace 13 años no se veía que el 6.12 por ciento de los mexicanos no tuviera trabajo, lo cual representa 2.8 millones de personas que no generan ningún tipo de ingreso. Hemos descuidado la producción de nuestros campos, de nuestros mares y de nuestras minas. Llevamos muchos años sin estimular a fondo a nuestras industrias y universidades, la delincuencia organizada ha crecido ilimitadamente, se han permitido conductas que generan el rezago de millones de alumnos, seguimos propiciando la evasión fiscal y el incumplimiento de sectores que cuentan con impresionantes recursos para apoyar la recuperación del País, aún tenemos una gran dependencia del exterior, existen conductas que dañan severamente a la salud humana y al medio ambiente, seguimos tolerando importantes casos de impunidad e injusticia, y aún hay grupos privilegiados que poco hacen por el bienestar general y que consumen cuantiosos recursos en perjuicio de millones de mexicanos. Ante este complejo escenario, nos gustaría conocer, ¿Qué medidas estaría dispuesto a emprender su Gobierno para acabar con esos privilegios ofensivos y con ese abandono social y económico?

4.- En comparación con 2008, el gasto en desarrollo social tuvo un incremento de 7.4 por ciento. Y en lo que se refiere a los programas para superar la pobreza, para este año se aprobó un monto por 243 mil 725 millones de pesos, equivalente a 14.4 por ciento más en relación con el año anterior. Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México lo anterior resulta de gran trascendencia, ya que es primordial que el gasto aprobado se utilice de manera adecuada, y que mejor que esos recursos se apliquen a los programas sociales que se traducen en verdaderos apoyos para la gente que más lo necesita. En este orden de ideas, a últimas fechas el Presidente ha realizado declaraciones en donde expresa la desaparición de diversos programas sociales, exponiendo que se va a hacer más con menos, lo cual nos llena de preocupación. Dichas declaraciones contrastan, sin embargo, con el proyecto de apoyar más a los sectores desprotegidos del país, mediante la consecución de ahorros en el aparato burocrático y por medio de un incremento considerable al cobro de los impuestos. Esta es la parte que nos ocupa en la presente pregunta, ya que no sabemos, entonces, cómo y cuándo se verán beneficiadas todas estas personas que viven en el atraso y la marginación, es decir, ¿Cuáles serán las políticas públicas (planes, proyectos y programas) a seguir para gastar esos recursos que se captarán de más, en favor de los más necesitados y, sobre todo, que se hará también transparentar y rendir mejores cuentas de todo ello al pueblo de México quien será quien financie dichas políticas gubernamentales? Al respecto consideramos que no basta con afirmar que “por primera vez en la historia, los recursos van a llegar a quien más los necesite y de una manera transparente”. ¿Ello quiere decir, entonces, que nunca se ha hecho así? No podemos faltarle al respeto de esta manera a los mexicanos. El problema de la pobreza en nuestro país es enorme, por lo que se tiene que diseñar un esquema para que el desarrollo social combata de manera integral (y no con programas aislados), la pobreza y la desigualdad.

Política Interior

5.- Los varios miles de millones de pesos que anualmente se destinan al Sistema de Seguridad Pública, los más de 14 000 muertos que se asocian a ejecuciones del crimen organizado, las decenas de miles de personas que han sido secuestradas o agredidas violentamente en fecha recientes, el severo incremento en los delitos federales y la grave saturación del sistema penitenciario, son testimonio fiel de los retos que aún debemos afrontar para recuperar la estabilidad y la paz social en el país. Sin duda esto representa uno de los mayores retos en materia de Política Interior. La guerra sin cuartel a la delincuencia organizada y el enorme esfuerzo que han desplegado las fuerzas armadas mexicanas para preservar la seguridad e integridad del País, pronto serán un capítulo muy importante en los libros de Historia de México. Estos criminales han estado durante un largo tiempo y sin presión alguna, dedicados a la piratería y al robo sistemático; al tráfico de enervantes, de armas, de órganos o de indocumentados; a los secuestros, asesinatos y estafa; a la prostitución y al tráfico de personas; así como a un amplio espectro de delitos que han atentando sin misericordia contra la vida, la seguridad y el patrimonio de numerosos mexicanos. Casi ninguna otra Nación del planeta ha tenido que afrontar retos de esta magnitud y complejidad. Los inmensos recursos del crimen organizado, sumados a su gran capacidad corruptora y de persuasión, han sido un enorme obstáculo para poder recuperar el clima de seguridad y desarrollo que durante largas décadas tuvieron la mayoría de nuestras comunidades. La trascendencia de garantizar nuevas condiciones de seguridad a la población actual y a las nuevas generaciones del País, obligan a establecer, en esta materia, políticas de mediano y largo plazo para evitar que en pocos años el crimen organizado recupere los importantes espacios que ha perdido, ante el embate de nuestras fuerzas públicas. Por lo anteriormente expuesto ¿Podría señalar las medidas que habrá de establecer su Gobierno para asegurar -en el mediano y largo plazos- la continuidad de los esfuerzos que permitan erradicar la delincuencia organizada en nuestro País?.

Política Exterior

6.- Durante varias décadas la política exterior de nuestro país ha sido un orgullo para todos los mexicanos. Con tesis fundamentales y actores excepcionales, en el contexto internacional los mexicanos logramos hacernos respetar por todas las naciones. Los principios de política exterior son el resumen de la historia nacional y han sido la piedra angular en la que los gobiernos han fincado su actuación en el contexto internacional. Principios como la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación internacional, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, igualdad jurídica de los Estados y la lucha por la paz y seguridad internacionales dan vigencia plena al desenvolvimiento de México en el exterior. En su manejo no hay lugar para preferencias personales, partidistas o coyunturales. México es una Nación libre, independiente y soberana que debe actuar internacionalmente siempre apegada a derecho y ceñirse a lo que establece nuestra Carta Magna, así como a la tradición de respeto absoluto a los asuntos de otros estados que siempre nos ha distinguido. Lo anterior no quiere decir que el PVEM apoye la inactividad, en lo absoluto. Por el contrario estamos por un activismo internacional que logre una mayor presencia de México en los principales foros y en las diferentes regiones que conforman al mundo. Al respecto, en el Partido Verde Ecologista de México nos parece que ha existido un gran avance en el gobierno del Presidente Felipe Calderón retomando el liderazgo en el campo internacional latinoamericano, la recomposición de las Relaciones Internacionales con los países latinoamericanos ha sido muy importante y benéfico para nuestro país. El recuperar parte del terreno perdido con Venezuela fue y es una señal clave. De igual forma, aplaudimos el acercamiento del gobierno mexicano a la Isla Caribeña, así como la viabilidad de normalizar las relaciones bilaterales entre México y Cuba. No obstante lo anterior, la diplomacia del país en este último año no ha logrado proyectar una imagen de México ante la comunidad internacional como un país democrático, en asuntos de tratados y acuerdos comerciales no ha sabido insertarse de manera competitiva en los mercados extranjeros, es decir que como país estamos reflejando un perfil bajo y una falta de agenda internacional estratégica para resolver los asuntos en materia de Política Exterior. México necesita de una Política Exterior que se sustente en objetivos concretos y en estrategias de relaciones bilaterales y multilaterales adecuadas que estén orientadas a mejorar de forma directa las condiciones internas fundamentándose en objetivos concretos y delimitados por el proyecto de nación. Debe mejorar su posición negociadora frente a otras naciones con el fin de posicionar a nuestro país en el escenario global y regional. Y es por todo lo anterior que queremos saber, ¿Cuáles son las estrategias y metas a conseguir la consecución de objetivos vinculados a nuestra seguridad y desarrollo, enfocadas a la promoción del progreso y al fortalecimiento de la soberanía nacional, y cómo y de qué manera se establecerían los vínculos efectivos de diálogo político, comercio e inversión con otras naciones, con el fin de complementar y mejorar el equilibrio a nuestras relaciones internacionales?.

GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Política Económica
En los últimos doce meses el país ha vivido una etapa de incertidumbre económica y política, frente a un sin fin de pronunciamientos oficiales que parecen no señalar rumbo y sobresaturar de información a la sociedad en un claro entorno de creciente desempleo y pobreza.
En el término de una semana —del 1° al 8 de septiembre—, al despliegue mediático del Tercer Informe de Gobierno, entregado al H. Congreso de la Unión, se satura a la sociedad y al Poder Legislativo con el pronunciamiento del Ejecutivo de “10 puntos para cambiar de fondo a México”, seguido por la Propuesta de Paquete Económico 2010.
Las propuestas gubernamentales en materia económica no eluden las restricciones presupuestarias, pero evitan las precisiones necesarias de los márgenes reales de maniobra. Uno de los márgenes está dado por el abultado gasto corriente y otro por romper las restricciones artificiosas que impiden acrecentar la deuda pública, obligando a implantar recortes procíclicos cuando la economía sufre una crisis y las prácticas internacionales van en sentido inverso.
En todo caso, los recursos fiscales comprometidos se reciclarían al sector empresarial, evitando caídas adicionales en la producción y el empleo y la propia recaudación tributaria. Además, ese gasto no tendrá repercusiones inflacionarias al compensarse con el descenso del consumo privado y la enorme capacidad ociosa de las empresas. Nos encontramos frente a una política económica errática que posterga la recuperación bajo la obcecada premisa del equilibrio de las finanzas públicas.
Como en el pasado, el criterio gubernamental de acotar al máximo el ámbito de la acción estatal en la esfera económica ha quedado en entredicho por los magros resultados de las políticas anticrisis puestas en México en marcha durante 2008-2009. En el mejor de los casos, los recursos públicos para reactivar la demanda agregada han servido para garantizar pasivos privados de grandes corporativos y continuar con el pago de favores establecidos por razones meramente políticas. Los programas, así establecidos, han carecido de transparencia, orden y rendición de cuentas. El Estado, al final, ha terminado por asumir los riesgos y los correlativos costos de la fallas de las empresas.
Como consecuencia de ello, la supuesta eficiencia de los mercados sin intervención del Estado se revela como una quimera de pretenciosas raíces teóricas. Las fallas —que tienen postrada a la economía mexicana desde hace tres décadas—, en vez de ser resueltas por los propios mercados, han requerido una vez más de la intervención estatal patrimonialista, desarticulada y en beneficio de unas cuantas entidades económicas, en perjuicio de miles y miles de pequeñas y medianas empresas.
El ritmo de crecimiento de la economía lleva más de dos décadas de cuasi-estancamiento y de crisis seculares. Los pequeños y medianos negocios viven en crisis permanente; carentes de apoyos, de financiamiento y tecnología, están imposibilitados de sumarse a los esfuerzos que son indispensable para una reconstrucción económica coherente y sostenible.
El mercado de trabajo registra enormes desequilibrios mientras se acrecienta explosivamente la marginación en ocupaciones informales, así como la inseguridad y precariedad de los empleos. La pobreza absoluta y relativa alcanza dimensiones desproporcionadas. Así, no es sorprendente explicar por qué el abatimiento del mercado interno, de las finanzas públicas y de la cuenta con el exterior, estén en la antesala de la descomposición social y la inseguridad pública que se viven en México.
Si las cifras de la producción nacional (PIB) mostraban un colapso en el primer trimestre del año, las del segundo indican que el PIB total cayó 10.3% respecto a igual periodo de 2008; la producción primaria (agropecuaria y pesca) fue el único segmento con un magro crecimiento en el trimestre de 1.1%, mientras que la producción industrial se desplomó 11.5%, y la generación de servicios 10.4. El impacto en el empleo —medido de diciembre a diciembre con los trabajadores asegurados en el IMSS—, es de una caída de 619 mil plazas formales.
Aún cuando la economía hubiese tocado fondo, la pregunta es ¿cuándo lograremos alcanzar el nivel de crecimiento que se tenía en 2000? o ¿simplemente retornaremos al punto de estancamiento y de partida?
La economía nacional no podrá iniciar el arduo camino de su reconstrucción, bajo los supuestos económicos del modelo mexicano oligopolizado y supuestamente neoliberal que nos condujo a la devastación actual.

A estas alturas nadie piensa que el gobierno debe hacerlo todo, pero lo que tiene que hacer lo tiene que hacer ya, y hacerlo bien. En primerísimo lugar, dar pasos en firme para movilizar la economía a partir de los recursos reales y financieros de que se dispone y, sobre todo, los que puede y debe inducir, tanto del ahorro externo, como de la inversión privada nacional.
Se trata de reanimar la producción y el empleo; no puede haber mayor prelación hoy que revertir la caída de los ingresos familiares; renovar el entusiasmo y la fe de los productores, empresarios y comerciantes en quiebra o a punto de estarlo; lo mismo que a los trabajadores acosados por la inminente cesantía o por el desempleo abierto, sin duda el mayor contingente industrial de reserva de nuestra historia. Jóvenes y viejos; mujeres y hombres con aptitudes diversas para el trabajo productivo, que miran a un horizonte sin porvenir.
Ha llegado la hora de restaurar la República y darle rumbo y viabilidad al Estado mexicano; sacarlo del confinamiento al que fue condenado en esta larga noche de pobreza y de miseria, de un simple y supuesto guardián del orden y la paz, para reencauzar la energía de la sociedad, en la enorme tarea de iniciar un nuevo ciclo de desarrollo que a todos nos incumbe y a todos nos alcance: crecimiento económico con equidad distributiva de la riqueza.
Es hora de cambiar de rumbo; de dar un golpe de timón.
En el Tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón se apunta lo siguiente:
“(…) Dentro de las acciones contra-cíclicas más recientes destacan el establecimiento del Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE) en octubre de 2008, y el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo en enero de 2009”.
Pregunta
¿Cómo se pretende alcanzar un mayor crecimiento de la economía mexicana; generar los empleos que demandan los mexicanos, y de qué manera se busca incrementar la competitividad de la economía, si por una parte se proponen estímulos para la activación a través del PICE y por otra parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la aplicación de una reducción del gasto público en 85 mil millones de pesos: 78% en el gasto corriente (66 mil millones de pesos) y de 22% en el gasto de bienes muebles e inmuebles y obra pública (19 mil millones de pesos) y se prevé una reducción del gasto de inversión programable en 2010 de 83 mil millones de pesos?
Por otra parte, en el Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Federal no aparecen respuestas ni explicaciones acerca de por qué la política económica que se viene instrumentando desde hace varios años se mantiene inalterable, no obstante arrojar resultados abrumadores para la sociedad y el Estado mismo.
Así también, no se ofrece una respuesta de por qué México crecía menos que el resto de América Latina; aun antes de la crisis.
Tampoco se habla de la pérdida de competitividad, del deterioro en capital humano, de un desfavorable ambiente para los negocios; de la mayor desigualdad, de la dependencia comercial con Estados Unidos y el deterioro ecológico, como los factores que expliquen por qué México no crece y es una de las naciones más afectadas por la actual contingencia financiera.
Tales explicaciones, y otras más, están ausentes en el diagnóstico y por lo tanto en las acciones de política. Se continúa con el eterno pretexto de que se requieren reformas mágicas desde el Congreso para comenzar a tener resultados y con eso se evita la rendición de cuentas con respecto a la economía.
Pregunta
El informe escrito que presenta el titular del Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe dar cuenta del estado que guarda la administración pública de la nación. ¿Por qué entonces no presenta compromisos concretos para que en lo que resta de la administración se reduzca la pobreza en un número determinado de personas; se mejore el índice de desigualdad en un porcentaje aceptable; y se adopten medidas de política económica decisivas para reactivar eficazmente la producción y el empleo?

Política Social
¿Vivir Mejor? Es la pregunta que 10.7 millones de hogares mexicanos catalogados en situación de pobreza patrimonial (5.9 millones urbanos y el 45.1% restantes del área rural) se plantean al intentar entender el discurso presidencial del capítulo Igualdad de Oportunidades de su reciente informe como titular del Ejecutivo Federal.
Esos 10.7 millones de hogares significan como resultado de 50.6 millones de personas pobres en patrimonio (5.9 millones de personas más que en 2006). En total representa 47.4% de la población en el país; cifra que se desglosa en 78.5% como población rural y el resto en el área urbana.
Ante esta dramática situación, en el Informe se dice que en los últimos 3 años se han destinado recursos por 606 mil 243 millones de pesos, superiores en 68.7% en términos reales a los otorgados en el trienio 2001-2003. Del importe señalado, el 77% se ejercieron vía el gobierno federal y los 139 mil 384 millones restantes a través de los gobiernos estatales y municipales.
Frente a tal erogación, son preocupantes las cifras del crecimiento de pobres en México, pues de 2006 a 2008 dentro de la cifra de pobres en patrimonio ya señalada, los mexicanos con pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones en 2006 a 19.5 millones de los cuales 12.2 millones se ubican en el ámbito rural y el 37.1% restante habita en las zonas urbanas. En igual sentido, a pesar de haber disminuido el número de personas de 65 años y más de edad que no trabajaban y no recibían pensión, su volumen sigue siendo alto, si consideramos que sólo decreció de 890 mil en 2006 a 738 mil en 2008.
Así, tras el entramado del doble discurso oficial para auto-elogiar los anualmente crecientes recursos destinados a contener y superar la pobreza como el manejo de cifras de los cada vez más numerosos planes y programas implementados, el tercer informe no plantea explicación alguna acerca de lo fallido de su política y estrategia oficial. Las más recientes estadísticas, paradójicamente evidencian una discordante realidad sobre el desarrollo social que vivimos los mexicanos, pues entre mayores recursos se destinan a aminorar el número de pobres, lejos de disminuir, su crecimiento es cada vez más alarmante.
El análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reconoce no solo importantes avances en México a partir de los 90’s, sino también el aumento en la cobertura de servicios básicos, especialmente para la población con menores ingresos y, la reducción en forma importante de la pobreza desde 1996.
En igual sentido ha precisado algunos retos:
· La reducción en la pobreza entre 1992 y 2006 ha sido relativamente lenta.
· La población en pobreza en las áreas urbanas es de gran magnitud.
· El reciente incremento de los precios de los alimentos afecta el bienestar de la población y existe riesgo de un incremento de la pobreza en el país.
· El crecimiento económico per cápita del país ha sido muy bajo.
· El empleo formal no ha crecido lo suficiente, pero el informal lo ha hecho de manera importante.
· Los salarios reales promedio prácticamente no han cambiado en 14 años.
· Un número importante de mexicanos no cuentan con acceso a la seguridad social.
· El avance en la reducción de la mortalidad infantil y, especialmente en la mortalidad materna, ha sido muy lento; el problema se agudiza en zonas de alta marginación y pobreza.
El CONEVAL también enfatiza que a partir de la evaluación de diversos programas sociales se tienen los siguientes retos:

· Diseño inadecuado.
· Reglas de Operación poco claras.
· Problemas de planeación estratégica.
· Dificultades para cuantificar la población potencial y objetivo.
· Falta de estrategia de cobertura de mediano y largo plazo.
· Ausencia en la definición de la población objetivo.
· No se cumplen diversos plazos de la operación.
· Falta de coordinación entre instituciones.
· Deficiente calidad de diversos bienes y servicios brindados.
· Falta de información y accesibilidad de programas
· Deficientes esquemas de monitoreo interno de los programas
· La gestión de los programas privilegia la operación y cumplimiento de normas, más que los Resultados.
· No se mide ni adecuada ni sistemáticamente el grado de satisfacción de la población atendida.
La Estrategia Vivir Mejor tiene áreas de oportunidad de mejora en aspectos como: dispersión de programas y acciones; coordinación institucional; instrumentación de políticas eficaces que produzcan sinergias entre la política social y la económica y, contar con metas e indicadores que midan su eficacia.
Lo realmente efectivo es el incremento de la población en pobreza entre 2006 y 2008 en 5.9 millones, sin considerar la población que cayó en esta condición a causa de la crisis global. Un reporte del Banco Mundial señala que la recesión en que cayó la economía mexicana en 2009 sumió en la pobreza a por lo menos 4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron en esa condición entre 2006 y 2008, lo que arroja una cifra superior a los 10 millones de pobres en este año.
PREGUNTA 1:
Bajo el escenario actual del incremento acelerado de los niveles de pobreza alcanzados con los programas para su combate -muy a pesar del incremento sostenido de los recursos públicos- y considerando tener previamente un diagnóstico objetivo por instituciones académicas su ejecución regional y sectorial de acciones de alto impacto, concretamente, ¿qué plantea su gobierno de meta de reducción de la pobreza y para la medición permanente de los impactos intermedios y finales en la materia?

Política Interior
El balance del tercer año de gobierno presentado por el titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión deja más interrogantes que señales de aliento y entendimiento de la realidad política nacional, misma que exige altura de miras y estatura de estadista.
La primera reflexión a que lleva el Tercer Informe de Gobierno es que después de tres años de gobierno y a nueve años de iniciada la alternancia política panista, prevalece la perniciosa presencia e influencia de poderes fácticos y grupos de interés que imponen sus criterios para la definición y operación de las políticas públicas, que deberían ser encaminadas al fortalecimiento de la democracia y a la modernización del sistema político.
Esta percepción se refuerza con la visión manifestada por organismos internacionales, como el Banco Mundial que señala que:
“. . . los grupos de interés tienen una influencia política extraordinaria en espacios en los que el contenido de las políticas públicas es complejo y donde se puede aplicar presión extrainstitucional para imponer grandes costos a la sociedad. . . La influencia de estos grupos está determinada por una combinación de factores, incluyendo su fortaleza numérica, su influencia financiera y su capacidad para controlar puntos clave del proceso de diseño de las políticas públicas. También deriva de poderes de negociación formales otorgados por decisiones de política pública o jurídicas.”
Así, lejos de fijar prioridades para delinear acciones basadas en una sólida y bien estructurada política interior que contenga dentro de los márgenes legales a los poderes fácticos, el Ejecutivo refleja en su Tercer Informe únicamente aspectos meramente cuantitativos, obviando la esencia y sustancia. Señala número de reuniones, eventos, documentos elaborados, suscripciones de acuerdos, entre otros; y es omiso en indicar o al menos esbozar las líneas de lo que debiera ser una política de Estado para enfrentar, por ejemplo, el alto riesgo de un eventual conflicto social que pudiese derivar del inequitativo trato que da el gobierno a las élites económicas y a los grupos sociales menos favorecidos.
Señala el Ejecutivo, en el texto de su Tercer Informe, que:
“La democracia se fortalece a través del conocimiento de sus valores y la práctica de los mismos. Conscientes de ello, las acciones de la presente administración se han efectuado con pleno respeto de la ley, considerando que la cultura de la legalidad genera la tolerancia y el respeto que una sociedad plural demanda. El Gobierno Federal genera en la población confianza y credibilidad hacia las instituciones al actuar con equidad en la atención oportuna de las demandas de las comunidades y de los actores políticos y sociales, y con base en la definición de acuerdos con la activa participación de los ciudadanos, permitiendo así tomar decisiones y ejercer responsablemente el servicio público en beneficio de la sociedad.”
Sin embargo, tal afirmación se contradice con las acciones y omisiones del gobierno federal en materia de política interior que han sido factor importante para que paulatinamente en el curso de esta administración prevalezca un desencanto con la democracia y la mal llamada modernización del sistema político.
Así lo demuestran datos de la propia Secretaría de Gobernación, en relación con los grados de satisfacción de los ciudadanos mexicanos con la democracia y con el respeto a los derechos de las personas: sólo un 7 por ciento de los ciudadanos manifestaron estar muy satisfechos con el respeto al derecho de las personas, mientras que únicamente el 5 por ciento está muy satisfecho con la actual democracia.
A mitad del sexenio, lejos de emprender acciones políticas concretas encaminadas a revertir estas percepciones de la ciudadanía, el Tercer Informe evidencia una administración extraviada en un laberinto de complicaciones producto de escaso juicio para la conducción política del país, en la que se vislumbran aspectos patrimonialistas como el pago de facturas políticas y la membresía partidista como criterios para hacer uso de la facultad constitucional del Ejecutivo Federal para designar a sus colaboradores.

La descripción del estado que guarda la administración pública en materia de política interior, en el tercer año de gobierno, sólo refleja un país inmerso en la zozobra y en la inseguridad; la calma ciudadana y la estabilidad social sólo existen en el discurso oficial y en el círculo cercano al titular del Ejecutivo Federal.
El clima de incertidumbre y desasosiego deriva, en buena medida, del incumplimiento, hasta ahora, de las atribuciones sustantivas que la Ley le confiere a la Secretaría de Gobernación como responsable de la conducción de la política interior; esta dependencia no ha tenido la capacidad de:
“. . . conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales; [ni de] Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática.”
Es un hecho indiscutible que hoy, a diferencia del pasado, las decisiones políticas no se encuentran ya sólo en la esfera de competencia del Ejecutivo federal sino que exigen interrelación, dialogo, consenso y acuerdos con los otros Poderes públicos y con la sociedad.
No obstante, no se encuentra en el Tercer Informe indicio alguno que permita conocer, más allá de las formalidades legales de coordinación interinstitucional, las tesis y principios políticos que rigen su ejercicio de gobierno; el documento deja ver una política interior sustentada y regida por una visión y una praxis política caduca, premoderna, antifuncional, identificada parcialmente con el ancient regime al que se desearía con la alternancia.
Pregunta:
Ante los retos ineludibles que afronta el Estado mexicano para remontar la profunda y lacerante crisis económica, la creciente inseguridad pública y el progresivo descontento social, ¿Cuáles son las bases doctrinarias en que ha basado sus acciones de gobierno para encauzar el entendimiento con las distintas expresiones políticas, con los poderosos grupos de interés y con la sociedad, encaminado a lograr la profunda reforma del Estado que reclama el país?

Política Exterior
El Tercer Informe de Gobierno adolece de bases y argumentaciones objetivas que permitan vislumbrar una verdadera política exterior de Estado, sustentada en una visión estratégica de México en el concierto de las naciones.

Aún cuando se señala a la política exterior como palanca del desarrollo nacional para "apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo." Por un lado, el Ejecutivo señala a la política exterior como palanca del desarrollo nacional y, por otro, la excluye de sus prioridades inmediatas enmarcadas en los 10 rubros anunciados para enfrentar la actual crisis por la que atraviesa el país. Efectivamente, en materia de Comercio, Inversión e Innovación, el Tercer Informe señala que:

“Se identificaron iniciativas de alianzas estratégicas en diversos sectores, en particular minería, automotriz y aeroespacial. Se reconoció el papel de la innovación, el desarrollo de recursos humanos y la logística en la concreción de dichas iniciativas.”

Lo cierto es que la realidad deja ver una relación disfuncional con los organismos financieros internacionales. No se explica la ausencia de México en foros internacionales de especial relevancia, como es el caso del Grupo de Deuda Pública de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), de la que México forma parte.
La importancia de la UNCTAD se centra en que: “En la actualidad colabora directamente con más de 60 países de renta mediana y baja cuyas economías suman más de 500.000 millones de dólares de deuda pendiente a largo plazo, pública o garantizada por el sector público. Esa cantidad representa aproximadamente el 40% del total de la deuda a largo plazo de todos los países en desarrollo.”
El Tercer Informe es insistente en señalar que la actual crisis económica se originó en el exterior, pero es omiso en indicar las acciones que ha llevado a cabo para transformar la economía mexicana en el contexto del comercio mundial. Entre 1993 y el año 2000 las exportaciones mundiales crecieron 70 por ciento. México se ubicó como el país que más creció en sus exportaciones, con 219 por ciento, superando a China, a Rusia, a Polonia y Corea.
En tanto, en el periodo 2000-2008, el crecimiento mundial fue de 154 por ciento y China se convirtió en el líder, con 473 por ciento, México ubicado en vigésimo quinto lugar, con sólo 76 por ciento de crecimiento. Como consecuencia de esta negativa evolución, México pasó de ser el décimo segundo exportador mundial en el año 2001, a ubicarse en el décimo sexto en el año 2008.
No se encuentra en el Informe de Gobierno una explicación convincente acerca de las razones que han llevado al país a descender dramáticamente en el ranking mundial de competitividad. Del 25.8 por ciento del comercio exterior que financiaba Bancomext en el año de 1989, en el año 2000 sólo fue de 0.65 por ciento. Es decir, menos de 1 por ciento.

Dicha situación ha sido generada y agravada por la ausencia de políticas públicas de largo plazo y una estrategia que permitiera combinar adecuadamente las actividades de promoción y financiamiento como era el objetivo ideal que se planteó al fusionar al Instituto Mexicano de Comercio Exterior con Bancomext y que ahora nuevamente ha sido revertido al separar la actividad de promoción.

Adicionalmente, el financiamiento internacional, a través de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sólo ha provocado una dolarización de la economía, en razón de que los recursos obtenidos no se destinan a programas prioritarios de infraestructura, ni se agregan a los presupuestos corrientes.

En el marco de la participación de México como miembro no permanente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Tercer Informe señala que:
“México contribuyó a la negociación y adopción de dos resoluciones referentes a la renovación de mandatos de operaciones de mantenimiento de la paz (Sahara Occidental y Sudán); cuatro declaraciones presidenciales sobre: Corea del Norte, Haití, mediación como solución de controversias, y los niños y los conflictos armados; y tres comunicados de prensa. México impulsó tres debates temáticos abiertos relativos a la mediación como arreglo pacífico de controversias; los niños y los conflictos armados y la situación de Haití.”
Además de no señalar cuáles son los beneficios directos para la sociedad mexicana de la participación de México en este Consejo de Seguridad, se omite informar de la cantidad de recursos del erario que se destinan al rubro de cooperación internacional en particular.
En mayo de 2007, Convergencia señaló desde la Tribuna de la Cámara de Senadores que: “Las aportaciones internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores representaron en 2005 y 2006 el 36% del total de los recursos aportados por la administración federal a organismos internacionales. La Cancillería registró un gasto cercano a los 160 millones de dólares en este periodo. De esta cantidad, más de 31 millones y medio de dólares se destinaron al pago de contribuciones para las Fuerzas de Paz de la ONU en diferentes países: República Democrática del Congo, poco menos de 10 millones dólares; Sudán, más de 7 millones de dólares; Burundi, aproximadamente 1 millón y medio de dólares.”
Enfatizamos en esa oportunidad que: “Es claro que México no puede continuar haciendo pagos a diversos organismos internacionales y foros multilaterales que no reflejan un beneficio directo, concreto y evidente a la sociedad mexicana. Menos aun se puede admitir que se destinen importantes cantidades de dinero a las fuerzas de paz cuando, según la propia ONU, países desarrollados con economías más fuertes que la nuestra no cumplen con sus aportaciones.”

En cuanto a la política migratoria con Estados Unidos, datos oficiales no contenidos en el Tercer Informe, revelan la ineficacia del gobierno mexicano para atender a los mexicanos que por falta de oportunidades en nuestro país se ven obligados a migrar en condiciones desfavorables hacia el país vecino.
“Cifras oficiales compartidas por México y Estados Unidos detallan que durante 2007 fueron expulsados de ese país 514 mil 609 mexicanos, y al cierre del año siguiente la cifra se colocó en 559 mil 361, esto es, 44 mil 752 más, correspondientes a 8.6 por ciento. En los datos de la Secretaría de Gobernación difundidos en el tercer Informe se detalla que durante los siete primeros meses de 2009 la cifra de repatriación se ubicaba en 366 mil 232, esto es, una alza de 7.3 por ciento respecto del mismo corte de 2008.”
Por otra parte, ninguna referencia existe acerca de la imposición de visado a mexicanos impuesta unilateralmente por el gobierno de Canadá, país del cual México es socio comercial, así como al papel concreto de México en el conflicto de Honduras.
No se encuentran en el Tercer Informe signos que permitan vislumbrar una política exterior con claros objetivos para avanzar en su recomposición, después de los evidentes desastrosos resultados que se tuvieron en la anterior administración. Ante la falta de elementos que permitan vislumbrar una política exterior estructurada y coherente; frente a la carencia de ideas claras que permitan asegurar que se informó cabalmente al Congreso y a la población sobre el desempeño de la Cancillería, el Grupo Parlamentario de Convergencia en el Senado, le formula la siguiente:
Pregunta:
¿Cuáles son las expectativas que se tienen en materia de política exterior para que nuestro país recobre la posición de liderazgo y de prestigio que durante muchos años fue la piedra angular de nuestras relaciones con la comunidad internacional, y revierta la grave crisis económica y de seguridad que enfrentamos?

Seguridad Pública
Del informe rendido por el C. Presidente de la República, el cual adquiere pleno valor probatorio para el H. Congreso de la Unión, se advierte del capítulo correspondiente a Estado de Derecho y Seguridad Pública que el gobierno a su cargo vulnera en perjuicio de la sociedad mexicana el artículo 17 constitucional que en lo conducente dispone: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

De lo anteriormente transcrito se llega a la conclusión de que la Administración Pública Federal a su cargo ha incurrido en omisiones que conculcan en perjuicio de los ciudadanos los principios de inmediatez, expedites y prontitud en la procuración y administración de justicia, transgrediendo con ello el artículo constitucional invocado, puesto que como el propio resumen ejecutivo de fecha 1 de septiembre de 2009 correspondiente al tercer informe de gobierno lo indica, desde el inicio de su gestión: “ el Gobierno Federal estableció el compromiso de reconstituir integralmente las instituciones y sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, instaurando una estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia que proteja la integridad y los derechos de las personas en todo el país, y dé vigencia plena a la garantía individual de justicia pronta y expedita”, sin que a la fecha se haya alcanzado.

Y es precisamente del propio informe de gobierno y de los datos estadísticos incorporados, que se desprenden elementos para sustentar nuestro argumento: tanto en el cuadro denominado Principales Resultados de la Actuación del Ministerio Público de la Federación y de sus Órganos Auxiliares 1995-2009 como el de Resultados de los Principales Indicadores del Sistema de Justicia Penal 2007-2009, se reconoce que el número de averiguaciones previas despachadas con relación al año inmediato anterior se ha reducido en un 3.2%; que el promedio diario de localizaciones y presentaciones también ha disminuido al pasar de 48 en el período del 1º de enero de 1995 al 30 de junio de 2003 a 32, del 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2009, lo que se explica al observar en los mismos indicadores que el número de días dedicados a la investigación se ha incrementado de 178 a 360, cifras de las que se deduce el fracaso de la Agencia Federal de Investigación, pues ahora son las tareas de investigación las que retardan la función del ministerio público para integrar una averiguación previa y determinar el ejercicio o inejercicio de la acción penal.

Asimismo, el propio texto del informe reconoce que de un total de 3,764 averiguaciones previas vinculadas al delito de delincuencia organizada únicamente se han despachado el 18.4%, es decir 693, lo que refleja una violación más a las garantías constitucionales de los mexicanos, ya que de esta cifra se interpreta que la representación social está integrando las averiguaciones previas en un plazo excesivo de más de 151 días, siendo que el órgano persecutor de los delitos no está facultado para integrar las indagatorias en forma discrecional y cuando lo estime pertinentes, ya que el ministerio público tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para la integración de las averiguaciones previas tan luego como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, lo que explica, más no justifica, la baja productividad del ministerio público federal.

Para Convergencia, resulta notorio que ha transcurrido un tiempo lo suficientemente razonable para que su administración diera resultados para frenar el avance de la delincuencia, elevar la eficacia en la investigación de los delitos, reducir la impunidad y la corrupción y atender los rezagos del sistema penitenciario, compromisos de campaña que usted reiteró al protestar el cargo de Presidente de la República y que quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Por hechos notorios, dice la jurisprudencia, debe entenderse cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión. Son todos aquellos hechos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo y un hecho notorio lo han sido las reuniones del Consejo de Seguridad Pública en las que voces representativas de ciudadanos organizados han contrastado las cifras oficiales con la realidad que vivimos al extremos de exhortar a los servidores públicos de su administración a renunciar por incapaces.

La sociedad ya no tiene claridad respecto a las estrategias que el Gobierno Federal sigue para alcanzar la paz y la tranquilidad en el país, pues por una parte tenemos las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, por otra las que emanan de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública cada vez que se le convoca y a la confusión contribuye también el discurso oficial.

La Constitución General de la República, en la parte final del segundo párrafo del artículo 26 indica que “Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”, lo que implica para el Ejecutivo Federal que el desarrollo de su gobierno se constriña a ese plan y lo que debería de representar para los ciudadanos una garantía de seguridad jurídica.

En el Plan Nacional de Desarrollo se precisan objetivos nacionales, estrategias y prioridades en materia de seguridad pública para salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, como primer deber del Estado; precisa que las instituciones no pueden quedar rebasadas por la delincuencia y consigna el deber del Gobierno Federal de actuar eficazmente para brindar la seguridad demandada por los mexicanos.
Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Convergencia en el Senado de la República formula a usted la siguiente:

Pregunta:
¿Qué medidas habrá de instrumentar su gobierno para alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos, ya que como se desprende de su tercer informe de gobierno y de la realidad social éstos no han sido alcanzados?

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

POLÍTICA INTERIOR.
Ahora que el ejército se encarga de la seguridad pública en varios Estados y Municipios del país, y que la sociedad reclama un Estado que brinde seguridad pública a través de su policía y no de sus fuerzas armadas, se han venido dando diversas acusaciones hacia las tropas, entre ellas abusos por parte de la milicia hacia la sociedad civil.
Esto surge a raíz de que el ejército fue sacado a las calles para hacer una tarea que no le corresponde, y el trato con el civil en el día a día, es algo para lo que no está entrenado el soldado raso, y es por ello que surgen las quejas, por qué la tropa no está para andar mediando con el ciudadano de a pie, ellos están entrenados para servir a su país y a su pueblo de cualquier invasión y defensa del territorio nacional.
Es verdad que la sociedad reclama en algunas zonas del territorio nacional al ejército, ya que no confían en su policía, sin embargo, en materia de derechos humanos por falta de capacitación, un soldado se puede convertir muy fácilmente en violador de las garantías individuales.
Nos parece interesante saber cuántas y cuáles han sido las recomendaciones que han hecho las diferentes organizaciones de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales al Ejecutivo Federal por este tipo de actos, abusos y violaciones de las garantías individuales; y si se han acatado dichas recomendaciones.
Se está abusando de la institución castrense para actuar como en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado ya que es una institución, en la que el pueblo mexicano si confía y ponerlos a hacer estas tareas solo desgasta la confianza en esta Institución tan importante de nuestro país.
Es indispensable que las fuerzas armadas se mantengan tan solo en los cuarteles, para así no violentar ninguna esfera de competencia, para eso se creó a policía federal, y están los cuerpos policiacos para hacer sus tareas, o en dado caso, reformemos la Constitución Política de México.
Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

1.- ¿Cuantas y cuáles recomendaciones le han sido realizadas por parte de Organismos de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, derivadas de la participación del Ejército Mexicano en tareas reservadas a la policía civil?
+ POLÍTICA INTERIOR
Desde el 5 de Diciembre de 2006, el Sr. Calderón fijo su postura y decidió declararle la guerra al crimen organizado, usando a las fuerzas armadas de este país. Desde ese día, el ejército salió a las calles, fueron sacados de sus cuarteles y bases militares, para enfrentarse en una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Ya que el Sr. Calderón ha sido incapaz de armar un sistema de seguridad pública federal eficaz y sin corruptelas como lo hemos visto en lo que va de esta administración por parte de algunos de sus elementos, es tiempo ya de hacer algo para que, los soldados que se encuentran en las calles, haciendo labores de policía regresen a sus cuarteles y a las labores para las que están entrenados.
Si atendemos estos hechos desde una perspectiva constitucional, el Ejército no debe hacer las funciones de la policía. Es lamentable que las Fuerzas Armadas patrullen las calles para dar una seguridad a la ciudadanía, cuando sus labores son de defensa ante una invasión al territorio nacional.
La utilización que se le ha venido dando al Ejército es inconstitucional, esto pasa por que no se puede garantizar una seguridad publica confiable y sin corrupción, cuando los mismos cuerpos policiacos tienen en sus filas a secuestradores, y es por eso que el ejército tiene que estar realizando estas tarea es lamentable todo esto porque la inseguridad sigue a la alza y la reducción de crímenes no se ve por ningún motivo que baje.

Por otro lado en estados en los que el ejercito desplego sus operativos, la criminalidad ha subido al igual que las ejecuciones, en lo que va de 2009 llevamos más de 4,777 ejecutados tan solo en 9 meses y los Estados con mayor número de casos son Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero y Michoacán.
Debemos estar informados sobre las actuaciones de las fuerzas armadas en su labor de policía de calle, y como es que están depurando los cuerpos policiacos Federales, Estatales y Municipales, para que las tropas regresen a los cuarteles y no continúen haciendo estas labores, si es verdad que el ejército mexicano es una de la instituciones mejor evaluadas por la sociedad, esta no está entrenada para actuar con civiles y hacer labores que no le corresponden.

Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

2.- ¿Cuál es el informe que existe sobre las depuraciones de las policías federales, estatales y municipales en el país, en el marco de la lucha contra el crimen organizado?

+ POLÍTICA ECÓNOMICA.
2.19 INTELIGENCIA FINANCIERA (PÁGINAS 140 Y 141)
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene encomendado promover y dar seguimiento a los mecanismos que por ley, las instituciones financieras y demás sujetos obligados deben implementar para prevenir y detectar operaciones y omisiones vinculadas con el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT), con la finalidad de preservar la integridad del sistema financiero y la Economía Nacional.”
“Entre los resultados específicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el período de septiembre 2008 a agosto de 2009, destacan los siguientes:”

“La Unidad recibió 52,068 reportes de operaciones inusuales y 367 de operaciones preocupantes en el período, por parte de los sujetos obligados a integrar reportes de operaciones susceptibles de estar vinculadas con el LD o FT.”
“A partir de los referidos reportes de operaciones inusuales, la Unidad consolidó la información de estos en 37,303 individuos o empresas, lo cual representa un crecimiento del 84% contra el mismo período de 2007-2008. Esta información, junto con la demás de años anteriores, está administrada por la Unidad con la finalidad de que pueda ser consultada por las autoridades competentes”
“Además, la Unidad envió 2,593 reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre personas en las que el análisis de detección de operaciones de LD o FT no fue determinante, pero muestran posibles elementos de evasión fiscal para su atención.”
(Hasta aquí la cita del tercer informe)
Considerando que fue precisamente en el período señalado por el informe (septiembre 2008 a agosto de 2009) el de mayor saqueo de divisas de las reservas internacionales de nuestro país, y teniendo en cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda cuenta con la información pormenorizada de las personas físicas y/o empresas que en forma inusual operaron el saqueo de divisas, se hacen la siguientes preguntas:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

3.- ¿Nombre de las 2,593 personas físicas y/o empresas que fueron reportadas por haber realizado operaciones inusuales, que muestran posibles elementos de evasión fiscal, con especificación de las cantidades operadas por cada una de dichas personas físicas y/o empresas, así como la fecha de la operación reportada; nombre de las personas físicas y/o empresas que aparecen en la relación solicitada en el punto anterior que simultáneamente aparecen como beneficiarios de los regímenes especiales (consolidación fiscal, Depreciación acelerada de activos, apoyos anti crisis otorgados por la Banca de Desarrollo, etc.)?

+ POLÍTICA ECONÓMICA.
2.17 – PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Pag. 133 a 136)
En virtud de la inconsistencia de todas las cifras que señala el tercer informe por ejemplo:
a.- Se dice que “la SFFA tiene 68,716 juicios activos” pero no dice cuándo es el interés fiscal que representan dichos juicios.
b.-. Se dice que “Del 1º de septiembre de 2008 al 12 de agosto de 2009 se han recibido 22,829 sentencias, de las cuales 92.3 por ciento se han resuelto a favor de los intereses del Fisco Federal.” Tampoco se dice a cuánto ascendió la cantidad recuperada por los juicios favorables, y mucho menos se señala a cuánto ascendían los casos perdidos, dejando la duda fundada de que los casos perdidos fueron los de cantidades multimillonarias que han salido a la luz pública en la prensa nacional.
c.- Existen varias cifras en el informe que señalan números de querellas, etc. pero la información es inconsistente puesto que solo en algunos casos se indica el valor y en otros casos solo el número de casos.

Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

4.- ¿Cuál es el interés fiscal que representan todas y cada una de las querellas, juicios, averiguaciones previas en trámite, opiniones de delito, indagatorias en proceso de integración, seguimiento a causas penales, denuncias, demandas, etc. que se mencionan en el informe, con especificación de nombre de las personas físicas y/o empresas que integran los casos pendientes de recuperación? ¿Que informe a esta soberanía los casos concretos que la Secretaría de Hacienda perdió en el período del tercer informe, con especificación de nombre de las personas físicas y/o empresas, el importe del interés fiscal perdido y breve descripción de la causa por la cual se perdió el juicio.?

+ POLÍTICA SOCIAL
Consideramos que en el contexto nacional, no se dimensiona la importancia social y económica de la actividad pesquera, y que ante la actual ausencia de políticas públicas que fortalezcan al sector pesquero del país, se requiere una mayor atención por parte del Gobierno Federal.

El informe de gobierno se refiere a muchas cifras y porcentajes de avances, pero hasta hoy no se ha publicado un solo programa de ordenamiento no un plan de manejo pesquero. Así mismo la Ley exige la actualización de la Carta Nacional Pesquera, pero desde 2006 no se realiza. En cuanto a la Carta nacional Acuícola no siquiera se cuenta con convocatoria para empezar a diseñar y preparar un proyecto. Tampoco se ha integrado el Sistema Nacional de Información de Pesca Acuacultura, y desconocemos si esta operando la Red Nacional de Información e Investigación Pesquera Acuícola, y si se cuenta con un verdadero programa de promoción del consumo de nuestras principales pesquerías como la sardina y el calamar. Se sabe, además, que CONAPESCA, INAPESCA y organizaciones conservacionistas trabajan para implementar cuotas transferibles en pesquerías mexicanas, a pesar de la prohibición legal.
Por lo anterior es que se hace la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

5.- ¿Cuándo se publicaran los planes de manejo pesquero y los programas de ordenamiento pesquero establecidos en la Ley, así como la Carta Nacional Acuícola y se actualizará la Carta Nacional Pesquera, y cuándo funcionará el Sistema Nacional de Información e Investigación pesquera y Acuícola, y se pondrá en aplicación un verdadero programa de promoción del consumo de nuestros principales productos de predios accesibles como la sardina y el calamar, para apoyar las necesidades alimentarias de la población con menores recursos económicos, y si se trabaja para permitir las transferencias de cuotas de captura de las pesquerías mexicanas?

+ POLÍTICA EXTERIOR

México tiene aún muchas deudas en materia migratoria, el reto es enorme tanto a nivel interno como externo. La muy particular triple condición migratoria: territorio de origen, de destino y de tránsito de migrantes, nos orilla a que la política migratoria guarde un lugar privilegiado dentro de las prioridades en la agenda de relaciones exteriores; o al menos debemos suponer que así es.
Hablar de migrantes es hablar de personas que buscan superar condiciones de pobreza y marginación, mejores oportunidades laborales o educativas, reunificación familiar, etc.; por lo que el tratamiento debe darse de manera integral buscando la cooperación entre las naciones, sin embargo esto requiere de capacidad de diálogo y de capacidad diplomática, características con las que el gobierno federal no cuenta.
Como país, México expulsa cada año a aproximadamente 400 mil migrantes hacia los Estados Unidos, entre mexicanos, centro- y sud- americanos. La frontera norte es un ambiente inhóspito donde los paisanos sufren malos tratos en el mejor de los casos, o pierden la vida en el peor.

La frontera sur es también peligrosa, México cuenta con 48 estaciones migratorias ubicadas en 23 estados de la República, que no cumplen con los estándares mínimos obligatorios internacionales de funcionamiento. Existe una violación permanente de los derechos humanos hacia los migrantes centroamericanos, que son recluidos en tanto se procede a su deportación, y que sin causa justificada pueden permanecer días o semanas víctimas de chantajes, humillaciones y robo de sus pertenencias.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el año pasado, el 76% de las estaciones no cumplían con las normas de sanidad, ni de alojamiento. Las mismas observaciones de la CNDH resaltan que las estancias carecen de la capacidad para albergar en condiciones de dignidad a los asegurados, al no contar con áreas específicas que permitan la separación de hombres, mujeres, menores de edad, familias, enfermos psiquiátricos e infectocontagiosos; de igual manera, no guardan el estado óptimo de servicio para el que están destinadas y no se observan condiciones de higiene, mantenimiento, ventilación, iluminación y el servicio de alimentación llega a no ser proporcionado con la debida oportunidad, calidad y suficiencia.
El Instituto Nacional de Migración recibe prepuesto para la construcción y modernización de las estaciones migratorias, sin que se haya constatado una mejora en el último año, únicamente de gasto corriente este año, le fueron asignados $1,552,895,451 que no encontramos transparentados en el informe de actividades de la Secretaría de Gobernación, y mucho menos reflejado en las acciones para resolver el problema en la frontera sur.
Se puede leer en el tercer informe existe el apartado de “Dignificación de Estaciones Migratorias”, no obstante, solo podemos encontrar 4 acciones enlistadas que carecen de un análisis presupuestal de gastos y son deficientes en el análisis de resultados.
Por lo anterior es que presentamos la siguiente:

PREGUNTA PARLAMENTARIA

6.- ¿Cuál es el gasto desglosado de las estaciones migratorias de la frontera Sur del País? ¿Cuáles son los programas de capacitación, así como los medios de control para la medición de resultados?

SEGUNDO.- El Presidente de la Mesa Directiva notificará formalmente este Acuerdo al Presidente de la República por conducto de la Secretaria de Gobernación.

TERCERO.- El Presidente de la Mesa Directiva instruirá la inmediata publicación del presente Acuerdo en la Gaceta y en la página de Internet del Senado de la República.

CUARTO.- Las respuestas que el Presidente de la República remita a esta Cámara en atención a las preguntas parlamentarias contenidas en este Acuerdo, seguirán el curso a que se refieren las normas correspondientes contenidas en el Acuerdo Parlamentario aprobado por este Pleno el 3 de septiembre del presente año.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de octubre del año 2009.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

Sen. Gustavo Madero Muñoz
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional